Capítulo III: La política criminal del estado social y democrático de derecho: bases de evaluación para la política legislativa penal en Colombia
| Autor | Luis A. Vélez-Rodríguez |
| Cargo del Autor | Profesor de derecho penal y criminología. Director grupo 'Política criminal, víctima y delito'. Universidad de Manizales (Colombia) |
| Páginas | 133-162 |
Capítulo III
La política criminal del estado social y
democrático de derecho: bases de evaluación para
la política legislativa penal en Colombia
Luis A
Profesor de derecho penal y criminología
Director grupo “Política criminal, víctima y delito”
demasiado. [. ..]. Una
D. S1.
1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo expone algunos de los principales fenómenos de la política
criminal contemporánea y sus implicaciones para el modelo constitucional del
Estado social de derecho. Estudia el papel de las instituciones y agencias que
intervienen en el diseño y control de la política legislativa penal en Colombia
caracterizando su responsabilidad en la deriva irracionalista de la política
criminal colombiana. Finalmente, se proponen algunos arreglos básicos que
permitan fortalecer las cotas de racionalidad instrumental y axiológica en
la elaboración y control de las leyes penales, sin desmedro de la episteme
1 Madrid: Marcial Pons, p. 41.
134 Luis A. Vélez-Rodríguez
Para esto, me propongo, en primer lugar, presentar algunas de las
implicaciones que, para el diseño de la ley penal, tiene la formula del Estado
social y democrático de derecho que asume el orden constitucional colombiano.
En segundo lugar, se exponen, a grandes rasgos, los elementos que conducen
a concluir la irracionalidad de la política criminal colombiana por adolecer de
presenta una crítica al papel que cumplen las ramas legislativa, ejecutiva y
judicial del poder público a la vez que propone algunos arreglos en su actividad
ENTR E GARANTÍ AS INDIVI DUALES Y DEMANDAS COLECTIVAS
DE SEGURIDAD
El modelo constitucional colombiano, adoptado por la Constitución Política
de derecho y del Estado social. Por un lado, la tipología «Estado de derecho»
corresponde a un modelo de organización política basado en el liberalismo
político y económico y cuyo valor central es la limitación de la arbitrariedad
estatal sobre los ciudadanos2. Por su parte, el modelo del «Estado social»,
también conocido como «Estado bienestarista» o «providencia», corresponde
a un modelo en el que el Estado asume el deber de crear las condiciones
necesarias para que los ciudadanos puedan llevar a cabo su plan de vida3,
con un direccionamiento de la economía en un sistema distributivo, pero no
necesariamente del sistema productivo4.
La aspiración del constitucionalismo moderno con esta suerte de sincretismo
u otro modelo a partir de potenciar sus virtudes inherentes con la generación
de un equilibrio armónico que dé como resultado una mayor realización de los
derechos fundamentales5. Esta versión optimista, no obstante, acarrea ciertos
2 Así, . Madrid: Trotta, p. 21.
3 Valencia: Tirant lo
Blanch, p. 240.
4 BEBogotá:
Fondo de Cultura Económica.
5 Otra lectura más atenta a la relación entre acontecimientos y reformas políticas enseña que la
incorporación histórica de sistemas de “bienestar”, como la seguridad social universal, en estados
como la Gran Depresión en la primera mitad del siglo XX, por el temor al comunismo. Al
respecto, véase Bogotá: Planeta, p.p. 103 y ss.
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