Conflicto armado
| Autor | Grupo de organizaciones participantes |
| Páginas | 13-15 |
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3. Conflicto armado
a. Falta de implementación de la Resolución 1325
No obstante la ausencia de un Plan Nacional de Acción para la implementación de la Resolución 1325, en
Colombia se viene desarrollando algunas estrategias relacionadas temáticamente con la resolución 1325
alrededor de la Ley 1448 de 2011 y el Auto 092 de 2008.
Sin embargo, siguen siendo notorios el incumplimiento y los pocos avances sobre los indicadores del Con-
sejo de Seguridad. Es de resaltar la ausencia de datos para el seguimiento a la violencia contra las mujeres
(indicador 1a), la seguridad y la salud física y mental de las mujeres y niñas, su seguridad económica y sus
derechos humanos (indicador 14). También se observa información incompleta o poco desagregada que
posibilite determinar si existen mecanismos y estructuras operacionales para reforzar la integridad física y la
seguridad de las mujeres y las niñas (indicador 16). Tampoco hay registros sobre la existencia y transferencia
de armas pequeñas y armas ligeras (indicador 17). El Estado no cuenta con un registro que permita evaluar
el acceso a la justicia por parte de las mujeres (indicador 19)38. De igual manera, la información para de-
terminar si se está capacitando a personal encargado de la atención de mujeres víctimas de violencia y de
violencia basada en género es deficiente (indicador 20).
b. Grupos criminales
El proceso de desmovilización de los paramilitares entre 2004 y 2008 no significó la sustracción de uno de
los actores de la guerra. Al contrario, se produjo una proliferación de grupos. Aun cuando las autoridades
hacen grandes esfuerzos por ocultar el fracaso del proceso, la actividad delictiva de estas agrupaciones los
ha obligado a nombrarlas como Bandas Criminales (Bacrim) y a hablar de la pululación de estructuras y
capos. Muchos hechos de violencia contra las mujeres son cometidos por estos grupos post-desmovilización.
c. Garantías de no repetición de las violaciones
A pesar de las medidas adoptadas para proteger a las mujeres y de los recursos con que cuentan los progra-
mas de protección, los servidores públicos reconocen la grave situación de violencia y desprotección que siguen
padeciendo las mujeres, la cual incluye feminicidios, violencia sexual, amenazas y desplazamiento forzado.
A pesar de que la Corte Constitucional ha señalado en varias ocasiones la importancia de incorporar un
enfoque de género a los programas de protección, esto se ha incumplido especialmente en los territorios
indígenas y afro colombianos.
d. Desplazamiento forzado
De acuerdo con información oficial, el conflicto armado ha dejado, 3,7 millones de personas desplazadas
entre 1997 y 2011, de las cuales el 51% son mujeres39. Sin embargo, según el Centro de Vigilancia del Despla-
zamiento Interno (IDMC por sus siglas en inglés), los desplazados internos suman entre 4,9 y 5,5 millones de
personas40. Cerca del 80% son mujeres, niñas y niños, y el 43% de las familias desplazadas tienen jefatura
femenina41.
38 Corporación Humanas,
Cumplimiento del Estado Colombiano con la resolución 1325
, Febrero de 2013, pág 7.
39 Depar tamento para la Prosperidad Social, Unidad de Atención a Víctimas,
Estadísticas de la población desplazada,
vínculo en línea: http://ww w.
dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=295&conID=556&pagID=838
40 Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC),
Global Overview 2012,
abril 2013, vínculo en línea: http://www.internal-displacement.org/
8025708F004BE3B1/%28httpInfoFiles%29/DB8A259305B071A8C1257B5C00268DDC/$file/global-overview-2012.pdf
41 ACNUR,
Violencia de género y mujeres desplazadas, 2009,
Vínculo en línea: http://ww w.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/
pdf/7269
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