CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59844 del 09-02-2022
| Sentido del fallo | CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Número de expediente | 59844 |
| Fecha | 09 Febrero 2022 |
| Tribunal de Origen | España |
| Tipo de proceso | EXTRADICIÓN |
| Número de sentencia | CP017-2022 |
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
Magistrada Ponente
CP017-2022
Radicación N° 59844
Aprobado acta No. 22
Bogotá D. C., nueve (9) de febrero de dos mil veintidós (2022).
VISTOS
ANTECEDENTES
1. Mediante Notas Verbales No. 239/2021 y No. 244/2021 de 24 y 25 de junio de 2021, respectivamente, el Reino de España, a través de su embajada en Colombia, solicitó la detención preventiva con fines de extradición de ANABELLA CONSUELO CASALINS CABARCA, ciudadana Venezolana, identificada con pasaporte n°4756150944 – también registra pasaporte n°075501442- y Permiso Especial de Permanencia n°906140414011964 expedido por Migración Colombia, quien está siendo reclamada por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción n°5 de Segovia (España), por los delitos de Integración en Organización Criminal, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución, favorecimiento de inmigración ilegal y amenazas de los artículos 570 bis, 177 bis, 187, 318 bis, 169, 170 y 171 del Código Penal Español vigente.
2. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 509 de la Ley 906 de 2004, la Fiscalía General de la Nación, con Resolución de 25 de junio de 2021, decretó la captura con fines de extradición de la mencionada, cuya aprehensión había ocurrido el 19 del mismo mes y año, en la carrera 32 n°17-141 -vía pública- del municipio de Soacha Cundinamarca, con fundamento en la Notificación Roja de Interpol n° A-12763/12-2019, publicada el 12 de diciembre de 2019.
3. A través de Nota Verbal No. 249/2021 de 29 de junio de 2021, la representación diplomática formalizó el requerimiento de extradición de ANABELLA CONSUELO CASALINS CABARCA y para tal efecto aportó la documentación pertinente.
4. El 30 de junio de 2021, en el concepto previsto en el artículo 496 de la Ley 906 de 2004, el Ministerio de Relaciones Exteriores estableció que:
“Conforme a los establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la República de Colombia y el Reino de España.
Una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es del caso destacar que se encuentran vigentes para las Partes, los siguientes tratados en materia de extradición.
-
“Convención de Extradición de Reos”, suscrita en Bogotá D.C., el 23 de julio de 1982.
-
“Protocolo modificatorio a la Convención de Extradición entre la República de Colombia y el Reino de España”, adoptado en Madrid, el 16 de marzo de 1999.”1
5. El mencionado Ministerio remitió el expediente al de Justicia y del Derecho, que a su vez lo envió a la Corte Suprema de Justicia2 para que adelantara el trámite a su cargo.
6. Tras arribar a esta Corporación, mediante auto de 13 de julio de 2021 se reconoció personería al defensor público designado a ANABELLA CONSUELO CASALINS CABARCA y se ordenó correr el traslado contemplado en el artículo 500 de la Ley 906 de 2004 para presentar pruebas. Posteriormente la requerida designó defensor de confianza, a quien igualmente se le comunicó del citado traslado.
7. La solicitada, coadyuvada por su defensor, manifestó acogerse al trámite de extradición simplificada previsto en el parágrafo 1º del artículo 500 de la Ley 906 de 2004, adicionado por el artículo 70 de la Ley 1453 de 2011. Por tal motivo, en auto de 15 de octubre siguiente, se corrió traslado del citado escrito a la Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal.
8. Mediante comunicación de 16 de noviembre de 2021, la representante del Ministerio Público, previa entrevista con la solicitada, concluyó que la declaración fue hecha de manera libre, espontánea, voluntaria y debidamente asesorada y, por lo tanto, la coadyuvó.
Agregó que no existe duda frente a la plena identidad de la requerida y que, revisados los documentos allegados al trámite, se cumplen todos los requisitos aplicables al caso para la emisión de concepto favorable a la solicitud de extradición simplificada, siempre que se condicione al cumplimiento de los presupuestos sobre la protección de los derechos humanos que le asisten a ANABELLA CONSUELO CASALINS CABARCA.
9. Mediante auto de 22 de noviembre de 2021 se dispuso requerir a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional – Dirección de Investigación Criminal e Interpol para que informaran si obra alguna investigación en contra de la reclamada ANABELLA CONSUELO CASALINS CABARCA.
10. En respuesta, mediante oficio n° 20210545549/ARAIC-GRUCI-1.9 de 22 de diciembre de 2021, la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional, informó que ANABELLA CONSUELO CASALINS CABARCA solo cuenta en sus registros con la orden de captura emitida en virtud del trámite de extradición.
