CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60224 del 25-05-2022 - Jurisprudencia - VLEX 947435609

CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60224 del 25-05-2022

Sentido del falloCONCEPTÚA FAVORABLEMENTE
EmisorSala de Casación Penal
Número de expediente60224
Fecha25 Mayo 2022
Tribunal de OrigenEstados Unidos de América
Tipo de procesoEXTRADICIÓN
Número de sentenciaCP029-2022



FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS

Magistrado Ponente



CP029-2022

Radicación nº 60224

Acta No. 115

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintidós (2022).



Atendiendo lo dispuesto en el artículo 502 de la Ley 906 de 2004, procede la Sala a rendir el concepto que en derecho corresponda en relación con el pedido de extradición de la ciudadana colombiana DAYANA LISETH OME MENESES efectuada por el Gobierno de los Estados Unidos de América



ANTECEDENTES


1. Mediante Nota Verbal No. 1218 del 10 de junio de 2021, el gobierno de los Estados Unidos de América solicitó la detención provisional con fines de extradición de DAYANA LISETH OME MENESES, para comparecer a juicio por los delitos de concierto para delinquir y «tráfico de drogas ilícitas», conductas que habrían tenido lugar en el periodo comprendido entre septiembre de 2019 y noviembre de 2020, según la Acusación Formal No. 21 CRIM 287, dictada el 03 de mayo de 2021, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

2. Con fundamento en lo anterior, la Fiscalía General de la Nación mediante resolución de 8 de julio de 2021, libró orden de detención con fines de extradición en contra de DAYANA LISETH OME MENESES, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.110.546.742, materializándose su captura el 22 de julio de 2021 en el Aeropuerto Internacional el Dorado de Bogotá.


3. Por medio de la Nota Verbal No. 1726 del 10 de septiembre de 2021, la representación diplomática formalizó el requerimiento de extradición y, para el efecto, aportó la documentación pertinente con la correspondiente traducción al español.


4. En lo que respecta al trámite de extradición, la Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería, mediante oficio S-DIAJI-21-021752 de 13 septiembre de 2021, dirigido a su homóloga del Ministerio de Justicia y del Derecho, indicó que entre Colombia y los Estados Unidos de América se encuentra vigente la convención multilateral de cooperación judicial mutua «Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas», suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988, que en su artículo 6, numerales 4 y 5 dispone:


«4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellas.


5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los que la Parte requerida puede denegar la extradición».


Así como la «Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional», adoptada en Nueva York el 27 de noviembre de 2000, que señala «6. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellos. 7. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables […]».


De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 4911 y 4962 de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por las convenciones aludidas, el trámite se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano.


5. Por su parte, la Directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho consideró completo el expediente y lo remitió a esta Sala mediante oficio MJD-OFI21-0035116-DAI-1100.


6. Con auto de 29 de septiembre de 2021 se reconoció personería para actuar al abogado Gabriel Alberto Arce Sepúlveda, como defensor de confianza de la requerida en extradición y se corrió traslado a las partes para que de conformidad con lo previsto en el artículo 5003 de la Ley 906 de 2004, allegaran las pruebas que pretendían hacer valer.


7. Como la requerida y su apoderado expresaron su deseo de acogerse a solicitud de extradición simplificada, con auto de 28 de octubre de 2021 se ordenó correr traslado al Ministerio Público, para que de conformidad con lo señalado en el artículo 704 de la Ley 1453 de 2011, que adicionó el artículo 500 de la Ley 906 de 2004, indicara si coadyuvaba tal petición. En la misma providencia se dispuso oficiar a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional para que verificaran si en su Sistema de Información Operativo –SIOPER- Registro Único Nacional de Antecedentes y Anotaciones Judiciales existía alguna investigación o registro en su contra.


8. Mediante oficio PSDCP-CON.N°262 del 26 de noviembre de 2021, el Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal remitió el acta de verificación del cumplimiento de garantías fundamentales de DAYANA LISETH OME MENESES y constató que se acogió al trámite especial de la extradición simplificada; que esa manifestación se realizó de manera libre, consciente y voluntaria, razón por la que coadyuvó la petición de trámite simplificado.





