Editorial.
| Autor | Rodriguez, Victor Mauricio Castaneda |
El deterioro en la condiciones socioeconómicas de muchos hogares en Colombia como efecto de la pandemia, sumado a las preocupaciones sociales que ya en el pasado reciente (i. e., en el 2019) se habían evidenciado, por ejemplo, en lo que respecta a la financiación de la educación pública, la precariedad del empleo, el cumplimiento del acuerdo de paz firmado con las FARC y los asesinatos de lideres sociales, concluyeron en un paro nacional que ya cumple más de 50 días (al 21 de junio de 2021). Por supuesto, hubo algunas propuestas de reforma, como la tributaria, que con la falta de solidaridad y tacto con la que se planteó caldeó los ánimos y se constituyó en el detonante de la actual crisis.
En efecto, un proyecto de reforma tributaria que se preocupaba por extraer más recursos precisamente de la clase media ya golpeada por la pandemia (e. g., a través del IVA), mientras evitaba considerar otras fuentes asociadas a los más ricos, era poco probable que prosperara tras los costos sociales parcialmente estimados de la pandemia y del con-finamiento. Se estima, con base en los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), que entre 2019 y 2020 el porcentaje de la población en condición de pobreza pasó del 35,7% al 42,5%; las cifras para pobreza extrema se incrementaron del 9,6% al 15,1%, y la desigualdad en la distribución del ingreso, medida con el Gini, saltó de 0,52 a 0,54. En consecuencia, no sorprende el malestar que generó la propuesta y que devino en un rechazo a la gestión del Gobierno.
Sin embargo, es necesario también reconocer que problemas como los antes mencionados no son de total respon-sabilidad de la administración actual, pues son el resultado de la falta de políticas concretas y de largo plazo que apunten a objetivos como la disminución continua de la inequidad, la pobreza y la corrupción. Esto requiere de políticas coordinadas que, por ejemplo, contribuyan a la construcción de un sistema tributario suficiente y que detraiga una mayor cantidad de recursos de quienes mayor capacidad de pago tienen (i. e., equitativo), junto a un financiamiento adecuado de la educación pública en todos sus niveles y la promoción de los sectores económicos que puedan convertirse en "jalonadores" del empleo.
Sin embargo, nada de esto se ha logrado, pues las críticas al sistema tributario colombiano por su complejidad, ineficiencia e inequidad han sido las mismas durante los últimos 20 años (Clavijo, 2005; Ministerio de Hacienda y Crédito Público [MHCP], 2020), a la vez que con normas como la Ley 30 de 1992 se mantiene congelada la financiación de las universidades públicas desde 1993. Además, el proceso sostenido de desindustrialización en el país se ha acompanado de un mayor protagonismo de sectores poco intensivos en trabajo, como el sector financiero que ha crecido a ritmos vertiginosos (Villabona, 2015).
Así las...
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