CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 62739 del 21-06-2023
| Sentido del fallo | CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Número de sentencia | CP145-2023 |
| Fecha | 21 Junio 2023 |
| Tribunal de Origen | Estados Unidos de América |
| Tipo de proceso | EXTRADICIÓN |
| Número de expediente | 62739 |
CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO
Magistrado Ponente
CP145-2023
Radicación 62739
Acta 115
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitrés (2023).
VISTOS
Procede la Sala a emitir concepto sobre la solicitud de extradición del ciudadano ecuatoriano DANIEL ELÍAS ROSADO RENDÓN, dentro del trámite de extradición formulado por el Gobierno de los Estados Unidos.
ANTECEDENTES
1. A través de la Nota Verbal No. 1510 del 15 de septiembre de 2022, el Gobierno de los Estados Unidos por conducto de su Embajada en Colombia, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores la detención preventiva con fines de extradición del ciudadano ecuatoriano DANIEL ELÍAS ROSADO RENDÓN, requerido para comparecer a juicio por delitos relacionados con «concierto, tráfico de drogas ilícitas y armas de fuego», de conformidad con la acusación (complaint) N°. 22MAG7154, del 1° de septiembre de 2022, reemplazada por la Acusación 22CRIM 532 del 6 de octubre siguiente, dictada por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, acorde al siguiente marco fáctico:
Una investigación de las autoridades de aplicación de la ley identificó a ROSADO RENDÓN como un traficante a gran escala de drogas ilícitas y armas, operando, entre otros lugares, en Ecuador y Colombia. Desde julio del 2021 hasta agosto del 2022, R.R. y otros cómplices acordaron con tres fuentes confidenciales operando bajo la dirección de las autoridades de aplicación de la ley (CS-1, CS-2 y CS-3, por sus siglas en inglés) llevar a cabo un trato grande de varios cientos de kilogramos de cocaína para su prevista importación y venta en Nueva York.
2. Atendiendo a esa petición, la Fiscalía General de la Nación emitió la resolución del 16 de septiembre de 2022, en la que decretó la captura de DANIEL ELÍAS ROSADO RENDÓN, la cual se hizo efectiva el 27 del mismo mes y año, en la ciudad de Cali.
3. Mediante Nota Verbal No. 1834 del 3 de noviembre de 2022, la representación diplomática formalizó el requerimiento de extradición de D.E.R.R..
4. El Ministerio de Relaciones Exteriores conceptuó que en el caso «…se encuentran vigentes para las Partes (…) la “Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas” suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988,…» [y] la “Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”». Precisó, además, que en los aspectos no regulados por la Convención el trámite debe regirse por los artículos 491 y 496 de la Ley 906 de 2004.
5. Esa cartera remitió el expediente al Ministerio de Justicia y del Derecho que, tras constatar la debida formalización de la solicitud, lo envió a la Corte Suprema de Justicia para que adelantara el trámite a su cargo1.
6. Esta Corporación, mediante auto del 15 de noviembre de 2022, requirió a D.E.R.R. para que designara defensor, lo que en efecto ocurrió. Además, en dicho proveído se ordenó correr el traslado contemplado en el artículo 500 de la Ley 906 de 2004 para solicitar pruebas.
7. Dentro del término dispuesto, el Procurador Primero Delegado para la Casación Penal informó que no realizaría ninguna solicitud probatoria y se ceñía a lo que dispusiera la Corte, mientras que la defensa pidió lo correspondiente.
8. Mediante providencia CSJAP427-2023 se dispuso requerir a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional para que informaran si D.E.R.R. tiene procesos en su contra y en caso afirmativo indicaran el número de la actuación, los delitos por los cuales se le investiga y el estado actual de aquellos y se negaron otras pruebas de la defensa.
9. Sin embargo, R.R. manifestó, coadyuvado por su defensor, la intención de acogerse al trámite de extradición simplificada previsto en el parágrafo 1º del artículo 500 de la Ley 906 de 2004, adicionado por el artículo 70 de la Ley 1453 de 2011, por lo que en auto del 14 de marzo de 2023 se corrió traslado del citado escrito al representante del Ministerio Público, para que constatara el respeto de las garantías fundamentales.
10. El Procurador Primero Delegado para la Casación Penal, previa entrevista con D.E.R.R., evidenció que su declaración fue hecha de manera libre, espontánea, voluntaria y debidamente asesorada y, por lo tanto, la coadyuvó.
11. Igualmente, refirió que no existe duda frente a la plena identidad del requerido y que, revisados los documentos allegados al trámite, se cumplen todos los requisitos aplicables al caso para la emisión de concepto favorable a la solicitud de extradición simplificada, siempre que se condicione al cumplimiento de los presupuestos sobre la protección de los derechos humanos de ROSADO RENDÓN.
