Gaceta del Congreso del 08-08-2008 - Número 510PL (Contenido completo)

Texto Original (Gaceta del Congreso)

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Fecha de publicación	08 Agosto 2008
Número de Gaceta	510

GACETA DEL CONGRESO 510 Viernes 8 de agosto de 2008 Página 1

P R O Y E C T O S D E L E Y

(Artículo 36, Ley 5a. de 1992)

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

www.imprenta.gov.co

SENADO Y CAMARA

AÑO XVII - Nº 510 Bogotá, D. C., viernes 8 de agosto de 2008 EDICION DE 24 PAGINAS

DIRECTORES:

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PUBLICO

C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E

JESÚS ALFONSO RODRIGUEZ CAMARGO

SECRETARIO GENERAL (E.) DE LA CAMARA

www.camara.gov.co

EMILIO RAMON OTERO DAJUD

SECRETARIO GENERAL DEL SENADO

www.secretariasenado.gov.co

G ACETA DEL C ONGRESO

I S S N 0 1 2 3 - 9 0 6 6

PROYECTO DE LEY NUMERO 069 DE 2008 CAMARA

SRUODFXDOVHPRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\GH

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. El artículo 376 de la Ley 599 de 2000, quedará

así:

“Artículo 376. 7Ui¿FRIDEULFDFLyQRSRUWHGHHVWXSHIDFLHQWHV.

(OTXHSDUD ¿QHVLOtFLWRVR VLQSHUPLVR GHDXWRULGDGFRPSHWHQWH

introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte,

lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, ad-

TXLHUD ¿QDQFLH R VXPLQLVWUH D FXDOTXLHU WtWXOR GURJD GURJD GH

síntesis, medicamento de control especial, droga que produzca

dependencia o cualquier otra sustancia no apta para el consumo

humano que altere el sistema nervioso central, incurrirá en pri-

sión de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses

y multa de cinco (5) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos

legales mensuales vigentes.

Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) gramos de

marihuana, doscientos (200) gramos de hachis, cien (100) gra-

mos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína

o veinte (20) gramos de derivados de amapola, drogas de síntesis

equivalente a diez (10) comprimidos de ATS (Sustancias de Tipo

Anfetamínico) que no superen los 200 miligramos de peso bruto

por cada comprimido, o cinco (5) dosis de LSD (Dietilamida del

Acido Lisérgico) que no superen los 40 microgramos peso neto

por cada dosis, o (68) miligramos de nitrato de amilo, la pena será

de sesenta y cuatro a ciento ocho meses de prisión y multa de dos

punto sesenta y seis (2.66) a ciento cincuenta (150) salarios míni-

mos legales mensuales vigentes.

Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos

en el inciso anterior sin pasar de diez mil (10.000) gramos de ma-

rihuana, tres mil (3.000) gramos de hachis, dos mil (2.000) gra-

mos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o

sesenta (60) gramos de derivados de amapola, drogas de síntesis

equivalente a cincuenta (50) comprimidos de ATS (Sustancias de

Tipo Anfetamínico) que no superen los 200 miligramos de peso

bruto por cada comprimido, o quince (15) dosis de LSD (Dieti-

lamida del Acido Lisérgico) que no superen los 40 microgramos

peso neto por cada dosis o (68) miligramos de nitrato de amilo,

la pena será de noventa y seis a ciento cuarenta y cuatro (144)

meses de prisión y multa de ciento treinta y tres punto treinta y

tres (133.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales

mensuales vigentes.

Artículo 2°. Adiciónese al artículo 376 de la Ley 599 de 2000,

un parágrafo.

Parágrafo 1°. Créase el registro único nacional de sustancias

alucinógenas y de unidades de medida de dosis personales, el cual

estará a cargo únicamente en lo referente a su implementación y

actualización, con las sustancias aquí relacionadas bajo la compe-

tencia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Foren-

ses. Así mismo mediante resolución el Instituto Nacional de Me-

dicina Legal y Ciencias Forenses, informará cuando sea necesario

al Congreso de la República sobre las nuevas sustancias, para que

este, mediante Ley reforme el presente artículo y las cantidades

estipuladas en él.

Artículo 3°. Adiciónese al artículo 376 de la Ley 599 de 2000,

un parágrafo.

Parágrafo 2°. Se reducirá hasta en un sesenta por ciento (60%)

la pena accesoria de multa establecida en el presente artículo,

cuando se logre comprobar ante el Juez que la situación socio

– económica del procesado es de extrema pobreza.

Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su promulgación y

deroga las demás disposiciones que le sean contrarias.

Atentamente,

Autor. 'LHJR$OEHUWR1DUDQMR(VFREDU Representante a la Cá-

mara por el Departamento de Risaralda. Partido Conservador Co-

lombiano.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Este artículo es tal vez uno de los más importantes en la lucha

contra el consumo de drogas, en armonía con la Ley 30 de 1986;

desde la creación del Estatuto Nacional de Estupefacientes. –Ley

30 de 1986, han existido variedad de nuevas drogas, como lo es

Página 2 Viernes 8 de agosto de 2008 GACETA DEL CONGRESO 510

el caso de la metacualona y las demás drogas sintéticas conocidas

como drogas duras.

Para el caso en concreto este proyecto de ley tiene dos objetos, el

primero, incluir el nitrato de amilo conocido como “poper,” la ke-

tamina, “GHB” y demás sustancias farmacodependientes de cual-

quier origen que generen adicción o que puedan atentar contra la

salud causando con su consumo daños irreparables al individuo.

Estas sustancias tienen origen químico y no se encuentran in-

cluidas en el régimen punitivo del artículo 376 del Código Penal.

En lo referente al Poper o nitrato de amilo se tiene que decir

que, esta sustancia se puso de moda a principio de la década del

70. Es una droga que pude producir colapso cardiocirculatorio y

generar muerte súbita, además de crear dependencia entre quienes

la consumen habitualmente.

Los nitritos de amilo, butilo o isobutilo se presentan en pequeños

frascos o ampolletas bajo diversas marcas comerciales (Rush®,

Stud®, Locker Room®, Liquid Gold®, etc.) Normalmente se ex-

penden y se introducen al país de manera no siempre legítima.

Mejor conocidos como poppers, los nitritos, se descubrieron

durante el siglo XIX. En 1857, el doctor Brunton administró por

inhalación nitrito de amilo, un conocido vasopresor, y observó que

el dolor anginoso se atenuaba en 30 ó 60 segundos. Sin embargo,

ODDFFLyQGHO QLWULWRGH DPLORHUD WUDQVLWRULD\OD GRVL¿FDFLyQHUD

difícil de ajustar. En 1879.

William Murrell consideró que la acción de la nitroglicerina

era muy similar a la del nitrito de amilo y estableció el uso de esta

para tratar la angina de pecho por lo que los nitritos cayeron en

desuso. Los cambios en la percepción del tiempo provocados por

estos psicofármacos iniciaron su uso de dependencia en el medio

de las discotecas, extra-médico durante los 80.

Estos nitritos efectivamente tienen aplicaciones terapéuticas

para pacientes cardíacos.

En cuanto a la ketamina, esta tiene sus orígenes en 1965, crea-

da por los laboratorios Parke & Davis, que lanzaron la ketamina

como agente anestésico bajo los nombres comerciales de Keta-

lin®, Ketalar® y Ketina® para uso humano y de Ketaset® para

uso veterinario. Este es un líquido translúcido que se deriva del

PCP, aunque a diferencia de su precursor, no produce efectos per-

PDQHQWHVGHRUGHQQHXUROyJLFRR¿VLROyJLFR

Se vende en soluciones inyectables, aunque últimamente ha

aparecido clandestinamente comercializada en forma de polvo. La

ketamina se administra por inyección intramuscular o intravenosa.

También puede inhalarse o fumarse después de ser calentada y trans-

formada en cristales. Al igual que el PCP, genera anestesia disosiati-

va: interrumpe en forma selectiva las vías cerebrales de asociación

y produce bloqueo sensorial, su uso continuo durante más de tres

semanas ocasiona tolerancia. Aunque no produce dependencia físi-

ca, tiene un leve potencial para crear dependencia psicológica.

Sobre el GHB o gamahidroxibutirato (GHB) es una droga ilegal

TXHHVXVDGDSDUDIRUWDOHFHUORVP~VFXORVHVXQD³GURJDGH¿HVWD´

o una “droga para la violación en citas”. El GHB está disponible

en forma de líquido, de polvo y de píldora. El GHB ha sido ligado

a muchas enfermedades graves e incluso la muerte.

El GHB tiene muchos nombres; Una forma de GHB (nombre

de marca: Xyrem) fue aprobada recientemente por la Administra-

ción de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU. (U.S. FDA)

para tratar una complicación rara de un trastorno llamado narco-

lepsia. Sin embargo, Xyrem solamente está disponible con una

prescripción y su uso es muy restringido.

