Boletín No 29: Neoparamilitarismo y nuevas masacres - Serie Serie sobre los derechos de las víctimas y la aplicación de la Ley 975 - Núm. 1-2008, Enero 2008 - Boletines de la Comisión Colombiana de Juristas - Libros y Revistas - VLEX 840251883

Boletín No 29: Neoparamilitarismo y nuevas masacres - Serie Serie sobre los derechos de las víctimas y la aplicación de la Ley 975

Páginas1-5
COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS
Organiz ación no gubername ntal con status consultivo ante la O NU
Filial de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra) y de la Comisión Andina de Juristas (Lima)
PERSONERÍA JURÍDICA: RESOLUCIÓN 1060, AGOSTO DE 1988 DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
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Boletín No 29: Serie sobre los derechos de las víctimas y la aplicación de la Ley 975
Neoparamilitarismo y nuevas masacres
Las atrocidades que debían haber cesado con la supuesta “desmovilización” de los grupos
paramilitares no sólo nunca terminaron sino que están apareciendo nuevamente con mayor fuerza.
En el año 2008 se han registrado, en forma creciente, masacres de personas civiles, generalmente
campesinos, por grupos armados ilegales calificados como “bandas emergentes” por la Fuerza
Pública o por el Gobierno, que se resisten a reconocerlos como paramilitares.
La repetición de las atrocidades
La masacre cometida el pasado 20 de julio en el municipio de Puerto Libertador (Córdoba), en la
que murieron siete personas, entre ellas un líder comunitario y dos niños a manos de grupos
armados ilegales que se movilizaban en una camioneta, vestidos de civil, encapuchados y armados,
es una dolorosa muestra de ello.
No es, sin embargo, el único caso. Por lo menos, otras cuatro masacres atribuibles presuntamente a
grupos paramilitares se han registrado este año. Una, ocurrida el 11 de enero en la ciudad de Santa
Marta (Magdalena), en la que murieron cinco líderes comunitarios y otras tres personas resultaron
heridas, luego de que hombres armados irrumpieron en una fiesta familiar y dispararon contra las
personas que se encontraban allí. Otra, el 23 de febrero en el municipio de San Juan del Cesar (La
Guajira), en la que murieron cuatro personas de una misma familia, luego de que hombres armados,
encapuchados, que portaban prendas de uso privativo de la Fuerza Pública, incursionaran en la finca
donde se encontraba la familia campesina. Una más se registró entre el 27 y el 28 de abril en el
municipio de Pizarro (Chocó), en la que fueron asesinados nueve pescadores, y otras seis personas
fueron desaparecidas. Otra más tuvo lugar entre el mes de junio en zona rural del municipio de
Istmina (Chocó), en la murieron cuatro aserradores, lo que provocó el desplazamiento forzado de,
por lo menos, 69 personas hacia la cabecera municipal.
Estas masacres tienen dos elementos en común: por un lado, han sido atribuidas a las denominadas
“bandas emergentes”, pero, por otro, son hechos que están rodeados de patrones propios del modo
de actuar de los paramilitares. Se ha podido establecer que estas masacres han estado dirigidas
contra la población civil, que tradicionalmente ha sido el objetivo de estos grupos. Es el caso de las
cinco masacres reseñadas, en las que han muerto pescadores, campesinos y líderes comunitarios que
están reclamando por la garantía de sus derechos. Así mismo, las masacres han sido cometidas por
hombres vestidos de civil, armados y encapuchados, tal como se registró en los casos de las
masacres de Puerto Libertador y San Juan del Cesar. Algunas de las masacres también han sido
anunciadas, como es el caso de la masacre de Puerto Libertador, en la que los campesinos de la
región ya habían alertado a las autoridades sobre las amenazas que pesaban sobre la población, por
lo que la Defensoría del Pueblo envió a Bogotá tres informes en los que alertó sobre el riesgo en el
que se encontraban los municipios de Montelíbano, Tierralta, Valencia y Puerto Libertador1.
1 Diario El Tiempo, “Guerra de bandas ex ‘paras’ desangra a 7 departamentos”, 28 de julio de 2008, pág.1-2.
Con el apoyo de:
UNIÓN EUROPEA

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