Cuerpo y militarización. El despojo de nuestro primer territorio
| Autor | Casa de la Mujer, Ruta Pacífica de las Mujeres |
| Páginas | 9-14 |
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humanos como la Ocina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, en los mecanismos especiales de derechos humanos como
la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus
causas y consecuencias; el Relator Especial sobre torturas y otros tratos o penas
crueles, inhumanos y degradantes; la Relatora Especial sobre independencia judi-
cial; el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias; el
Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores
de los derechos humanos; el Representante del Secretario General sobre derechos
humanos de los desplazados internos, como referente del análisis del impacto del
conicto armado en las mujeres, jóvenes y niñas, donde conuyen expresiones del
movimiento feminista y organizaciones de mujeres.
Ha fortalecido las alianzas estratégicas con redes y plataformas de derechos hu-
manos nacionales e internacionales en sus acciones de incidencia y monitoreo al
cumplimiento de las recomendaciones internacionales por parte del Estado colom-
biano, realizadas por los diferentes órganos de Naciones Unidas y la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos. De la misma manera, ha mantenido su apoyo y
solidaridad a las organizaciones de la Mesa que han sido amenazadas y hosgadas
por su trabajo en defensa de sus derechos.
Los informes de la Mesa son referentes para la invesgación, el análisis políco
y la denuncia de redes y organizaciones de mujeres, de derechos humanos, sociales
y académicas, y ha sido fuente de documentación para sus pronunciamientos por
parte de la Corte Constucional.
A manera de conclusión
Esta corta travesía por la experiencia de los diez años de la Mesa rearma el com-
promiso de connuar haciendo visibles las violencias que afectan a las mujeres,
sus cuerpos y sus vidas en medio del conicto armado que vive el país. Se persiste
en las exigencias al Estado colombiano para que cumpla con sus obligaciones de
garanzar y proteger los derechos de las mujeres, jóvenes y niñas en medio del con-
icto armado y la violencia sociopolíca; a las Partes del conicto armado, voluntad
políca para avanzar en procesos de diálogo por una salida políca del conicto
armado interno. Se exige concretar medidas jurídicas y polícas por parte del Esta-
do colombiano tendientes a asegurar la verdad, la juscia y la reparación para las
mujeres, jóvenes y niñas afectadas por el conicto armado interno y vícmas de los
crímenes y violencias, incluida la violencia sexual comedos por todos los actores
armados. Se pide, asimismo, avanzar en cambios culturales que sustentan las rela-
ciones de poder, discriminación y subordinación contra las mujeres, y de condicio-
nes que garancen los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres.
A todas las mujeres y sus organizaciones que han contribuido, con sus voces y
tesmonios, a dar sendo a estos diez años de travesía, nuestro agradecimiento. En
medio de su dolor, de su coraje y de sus luchas, nos han dado razones para vivir la
vida, para soñar y mantener nuestras apuestas polícas.
La militarización de los territorios y de la vida civil
Colombia vive desde hace más de cincuenta años un conicto armado interno, realidad
que pretendió ser desconocida por el gobierno del ex presidente Uribe (2002-2010),
quien en el marco de las polícas internacionales en contra del terrorismo formula y eje-
cuta la Políca de Seguridad Democráca (PSD) en “guerra contra el terrorismo”. En esta
estrategia se “propuso recuperar el control territorial por parte del Estado, proteger a la
población, eliminar el negocio de las drogas ilícitas, mantener una capacidad disuasiva,
actuar con eciencia y transparencia y rendir cuentas sobre la gesón del Gobierno”.
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La persistencia del conicto armado interno, y la falta de voluntad políca del Estado
colombiano, de la insurgencia y de la sociedad civil para buscar una salida políca nego-
ciada, ha tenido como consecuencia su degradación, altas cifras de muertes, desplaza-
miento forzado, impacto sobre la población civil no combaente, secuestros, violaciones
de los Derechos Humanos, infracciones al derecho internacional humanitario (DIH), re-
clutamiento forzado y de menores de edad, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones
forzadas y, obviamente, la violencia en contra de las mujeres mediante el abuso sexual, las
violaciones como humillación personal o como bon de guerra, con la esclavitud sexual y
del trabajo femenino, así como la ulización sexual para inltrar a sus “enemigos”.
Con ese escenario como telón de fondo, se reclama el éxito de la “seguridad democrá-
ca”, y se establece como un eje fundamental de la estrategia del segundo gobierno de Álva-
ro Uribe “La políca de consolidación de la seguridad democráca” (PCSD), que se incorpo-
ra al Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 “Estado comunitario: desarrollo para todos”,
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