El debido proceso y el principio de favorabilidad en el derecho administrativo sancionador - Parte IV - Estudios de derecho público. Tomo II - Libros y Revistas - VLEX 951516794

El debido proceso y el principio de favorabilidad en el derecho administrativo sancionador

AutorFredy Ibarra Martínez
Páginas589-629
El debido proceso y el principio de
favorabilidad en el derecho
administrativo sancionador
Fredy Ibarra Martínez*
Introducción
Constituye una garantía fundamental para el respeto y la eficacia de
los derechos del ciudadano, lo mismo que para el cumplimiento de
los deberes de la Administración, el hecho de que la actividad de
esta sea reglada por cuanto es un instrumento dirigido a precaver el
ejercicio arbitrario, caprichoso o abusivo de la función
administrativa en tanto que ella entraña el ejercicio del poder
estatal, al tiempo que explicita los medios y los mecanismos de
control y de reclamación que pueden ser activados ante la propia
autoridad cuandoquiera que esta omite, desconoce o quebranta los
derechos de aquel.
Por consiguiente, la existencia y el deber ineludible de observar
y aplicar un conjunto de garantías básicas para el ejercicio de las
atribuciones estatales —en cualquiera de sus plurales expresiones,
esto es, administrativa, jurisdiccional, legislativa, electoral, etc.—,
ya sea que estén contenidas en normas de derecho positivo o
dimanen de principios generales de derecho, es una salvaguarda
esencial para la preservación de los derechos del ciudadano en la
medida en que la acción estatal comporta, necesariamente, una
dinámica que se desarrolla en el marco de una ecuación compuesta
por dos grandes factores: por una parte, los derechos y libertades de
las personas y, por otra, el ejercicio del poder, universo este donde
la posibilidad de que los elementos de ese primer factor sean
quebrantados o vulnerados es alta y siempre latente en el trajinar
diario de la vida de los asociados.
En esa perspectiva, entonces, resulta especialmente relevante y
necesario analizar cuál ha sido la consagración que esa temática en
general ha tenido en el ordenamiento jurídico positivo nacional, lo
mismo que el tratamiento dado a ella por la jurisprudencia con el
fin de evidenciar su desarrollo y nivel de aplicación real,
particularmente en relación con apenas una sola de tales garantías,
como la del principio de favorabilidad en tanto expresión del
derecho constitucional fundamental del debido proceso y, muy
puntualmente, respecto del ejercicio del ius puniendi del Estado en
orden a ofrecer unos elementos de juicio acerca de su contenido y
alcance, la incorporación normativa, las posibilidades de
concreción de dicho principio y el panorama que sobre ese tema se
vislumbra a futuro.
1. Las normas y principios del procedimiento
administrativo
En esa dirección, el examen propuesto tiene como premisa central
la consideración de que en el marco de la fórmula jurídico-política
del Estado social de derecho es un deber primario de la
organización estatal respetar y garantizar de modo real y efectivo
esos caros derechos e intereses, tal como expresamente lo prevé en
nuestro caso el artículo 2 de la Constitución Política y que se
concreta de manera omnicomprensiva en un máximo derecho como
el debido proceso, cuyo sustrato son los principios ineludibles de
legalidad, justicia y de dignidad humana en orden a viabilizar que
las actuaciones de las autoridades públicas y en general de quien
ejerza funciones públicas estén regidas y se cumplan de modo
transparente, con debida sujeción al ordenamiento jurídico y, ante
todo, con el máximo respeto de las garantías individuales, tanto
sustantivas como procedimentales.
Es por ello que resulta especialmente importante para el caso
del ordenamiento jurídico colombiano la expedición del Decreto
Ley 01 de 1984 contentivo del denominado Código Contencioso
Administrativo —segundo en el tiempo con posterioridad al
primigenio expedido mediante la Ley 167 de 1941— , por cuanto
con antelación no existía en nuestro medio un cuerpo normativo de
derecho positivo que consagrara, con carácter general y obligatorio
para los distintos temas y escenarios de expresión, los principios y
las normas a los cuales debía estar sujeto el ejercicio de la función
administrativa y más exactamente para efectos de regular el origen
y trámite de las actuaciones administrativas, la expedición del acto

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