Directiva 008
| Emisor | Varios - Procuraduría General de la Nación |
| Número de Boletín | 46406 |
De: Procurador General de la Nación
Para: Presidente de la República, Ministros del Interior y Defensa, Comandante General de las Fuerzas Militares, Consejo Nacional de Atención a la Población Desplazada, Comités Departamentales de Atención a la Población Desplazada de Chocó y Antioquia, Comités Municipales de Atención al Desplazamiento de Apartadó y Bajo, Medio y Alto Atrato.
El Procurador General de la Nación,
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política consagra su carácter de supremo director del Ministerio Público (artículo 275), encargado de proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, defender los intereses de la sociedad, defender los intereses colectivos, en especial el ambiente y ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas (artículo 277);
Que en el Bajo, Medio y Alto Atrato, la situación de orden público es de extrema gravedad y cada día y desde hace varios años, lejos de mejorar continúa agravándose, lo cual coloca a las comunidades negras e Indígenas que allí habitan en condiciones de máxirna vulnerabilidad;
Que sobre esa situación la Procuraduría General de la Nación emitió en 2002 una directiva del Procurador General; adelanta procesos disciplinarios por presuntas violaciones a los derechos fundamentales de los pobladores; ha presentado informes y requerimientos; mantiene presencia y hace seguimiento permanente en la zona; adelanta procesos sobre la tala irregular de bosques nativos y el posible despojo, por parte de compañías aceiteras, de que están siendo víctimas las comunidades protegidas con títulos colectivos de sus tierras, sin que hasta ahora esas medidas hayan logrado evitar la sistemática violación de derechos de esas comunidades y el restablecimiento de los mismos;
Que la Defensoría del Pueblo, el Comité Departamental de Atención al Desplazamiento del Chocó, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, agencias del Sistema de Naciones Unidas, la Diócesis de Quibdó y numerosas organizaciones sociales nacionales e internacionales han lanzado alertas tempranas, presentado informes, denuncias y reclamado seguridad efectiva para la zona por parte de la Fuerza Pública, sin que se haya logrado detener el peligro en que se encuentran las comunidades negras e indígenas;
Que luego de la masacre de mayo de 2002 y el consecuente desplazamiento masivo de la cabecera municipal de Bojayá, ocasionados por un enfr entamiento...
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