Resolución ejecutiva número 046 de 2012, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
| Emisor | Ministerio de Justicia y del Derecho |
| Número de Boletín | 48364 |
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D I A R I O O F I C I A L
Edición 48.364
Martes, 6 de marzo de 2012
Publíquese, notifíquese
comuníquese
y cúmplase.
Juan Carlos Esguerra Portocarrero.
RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 046 DE 2012
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.
CONSIDERANDO:
1.
2.
3
“…De conformidad, Romir Gustavo Gutiérrez Guerrero es ahora el sujeto de la acu-
sación sustitutiva número 11-20346-CR- COOKE(s), dictada el 20 de septiembre de 2011,
en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, mediante la
cual se le acusa de:
-- Cargo Uno: Concierto para fabricar y distribuir una sustancia controlada (cinco
kilogramos o más de cocaína) con el conocimiento de que dicha sustancia controlada sería
ilegalmente importada a los Estados Unidos, en contra del Título 21, Secciones 959(a)(2)
del Código de los Estados Unidos, en violación del Título 21, Secciones 963 y 960(b)(1)
(B) del Código de los Estados Unidos.
(…)
Un auto de detención contra Gutiérrez Guerrero por este cargo fue dictado el 17 de
mayo de 2011, por orden de la corte arriba mencionada. Dicho auto de detención perma-
nece válido y ejecutable.
(…)
El marco de tiempo dentro del cual se cometió el delito de concierto que aparece en
la acusación, comprende desde noviembre de 2009 hasta el 17 de mayo de 2011; por lo
tanto, todas las actividades delictivas tuvieron lugar con posterioridad al 17 de diciembre
de 1997...”.
4.
5.
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-
Ante la eventual determinación positiva del Gobierno Nacional en todo caso respetan-
do la órbita de su competencia como Supremo Director de las relaciones internacionales,
la Corte considera pertinente recordar que debe someter la extradición a los siguientes
condicionamientos al país requirente:
“5.1. Excluir las penas de muerte, la condena a prisión perpetua, el sometimiento a
desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la san-
excluidas del ordenamiento jurídico colombiano de conformidad con los fundamentos de
“5.2. Recordar al país solicitante la prohibición constitucional de juzgar al ciudadano
solicitado por conductas anteriores al 17 de diciembre de 1997 y diversas de las que ori-
ginaron la solicitud de extradición.
“5.3
Nacional condicionará su entrega a que el Estado requirente le garantice su permanencia
en ese país y el retorno a Colombia en condiciones de dignidad y respeto por la persona
humana, en el eventual caso de ser sobreseído, absuelto, hallado inocente o de situaciones
similares que conduzcan a su libertad, incluso después de su liberación por haber cumplido
la pena que le fuere impuesta en la sentencia de condena, en razón de los delitos por los
cuales se autoriza su extradición.
“5.4. A partir de los postulados axiológicos de la Constitución Política, el Gobierno
Nacional está en el deber de disponer lo necesario para que el servicio exterior de la Re-
pública realice un detallado seguimiento a los condicionamientos referidos1.
“5.5. Finalmente, se recordará al país extranjero, la obligación de sus autoridades de
tener como parte cumplida de la pena en caso de condena, el tiempo que Romir Gustavo
Gutiérrez Guerrero, haya permanecido privado de su libertad en razón de este trámite.
(...)
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Cargo Uno -
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-
1 “es preciso advertir que como el instrumento de la extradición entre Estados Unidos de América y
Colombia se rige, en ausencia de un instrumento internacional que regule los motivos de procedencia,
requisitos, trámite y condiciones, por las normas contenidas en la Constitución Política (artículo 35)
sobre ciudadanos colombianos por nacimiento -si es pasiva-, es imperioso que el Gobierno Nacional
haga las exigencias que estime convenientes en aras a que en el país reclamante se le reconozcan
todos los derechos y garantías inherentes a su calidad de colombiano y de procesado, en especial las
contenidas en la Carta Fundamental y en el denominado bloque de constitucionalidad, es decir, en
deber de protección a esos derechos que para todas las autoridades públicas emana del artículo 2°
ibídem.
Los condicionamientos en cuestión tienen carácter imperioso, porque la extradición de un ciudadano
colombiano por nacimiento, cualquiera sea el delito que dio lugar a su entrega a un país extranjero,
no implica que pierda su nacionalidad ni los derechos que le son ajenos a tal calidad. Por tanto, el
deber de protección de las autoridades colombianas se extiende a tal punto, que han de vigilar que
en el país reclamante se le respete los derechos y garantías tal como si fuese juzgado en Colombia.
A lo que renuncia el Estado que accede a la entrega de un connacional es a ejercer su soberanía
jurisdiccional, de modo que en tanto aquél siga siendo súbdito de Colombia, conserva a su favor todas
las prerrogativas, garantías y derechos que emanan de la Constitución y la ley, en particular, aquellos
que se relacionan con su calidad de procesado y que tienen que ver con la dignidad humana”.
05/09/2006, rad. núm. 25625)
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