Derecho a la indexación de la primera mesada de pensiones causadas de la vigencia de la Constitución de 1991
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4JFACE T
A
URÍDIC
Derecho a la indexación de la primera mesada de pensiones causadas de la vigencia de la Constitución de 1991
momento a partir de cuando se debe reconocer esa actualización
trazados en relación con la procede ncia excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales y en part icular, la dirigida a reclamar la pro-
tección del derecho a la indexación de la primera mesa da pensional, cuando
se trata de pensiones causad as con anterioridad a la entrada en vigencia de
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ción con la temeridad en la solicitud de ampa ro constitucional, la cosa juz-
gada y el cómputo del término de pre scripción de las mesadas pensionales.
En el caso concreto, habida cuenta que el accionante había presenta do
con anterioridad t res acciones de tutela en relación con los mismos hechos
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ción era temeraria, o sobre si la mate ria existía cosa juzgada constitucional.
Al respecto, determ inó que la actuación del demandante no fue temerar ia,
con fundamento en los m ismos hechos y pretensiones relacionados con el
reconocimiento de la indexación de su pri mera mesada pensional, como lo
expuso el demandante al presenta r la cuarta acción de tutela. Par descart ar
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rechazó por temerar ia. Posteriormente el actor formuló una tercera acción,
que fue impugnada y el rec urso negado. Es claro, entonces, que las preten-
siones y argumentos del actor nunca f ueron resueltos de fondo, a pesar de
que resultaba claro que existía un hecho nuevo que per mitía plantear una
nueva controversia. Por consiguiente, en este caso no se había incur rido en
temerid ad.
de la primera mesada pensional argumentando que la pensión fue causa da
antes de la-
noce el principio de igualdad y los derechos laborales de los pen sionados.
En efecto, cuando se niega el reconocimiento del derecho univers al a la
indexación por tratarse de u na situación consolidada antes de la vigencia
ignora que se trata de un de recho predicable de todas las personas pensio-
nadas, por cuanto sin i mportar cuándo se haya causado el derecho, sufr en
las graves consecuencias de la pérdid a del poder adquisitivo de la moneda,
es decir, todos se encuentran en la m ima situación y por tanto deben recibir
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anteriores al fallo que estud ia el respectivo caso.
amparo de los derechos fund amentales del accionante, dejando sin efecto
las providencias proferidas dentro del proceso ordi nario laboral promovido
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anteriores a la fecha de expedición de esta sentencia .
Jueces de paz
Inhabilidad para postularse o ser elegido
El problema jurídico que res
en determina r si el legislador al establecer como inhabilidad para post ularse
o ser elegido como juez de paz, haber sido dictada en su cont ra una reso-
lución acusatoria por cualquier delito que atente cont ra la administración
pública o de justicia, vulneró el derecho f undamental de acceso a cargos
públicos, toda vez que la persona aún no ha sido declarada re sponsable por
la comisión de un delito.
Teniendo en cuenta que la resolución de acusación existía en el proceso
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ga en su contra una resolución de acusación o se dicte u na medida en ese
sentido, hipótesis que torna procedent e el examen de validez de la norma
demandada.
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mativa del cual dispone el legislador al momento de regular u n régimen
de inhabilidades pa ra acceder a cargos públicos. No obstante, recordó que
ese espectro se encuent ra restringido por los principios y valores consti-
tucionales, dado que las in habilidades implican una limit ación al derecho
político fundamenta l de participar en la conformación, ejercicio y control
del poder político.
e imperioso desde la perspe ctiva constitucional, por cuanto el legislador
respectivas comunida des fueran idóneas y probas. Lo anterior es esencial,
en la medida en que las decisiones que adoptan los juece s de paz son en
equidad y por ende, fund adas sobre unos criterios generales de justicia que
maneja un determi nado conglomerado humano. Tanto es así, que la inhabi-
solo a aquellas relacionadas con investigaciones por la comisión de delitos
que atenten contra la adm inistración pública o de justicia. De igual modo,
(idoneidad y probidad) es legítimo, como quiera que no se encuentra pro -
hibido constitucionalmente.
y ser las inhabilidade s, prima facie, instrumentos legítimos pa ra ampa-
rar ciertos bienes jur ídicos como son la probidad e idoneidad de quienes
la jurisprudencia , la necesidad hace referencia a que la limitación a un
derecho fundament al debe ser indispensable para la obtención del objetivo
previamente descrito como legíti mo y que de todos los medios existentes
para su consecución, sea en que, en form a menos lesiva, injiera en la efecti-
vidad del derecho interven ido. En el caso concreto, impedir que una persona
pueda postularse pa ra ser juez de paz o de reconsideración cuando quiera
posible comisión de un delito relacionado con la administ ración pública de
justicia, no conduce a proteger un bien jurídica mente amparado como lo
es la probidad con la cual deben actu ar los particulares que ejercen como
jueces de paz.
Puso de presente que una resolución de acusa ción, de no encontrarse el
procesado privado de la liber tad, no le impediría ejercer como juez de paz.
tanto funda mento de dicha institución, no se mina por la adopción de u na
decisión de la Fiscalía que de forma alguna, equivale a un fallo conde na-
torio. De igual manera, la med ida resulta innecesar ia, como quiera que la
limitación del derecho a acceder al ca rgo de juez de paz o de reconsideración
no resulta indispensable par a la obtención del objetivo previamente descrito
prevé como inhabilidad para ejerce r el cargo de juez de la República, no
haberse proferido en su contra resolución de acusación. Además, ex isten
medios menos lesivos para el derecho fundament al a participar en la con-
formación, ejercicio y control al poder político que la medida censu rada en
esta oportu nidad, como la revisión de datos sobre sanciones penales, disci-
tiene en cuenta que incluye tanto a persona s que posteriormente pueden
ser condenadas –por el momento no lo han sido- y solo por deter minados
de modo que esta inhabilida d resulta tanto hiperinclusiva al incluir a per so-
nas que no han sido condenadas, como in frainclusiva puesto que faltarían
pública en la probidad de estos jueces.
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