El GHB puede causar muchos problemas, entre los cuales es-

tán: Somnolencia, Mareo, Náuseas, Vómito, Cambios en la pre-

VLyQVDQJXtQHD'L¿FXOWDG SDUDUHVSLUDU&RPSRUWDPLHQWRDJUHVL-

vo, Deterioro en el juicio, Alucinaciones, Convulsiones, Coma,

Muerte. Estos efectos usualmente aparecen entre 10 y 20 minutos

después de que la persona toma la droga.

Por todo lo anterior, es necesario incluir el nitrato de amilo o

poper, la ketamina y el GHB, sustancias que lícitamente tienen

XVRVWHUDSpXWLFRVSHURTXHSRUORV PDQHMRVGHWUi¿FR\QHFHVLGD-

des del consumo ilícito se han convertido en sustancias que aca-

ban con nuestra juventud.

TXHJHQHUDQGHSHQGHQFLDDHVWDVVHOHVOODPDQ³GURJDV GH¿HVWD´

Porque su uso se empezó a dar en centros nocturnos de Norteamé-

rica y Europa occidental, estas sustancias ya son de normal con-

sumo entre nuestros jóvenes y las autoridades se muestran impo-

tentes frente a los expedendores por cuanto su uso no se encuentra

WLSL¿FDGRHQQXHVWURRUGHQDPLHQWRSHQDO

Recientemente y con muerte cerebral terminó un joven univer-

sitario de 19 años que inhaló popper, una droga vasodilatadora

que llegó a Colombia hace unos cinco años y es consumida por

jóvenes de estratos altos.

El Gerente del Hospital de Kennedy, doctor Fabio Barrera, al

FRQ¿UPDUTXHODLQKDODFLyQGHODGURJD\ORVDQWHFHGHQWHVGHHSL-

lepsia que tenía Juan Carlos Rincón desencadenaron una mortal

crisis al estudiante de administración de empresas de la Universi-

dad Piloto que llegó al hospital de Kennedy en la madrugada del

sábado pasado. El domingo se le pronosticó muerte cerebral que,

según los médicos, es irreversible. Sus familiares permanecen en

el hospital y tienen la esperanza de que despertará. (Fuente: Perió-

dico (O7LHPSR. 20 de febrero de 2008).

En nuestro país se está incrementando escandalosamente el

consumo del poper entre la población estudiantil. Como sucedió

en el caso de una estudiante de 13 años que murió, presuntamente

por uso de popper, prendió las alarmas de las autoridades. En lo

que va corrido del 2007, la Policía retuvo 673 adolescentes con

alucinógenos. (Fuente: Diario (O3DtV – Tuluá).

El cristal, tiza o ice, es otra droga que durante estos días acecha

en las rumbas de los jóvenes en Medellín y así lo advierten los es-

pecialistas en temas de toxicología y drogadicción. Se trata de una

anfetamina más potente que el éxtasis, que apenas está llegando

al mercado negro del país. El aumento de su consumo durante los

últimos tres meses llama la atención en Medellín.

Al parecer esta droga está siendo introducida a Colombia por

QDUFRWUD¿FDQWHVTXH SDUDHYDGLU ODDFFLyQ GH ODVDXWRULGDGHV OD

toman como forma de pago a sus envíos de cocaína y heroína a

los mercados de Estados Unidos, Europa y Asia. (Fuente: (O&R-

ORPELDQR.com).

Sobre la propuesta del artículo 2°, esta es simple y lógica ya

que debe ser el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias

)RUHQVHVODHQWLGDGFRPSHWHQWHSDUD¿MDU ODGRVLVSHUVRQDO\OOH-

var un registro actualizado de sustancias ilícitas, esto, dará agili-

dad tanto a las autoridades policivas como judiciales para impartir

pronta justicia y detener de forma efectiva el deterioro social.

El Congreso no puede ser ajeno a esta situación y debe entrar

a legislar sobre esta aguda problemática que está acabando con el

futuro de nuestro país.

Quiero como autor de este proyecto de ley dejar constancia ex-

presa de mi posición ideológica en contra la dosis personal, pero,

como legislador no puedo dejar de lado y tener los ojos cerrados

a la realidad que aqueja a un sector de nuestra sociedad, sector el

cual vertiginosamente está creciendo y si no reformamos, agiliza-

mos y damos las herramientas necesarias a nuestras autoridades,

GACETA DEL CONGRESO 510 Viernes 8 de agosto de 2008 Página 3

QRSRGUHPRV FRPEDWLU H¿FD]PHQWH HVWHÀDJHOR GHO FRQVXPR GH

estupefacientes y demás sustancias alucinógenas que están dete-

riorando y matando a nuestra sociedad.

