La Carta del 91: sumas y restas de una celebración - 11 de Agosto de 2016 - El Tiempo - Noticias - VLEX 646772749
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La Carta del 91: sumas y restas de una celebración

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Vincent

En materia de constituciones, 25 años de vigencia son tiempo apenas suficiente –si acaso– para aquilatar su infancia. Pero en esta nación, donde los cambios suelen darse con velocidad de vértigo, hay ya suficiente perspectiva para valorar, como lo han hecho autorizadas voces, algunos desarrollos de la Constitución de 1991. Sin embargo, existen áreas cruciales donde la nueva Carta introdujo modificaciones trascendentales, cuyo efecto no se ha meditado suficientemente. La organización territorial es una de estas. De la importancia del tema, algo nos dice el que los constituyentes del 91 le hubieran asignado un título específico (el XI), desarrollándolo en cuatro capítulos y 46 artículos, de los 380 que contenía originalmente la nueva Constitución. No era para menos. Ordenar el territorio es una de las tareas de Estado más desafiantes y determinantes de la vida de una nación, entre otras razones por la enorme dificultad que existe de modificar la organización adoptada, en función de objetivos estratégicos y geopolíticos de largo plazo, tales como el poblamiento, la sostenibilidad ambiental, la economía y la seguridad. Así, los tiempos históricos en esta materia no se miden en años sino en siglos. Esta fue razón por la cual los constituyentes dejaron abierto en la nueva Carta un amplio conjunto de opciones para administrar el territorio. En efecto, aparte de las entidades territoriales tradicionales (municipios y departamentos), se crearon los distritos y los territorios indígenas, a la vez que se permitió erigir como tales, regiones y provincias, concediéndoles a todos autonomía para la gestión de sus intereses, facultad para gobernarse por autoridades propias y crear tributos. Pero quizás la decisión más trascendente fue la de erigir en departamentos las antiguas nueve intendencias y comisarías (los antes llamados territorios nacionales), cuya administración –dadas poderosas razones estratégicas como eran, entre otras, su baja población, relevancia fronteriza y fragilidad ambiental–, venía cumpliendo el gobierno central a través del Dainco, esa suerte de “ministerio de las provincias de ultramar” inglés, al cual el gobierno López Michelsen dio rango de departamento administrativo (ministerio técnico), y el de Betancur, asiento en el Consejo de Ministros y el Conpes. Este crucial asunto amerita consideración más detenida, especialmente con miras a establecer qué, en últimas, ganaron o perdieron las gentes de esas regiones con el cambio de...

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