11. Por su parte, la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, remitió el oficio n° 202111700086621 de 8 de diciembre de 2021, en el cual informó que a la requerida no le aparecen registros de vinculación a procesos penales, y adjuntó oficio n° 20212220060051 de 3 de diciembre pasado, en el cual la Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones informó que consultados los sistemas misionales SPOA y SIJUF, a ANABELLA CONSUELO CASALINS CABARCA no le aparecen registros de vinculación a procesos.
CONSIDERACIONES
1. Cuestión previa: El trámite simplificado de extradición.
El artículo 70 de la Ley 1453 de 2011 adicionó dos parágrafos al artículo 500 de la Ley 906 de 2004. Esa disposición introdujo al ordenamiento jurídico nacional la figura de la extradición simplificada, mediante la cual, quien es requerido en extradición, puede renunciar al procedimiento y solicitar la emisión de plano del concepto correspondiente, siempre y cuando: i) la petición sea coadyuvada por su defensor; y ii) el representante del Ministerio Público verifique, de manera subsiguiente, que no se afectaron las garantías fundamentales del reclamado al acogerse a dicho trámite.
La Sala encuentra satisfechas las exigencias establecidas en la norma en cita para conceptuar de plano frente a la solicitud de extradición formulada por el Reino de España respecto de la ciudadana venezolana ANABELLA CONSUELO CASALINS CABARCA.
En efecto, la petición de la requerida se radicó en forma oportuna, fue coadyuvada por su abogado y la Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal verificó, mediante entrevista con la reclamada, el respeto de sus garantías fundamentales en la manifestación.
Así las cosas, como constata la Corte que se reúnen los presupuestos para emitir concepto bajo el rito del trámite simplificado, a ello procederá.
2. Verificación de las condiciones constitucionales impedientes de la extradición.
2.1 Según el artículo 35 de la Carta Política, modificado por el Acto Legislativo No. 01 de 1997, la extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de conformidad con los tratados públicos y, a falta de estos, acorde con lo establecido en la normatividad interna.
Dicho canon, en concreto, exige verificar que: i) la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana; ii) no procederá por delitos políticos; ni iii) cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad al 17 de diciembre de 1997, fecha en la que entró a regir el Acto Legislativo No. 01 de 1997.
Debido a que ANABELLA CONSUELO CASALINS CABARCA no es ciudadana colombiana, pues nació en Venezuela, no hay lugar a evaluar la primera ni la tercera previsión constitucional antedichas (como lo expuso la Corte en decisiones CP143, 9 sep. 2020, R.. 56624 y CP050, 17 mar. 2021, R.. 56876, entre otras).
En esas condiciones, como las conductas por las cuales es solicitada la requerida no son de carácter político3, se descarta la improcedencia de la extradición bajo el único motivo aplicable al caso de los previstos en el artículo 35 de la Carta Política.
2.2 P. ha expuesto la jurisprudencia de la Sala que, para que opere la extradición, es necesario establecer que nuestro país no haya ejercido su jurisdicción respecto del mismo hecho que fundamenta el pedido. Esa precisión significa que, el principio de la cosa juzgada, como faceta de la garantía constitucional del debido proceso (art. 29 de la Constitución) es causal de improcedencia de la extradición (CSJ CP 165 – 2014 y CSJ CP, 9 mayo 2009, R.. 30373, entre otros).
En este punto no se advierte motivo que impida conceptuar favorablemente a la solicitud, pues las autoridades respectivas certificaron que contra ANABELLA CONSUELO CASALINS CABARCA no se adelantan investigaciones o procesos penales en nuestro país, ni mucho menos por los hechos objeto de la solicitud de extradición. En este sentido, no se ve afectada la garantía constitucional de non bis in ídem que le asiste a la reclamada.
2.3 Por otro lado, cabe destacar que no es aplicable al caso la garantía de no extradición contenida en el artículo 19 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017, porque no consta en el trámite de extradición algún elemento indicativo de que CASALINS CABARCA haya sido integrante de las FARC EP o que los delitos objeto del requerimiento tengan alguna relación con el conflicto armado. Tampoco advirtieron sobre aquella circunstancia la requerida o su defensor.
3. Verificación del cumplimiento de los requisitos convencionales de la solicitud de extradición
El Ministerio de Relaciones Exteriores conceptuó que se encuentran vigentes entre las partes la «Convención de Extradición de Reos» suscrita en Bogotá el 23 de julio de 1892 y el «Protocolo modificatorio a la Convención de Extradición entre la...
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