Carta de comentarios de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín al Proyecto de ley número 336 de 2023 Cámara, por medio de la cual se humaniza la política criminal y penitenciaria para contribuir a la superación del estado de cosas inconstitucional y se dictan otras disposiciones
| Fecha de publicación | 19 Mayo 2023 |
| Número de Gaceta | 515 |
G 515 Viernes, 19 de mayo de 2023 Página 11
En ese sentido, la CRC estimó que el costo
mensual de otorgar este subsidio a todos los hogares
de estratos 1 y 2 sería del orden de $298 mil millones
como se puede apreciar en la siguiente tabla:
De esta manera, la Comisión de Regulación de
Comunicaciones aprecia que, en la relación entre el
total de los subsidios y, además, al considerar que
billones al año.
Artículo 4°. Los prestadores del servicio de
telecomunicaciones, en ningún caso podrán
abstenerse de prestar el mínimo vital de internet a
los usuarios que tengan derecho al mismo.
Frente a este artículo, la Comisión ha reiterado que
no es conveniente otorgar de manera masiva el
servicio de acceso a internet, dado que, el mercado
de las telecomunicaciones requiere de inversión que
se desarrolla a medida que hay usuarios generando
ingresos en este. Así, pues, la CRC ha establecido
que, si bien existe un alto porcentaje de usuarios
de estratos 1 y 2 que no cuentan con el servicio
de acceso a Internet, no resultaría pertinente en
principio otorgar de manera masiva el denominado
“Mínimo vital de Internet jo”. Lo anterior, debido a
que, si se asigna este subsidio se estaría reduciendo el
mercado del servicio de acceso a Internet residencial
a solo los hogares de estratos 3, 4, 5 y 6, generando
problemas en el mercado.
Artículo 5°. El Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, las empresas
de telecomunicaciones, el Ministerio de Educación
y la Comisión de Regulación de Comunicaciones
y Sistema de Medios Públicos (RTVC), ejecutará
campañas pedagógicas sobre el consumo efectivo
de datos, priorizando a las familias beneciarias de
la presente ley.
En relación con este artículo, la CRC resalta
que el Gobierno nacional ya impulsa programas
para promover y facilitar la conectividad a Internet
en todo el país, en especial en las zonas apartadas
y en la población de menores ingresos. En ese
viene implementando planes y programas para
incrementar la cobertura de Internet y facilitar en
el corto plazo el acceso y conexión a Internet para
esta población, como, por ejemplo, la iniciativa
“Hogares Conectados”, cuyo objetivo es conectar a
los hogares de bajos recursos del país. En ese orden
de ideas, la Comisión estipula que, de aprobarse
este proyecto de ley, se daría un potencial traslape y
duplicidad de esfuerzos y recursos.
De esta manera, la Comisión de Regulación
de Comunicaciones, llama la atención sobre
las problemáticas relacionadas con el uso de la
para la asignación de subsidios, los desequilibrios
y distorsiones que puede generar en el mercado la
asignación generalizada de subsidios a los hogares
iniciativa y los desincentivos a la inversión que puede
generar.
6. Conictodeinterés
De conformidad con los artículos 1 y 3 de la
286 y 291 de la Ley 5ª de 1992, este proyecto de
ley reúne las condiciones de los literales a) y b)
de las circunstancias en las cuales es inexistente el
interés general que puede coincidir y fusionarse con
los intereses del electorado.
7. Proposición
En virtud de las facultades conferidas por el
artículo 153 de la Ley 5ª de 1992, me permito rendir
Ponencia Negativa al Proyecto de ley número 232
de 2022 Cámara, “Por medio de la cual se garantiza
el acceso al servicio público esencial de internet
jo en los estratos residenciales 1 y 2 y se dictan
otras disposiciones”, y con base en ello proponer el
archivo del proyecto.
Atentamente,
CARTAS DE COMENTARIOS
CARTA DE COMENTARIOS DE LA SALA
PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
MEDELLÍN AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 336 DE 2023 CÁMARA
por medio de la cual se humaniza la política criminal
y penitenciaria para contribuir a la superación del
estado de cosas inconstitucional y se dictan otras
disposiciones.
CARTA PÚBLICA AL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
La Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín
examinó el proyecto de reforma a la justicia penal
denominado de Humanización y si bien surgieron,
como era de esperarse, distintas visiones sobre la
conveniencia de aspectos puntuales de su articulado,
los magistrados que la integramos coincidimos en
que se trata de un proyecto necesario, por lo cual
los alentamos a que avancen en el mismo, logrando
los consensos requeridos.
La corrección del llamado Estado de Cosas
inconstitucional, que desde hace más de 20 años
viene señalando nuestra Corte Constitucional se
padece en los centros de reclusión del país, es
urgente e inaplazable y demanda la intervención
de diferentes autoridades para remediar las causas
estructurales y funcionales que lo originan.
De concretarse la aspiración de reducir las
penas máximas de nuestro ordenamiento jurídico
penal se dará un viraje importante y positivo en
la política legislativa de la criminalidad con la
que se ha auspiciado el normativismo punitivista.
Esta circunstancia, empero, impone la pretensión
consecuencial de racionalizar y armonizar, con
base en la proporcionalidad, las demás penas; esto
es, no solo su rango máximo, lo que pensamos,
salvo mejor criterio, podría hacerse previa
intervención de una comisión revisora del Código
Penal cuya conformación podría disponerse de
una vez en la ley, si lo consideran del caso.
las penas incida en mayor medida en el desestimulo
de las conductas punibles y, aunque produce
cierta sensación de seguridad, en términos reales
no parece arrojar resultados en la disminución de
los delitos ni de los altos márgenes de impunidad
y, por el contrario, en algunas situaciones se
convierte en contraproducente.
Si dejamos de lado la visión normativista que
parte del errado supuesto de que el mero cambio de
las normas varía la realidad, quizás podamos como
sociedad e institución asumir con mayor rigor la
remoción de los factores reales que explican la
carencia de mayores réditos en la contención del
delito y la pervivencia de la alta impunidad.
En esa perspectiva, la Sala ubica, cuando
menos, como preocupación fundada, los aspectos
a contrarrestar, cuales son: (i) la corrupción en
todos los órganos de la persecución penal incluida
la Policía; (ii) la alta inecacia de la Fiscalía y
(iii) la pervivencia en las cárceles de inveteradas
conductas ilegales que, como tal, no dependen de
la regulación formal, sino de la escasa voluntad
política e institucional de cumplir la ley.
Quizás por su objeto, que se contrae a la
humanización, en el proyecto de ley examinado
solo se hace referencia al último factor señalado
con énfasis en el problema de la resocialización,
del que se ocupa el Capítulo IV del proyecto,
cuya regulación se exhibe razonable y en la que
importa destacar como factor positivo la previsión
establecida en el artículo 66 del proyecto que
y Carcelario, según la cual: “No se crearan cupos
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