Por qué crece la romería de militares a la criticada JEP - 21 de Octubre de 2018 - El Tiempo - Noticias - VLEX 743194193

Por qué crece la romería de militares a la criticada JEP

REDACCIÓN PAZ Y JUSTICIA - el tiempoLa posibilidad de obtener la libertad inmediata cuando están presos -aunque esta sea condicionada- y de lograr penas mucho más bajas que en la justicia ordinaria se convirtió para militares y policías investigados o condenados por delitos cometidos durante el conflicto armado en un atractivo irresistible de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La prueba es que sigue creciendo el número de integrantes de la Fuerza Pública que se somete a esta justicia especial. Según la JEP, ya son 1.914 los militares y policías que han firmado actas de compromiso en esta justicia, entre los cuales hay 5 generales y 20 coroneles. Esto, pese a que congresistas del Centro Democrático insisten en que se cree una sala particular para el juzgamiento de los uniformados, sobre la base de que a la JEP no irían porque allí serían igualados a los guerrilleros que combatieron por años. Precisamente esta semana firmó su acta de compromiso con la JEP el excomandante del Ejército Mario Montoya Uribe, general al que la Fiscalía alcanzó a citar a audiencia de imputación de cargos en marzo del 2016 por ‘falsos positivos’ -presentación de civiles asesinados como guerrilleros muertos en combate- cometidos entre el 2006 y el 2007. El abogado del general Montoya, Andrés Garzón, considera que "tarde o temprano, lo quieran o no, todos los integrantes de la Fuerza Pública señalados de haber cometido delitos graves en medio del conflicto armado van a terminar en la JEP". Sobre todo, porque el acto legislativo que creó la justicia para la paz y las normas que la desarrollaron establecieron que la JEP "sería prevalente" para conocer los casos de agentes del Estado comprometidos con ese tipo de delitos. Garzón cree que para resolver rápidamente la situación jurídica de los uniformados, lo mejor es iniciar el proceso en la JEP. Los beneficios en la justicia para cerrar el conflicto armado son evidentes. Mientras que por ‘falsos positivos’ en la jurisdicción ordinaria se han dado condenas de hasta 50 años de cárcel, como la impuesta al coronel Carlos Alberto Ayala Pacheco, en la JEP la máxima pena es de 8 años, si se confiesa la verdad y se cumple con la reparación de las víctimas. Además, la condena no se paga en una cárcel tradicional. Y en el peor de los casos, si el acusado no contribuye con la verdad, tendría 20 años de prisión. El abogado José Ignacio Lombana Sierra, defensor de varios militares, admite que ellos se están acogiendo a la...

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