12. De otro lado, la Directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación informó que, de acuerdo con lo comunicado por la Delegada contra la seguridad ciudadana, revisados los sistemas SPOA y SIJUF de la entidad, no aparece alguna actuación seguida contra D.E.R.R., mientras que la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional indicó que solo se registra la orden de captura expedida en virtud del trámite de extradición.
CONSIDERACIONES
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El trámite simplificado de extradición.
1.1. El artículo 70 de la Ley 1453 de 2011 adicionó dos parágrafos al artículo 500 de la Ley 906 de 2004 e introdujo al ordenamiento jurídico nacional la figura de la extradición simplificada mediante la cual, quien es requerido en extradición puede renunciar al procedimiento y solicitar la emisión de plano del concepto correspondiente, siempre y cuando la petición sea coadyuvada por su defensor y además, el representante del Ministerio Público verifique que no se afectaron las garantías fundamentales del reclamado al acogerse a dicho trámite.
1.2. En el caso objeto de análisis, la Corte encuentra reunidas las exigencias establecidas en la norma en cita para conceptuar de plano sobre la solicitud de extradición formulada por el Gobierno de los Estados Unidos, respecto de D.E.R.R., ciudadano ecuatoriano.
1.3. Lo anterior, porque la solicitud de ROSADO RENDÓN se radicó en forma oportuna, fue coadyuvada por su defensor de confianza y el Procurador Primero Delegado para la Casación Penal, a través de entrevista personal, verificó la ausencia de vulneración de garantías fundamentales, por lo que es procedente emitir concepto bajo el rito del trámite simplificado.
2. Aspectos generales.
2.1. El 14 de septiembre de 1979, la República de Colombia y los Estados Unidos de América suscribieron un tratado de extradición que en la actualidad se encuentra vigente, como quiera que ninguno de los países firmantes lo ha dado por terminado o denunciado; tampoco se ha celebrado uno nuevo, ni se ha aplicado alguno de los mecanismos previstos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados para finiquitarlo.
2.2. Sin embargo, las cláusulas del aludido instrumento internacional no son aplicables en el orden interno, como quiera que las Leyes 27 de 1980 y 68 de 1986 que lo incorporaron a la normatividad nacional fueron declaradas inexequibles por la Corte Suprema de Justicia. Esa circunstancia impone, para dictar el concepto, la verificación de los requisitos contenidos en la Constitución Política y lo previsto en los artículos 493 y 502 de la Ley 906 de 2004 – ley adjetiva vigente para el momento en que inició el trámite de extradición, tal y como así lo planteó la Corte en la decisión CSJ CP163 – 2021 – disposiciones que regulan la materia y posibilitan cumplir con los compromisos de cooperación judicial adquiridos por Colombia, orientados a fortalecer la lucha contra la criminalidad transnacional.
2.3. Las exigencias constitucionales que en el marco de tales textos normativos deben evaluarse son las siguientes: (i) las condiciones de improcedencia de la extradición previstas en el art. 35 de la Carta Política; (ii) la prohibición de doble juzgamiento y (iii) la aplicabilidad de la garantía de no extradición; por su parte, los requisitos legales establecidos en el Código de Procedimiento Penal, se sintetizan en (iv) la validez formal de la documentación presentada, (v) la demostración plena de la identidad del solicitado, (vi) la doble incriminación de la conducta en las dos naciones, y (vii) la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero.
3. Verificación de las condiciones constitucionales impedientes de la extradición.
3.1. De acuerdo con el artículo 35 de la Carta Política, modificado por el Acto Legislativo No. 01 de 1997, la extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de conformidad con los tratados públicos y, a falta de estos, acorde con lo establecido en la normatividad interna.
3.1.1. Dicho canon, en concreto, exige verificar que:
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la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana;
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no procederá por delitos políticos;
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ni cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad al 17 de diciembre de 1997, fecha en la que entró a regir el Acto Legislativo No. 01 de 1997.
3.1.2. En ese orden, de acuerdo con la documentación aportada, el requerido D.E.R.R. no es ciudadano colombiano, debido a que nació en la República del Ecuador, por lo que no hay lugar a evaluar las previsiones constitucionales primera y tercera2.
Cabe aclarar, sin embargo, que aun cuando el gobierno de los Estados Unidos solicitó la extradición de ROSADO RENDÓN, entre otros, por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos, el requerido es ciudadano extranjero y los hechos relacionados con dicha conducta punible no ocurrieron en Colombia, por lo que no existen razones legales y constitucionales para emitir concepto...
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