Editorial - 7 de Septiembre de 2014 - El Tiempo - Noticias - VLEX 527062454
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Vincent

La realidad de la reforma

Tras un largo período de espera, que comenzó a finales del año pasado, cuando el presidente Juan Manuel Santos anunció que promovería una reforma constitucional para acabar con la reelección presidencial, finalmente el Gobierno dio a conocer esta semana el texto del proyecto de acto legislativo número 018 del 2014, “por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones”. El solo hecho de que sean cerca de treinta los artículos de la Carta Política que pretende modificar ya es suficiente para que merezca el calificativo de ambiciosa. No obstante, antes que reformular el andamiaje institucional, parece más encaminada a establecer correctivos en instancias en las que es evidente la necesidad de implementarlos. Así pues, el propósito central de la iniciativa, según se desprende de la exposición de motivos, es el de solucionar “problemas y dificultades para el ejercicio de los poderes públicos”, y apunta con nombre propio al acto legislativo que estableció la reelección inmediata del Presidente de la República, que, al no haber modificado el rediseño institucional, alteró “en forma grave” el equilibrio de poderes. Pretende, así mismo, reducir los riesgos de “injerencia indebida de un poder sobre otros”, así como solucionar la falta de representación en el Legislativo de algunos territorios. Como se puede ver, el proyecto abarca asuntos harto disímiles. De ahí que varios observadores hayan planteado ya que se trata en realidad de tres reformas sin un claro denominador común. Lo anterior se puede constatar al enumerar sus componentes más destacados. Estos son: el mencionado fin de la reelección presidencial, pero también el de la de las cabezas de los entes de control; la introducción de un sistema mixto en la elección del Senado, que preserva la actual circunscripción nacional, pero le suma unas territoriales para los 11 departamentos que cuentan con menos de 500.000 habitantes; la obligación para los partidos de presentar listas cerradas en elecciones de corporaciones públicas; la creación de un tribunal de aforados encargado de juzgar al Fiscal, al Procurador, al Contralor y a los magistrados de las altas cortes; la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura; una tranca definitiva a la puerta giratoria en las altas cortes, y el regreso al sistema de cooptación para la conformación de las mismas. Un panorama complejo. Por ello, a la hora de su...

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