La cultura. ¿El rastro histórico de un principio, tardiamente reconocido como derecho?
| Autor | Ricardo Martínez Quintero |
| Cargo del Autor | Abogado con especializaciones en ciencias penales y criminología por la Universidad Externado de Colombia |
| Páginas | 241-259 |
* Abogado con especializaciones en ciencias penales y criminología por la Universidad Externado de Colombia.
Especializado en casación penal y magister en derecho con énfasis en derecho penal por la Universidad la Gran
Colombia. Maestría en Filosofía Latinoamericana y doctorando en filosofía por la Universidad Santo Tomás. Ha sido
magistrado Auxiliar y conjuez de la Corte Suprema de Justicia. Actualmente Conjuez de la sala penal del Tribunal
Superior de Bogotá. D.C. Docente investigador de posgrado en las universidades Libre, La Gran Colombia, Santo
Tomás y las escuelas Esinc y Espol de la Policía nacional. Presidente del Colegio de abogados casacionistas. Miembro
de la Asociación colombiana de derecho procesal constitucional, de la Asociación Mundial de Justicia constitucional,
de la Asociación colombiana de criminología y del colegio de abogados procesalistas latinoamericanos. rimarquin@
hotmail.com.
CAPÍTULO XII
LA CULTURA. ¿EL RASTRO HISTÓRICO DE UN
PRINCIPIO, TARDIAMENTE RECONOCIDO COMO
DERECHO?
RICARDO MARTÍNEZ QUINTERO*
1. INTRODUCCIÓN
Referirse al vocablo “CULTURA” en los tiempos actuales, lleva ínsito un doble
ejercicio. El primero de evocación si es que se le precisa como hábitos, costumbres, usanzas
o cualquiera otra expresión encargada de esculcar hasta lo más profundo del ser sobre sus
ancestros y antepasados – elemento étnico-. El segundo el de asignarle con algún criterio
de razonabilidad a las diferentes formas como se advierte un comportamiento social actual,
su carácter de consecuencia o efecto del primero. Es decir que, en uno y otro caso, resulta
indispensable aceptar la relación existente entre una y otra formas explicativas de lo conocido
como cultura.
Es a partir de allí donde sin mayor inspección descubrimos, entonces, la inmensa
distinto a aproximarnos a una rápida y concreta respuesta acerca de lo que es nuestra cultura,
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Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en la Pandemia y Pospandemia
responden, delatan su desconocimiento sobre el factor del que buscan la exoneración, pues
si con base en la sociología se revisan muchas de esas episódicas experiencias, salta a la
vista que se trata de un comportamiento iterado no por la convicción en la respuesta sino por
el afán en responder. Algo así como lo que actualmente acontece en experiencia universal
de pandemia, donde esperar los cambios, es lo más relativo. A menos que acompañando
a Fernando Savater, seguiremos siendo lo mismo solo que algo peores. En mi opinión la
conversión de los extremos, el malo más malo, el bueno más bueno, el leal más leal, el
corrupto, como se evidencia, más corrupto y así todas las conjugaciones posibles.
Esto último, la causa por la que una vez más hemos con gusto académico, aceptado la
invitación a este Congreso Internacional 2020 en el que sobre los derechos económicos,
sociales y culturales se debatirá. Teniendo como antecedente nuestra participación, en el
inmediatamente anterior, el mismo que nos habilitó dejar planteadas unas ideas en torno
al tema de la justicia material en Colombia, más explícitamente en referencia al recurso
extraordinario de casación, lo que sin duda dibuja una de las tesis con mayor grado de
comprobación de la vida social colombiana, en referencia a esa función pública.1 Lo anterior
en la medida en que si respecto de uno de los poderes públicos, del cual es de esperase mayor
casual, sino necesariamente causal, producto de una conocida cultura jurídica. De donde
sigue la importancia de revisar los contenidos históricos para detectar si efectivamente todo
deviene de un único factor o por el contrario varios, que han venido desencadenando en
nuestro medio el desorden, la indisciplina, el inconformismo y las expresiones más crudas de
Así dichas las cosas, cuando el constituyente primario dictaminó la trascendencia
apodíctica de la diversidad étnica y cultural en nuestro territorio – declarado principio
fundamental en el artículo 7 de la Carta-,2
actual de una población nativa – que no necesariamente indígena- y por consiguiente, el
mestizaje, producto de la invasión española, la presencia de un pluralismo en todas sus
independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas
prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
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