Decreto 683 de 2002, por el cual se dictan normas sobre régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo y se dictan otras disposiciones en materia salarial.

Texto Original (Diario Oficial de Colombia)

Citas 12

Citado por

Análisis 3

Emisor	Departamentos Administrativos - Departamento Administrativo de la Función Pública
Número de Boletín	44770

El Presidente de la República de Colombia,

en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4a. de 1992,

DECRETA:

ARTÍCULO 1o

El régimen salarial y prestacional establecido en el presente decreto serán de obligatorio cumplimiento para quienes se vinculen al servicio con posterioridad a la...

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Contenidos

ARTÍCULO 1o
ARTÍCULO 2o
ARTÍCULO 3o
ARTÍCULO 4o. A partir del 1o. de enero de 2002, la remuneración mensual de los Defensores Delegados grado 22 y los Directores Nacionales grado 22 de la Defensoría del Pueblo, será de: siete millones ciento once mil trescientos veintiséis pesos ($7,111,326) m/cte, distribuida así:
ARTÍCULO 5o. A partir del 1o. de enero de 2002, la remuneración mensual del Veedor de la Defensoría del Pueblo será de: Cinco millones novecientos noventa, y cinco mil ochocientos treinta y dos pesos ($5,995,832) m/cte, distribuida así:
ARTÍCULO 6o. A partir del 1o. de enero de 2002, la remuneración mensual de los Procuradores Departamentales y los Procuradores Distritales II de Bogotá, D
ARTÍCULO 7o. A partir del 1o. de enero de 2002, la remuneración mensual de los Procuradores Regionales será de: Cinco millones cuatrocientos treinta mil cuatrocientos treinta y nueve pesos ($5,430,439) m/cte, distribuida así:
ARTÍCULO 8o. A partir del 1o. de enero de 2002, la remuneración mensual de los Procuradores Judiciales II ante los Tribunales: Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo, Penal Militar, Nacional, ante jurisdicción agraria, de Menores y Familia, será de: Cinco millones ciento cincuenta y cuatro mil quinientos cincuenta y nueve pesos ($5,154,559) m/cte, distribuida así:
ARTÍCULO 9o. A partir del 1o. de enero de 2002, la remuneración mensual del Procurador Metropolitano II de Medellín será de tres millones seiscientos noventa y siete mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos ($3,697,446) m/cte
ARTÍCULO 10. A partir del 1o. de enero de 2002, la remuneración mensual de los Procuradores Judiciales I será de: Tres millones quinientos setenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos ($3,575,485) m/cte
ARTÍCULO 11. A partir del 1o. de enero de 2002, la remuneración mensual de los Procuradores Distritales I, Procuradores Metropolitanos I y Procuradores Provinciales será de tres millones doscientos setenta y siete mil trescientos veintisiete pesos ($3,277,327) m/cte
ARTÍCULO 12. Los Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial tendrán derecho a una prima especial equivalente al treinta por ciento (30%) del salario básico
ARTÍCULO 13. Los gastos de representación establecidos en el presente decreto se tendrán en cuenta únicamente para efectos fiscales.
ARTÍCULO 14. A partir del 1o. de enero de 2002, la asignación mensual de Sustanciador en lo Contencioso Administrativo y Sustanciador en lo Judicial Grado 11 (once), será de un millón trescientos ochenta y cuatro mil setecientos cuarenta y ocho pesos ($1,384,748) m/cte.
ARTÍCULO 15. A partir del 1o. de enero de 2002, la asignación básica mensual para los empleos de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, cuya denominación del cargo no esté señalada en los artículos anteriores, se regirá por la siguiente escala:
ARTÍCULO 16. En ningún caso la remuneración total mensual de los empleados, funcionarios y agentes del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, podrá exceder la que corresponda al Procurador General de la Nación.
ARTÍCULO 17. La prima técnica y la prima especial de que trata el presente decreto no tendrán carácter salarial, para ningún efecto legal.
ARTÍCULO 18. A partir del 1o. de enero de 2002, los Citadores que presten los servicios en la Procuraduría General de la Nación, tendrán derecho a un auxilio especial de transporte, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 717 de 1978, así:
ARTÍCULO 19. Los servidores públicos de que trata este decreto tendrán derecho a un auxilio de transporte, en los mismos términos y cuantías que establezca el Gobierno para los trabajadores particulares y empleados y trabajadores del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior.
ARTÍCULO 20. A partir del 1o. de enero de 2002, el subsidio de alimentación para los servidores públicos que perciban una asignación básica mensual no superior a setecientos cincuenta y dos mil ochocientos treinta y nueve pesos ($752,839) m/cte, será de veintisiete mil ciento setenta y seis pesos ($27,176) m/cte, pagaderos mensualmente por la entidad correspondiente.
ARTÍCULO 21. Los conductores y choferes que laboran en los organismos a los cuales se les aplica el presente decreto, tendrán derecho al reconocimiento y pago de horas extras, en los mismos términos del artículo 4o. del Decreto 244 de 1981 y del Decreto 1692 de 1996
ARTÍCULO 22. Las pensiones de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo se liquidarán sobre los factores que constituyen el ingreso base de cotización dispuesto por el artículo 6o. del Decreto 691 de 1994 modificado por el artículo 1o. del Decreto 1158 de 1994, dentro de los límites dispuestos por el artículo 2o. del Decreto 314 de 1994.
ARTÍCULO 23
ARTÍCULO 24. Los Servidores Públicos vinculados a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que tomaron la opción establecida en los Decretos 54 de 1993 y 107 de 1994 o quienes se vinculen con posterioridad a la vigencia de este decreto, no tendrán derecho a las primas de antigüedad, ascensional, capacitación y cualquier otra sobrerremuneración
ARTÍCULO 25. Los nombramientos, ascensos y promociones están condicionados en su cuantía al monto de la apropiación presupuestal de la vigencia fiscal respectiva.
ARTÍCULO 26
ARTÍCULO 27. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4a. de 1992
ARTÍCULO 28. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas, o instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado
ARTÍCULO 29. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias en especial el Decreto 2730 de 2001 y surte efectos fiscales a partir del 1o. de enero de 2002.

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