Auto Nº 5986 de Tribunal para la Paz - Sección con Ausencia de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad, 29-07-2020
| Fecha | 29 Julio 2020 |
| Emisor | Sección con ausencia de reconocimiento de verdad y de responsabilidad de los hechos y conductas (Tribunal para la paz de Colombia) |
Bogotá, julio 29 de 2020
Radicado Conti: 202003005124
REPÚBLICA DE COLOMBIA
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ
SECCIÓN DE AUSENCIA DE RECONOCIMIENTO DE VERDAD
Y RESPONSABILIDAD
AUTO AI-008-2020
MC FP-FARC
Bogotá, D. C., 29 de julio de 2020
|
Expediente JEP: |
2020340161400008E |
|
Asunto:
Magistrada sustanciadora |
Ordena medidas de protección en el trámite de oficio de MC de comparecientes forzosos ante la JEP. Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra
|
- ASUNTO POR RESOLVER
La Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz (en adelante SAR o Sección), dentro del trámite oficioso de medidas cautelares colectivas en relación con los comparecientes forzosos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en situación de riesgo, ordena la implementación de medidas urgentes dirigidas a garantizar la seguridad de los y las excombatientes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
- ANTECEDENTES
- La SAR, el 29 de abril de 2020, mediante Auto No. 057, avocó de oficio el trámite de medidas cautelares colectivas, con el fin de proteger los derechos fundamentales del grupo de mujeres y hombres de la fuerza pública y de las antiguas FARC-EP, comparecientes ante la JEP[1].
- En el marco del trámite de las medidas y con el objeto de evaluar la gravedad y urgencia de la situación de riesgo, en dicho auto la Sección vinculó y solicitó información sobre las garantías de seguridad de los integrantes de las antiguas FARC-EP a algunas de las entidades que, según el desarrollo normativo de los puntos 2.1.2. y 3.4 del Acuerdo Final, tienen deberes en esa materia con esta población, en el marco del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, (SISEP, o Sistema Integral).
3. A continuación la SAR considerará la información recaudada sobre garantías de seguridad de las siguientes entidades: Procuraduría General de la Nación, Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación (Consejería Presidencial), Secretaría Técnica de la Instancia de Alto Nivel del SISEP, Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, Unidad Nacional de Protección (UNP), partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. Asimismo, se tendrán en cuenta los resultados obtenidos de los informes de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas (Misión ONU) y de la verificación de los indicadores del Sistema de Información para el posconflicto (SIIPO).
Procuraduría delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz
4. La institución, vinculada a este trámite mediante el Auto AT- 057 de 2020, emitió respuesta a las preguntas formuladas, para lo pertinente con el objeto de la decisión, en el sentido que se describe a continuación[2]
5. Sobre garantías de seguridad contenidas en el punto 3.4 del Acuerdo Final manifestó, que las dificultades identificadas están relacionadas con el despliegue territorial de las medidas de prevención y protección, caracterizadas en gran parte por un déficit presupuestal, la desarticulación y proliferación de instancias y normatividad que afecta la implementación de las estrategias para brindar garantías a las organizaciones políticas[3].
6. En relación con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad señaló que, conforme al Decreto 154 de 2017, su objeto es “el diseño y seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales responsables de homicidios y masacres…” y que:
“Al 31 de marzo del 2020, se han realizado, desde su instalación, 15 sesiones, de las cuales 9 se llevaron a cabo entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo 2020.
No obstante, pese a las sesiones realizadas, a la fecha no se conoce un borrador de política pública para el desmantelamiento, ni propuestas alternativas que tengan por objetivo fortalecer la capacidad del Estado para desarticular y desmantelar el accionar de las organizaciones criminales y sus redes que, como lo indican las cifras, vienen incrementándose en presencia y número en los territorios del país. Incluso, se encuentra pendiente por aprobación la propuesta de reglamento.
Teniendo en cuenta este contexto y en general la situación de orden público, la Procuraduría ha realizado llamados a la CNGS, para que se avance de forma prioritaria en la formulación e implementación de una política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atenten contra defensores/ras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los Acuerdos y la construcción de la paz[4].”
7. Por otra parte, la Procuraduría informó que en relación con la conformación del Cuerpo de Seguridad y Protección de las personas en proceso de reincorporación que lo requieren, se presentan dificultades en su cumplimiento:
…[d]e acuerdo con la información suministrada por la UNP, al 31 de marzo, se encuentran nombrados 1.187 agentes escolta, con lo cual hacen falta 13 agentes escolta para completar la planta de 1.200 agentes escoltas establecida en el decreto 301 de 2017. De la planta actual de agentes escoltas, 766 son excombatientes y 58 personas de confianza del partido FARC. De los 105 empleos administrativos creados, a la fecha se encuentran nombrados 65 cargos y existen 40 vacantes según lo reportado por la entidad. En este sentido, preocupa a la Procuraduría la escasez de personal para realizar los análisis de riesgo y dar respuesta a las más de 400 solicitudes de esquemas de protección pendientes. Las demoras en la repuesta a las solicitudes afectan las garantías de seguridad de exmiembros de las FARC-EP[5].
8. Sobre las medidas de prevención y protección en favor de exmiembros de las FARC-EP, manifestó que ante el alarmante incremento de hechos victimizantes contra excombatientes en proceso de reincorporación, la Procuraduría General de la Nación emitió la Directiva 001 del 2020, que hace un llamado a las entidades involucradas, para que en cumplimiento de sus funciones fortalezcan[6]:
…[l]as medidas de prevención, protección y seguridad necesarias para garantizar la actuación oportuna por parte del Estado en caso de presentarse amenazas, atentados o crímenes contra esta población, con base en los compromisos acordados en el punto 3.4 del Acuerdo de Paz y relacionados con la creación de instancias y programas de amplio alcance como los ya mencionados, SISEP, CNGS, UEI , y otros más específicos como los son el programa de protección integral para las y los integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, actividades y sedes, así como a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores, de acuerdo con el nivel de riesgo y la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, entre otros. Asimismo, en la directiva se ordena realizar seguimiento a las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional para reforzar la seguridad de las personas en proceso de reincorporación[7].
Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación
9. En respuesta a las preguntas presentadas en el Auto AT- 057 la Consejería Presidencial manifiesta que reporta la información que emana del ámbito propio de sus competencias[8]
10. En relación con las medidas implementadas para proteger líderes y reincorporados, afirmó que la seguridad y protección de excombatientes de las FARC-EP es una prioridad para el Estado, y que en la Política “Paz con...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba