CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54399 del 02-10-2019 - Jurisprudencia - VLEX 842286439

CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54399 del 02-10-2019

Sentido del falloCONCEPTÚA FAVORABLEMENTE
EmisorSala de Casación Penal
Número de expediente54399
Fecha02 Octubre 2019
Tribunal de OrigenEstados Unidos de América
Tipo de procesoEXTRADICIÓN
Número de sentenciaCP126-2019
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA





JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA

Magistrado Ponente



CP126-2019

Radicación No. 54399

(Aprobado acta número No. 254)



Bogotá D. C., dos (02) de octubre de dos mil diecinueve (2019)


VISTOS


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, la Sala procede a rendir el concepto que en derecho corresponde en relación con la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Juan Pablo Mosquera Oviedo, efectuada por el Gobierno de los Estados Unidos de América.


ANTECEDENTES


1.- Mediante Nota Verbal No. 1725 del 1° de octubre de 2018,1 el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su embajada en Colombia, solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Juan Pablo Mosquera Oviedo, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.018.131, «requerido para comparecer a juicio por delitos de obstrucción a la justicia y concierto para delinquir».


2.- El mencionado fue capturado el 3 de octubre de 2018, por miembros de Policía Judicial en la ciudad de Bogotá, atendiendo la orden de captura con fines de extradición proferida en su contra por el Fiscal General de la Nación, mediante resolución del 2 de octubre de 2018, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 509 de la Ley 906 de 2004.2


3.- Con la Nota Verbal No. 2111 del 30 de noviembre de 2018,3 la Embajada de los Estados Unidos formalizó la solicitud de extradición y adjuntó los siguientes documentos, debidamente traducidos al idioma español:


3.1.- Copia de la acusación formal 18-20767-CR-SCOLA/TORRES4 dictada el 21 de septiembre de 2018, por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de La Florida.


3.2.- Copia de la orden de aprehensión de la misma fecha, emitida por la citada autoridad judicial.5


3.3.- Declaraciones de apoyo a la solicitud rendidas bajo juramento por Robert W. Lukens,6 Agente Especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA), y Joseph M. Schuster7 Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Sur de La Florida.


3.4.- La reproducción de las normas aplicables al caso.8


3.5.- Informe de consulta web de la Registraduría Nacional del Estado Civil del requerido J.P.O.M..9


3.6.- Certificados relacionados con la legalización y autenticidad de tales documentos:


i) Expedido por Frances Chang, en el cual hace constar que la declaración juramentada, en apoyo de la solicitud de extradición formal, realizada por el Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Sur de La Florida, son copias «fieles» de los documentos que se conservan en los archivos oficiales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América en Washington D.C.10


ii) Expedido por Jefferson B. Sessions, Procurador de los Estados Unidos, en el cual hace constar que Frances Chang desempeñaba el cargo de Directora Asociada de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y, además, estaba debidamente comisionada y calificada.11


iii) Expedido por Michael R. Pompeo, Secretario de Estado de los Estados Unidos, en el cual hace constar que al anterior documento «se le ha fijado el sello del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América y que dicho sello merece plena fe y crédito».12


Trámite surtido ante las autoridades colombianas


4.- La Cancillería, mediante oficio DIAJI No. 3284 del 30 de noviembre de 2018,13 remitió copia de la Nota Verbal No. 2111 del 30 de noviembre de 2018 y sus anexos, a la Directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho, entidad que a su vez hizo llegar la referida documentación a esta Corporación, mediante Oficio OFI-18-0859-DAI-1100 del 10 de diciembre de 2018.14


5.- Una vez fue reconocida personería para actuar al apoderado de Juan Pablo Mosquera Oviedo, la Sala ordenó correr el traslado común de que trata el artículo 500 de la Ley 906 de 200415 para la solicitud de pruebas; etapa durante la cual el requerido expresó que era su voluntad acogerse al trámite de extradición simplificada, previsto en el artículo 70 de la Ley 1453 de 2011, petición que fue coadyuvada por su representante judicial.16


6.- El 5 de marzo de 2019, se informó de lo anterior al Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal, quien posteriormente allegó la respectiva acta de verificación de garantías fundamentales,17 pues luego de entrevistar al requerido en su lugar de reclusión, constató que la manifestación de someterse al trámite especial de la extradición simplificada se realizó de manera libre, consciente y voluntaria, sin apremio o vicio del consentimiento.


