Editorial - 7 de Febrero de 2017 - El Tiempo - Noticias - VLEX 664316209
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Vincent

Costosa ineficiencia

Nada justifica la pérdida de 7.000 millones de pesos anuales por demoras en la entrega de cesantías a los maestros. Urge esclarecer qué hace de este un trámite paquidérmico.

En tiempos en los que las cifras del erario señalan un único camino, el de la austeridad, cualquier hallazgo sobre desangre continuado y sin justificación en las finanzas públicas adquiere una especial connotación de indignación. Tal es el caso de la noticia publicada ayer por este diario y que dio cuenta de cómo anualmente el Estado pierde 7.000 millones de pesos por demoras en el pago de las cesantías de los docentes. Es una suma que harto se necesita en tantos otros frentes desatendidos por la Nación debido a carencias presupuestales, incluido el mismo sistema educativo. Dicho monto debe asumirlo cada año el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) por la mora en el desembolso de los dineros que por este concepto debe transferir a los maestros de la nómina oficial; un trámite en el que la tardanza ya es la regla, no la excepción. Como suele ocurrir, todo parte de un incumplimiento de la norma que rige el proceso administrativo: esta habla de 65 días como plazo máximo entre la solicitud y la entrega efectiva de los recursos a cualquier servidor público, lapso que hoy es letra muerta, a un costo muy alto para los bolsillos de los contribuyentes. Y es que una vez se vence el plazo legal, la misma norma fija que se debe pagar un día de salario por cada día de retraso. Tiene razón el Consejo de Estado al calificar de prudencial ese plazo en un fallo reciente mediante el cual ordenó al citado Fomag y al Ministerio el pago de 32 millones a un maestro por una demora de 503 días en la entrega de sus cesantías. En su providencia, el tribunal también llama la atención por lo reiterativo de estas demoras y pide que los distintos entes investiguen si detrás de este...

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