CONSIDERACIONES


Aspectos generales.


Dado que el tratado de extradición suscrito el 14 de septiembre de 1979 entre Colombia y los Estados Unidos de América no es aplicable en el orden interno, debido a la inconstitucionalidad de la Ley 27 de 19805 declarada por la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 12 de diciembre de 19866, la expedición del presente concepto estará gobernada por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano.


Ahora, a pesar de que en este evento se elevó petición de extradición simplificada, la competencia de la Corte permanece incólume, es decir, está enfocada a expresar un concepto acerca de la procedencia de entregar o no a la persona solicitada por un país extranjero.


En ese orden, el concepto ha de fundamentarse acorde con lo preceptuado en los artículos 4937 y 5028 del Código de Procedimiento Penal, haciéndose un análisis sobre (i) la validez formal de la documentación allegada por el país requirente; (ii) la demostración plena de la identidad de la persona solicitada; (iii) la verificación del principio de doble incriminación, esto es, que el hecho que motiva la solicitud de extradición esté previsto como delito tanto en el Estado reclamante como en Colombia y, además, que la legislación nacional lo sancione con pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro años; y (iv) la equivalencia entre la providencia proferida en el extranjero y la acusación del sistema procesal interno.


Adicionalmente, se hace necesario constatar que las exigencias previstas en el artículo 35 de la Constitución Política se hallen cumplidas, esto es, que los hechos imputados al solicitado hayan sido cometidos en el exterior y con posterioridad al 17 de diciembre de 1997, que no se trate de delitos políticos y se encuentren sancionados en el ordenamiento jurídico interno con pena privativa de la libertad no inferior a cuatro años.


De igual manera, en garantía del derecho fundamental al debido proceso, se debe verificar que contra el requerido la justicia colombiana no haya ejercido jurisdicción sobre los hechos que fundamentan el pedido de extradición9, y si es del caso, establecer si al solicitado se le aplica lo previsto en el artículo transitorio 19 del Acto Legislativo No. 01 de 201710, en donde se indica que no procede la entrega de miembros de las FARC-EP.


De conformidad con lo anterior, la Sala procederá a realizar el respectivo análisis.




1. Validez formal de la documentación presentada.


Según lo establece el artículo 495 de la Ley 906 de 2004, la solicitud de extradición debe efectuarse por la vía diplomática y, de manera excepcional, por la consular o de gobierno a gobierno, adjuntando copia auténtica del fallo o de la acusación proferida en el extranjero, con indicación de los actos que determinan la petición, así como del lugar y fecha en que fueron ejecutados, los datos que permitan establecer la plena identidad del reclamado y la copia auténtica de las disposiciones penales aplicables al caso; documentos que deben ser expedidos en la forma prevista en la legislación del país requirente y traducidos al castellano, de ser necesario.

El artículo 251 del Código General del Proceso prescribe que los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionarios de éste o con su intervención, se aportarán apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia. En el evento de que el país extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, los mencionados documentos deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República de Colombia en dicho país, y en su defecto por el de una nación amiga. La firma de aquél se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de servidores consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el empleado competente del mismo y los de éste con el cónsul colombiano.


En este sentido, encuentra la Sala que dicho presupuesto fue observado por el Gobierno de los Estados Unidos al demandar la extradición de la ciudadana colombiana DAYANA LISETH OME MENESES por conducto de su Embajada en Colombia.


En efecto, la solicitud se hizo por la vía diplomática y a ella se acompañó copia de la Acusación Formal dictada el 3 de mayo de 2021 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.


Se acompañó como documento anexo la certificación expedida por el Cónsul General de Colombia en Washington, en la que se indica que es auténtica la firma de LEO J. MULDOON, quien para el 31 de agosto de 2021 se desempeñaba como auxiliar de autenticaciones del Departamento de Estado, que a su vez, avaló la del Secretario de Estado Antony J. Blinken y la del Procurador de los Estados Unidos Merrick B. Garland, quien acreditó la de ...

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