Conceptos jurídicos indeterminados
| Páginas | 34-37 |
34 JFACE T
A
URÍDIC
Conceptos jurídicos indeterminados
Efectos
1. Aspectos generales
derecho acude para la formulación de enuncia dos normativos al lenguaje
-
ciertos enunciados previstos de ntro del sistema jurídico enfrente problemas
asociados a la ambigüedad de las palabr as y a la vaguedad de los conceptos.
“Se entiende que una expresión es ambigua cua ndo “(…) puede tener
o bien [cuando] una misma palabra pueda tener distintos m atices de signi-
y no plural ni parcelado, pero (su modo de empleo) hace que sea incierta o
dudosa la inclusión de un hecho o de un objeto concreto dentro del campo
de acción de ella.”. (…)”.
También debe advertirse que en el derecho es común recu rrir al uso de
conceptos jurídicos indete rminados, muchos de ellos con un alto contenido
condiciones de aplicación de las normas, pero que, desde otr o ángulo y en
algunos escenar ios, permite a quien está más cerca del caso concre to, maxi-
mizar los propósitos de la norma y aplicar el dere cho en un marco un poco
El término buena s costumbres, al igual que la expresión moral, son
conceptos de notable vaguedad y alto conten ido valorativo y, en virt ud
del pluralismo social, pueden comprenderse de forma muy dist inta por los
moral social o pública, cuyo sentido se explicará a part ir de una reiteración
de los principales pronunciamientos sobre el uso de est e tipo de conceptos.
2. Moral social o pública - jurisprudencia rele vante
costumbre praeter legem constituye derecho, siempre y cuando reúna dos
característ icas, la primera, que sea general y, la segunda, que sea conforme
al ordenamiento superior, solo en el sentido en que por “moral cristian a”
se entendiera “moral general” o “moral social”.
La demanda estuvo enfocad a a sostener que la adscripción a un conjunto
valorativo propio de una confesión, en el marco de un estado plur alista, vul-
Para solucionar el referido reparo de inconstitucional idad, la mayoría
de la Sala Plena precisó aspectos tales como: (i) la innegable conexión
entre la moral y el derecho, y el sustrato moral de mucha s de las normas
que hacen parte del ordena miento jurídico, pese a que cada uno de esos
moral social, diferente de la individual, que pre valece en cada pueblo en su
propia circunstancia
era la moral mayoritariame nte compartida, el legislador se haya referido a
la moral cristiana como la moral gene ral, destacando que, no obstante, lo
relevante es la opinio iuris, elemento constitutivo de la costu mbre que se
traduce en la convicción de obligatoriedad por la comu nidad que la observa:
“Entendida la expresión `moral cristiana´ como la moral social o moral
general, es evidente que en casos excepcionales tend ría validez como fuente
del derecho una costumbre que no sea a corde con la moral general del país,
pero que sea conforme con la moral de un g rupo étnico y cult ural en particu-
lar. Sería el caso, por ejemplo, de algunas tribus i ndígenas cuyas costumbres
se basan en una moral difere nte a la general de los colombianos. En virt ud
componen tales grup os, podrían invocar sus costu mbres, acordes con su
propia moral social”.
moral cristiana, e n razón, básicamente, de la validez del principio de mayo-
preter legem y
secundum legem, como fuente de derecho. Ateniendo a estos presupuestos,
-
sición demandada, en los tér minos ya referidos.
e xequibilidad de la
prohibición para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación
de ejecutar en el lugar de trabajo o en sitio público actos contr a la moral o
buenas costumbres -
rencia existente entre el derecho sancionador d isciplinario y el derecho
sancionador penal, era dable per mitir en el primer escenario tipos abier tos,
incesto como delito. La demanda tuvo por
objeto cuestionar la norma referida al am paro del derecho al libre desarrollo
la sociedad y que hacía part e del fuero individual, de la moral individual.
-
cionalmente relevante: la familia, cuya desestabil ización por las prácticas
sexuales endogámicas se encontra ba acreditada desde diferentes discipli-
nas empíricas. Agregó que la restricción al libre derecho de la persona lidad
era, en este caso, constit ucional, pues la norma no solo buscaba proteger un
bien relevante sino porque, en virtud del pr incipio de solidaridad, cualquier
comportamiento o act itud de uno de los miembros de la familia frente a ot ro
incidía en el núcleo primario de la socieda d:
“… los comportamientos desestabilizadore s de la institución familiar
-
libre desarrollo de la persona lidad dentro de la familia, resulta entonces no
sólo debida sino necesaria, en vista de s u preservación.”.
que, atendiendo a que los intervi nientes insistieron en que la disposición que
penalizaba el incesto encont raba un soporte moral, era opor tuno referirse
a “si el argumento moral es también pert inente para adoptar decisiones
constitucionales en uno u ot ro sentido”.
-
namiento superior no puede dejar de lado la referencia a las cond iciones
dispuesto en diversos inst rumentos internacionales, la mor alidad pública
puede generar restricciones legíti mas al ejercicio de los derechos constitu-
-
saría en su fu nción de proteger los derechos de las minorías, de la tolerancia
(v) para analizar la sujeción al ordenamiento de una rest ricción que tiene
-
tenerse claridad sobre lo que se entiende por m oralidad pública en el ma rco
constitu cional vigente:
“La moralidad pública que puede ser fuente de re stricciones a la libertad ,
es aquella que racionalmente result a necesario mantener para ar monizar
proyectos individuales de vida que, pese a ser absoluta mente contradicto-
rios, resultan compatibles con un a democracia constitucional y que, adi-
cionalmente, es indispensable par a conjurar la libertad individu al con la
responsabilidad y la solidar idad que hacen posible este modelo constitu-
cional. En este sentido, la moralidad pública art icula en el plano secular
un modo de ser y de actua r que no puede soslayar la persona, portadora
de derechos, que es, al mismo tiempo, sujeto individua l y miembro de la
comunidad. El concepto de orden público en la socieda d democrática basa-
mínimas que deben se r respetadas por sus miembros para que és ta sea
una comunidad organ izada en términos de liber tad y para la libertad. Esta
función del orden público en una democracia c onstitucional, forzosamente
debe predicarse con la misma i ntensidad de cada uno de los elementos que
lo integran, entre ellos, la moral idad pública. Se comprende, entonces, que
la relativización de la libert ad obedece a una lógica social que mira a su con-
de todos los sujetos y sus puntos de vista de orden moral, pud ieran llevarse
a cabo y manifestarse so cialmente sin cortapisa o armoni zación alguna”.
Por esta razón, el juez constitucional debe con frontar los criterios de
moralidad pública contenidos en la ley, con el conjunto de normas y prin-
cipios constitucionales. No obstante que la ley se apoye en un criter io de
moral pública, si éste desconoce los principios super iores sobre los que se
-
qu ibi li dad . (…)” .
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba