CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56625 del 10-06-2020 - Jurisprudencia - VLEX 847682110

CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56625 del 10-06-2020

Sentido del falloCONCEPTÚA FAVORABLEMENTE
EmisorSala de Casación Penal
Fecha10 Junio 2020
Número de expediente56625
Tribunal de OrigenEstados Unidos de América
Tipo de procesoEXTRADICIÓN
Número de sentenciaCP086-2020

EscudosVerticales3

L.A.H.B.

Magistrado ponente

CP086-2020

Radicación 56625

Acta 120

Bogotá, D.C., diez (10) de junio de dos mil veinte (2020).

VISTOS:

Procede la Sala a emitir concepto sobre la solicitud de extradición del ciudadano ecuatoriano J.L.P.B., requerido por el Gobierno de los Estados Unidos de América[1].

ANTECEDENTES:

Mediante Nota Verbal 1281 del 16 de agosto de 2019, la Embajada de los Estados Unidos de América solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano ecuatoriano J.L.P.B., requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico de narcóticos, acorde con la acusación 8:18 cr 509 T 36 TGW, también enunciada como 8:18-cr-00509-CEH-TGW, dictada el 30 de octubre de 2018 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida.

Con fundamento en esa petición, la F.ía General de la Nación decretó, por medio de la Resolución del 22 de agosto de 2019, la captura de P.B.. Ésta se le notificó al solicitado el 11 de septiembre siguiente, en las instalaciones del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y C. de Tumaco (Nariño), donde se encontraba detenido en virtud del proceso bajo radicado 110016099144201900928.

Mediante Nota Verbal 1843 del 8 de noviembre de 2019, la representación diplomática de los Estados Unidos de América formalizó la solicitud de extradición de J.L.P.B..

Documentos aportados con la solicitud de extradición:

Para protocolizar la petición de entrega de P.B. se incorporaron al presente trámite, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y provenientes de la Embajada norteamericana, los siguientes documentos, debidamente traducidos:

(i) Nota Verbal 1281 del 16 de agosto de 2019, a través de la cual la Embajada de los Estados Unidos de América solicitó la detención provisional con fines de extradición de J.L.P.B..

(ii) Comunicación Diplomática 1843 del 8 de noviembre de 2019, por medio de la cual se formalizó la petición de extradición.

(iii) Copia de la acusación 8:18 cr 509 T 36 TGW, también enunciada como 8:18-cr-00509-CEH-TGW, emitida el 30 de octubre de 2018 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida.

(iv) Traducción de las disposiciones aplicables al caso.

(v) Orden de arresto emitida por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida contra P.B..

(vi) Declaraciones juradas de M.C.B.H. y C.C.D., en su orden, F. Auxiliar de los Estados Unidos asignado a la Sección de Crimen Organizado Transnacional de la F.ía de los Estados Unidos del Distrito Central de Florida y Agente Especial de la Oficina Federal de Investigación (FBI). La primera, refirió el procedimiento cumplido por el Gran Jurado para proferir la acusación, descartó la configuración de la prescripción, concretó los cargos formulados en contra del requerido e indicó los elementos integrantes de los delitos, y la segunda, informó los pormenores de la investigación en virtud de la cual se solicita la extradición y aportó los datos relacionados con la identidad del solicitado.

Trámite surtido ante las autoridades colombianas:

Materializada la captura del requerido y formalizada la solicitud de extradición, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió la documentación reunida a su homólogo de Justicia y del Derecho, a través del oficio DIAJI-2926 del 12 de noviembre de 2019, en el cual conceptuó:

Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la República de Colombia y los Estados Unidos de América (…):

-La “Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988 (…).

-La “Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, adoptada en Nueva York, el 27 de noviembre de 2000 (…).

A su turno, la Directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho revisó la actuación y, con oficio MJD-OFI19-0035127-DAI-1100 del 19 de noviembre siguiente, remitió a la Corte la solicitud de extradición.

