La doctrina
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50 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
AudienciasFormulaciónyaceptacióndecargosInclusióndelosdelitosdenarcotrácoylavadodeactivos
Ningún agravio concreto se c ausa a las vícti-
mas por diferir la decisión sobre la legalidad de
cargos a la sentencia, pues no se cercena ni nguna
garantía funda mental.
En efecto, las víctimas y demás inte rvinientes
cuentan con la posibilidad de conocer los cargos
atribuidos por el ente acusador al pos tulado, no
solo desde la audiencia de imputación, sino prin-
cipalmente, en la audiencia concentrad a donde la
confesiones, pudo documentar y probar.
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nes debe declararse la legalidad de la ace ptación
total o parcial de los cargos formulados, no exist e
impedimento algu no para adelantar la act uación
correspondiente, esto es, e scuchar la pretensión
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nientes y posponer la decisión para la sentencia.
Por el contrario, tal proceder result a más práctico
y dota de agilidad a la act uación, objetivo último
de la reforma.
Además, no se vulnera n garantías sustanciales
en tanto se garanti za la publicidad y conocimiento
se acreditan a todos los inte rvinientes, i ncluidas
las víctimas, y se escucha su po stura frente a la s
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mo, el derecho de contradicción se salvaguarda
proceso tiene la posibilidad de impugn ar la sen-
tencia para rebatir, entre otro s aspectos, la legali-
zación o exclusión de cargos.
Entonces, posponer la decisión sobre la legali-
zación de cargos para la sentencia se ajusta al obje-
tivo de la Ley 1592 de 2012 de agilizar la actua ción
la lentitud observada , hasta ese momento, en los
procesos de justicia tr ansicional.
La Corte Constitucional e n sentencia C-180
expresión “las cuales en ningú n caso serán tasa-
das” y el apartado “ y remitirá el expediente a la
Unidad Administ rativa Especial para la Atención
y Reparación Integral a las Víctim as y/o a la Uni-
dad Administ rativa Especial de Gestión de Resti-
tución de Tierras Despojadas pa ra la inclusión de
las víctimas en los regist ros correspondientes para
acceder de manera preferente a los progra mas de
reparación integral y de re stitución de tierras de
del artículo 23 de la Ley 1592 de 2012.
Los fallos de constitucionalidad t ienen efec-
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te Constitucional deter mine situación diferente,
no se modularon los efectos para pregonar su apli-
cación retroactiva. Por tanto, desde la adopción de
la mencionada sentencia de constitucionalid ad, la
proscripción a los jueces de tasar afect aciones fue
retirada del mundo jur ídico.
la legalidad al negar la excepción de inconstitucio-
nalidad propuesta por los apodera dos de víctimas,
panorama normativo vigente por cua nto el fallo de
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ción a la expedición de la sentencia C-180 de 2014.
En ese orden, a efectos de garantiza r el derecho
reconocido a las víctimas en el fallo citado si n
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cional, la Sala considera procedente, en aplicación
del principio de complementariedad del ar tícu-
lo 62 de la Ley 975 de 2005, actuar como lo
prevé el artículo 102 de la Ley 906 de 2004 en
punto del incidente de reparación integ ral, esto
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tar el correspondiente i ncidente de reparación
integral .
La actuación del Tribunal de Justicia y Paz se
reducirá a tasar la s afectaciones, pues lo declara-
“las cuales en ningú n caso serán tasa das”, por
artículo 23 de la Ley 1592 de 2012 ostenta ple-
na vigencia.
para los eventos donde al 27 de marzo de 2014 se
había proferido sentencia de primera inst ancia
pero aún no se había resuelto la impugnación
ha emitido fallo, la judicatura deber á adecuar el
procedimiento a los linea mientos de la decisión
En los artículos 2º, 10, 16.1, 17 de la Ley 975
de 2005 y 1, 12, 13 de la Ley 1592 de 2012 se
utiliza la fras e “los hechos delictivos cometidos
durante y con ocasión de la per tenencia al gru-
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excluye alguno de investigación y juzgamiento.
Entonces, la interpret ación gramatical del texto
sido cometida durante y con ocasión de la per-
tenencia al gr upo.
En otras palabras, segú n la normatividad
citada, el objeto del proceso transicional no se
agota en los graves atentados contra los dere -
conductas delictivas cometidas por los g rupos
organizados al margen de la ley en la s condi-
ciones señaladas. De hecho, las sentencias has-
ta ahora emitidas ha n incluido delitos comunes
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deramiento de hidroca rburos, amenazas, u so
ilegal de uniformes e insign ias, daño en bien
ajeno, hurto, entre otros.
Ahora, los artícu los 10.5 y 11.6 de la Ley 975
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margen de la ley “no se haya organizado par a el
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Con todo, la anterior condición no compor-
lavado de activos, tal como explicó la Sala en
anterior oportu nidad:
“Para la Corte las nor mas en cita tienen un
haciéndose pasar por Autodefensas se desmovi-
individualmente considerad as, las cuales nunca
integraron las agr upaciones armadas al margen
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rio de las Autodefensas (…)”.
Entonces, los artículos 10.5 y 11.6 de la Ley
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sonas dedicadas exclusiva o primordialmen-
alternativa, pero no excluyen dicha actividad
hubiese sido el propósito del legislador, lo
habría indicado de maner a expresa en el texto
legal por cuanto el tema fue objeto de álgidos
debates en el Congreso de la República.
De esta manera, cont rario a lo esbozado
por el tribunal, el proceso de Justicia y Paz
fue creado no solo para enjuiciar autores y
partícipes de graves violaciones a los dere-
chos humanos sino para investigar, procesar,
juzgar y sancionar todos los hechos delicti-
vos cometidos durante y con ocasión de la
pertenencia al gr upo armado orga nizado al
margen de la ley, sin perjuicio del criterio de
priorización introdu cido en la Ley 1592 de
2012 .
No obstante, la obligación contenida en
los artículos 10.5 y 11.6 de la Ley 975 de
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cadas exclusiva o preponderantemente al
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tiva, debe ser garantiz ada por los operadores
examen estricto, rig uroso y minucioso de los
contextos y medios de prueba adosados a la
actuación. (Cfr. Sala de Casa ción Penal de la
Corte Suprema de Justicia, providencia SP-5200
de 2014, rad. 42534, M.S. Dra. María del Rosario
González Muñoz).
La doctrina
Como criterio auxiliar de la actividad judicial
jueces han debido acudir exclusivamente a la
-
nal del artículo 230 la doctr ina se constituye
en un criterio au xiliar de la actividad jud i-
cial, entendiéndose por doctri na, a voces del
instrui r a algunos, toda ciencia o sabidur ía,
o el conjunto de ideas u opiniones religiosas,
persona o grupo de personas.
públicos frente a los asociados pueden ser
consultados por los jueces en apoyo de sus
escritos han debido aport arse en el juicio y
someterse a debate, como si se tratase de
medios probatorios.
apoyen en estudios de los grandes est udio-
sos del derecho penal general, penal esp ecial,
constitucional, procesal o probator io, contex-
esos documentos constituyen pr ueba alguna
do someterse al tamiz
de su pertinencia , conducencia y utilidad
para controvertirlos al inte rior del debate.
cuando sirve de criter io auxiliar para la f un-
ción judicial. (Cfr. Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, providencia AP-1661
de 2014, rad. 43242, M.S. Dr. José Luis Barceló
Camacho).
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