Conclusiones
| Autor | Manuel Salvador Rivera Agudelo |
| Cargo del Autor | Historiador de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Abogado de la Corporación Universitaria Remington |
| Páginas | 95-96 |
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Doctrina de la Seguridad Nacional y el Estado de Sitio
el fenómeno que también congura la otra fase de persecución
contra la oposición política. Así lo ha ilustrado el sacerdote jesuita
Javier Giraldo:
El fenómeno del narcotráco se articula, pues, al actual ciclo de violencia:
a) brindando nanciación exorbitante y poder extorsivo y corruptor al
paramilitarismo; b) brindando legitimación ideológica a la continuidad de la
intervención estadounidense en el conicto colombiano, mediante la ayuda
militar creciente bajo el paraguas de “política antinarcóticos” y presencia
creciente de asesores contrainsurgentes bajo el mismo paraguas; c) legitimando
acciones destructivas contra las capas más vulnerables de la economía de la
droga y provocando en ellas reacciones violentas de desesperación apoyadas por
la insurgencia. (GIRALDO, J.)
3. Conclusiones
Se debe fortalecer, difundir y aplicar el Derecho Internacional
Humanitario en Colombia, territorio donde se producen a diario
conductas punibles de lesa humanidad. Los medios de comunicación
informan acerca del hallazgo de fosas comunes donde aparecen
decenas de restos humanos, y sus autores reconocen sus crímenes
con una tranquilidad pasmosa, seguramente porque saben que a
pesar de reconocer su autoría, el castigo es mínimo. Nótese como
la Ley 975 de 2005, “Ley de Justicia y Paz”, contempla unas penas
de entre cinco y ocho años de prisión para los paramilitares que se
acojan a la misma.
De otro lado, la reglamentación del Estado de Sitio en Colombia,
durantge la vigencia de la Constitución Nacional de 1886, estuvo
dirigida a garantizar la integridad y vigencia del sistema político
dirigido por las castas de los dos partidos políticos desde la
consolidación de la Repúbica desde la segunda mitad del siglo XIX,
lo cual se prolongó hasta bien avanzado el siglo XX, como se ha
destacado.
De otro lado, esas prácticas se han extendido incluso hasta después
de la promulgación de la Constitución de 1991, la cual promueve
como principio fundante el Estado Social de Derecho, así como las
libertades y derechos civiles, políticos y humanos, considerados nes
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