Entregar a los responsables - 25 de Mayo de 2023 - El Tiempo - Noticias - VLEX 932209367
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Entregar a los responsables

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Vincent

El Derecho Internacional Humanitario se erigió sobre un propósito esencial para el mundo: imponer límites a la guerra. Y ese límite está marcado por un principio básico: el honor militar. Esto es que todo aquel que tuvo el honor de combatir con otro en condiciones de igualdad merece indulto o amnistía. Pero todo aquel que usó el poder de sus armas para someter a otro (combatiente) al horror o a la indignidad, o para atacar o someter a población no combatiente (población protegida), merece todo el castigo. Sobre estas bases se elaboran los códigos (estatutos y tratados) que marcan el conjunto de condiciones y responsabilidades que se asumen cuando se opta por el camino de la guerra. En el centro de las preocupaciones están las víctimas. Y de ellas, las más desprotegidas: los niños. Estos propósitos y principios debían regir la carta de navegación de la ‘paz total’. Sin embargo, esa no es la realidad. Nadie puede negar la larga lista de denuncias contra las organizaciones armadas ilegales por atentados contra la vida, la libertad y la integridad física de la población civil (por desaparición forzada, homicidio selectivo, masacres, violencia sexual, ataques indiscriminados, accidentes por minas, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores, que concentran la mayor proporción de denuncias). El problema es de tal dimensión que de las 19 alertas tempranas que ha expedido este año la Defensoría del Pueblo, 15 se concentran en la afectación de los menores de edad por reclutamiento forzoso. Hasta ahora, el Gobierno había pasado de agache frente al problema, hasta cuando las disidencias de las Farc asesinaron a cuatro niños indígenas argumentando que "eran desertores en Putumayo". La decisión de suspender el cese del fuego (que las mismas disidencias califican de "unilateral") en el Meta, Putumayo, Caquetá y Guaviare, que, según el comisionado de Paz, "son los territorios en los que ellos operan", pone en evidencia que el Gobierno está amarrado de pies y manos. Para evitar la ruptura con las disidencias, pasó por alto el hecho de que esa organización "opera" en 240 municipios de 19 departamentos del país. El problema es que, con esa decisión, olvidó que la Defensoría del Pueblo ya había denunciado que las disidencias habían convertido Caldono y Toribío, en el norte del Cauca, en centros de entrenamiento de menores...

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