Una deuda pendiente - 7 de Marzo de 2018 - El Tiempo - Noticias - VLEX 704664077
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Una deuda pendiente

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Vincent

Editoriales

El Estado, que es víctima recurrente de millonarias demandas y condenas administrativas, es, en cambio, pésimo cobrador cuando hay fallos a su favor. Esta realidad generalizada es aún mucho más onerosa cuando se trata de hacer efectivas las multas impuestas a los actores del conflicto y sus fichas políticas cuyos montos debían, sobre el papel, nutrir el Fondo Nacional de Reparación a las Víctimas. El asunto es preocupante. Un informe publicado por este diario revela que la plata pendiente de pago asciende a 4,2 billones de pesos. Se trata de las multas que acompañan las condenas por graves violaciones de los derechos humanos. Esa debería ser una de las principales fuentes de recursos para atender a los millones de colombianos afectados por la guerra. Pero esto no sucede. Las multas impuestas en este tipo de procesos, al igual que las que acompañaron las condenas contra 38 excongresistas y exgobernadores por aliarse con los grupos paramilitares, son rey de burlas, pues ninguna entidad del Estado tiene los dientes para hacer respetar su pago. Y lo saben los deudores. El resultado es que, como ha sucedido con el polémico exgobernador de Santander Hugo Aguilar, las maniobras jurídicas para sacarle el cuerpo a la obligación son la norma. Los ‘parapolíticos’ le deben al fondo más de 123.000 millones de pesos. El mayor deudor en ese grupo es Aguilar, cuya factura ya ronda los 15.000 millones de pesos, la mitad de ellos en intereses. Pero él –que logró que le aceptaran un acuerdo de pago de menos de 2 millones de pesos mensuales por supuesta falta de recursos pero que, como comentamos aquí, se movía en autos de más de 300 millones– no tiene mucho de qué preocuparse porque la multa va en camino a la prescripción, beneficio que ya han logrado por incapacidad o desidia del Estado varias decenas de los condenados. Sin embargo...

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