Falta de valoración probatoria
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CORTE CONSTITUCIONAL
Falta de valoración probatoria
Efectos. Acción de tutela
La Sala Plena de la Corte Constitucional, med iante sentencia
a la administ ración de justicia y a la verdad de dos accionantes cuyo
hijo, de 20 años de edad, falleció en las inst alaciones de una celda de
la DIJÍN en la ciudad de Bogotá, considerando que el Tribunal Admin is-
trativo debió haber solicitado el expediente del proceso penal en el cua l
se investigó la muerte del joven, en el cual se encuentra demost rado
que falleció en una celda de aquella entidad. En est e sentido, la Corte
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ticia y a la reparación con el objeto de que la jurisdicción contencioso
administ rativa realice una valoración de lo sucedido con fundamento
en el acta de la diligencia de inspección de cad áver y determine si el
Estado debe responder por la tr ágica muerte de este joven.
a las instalaciones de la DIJÍ N, por razones que aún hoy se desconocen.
fue encontrado sin vid a y con signos de ahorcamiento en la Celda No.
12 de dicho establecimiento.
Por estos hechos, sus padres, mediante a cción de reparación directa
solicitaron a la justicia admin istrativa que se condenara a la Nación-
causados por la muerte de su hijo. La jurisd icción contencioso admi-
nistrativa, al no encontr ar probada la responsabilid ad del Estado por
lo sucedido, negó las pretensiones de su demanda, ante lo cu al, inter-
pusieron acción de tutela.
La Sala Plena encontró que durante el trá mite de primera instancia
de la demanda de reparación di recta, cuyo conocimiento correspondió
Sin embargo, por motivos administr ativos, el mismo no fue remi-
tido. Finalmente, la prueba en mención nunca hiz o parte del proceso,
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ponsabilidad alguna e n el fallecimiento del hijo de los accionantes,
indicando que no pudo probarse siquiera que hubiera esta do detenido
En virtud de lo ante rior, luego de decretar varias pr uebas, la Cor-
te tuvo conocimiento direct o del expediente penal. A part ir de ello,
esta Corporación demost ró que en el caso concreto, la conducencia y
necesidad del expediente penal en el proceso de re paración directa era
determina nte para tomar una decisión difere nte a la que resultó. En
tal sentido, halló dentro de dichos documentos , debidamente autenti-
cados, el acta de la diligencia de inspec ción de cadáver, en la cual se
señala como lugar del hecho: “Celda No. 12 Sección B de la Sala de
Retenidos de la DIJIN”, de la ciudad de Bogotá.
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nistrativo, al omitir la práct ica de dicha prueba, no fue acorde con la
y al acceso a la admin istración de justicia, en relación con el derecho
que les asiste a conocer la verdad sobre lo sucedido con su hijo fallecido
y, si es el caso, a la respectiva reparación.
En consecuencia, la Corte ordenó dejar si n efectos las sentencias
proferidas por el Consejo de Estado, Sección Tercera y el Tribunal
copia auténtica del expediente contentivo de la acción penal iniciada
en razón al fallecimiento del joven.
Igualmente, ordenó al Tribunal Adm inistrativo, que una vez alle-
gada la prueba decret ada en el ordinal anter ior, corra traslado de la
nueva sentencia valorando el material probatorio allegado por la Fis-
la Nación para que adelante las gestiones adm inistrativas tendientes a
enviar, en el menor tiempo posible, la copia auténtica del expediente
contentivo de la investigación penal iniciada con ocasión de la muert e
del ciudadano una vez lo solicite el Tribunal Administ rativo.
Finalmente, exhort ó al Consejo de Estado, Sección Tercera a que, en
Administr ativo, priorice el repart o y sustanciación del asunto de la r efe-
rencia, a efectos de que se resuelva en el menor tiempo posible.
Reparación a las víctimas en el contexto de justicia transicional
Constituye un derecho fundamental
de 2011.
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guna circun stancia, autoridad alg una de natur aleza administ rativa, legislativa
fundamentales , restringi r su alcance o negar su protección efectiva.
La Corporación reiteró los linea mientos establecidos en la jurispr udencia
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de 2011, entendido como instrumento or ientador de las ramas del poder público
elemento de progresividad en el acceso a bienes y serv icios de la población en
todo el territorio y pa ra la promoción de la productividad, la competit ividad y
el desarrollo. Resaltó, que la introducción de nuevos instr umentos y criterios de
racionalización del gasto, de ning una manera desplazó el gasto público social
que por expresa disposición constitucional se considera pr ioritario. De igual
prioritario del gasto social en l a ley de apropiaciones y determina el deber del
Estado de garanti zar las necesidades ins atisfechas en materia de salud, educa-
ción, saneamiento ambiental y agu a potable de la población. Por consiguiente,
De otra parte, el Tribunal obser vó que en contextos de justicia transicional,
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con la verdad y la justicia, el cual se tra duce en pretensiones concretas de restit u-
ción, indemnización, rehabil itación, medidas de satisfacción y no repetición. Al
mismo tiempo, advirt ió que los derechos a la verdad, la justicia y la reparación
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mente en escenarios de tr ansición y en contextos de escasez de recurso s para
la reparación, en los que se hacen necesa rias ciertas concesiones para lograr la
restricciones podrá n afectar, restring ir, negar o desnaturali zar los derechos de
esta materia es li mitado.
Colombia ha optado por un sistema concurr ente de reparación judicial y
administ rativa que debe ser coherente y tener la capacidad de s atisfacer los
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asegurar que todos los compone ntes de la reparación y en particular, la indem-
nización admi nistrativa se distr ibuyan de manera razona ble y proporcionada
violaciones masivas de derechos humanos que se propone repara r.
A juicio de la Corte, considerar que el derecho a la indem nización admi-
parte del Estado en el mar co de procesos admin istrativos, lo cual, además de
ser en este tipo de program as. Por ello, consideró que el sentido de las normas
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