Actuación cumplida en esta Corporación:

El 22 de noviembre de 2019, la Sala asumió el conocimiento del asunto y requirió a J.L.P. BAQUERIZO la designación de apoderado. Cumplido lo anterior, por auto del 10 de diciembre siguiente, reconoció personería a la defensa y dispuso surtir el traslado previsto en el artículo 500 de la Ley 906 de 2004.

Con el propósito de verificar el ejercicio previo de la jurisdicción, el 7 de febrero de 2020 esta Corporación pidió a la Policía Nacional información respecto de la existencia de investigaciones adelantadas contra el solicitado.

El 20 de ese mes y año, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional -SIOPER- indicó que el requerido no contaba con antecedentes penales, ni órdenes de captura vigentes.

Asimismo, teniendo en cuenta que la notificación de la captura con fines de extradición se realizó en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y C. de Tumaco, donde el reclamado se encontraba detenido en virtud del proceso bajo radicado 110016099144201900928, la Corte solicitó al Juzgado Penal del Circuito Especializado de esa ciudad, precisar el contexto fáctico por el cual se adelanta esa actuación, el delito por el que se procede y el estado y, además, remitir copias de las providencias de fondo adoptadas al interior del diligenciamiento.

El 12 de marzo de 2020, el expediente ingresó a la Sala para emitir concepto. El 6 de mayo siguiente, la F.ía 3ª Especializada contra el Narcotráfico de Bogotá allegó el escrito de acusación, dentro del referido proceso penal.

Alegatos de conclusión:

El Ministerio Público, representado por el Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal, realizó un recuento de las exigencias previstas en el ordenamiento jurídico para la emisión del concepto por parte de la Corte y resumió la actuación adelantada y los documentos aportados por el Gobierno requirente.

Abordó el estudio de la validez formal de la documentación allegada, señalando los requisitos para su expedición, especialmente, la traducción y autenticación por las autoridades correspondientes en el país requirente, y el cumplimiento del trámite diplomático para su presentación, todo lo cual le permitió concluir que esas exigencias se encontraban satisfechas.

Igual criterio expresó acerca de las previsiones del artículo 502 del Código de Procedimiento Penal relacionadas con la demostración plena de la identidad del requerido, el principio de doble incriminación y la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero.

En consecuencia, consideró cumplidos los requisitos exigidos en el procedimiento penal para emitir concepto favorable a la solicitud de extradición de J.L.P.B., razón por la cual pidió a la Corte, si acoge su criterio, exhortar al Gobierno Nacional para que formule al país reclamante los respectivos condicionamientos, en atención a lo dispuesto en los instrumentos internacionales aplicables y la Constitución Política colombiana.

La defensa de J.L.P.B. solicitó emitir concepto desfavorable. Argumentó que su prohijado está siendo procesado por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tumaco, con fundamento en los mismos hechos que motivaron el requerimiento de extradición.

Por último, demandó, en caso de dictar concepto favorable, exigir al Gobierno Nacional que efectúe los condicionamientos necesarios, con el fin de garantizar el goce efectivo de sus derechos fundamentales.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE:

  1. Aspectos Generales

En primer lugar, conviene señalar que el 14 de septiembre de 1979 se suscribió entre Colombia y los Estados Unidos de América un «Tratado de Extradición» que se encuentra vigente en la medida que las Partes contratantes no lo han dado por terminado, denunciado o celebrado uno nuevo, ni han acudido a ninguno de los mecanismos previstos en la «Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969» para finiquitarlo.

A pesar de lo anterior, actualmente no resulta posible aplicar sus cláusulas ante la ausencia de una ley que lo incorpore al ordenamiento interno, como lo exigen los artículos 150-14 y 241-10 de la Constitución Política, pues, aunque en el pasado se expidieron con tal propósito las Leyes 27 de 1980 y 68 de 1986, la Corte Suprema de Justicia las declaró inexequibles por vicios de forma.

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