El referido funcionario evalúo positivamente el cumplimiento de las exigencias formales de la solicitud de extradición y señaló que, en caso de emitirse concepto favorable, es preciso incluir exhortaciones al Gobierno Nacional para que se advierta al Estado requirente sobre la procedencia del juzgamiento «únicamente por la conducta que origina la extradición», así como de la restricción para someterlo «a pena de muerte, desaparición forzada, tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación», y el deber de garantizarle la estricta observancia del Bloque de Constitucionalidad.18


CONSIDERACIONES


1.- Sobre la extradición simplificada


El artículo 70 de la Ley 1453 del 24 de junio de 2011 contempla la figura de la extradición simplificada, según la cual, la persona reclamada, con la aquiescencia de su defensor y del Ministerio Público, puede solicitar que se emita, de plano, el concepto asignado a la Corte.


En el caso sub examine, la Sala encuentra reunidas las exigencias establecidas en dicha norma para proceder a evaluar la petición de extradición elevada por el Gobierno de los Estados Unidos respecto de J.P.M.O., sin agotar las fases de solicitud probatoria, decreto, práctica y alegatos; al constatar que para la terminación anticipada del trámite, concurre la voluntad y aceptación de todos los intervinientes.


2.- Aspectos generales sobre la extradición


La Constitución Política, en materia de extradición, estableció un sistema estricto de fuentes formales y materiales en el cual, los tratados públicos se aplican de forma «principal y preferencial» y la Ley rige de manera «subsidiaria o supletoria».19


En ese orden, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia está en el deber de verificar, de forma preliminar, el acatamiento de lo previsto en el mencionado artículo constitucional y, una vez finalizada esa labor, realizar el análisis formal de la petición. Como es obvio, no podrá emitir un concepto favorable si advierte que la solicitud puesta a su consideración desconoce las señaladas limitaciones constitucionales.


Ese entendimiento, además de ser concordante con el valor y supremacía de la Constitución Política frente a cualquier otra norma jurídica, se apoya en el mandato irrestricto dirigido a esta Corte, en su condición de órgano límite de la jurisdicción ordinaria, y derivado de los fines esenciales del Estado social de derecho, -arts. 1 y 2 de la CP-y de la autonomía de la función judicial -art. 230 ibídem-, de salvaguardar los derechos y garantías fundamentales de todas las personas.


3.- Las previsiones constitucionales sobre la materia y la solicitud de extradición formulada por el Gobierno de los Estados Unidos


El artículo 35 de la Constitución Política señala que i) «la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana» y ii) «no procederá por delitos políticos» o iii) cuando «se trate de hechos cometidos con anterioridad» al 17 de diciembre de 1997, fecha en la que entró a regir el Acto Legislativo No. 01 de 1997.


Por su parte, el inciso 1° del artículo transitorio 19° del Acto Legislativo 01 del 4 de abril de 2017 dispone:


No se podrá conceder la extradición ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición respecto de hechos o conductas objeto de este Sistema y en particular de la Jurisdicción Especial para la Paz, ocasionados u ocurridos durante el conflicto armado interno o con ocasión de este hasta la finalización del mismo, trátese de delitos amnistiables o de delitos no amnistiables, y en especial por ningún delito político, de rebelión o conexo con los anteriores, ya hubieran sido cometidos dentro o fuera de Colombia.


A continuación se verificará cada una de esas limitaciones constitucionales.


3.1.- Como se verá en el acápite referente a la doble incriminación, las conductas por las cuales se solicita en extradición a Juan Pablo Mosquera Oviedo son consideradas también delito en Colombia.


En cuanto al lugar de...

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