El futuro de los tratados de inversión: Renegociación, medio ambiente y derechos humanos
Autor | María Lucía Casas/José Antonio Rivas |
Cargo | Asociada senior de Xtrategy del área de arbitraje y derecho internacional, abogada y especialista en energías renovables; y profesora auxiliar de derecho internacional público de la Universidad del Rosario/Socio fundador de Xtrategy, firma boutique de arbitraje internacional en Washington DC y Bogotá; árbitro Internacional; y profesor de... |
Páginas | 12-14 |
LIR COLOMBIA VOL Nº11
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El futuro de los tratados de inversión:
Renegociación, medio ambiente y
derechos humanos
José Antonio Rivas es socio fundador de Xtrategy,
rma boutique de arbitraje internacional en
Washington DC y Bogotá; árbitro Internacional;
y profesor de arbitraje de inversión y derecho
internacional público de Georgetown University.
María Lucía Casas es asociada senior de Xtrategy
del área de arbitraje y derecho internacional,
abogada y especialista en energías renovables;
y profesora auxiliar de derecho internacional
público de la Universidad del Rosario.
En la última década, el aumento de arbitrajes
internacionales de inversión en contra de
Estados, con demandas que calican medidas
regulatorias como expropiaciones indirectas
o afectaciones a las expectativas legítimas
del inversionista, ha generado fuertes críticas
al sistema de solución de controversias
inversionista-Estado.
Mundialmente, ese sistema—el cual incluye al
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI) y los tratados
de inversión—sigue creciendo. El número de
Estados miembros del CIADI ha aumentado, de
154 Estados miembros del Convenio del CIADI
desde la raticación de México en 2018, a 157
con la raticación de la República Kirguisa en
2022. También han aumentado el número de
tratados de inversión en los últimos años, de
3156 en 2017 a 3301 en 2022. No obstante, por
las críticas al sistema, algunos doctrinantes
y gobiernos plantean la terminación de los
tratados bilaterales de inversión (TBIs) o Tratados
de Libre Comercio con capítulos de inversión
(TLCs), y la denuncia del Convenio del CIADI.
Otras voces han planteado renegociar los
tratados existentes con miras a aclarar
estándares de protección, o incluir cláusulas
que protejan la facultad regulatoria del
Estado, a n de evitar nuevas demandas de
arbitraje internacional y balancear el sistema,
estableciendo obligaciones internacionales
para los inversionistas—y no solo para el Estado
como en general ocurre ahora.
¿Qué efectividad tiene que un Estado denuncie
sus tratados de inversión y el Convenio del
CIADI? ¿Qué lograría en blanco y negro con eso?
¿Debería ser esa la política?
Un Estado podría considerar denunciar sus
tratados de inversión y el Convenio del CIADI,
pensando que ya no quiere ser objeto de
demandas de arbitraje internacional por parte de
inversionistas; porque no quiere ser declarado
responsable internacionalmente como le ocurrió
a Colombia en el caso de Eco Oro en el que
el tribunal halló al Estado internacionalmente
responsable de violar el trato justo y equitativo
(y en el que a la fecha está pendiente la
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