Boletín No 05: Hay que poner los pies sobre la tierra. Es iluso pensar que surja la paz de unas negociaciones que dejan intacto el poder paramilitar - Serie Serie sobre la ley de impunidad (o de 'justicia y paz')
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COM ISIÓN COLOM BIAN A D E JURISTAS
Organización no gubernamental con status consultivo ante la ONU
Filial de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra) y de la Comisión Andina de Juristas (Lima)
PERSONERÍA JURÍDICA: RESOLUCIÓN 1060, AGOSTO DE 1988 DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
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Una vez aprobada en Colombia ley de impunidad (Boletín número 5)
HAY QUE PONER LOS PIES SOBRE LA TIERRA
Es iluso pensar que surja la paz de unas negociaciones que dejan intacto el poder paramilitar
“Hay incluso quienes proponen el desmonte total del paramilitarismo. Esas propuestas son
muy respetables, pero pongamos los pies sobre la tierra. En esas propuestas o hay una
terrible ingenuidad o hay otros propósitos, que no me atrevo a precisar”. Esta declaración
fue hecha por el Jefe de la “Misión de la OEA para Apoyar el Proceso de Paz” en Colombia
(MAPP/OEA) durante una jornada de seguimiento al desarrollo de las negociaciones con
los paramilitares (en Bogotá, el 24 de febrero de 2005, en Residencias Tequendama). Conviene analizar cuáles
son esos “otros propósitos” que el funcionario de la OEA no se atrevió a precisar.
1. El fin de los nexos entre agentes estatales y grupos paramilitares
El establecimiento de una paz sólida en el país requiere de unas fuerzas militares y de
policía comprometidas con la defensa y garantía del orden constitucional. Teniendo en
cuenta que en la conformación de grupos paramilitares han estado involucradas las fuerzas
de seguridad del Estado, el gobierno debería reconocer esa cruda realidad y destituir y
sancionar a los agentes estatales cómplices de los paramilitares, como medida para la no
repetición de las violaciones.
Sin embargo, en este proceso de negociaciones, “aún no se detectan esfuerzos destinados a
establecer la verdad de lo sucedido y los grados de involucramiento oficial con el
paramilitarismo” (Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el proceso de desmovilización
en Colombia, Washington D.C., diciembre de 2004). Por el contrario, en desarrollo de la “política de
seguridad democrática”, que es el programa bandera del actual gobierno colombiano, la
Fuerza Pública ha llevado a cabo grandes operaciones militares en distintas zonas del
territorio, y en muchos casos esto ha significado el asentamiento de grupos paramilitares.
Por ejemplo, la operación militar “Plan Patriota” que se está desarrollando en el sur del país
(en los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Vichada), con el apoyo militar de
Estados Unidos, es ilustrativa del fortalecimiento de los grupos paramilitares en las zonas
supuestamente recuperadas por las tropas gubernamentales. La Comisión Colombiana de
Juristas ha podido constatar, a partir de visitas a los lugares afectados, que los paramilitares
controlan estrictamente importantes sectores de la población civil de dichos departamentos
imponiendo sus reglas de convivencia y cuotas obligatorias a los comerciantes y
campesinos; apoderándose temporal o definitivamente de las viviendas de la ciudadanía; y
sometiendo a las mujeres a esclavitud sexual, entre otros ataques a la población civil.
La responsabilidad de los agentes estatales en tales violaciones a los derechos humanos no
se limita a la tolerancia con los atropellos cometidos por los grupos paramilitares. Por
ejemplo, en el sur del Caquetá se han realizado secuestros y homicidios conjuntos, y
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