Error de tipo y error de prohibición
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Demanda de parte civil
Legitimidad: Actor popular
su rechazo por no recaer en el demand ante la
titularidad para ejercer la acción civil, pues no
es perjudicado dire cto de la conducta punible y,
además, carece de persone ría para reclamar el
resarcimiento de los perju icios a nombre de toda
la comunidad.
ejerce al interior del proceso penal con m iras a
obtener el resarcimiento de los perju icios ocasio-
bienes jurídicos colectivos, no puede entender-
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ocurre.
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tar la condición de abogado y mencionar escue-
jurídico de la admi nistración pública, está autori-
zado para representa r a toda la sociedad o a todos
los colombianos y constituirse en par te civil en
este asunto. Por esa razón, le resulta i mposible
demandante no es per judicado directo de la con-
ducta punible y, por ende, no es titular de la acción
civil, ni cuenta con personer ía jurídica para act uar
indetermin adamente en nombre de toda la comu-
nidad, de conformid ad con lo preceptuado en el
artículo 52 de la Ley 599 de 2000, se rechazará la
demanda de constitución de par te civil presenta-
da. (Cfr. Sala de Casación Penal de la Corte Supre ma
de Justicia, providencia AP-3012 de 2014, rad. 39156,
M.S. Dr. José Luis Barceló Ca macho).
Error de tipo y error de prohibición
Noción y diferencias
Si en el error de tipo el sujeto activo actúa bajo el convencimiento err ado e invencible de
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de garante en el delito de omisión impropia hace par te del tipo objetivo, por ende esa condición
está propiamente en el tipo.
Esa falta de conocimiento de elementos constit utivos del delito trasciende en la atipicidad
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vista la forma conductu al culposa, caso en el cual sería pre dicable de manera degradada .
situación dada, ten iendo trascendencia para el derecho pen al cuando recae en los supuestos
conducta punible juzgada, con i ncidencia en los ámbitos de la tipicidad, antijuridicida d, culpa-
a las fuentes del reproche para el caso conc reto.
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les, penales o de los reglamentos milita res, estaba formado y concientizado e n las diferencias
entre la capacidad operat iva y administrativa y en este ú ltimo campo también estaba actu alizado
decir, del deber legal de evitar un resultado o se r garante de la no producción de lesión a un
de manera obvia, prepara ción, conocimiento, experiencia de mando y operación.
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mento con respecto a los habitantes de la localida d y las consecuencias jurídicas de su omisión,
caso concreto. (Cfr. Sala de Casación Penal de la Co rte Suprema de Justicia, providen cia SP-7135 de
2014, rad. 35113, M.S. Dr. Eugenio Fernández Carlie r).
actuar en áre as diferentes a la propia, desde luego
con la previa coordinación táct ica.
Esa distribución ter ritorial de tareas entre los
distintos estamento s de las Fuerzas Arma das,
no sirve de excusa para no prestar ap oyo cuando
de la patria, menos cuando el pr imer llamado a
responder en un deter minado sitio se le ha soli-
citado ayuda, como ocu rrió en el caso materia
de estudio.
En suma, el deber de salvamento del bien jurí-
dico en cabeza de los miembros de las fuer zas
militares, no solo se relaciona con la capacidad
física de evitar un resu ltado antijurídico dentro de
un territor io perteneciente a su jurisdicción, sino
administ rativo de información o comunicación
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caz y oportu na intervención de la fuerza pública
en defensa de la población civil, con mayor razón
frente a graves violaciones de derechos humanos.
Así las cosas, siempre será el primer l lama-
do al salvamento de los pobladores de un deter-
jurisdicción con competencias oper acionales y
administ rativas y cuente con los medios técnicos
y humanos para repeler la acción o neutr alizar la
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sación de un daño y, por tanto, de él se reputará
deber de intervención o inform ación, el resultado
le será atribuible a título de autor.
Ese mismo grado de respons abilidad se extien-
carece de los medios para evitar el res ultado y
busca apoyo en otras unidade s de igual o supe-
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tante no tener asignad a el área donde ocurre el
suceso y, por tanto, deben ejecutar las acciones
necesarias para i nterrumpir el curso causal de la
acción delictiva, o en caso de no contar con esa
capacidad de reacción, al menos deben t rasmitir
el resultado les será imputable como autores al
haber asumido la condición de gara nte a partir del
Para hechos acaecidos con anteriorid ad al
Código Penal de 2000, por ejemplo, en casos
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pos armados al marge n de la ley con la participa-
ción omisiva de miembros de la fuerza pública,
se ha aplicado tal categoría jurídica , pues desde
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materializa a t ravés de sus agentes o servidores
públicos.
Ello impone determina r previamente la com-
petencia del sujeto, esto es, si le correspondía rea-
protección frente a determ inados bienes jurídicos
en relación con ciertos riesgos, para de esa form a
evidenciar si el resultado era evitable y cognosci-
1. Situación de peligro para el bien jurídico.
2. No realización de la conducta debida, por
no actuar teniendo el deber de h acerlo para evitar
3. Posibilidad de realizar la acción debida, esto
resultado o aminora r el riesgo a través de la acción
debida para lo cual debe tener i) conocimiento de
a producir, ii) tener los medios necesarios par a
evitar el resultado, iii) contar c on la posibilidad
4. Producción del resultado.
Como corolario de lo expuesto, incurre en deli-
posición de garante, correspondiéndole la misma
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ta activa . (Cfr. Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justici a, providen cia SP-7135 de 2014,
rad. 35113, M.S. Dr. Eugenio Fernández Carlier).
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