El efecto de las ‘ías’ - 17 de Octubre de 2013 - El Tiempo - Noticias - VLEX 469410674
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El efecto de las ‘ías’

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Vincent

CARTA DEL DIRECTOR

Crece en el país el consenso de que el mayor problema que enfrenta el Gobierno Nacional, al igual que las administraciones regionales y locales, tiene que ver con la ejecución de la inversión pública. Se trata de un asunto que, en el pasado, no lucía tan dramático, entre otras cosas porque tanto el sector central como las entidades territoriales habían contado históricamente con recursos escasos para invertir en obras y programas sociales. A falta de dinero, no había grandes desafíos. Pero esto último cambió en los años recientes, gracias al auge de la economía, derivado de las mejoras en seguridad y la confianza empresarial, así como del alza de las exportaciones generadoras de regalías y el consecuente aumento de los ingresos tributarios. La gran ironía es que, si en el pasado los gobernantes no podían hacer obras porque no había con qué, ahora que hay recursos no las pueden ejecutar por un cúmulo de problemas institucionales. Por esa razón, en temas como las regalías, el Fondo de Adaptación y las carreteras, las cuentas bancarias del Estado acumulan decenas de billones de pesos, mientras aún hay cientos de proyectos regionales pendientes, damnificados del invierno viviendo en ‘cambuches’ y una red vial que es una de las peores del continente. Los funcionarios del Ejecutivo, al igual que varios analistas independientes, coinciden en que uno de los factores que más contribuye a esta lentitud es el miedo del servidor público a las ‘ías’, las que algunos, con acierto, han dado en llamar ‘asustadurías’, y que no son otras que la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, además de las personerías locales, las veedurías y otros organismos que, bajo el noble propósito de cuidar los recursos públicos, parecen estarse excediendo en sus funciones. Uno de los grandes avances institucionales de la Constitución de 1991 fue la eliminación del control previo que obligaba a los ordenadores del gasto a obtener el visto bueno de los auditores de la Contraloría antes de girar cualquier peso. Ese mecanismo terminó abriendo las puertas a una escalada de corrupción que se nutría a cada paso de la autorización de ejecución de una inversión o gasto. La carta política fijó el control posterior, de modo que los funcionarios actúan bajo su propia responsabilidad, pero asumen las consecuencias fiscales, disciplinarias y penales de todos...

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