Cuantificación y cualificación de la pena
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JFACE T
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URÍDIC 21
MotivaciónporpartedeljuzgadorControl
El libelista inicialmente plantea que el Tribu-
nal no tenía potestad , conforme doctrina especia-
de primera instancia; así mismo, como también
se pregona en las mismas decisiones, la Corte
tampoco puede imponer un criterio apreciativo
al respecto so pena de vulnerar la autonomía e
independencia del funcionario judicial reglada
-
ca. Por lo mismo, según lo complementa en la
audiencia de sustentación, carecían de interés
el Ministerio Público y la representación de las
víctimas para cuestionar ese aspecto mediante
el recurso de apelación que promovieron contra
el fallo de primer grado.
Ciertamente, en la primera sentencia citada,
que se yergue en el pilar de la argume ntación del
actor y en donde se cita la misma fuente doctri-
[C]uando la Corte en la decisión en comento
aludió al deber de motivar la sentenci a sin pres-
tenía la obligación de obrar en tal sentido a la
hora de apreciar la realidad de los enun ciados
cuales los sujetos procesales predica n su fal-
-
hacen parte de la actuación .
fundamentar de manera e xplícita los motivos de
la pena (tal como ahora lo prescribe el artículo
-
blece los límites punitivos que el princi pio de
-
mo penal se denomina poder judicial de c onno-
tación con miras a individualizar la pen a que
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trados cuando aprec ió la prueba que condujo a
-
“Una vez aceptada conforme a ciertas inte r-
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nerse en la decisión sobre la […] la cantidad […]
de la pena? […] A diferenc
que permite una comprobación empír ica apta
para fundar decisiones sobre la ver dad o sobre
-
juicios de ‘gravedad’ o ‘ levedad’ de un hecho
que los criterios de valoración que preside n la
-
sin duda útiles para orientar al jue z sobre los
elementos a tener en considerac ión. Estos cri-
connotación escapa en efecto a una c ompleta
que sin embargo se remiten siempre los juicios
de valor sugeridos por aquéllos”.
-
-
sustentación de la imposición de la pena juicio s
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de explicar ésta no implica el uso de crite rios
a una nueva apreciación de lo que f ue el objeto
-
jurídica de la conducta imputa da.
-
te que en la ponderación de tales factores, por
ser de índole constitucional y de protección de
derechos fundamentales, debe obrar una moti-
vación que se corresponda con la ley y la juris-
prudencia, como así lo resaltó en la siguiente
Es deber de la Corte recorda rle al Juez Cole-
giado que en punto de los criter ios y reglas para
la determinación de la punibilidad, previstos
de 2000, que éstos son de estir pe constitucio-
nal y de absoluta protección con categoría de
derechos fundament ales; por tal motivo, la pena
de prisión que los funcionarios impongan, en
ejercicio de sus funciones, por la constatación
de pruebas concluyentes sobre la certidumbre
del acto antijurídico y de la responsabilidad del
inculpado; tendrán en todo lugar y en cualquier
caso que respetar ir restrictamente la ley y el
desarrollo de la jurispr udencia, por cuanto, los
razonamientos esgrimidos por la judicatura en
como los parámetros para la determinación de
los extremos mínimos y máximos, aunados a
los fundamentos de la pena; jamás se pueden
socavar so pretexto que las part es no recurrieron
Merced a ese deber que le asiste al funcio-
nario de motivar su decisión respecto a los cri-
terios aplicados de individualización de pena,
es que necesariamente dimana la posibilidad
de impugnar para las partes e intervinientes
habilitados cuando no se está conforme con lo
expuesto, por tratarse de un tema, se repite, de
índole constitucional y de protección de dere-
chos fundamentales; ello en la medida, claro
está, que el discurso de disenso apunte hacia
esa demostración.
Así lo prevé el legislador en el artículo 59
del Código Penal, al señalar que “toda sentencia
sobre los motivos de la determinación c ua-
”, de lo cual,
obviamente, no están excluidos los criterios de
individualización de los incisos te rcero y cuarto
-
mado de forma tajante por el libelista a par tir de
la descontextualiza ción que hace de la providen-
Tanto ello es así que en múltiples oportuni-
dades esta Colegiatur a, a solicitud de alguna de
decisiones de segunda instancia por ausencia
absoluta de motivación, concretamente respec-
to de lo criterios previstos en los incis os tercero
y cuarto del artículo 61 del C.P, alusivos a la
mayor o menor gravedad de la conducta, al daño
real o potencial creado, a la naturaleza de las
causales que agravan o atenúan la punibilidad,
a la intensidad del dolo, a la preterintención o
la culpa concurrentes, a la necesidad de pena
y a la función que ella ha de cumplir en el caso
concreto (inciso tercero) y en la tentativa por
no analizar el mayor o menor grado de aproxi-
mación al momento consumativo y, en la com-
la contribución o ayuda (inciso cuarto), ante lo
el mínimo del cuarto respectivo. Así, reciente-
mente, se puede constatar en CSJ. SP, sep. 23 de
Ahora bien, el simple imperativo de motivar
las decisiones necesariamente lleva como con-
trapartida la posibilidad de interponer recursos
en contra de lo motivado o argume ntado, o garan-
tizar el ejercicio del derecho de contradicción,
pues de nada serviría conocer los fundamentos
de una decisión si no pueden controvertirse
como única forma de contrar restar la arbitra-
riedad judicial, además de otros propósitos que
también se logran a través del cumplimiento de
dicha exigencia en el marco de un Estado Social
racional elaborada ex post respec to de la deci-
el control sobre la racionalidad de la propia
decisión.
-
bién en referencia a la valoración de las prue -
de la valoración de las pruebas.
la adscripción hacia el anunciado modelo de
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