Circular Nº 00018 de la Secretaria Distrital de Ambiente, 02-12-2020
| Fecha | 02 Diciembre 2020 |
| Número de circular | 00018 |
| Firmante | CRISTIAN ALONSO CARABALY CERRA |
CIRCULAR No. 00018
PARA: SUBSECRETARÍA GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO,
DIRECTORES, SUBDIRECTORES, JEFES DE OFICINA.
DE:
CRISTIAN ALONSO CARABALY CERRA
DIRECTOR LEGAL AMBIENTAL
espacio
ASUNTO: Lineamientos generales sobre conflicto de interés en relación con el MIPG
y Comité de Control Interno de la Secretaria Distrital de Ambiente.
Cordial Saludo,
Conforme al compromiso asumido en el Comité de Control Interno de la Secretaria
Distrital de Ambiente, se solicitó estudiar los conflictos de interés que pueden presentarse
en el desarrollo de sus funciones y en especial en la toma de decisiones.
Para abordar el tema, es importante tener en cuenta que, el conflicto de interés se
encuentra regulado desde la Constitución Política de 19911. Así mismo hay un desarrollo
normativo vigente que regula el tema como lo es la Ley 734 de 20022, la Ley 1474 de
20113, la Ley 1437 de 20114 y el Código Único de Integridad del Servicio Público
Colombiano. Este marco legal tiene por finalidad garantizar el interés general y la
transparencia en la administración pública.
El conflicto de interés es definido por el Consejo de Estado, como una situación en la que
la conducta de un servidor público obtiene un beneficio en menoscabo del interés general,
sin declararse impedido en alguna gestión en el ejercicio de sus obligaciones y deberes
del cargo, ya sea en favor propio, familiar o de un tercero y en perjuicio de la función
pública. Es por esto que la norma exige que, ante una situación de interés propio de la
función encomendada y los intereses particulares del servidor público, este se deba
declarar impedido. El reconocimiento de la existencia del conflicto de interés particular
1En los artículos 122 y 123 en donde se dispone los sujetos disciplinables y su deber en las actuaciones.
2 Por la cual se expide el Código Disciplinario Único, artículo 40.
3Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción
de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
4Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
artículo 11.
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