Atentamente,

Autor. 'LHJR$OEHUWR1DUDQMR(VFREDURepresentante a la Cá-

mara por el Departamento de Risaralda. Partido Conservador Co-

lombiano.

CAMARA DE REPRESENTANTES

SECRETARIA GENERAL

El día 6 de agosto del año 2008 ha sido presentado en este Des-

pacho el Proyecto de ley número 069 con su correspondiente ex-

posición de motivos por el honorable Representante 'LHJR$OEHU-

WR1DUDQMR(VFREDU

El Secretario General,

-HV~V$OIRQVR5RGUtJXH]&DPDUJR

* * *

PROYECTO DE LEY NUMERO 070 DE 2008

SRUODFXDOVHPRGL¿FDQXQRVDUWtFXORVGHOD/H\GH

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. El artículo 44 de la Ley 23 de 1982, quedará así:

Artículo 44. Es libre la utilización de obras tecnológicas, cien-

Wt¿FDVOLWHUDULDV\DUWtVWLFDVHQHOGRPLFLOLR SULYDGRRSRUIXQFLR-

QDULRVS~EOLFRVDFWXDQGRHQEHQH¿FLRGHOLQWHUpVJHQHUDOVLHPSUH

y cuando no se perciba ánimo de lucro alguno.

Artículo 2°. El artículo 46 de la Ley 23 de 1982, quedará así:

Artículo 46. Toda persona natural o jurídica del país, transcu-

rridos seis (6) meses, contados desde la fecha de la primera pu-

blicación de una obra, podrá pedir a la autoridad competente una

licencia para traducir. Dicha licencia al español se podrá publicar

por cualquier medio de reproducción, esto, cuando su traducción

no haya sido publicada por el titular del derecho de traducción y

con su previa autorización durante este plazo.

Parágrafo. Cuando la obra o las obras sean de extrema impor-

tancia para el interés general, el término se reducirá a tres (3) me-

ses, siempre y cuando producto de esta utilización, no se perciba

ánimo de lucro alguno.

Artículo 3°. El artículo 48 de la Ley 23 de 1982, quedará así:

Artículo 48. Cuando el titular del derecho de traducción sea

desconocido o no se haya podido localizar, para la obtención de la

licencia o para el pago de derechos de autor, se debe de publicar

un aviso en radio y uno en prensa en el país de origen de la obra,

HQHOFXDOVHPDQL¿HVWHODLQWHQFLyQGHWUDGXFLUDOHVSDxROODREUD\

que para los efectos del pronunciamiento sobre la autorización de

la licencia y el ejercicio de sus derechos, el interesado se debe de

presentar en la respectiva misión diplomática de Colombia en el

país de residencia, de no obtenerse respuesta alguna en el término

de tres (3) meses, el solicitante puede iniciar el trámite de requi-

sitos de los literales c) y d) del artículo 59 de esta ley y acreditar

la publicación de los avisos ante la autoridad competente, la cual

expedirá la licencia que autoriza la traducción y el depósito por

concepto de pago de derechos de autor.

Artículo 4°. El artículo 56 de la Ley 23 de 1982, quedará así:

Artículo 56. De acuerdo con los artículos anteriores, se podrán

conceder licencias para traducción a organismos nacionales de di-

fusión, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que la traducción se haya realizado a partir de un ejemplar

fabricado y adquirido legalmente.

E4XHODWUDGXFFLyQVHDXWLOL]DGDVRORHQHPLVLRQHVFX\RV¿QHV

sean exclusivamente la enseñanza o la difusión de informaciones

GHXWLOLGDGDJURSHFXDULDSLVFtFRODWHFQROyJLFDFLHQWt¿FDVRFLDO

cultural o técnica destinada a expertos o a estudiantes de una pro-

fesión determinada.

F4XHODWUDGXFFLyQVHGHVWLQHH[FOXVLYDPHQWHDORV¿QHVHQX-

merados en el literal anterior, mediante emisiones efectuadas líci-

WDPHQWH\GHVWLQDGDDVXVEHQH¿FLDULRVHQHOSDtVHVWRLQFOX\HODV

emisiones hechas por cualquier otro medio de manera lícita.

d) Que las grabaciones de la traducción sean utilizadas por otros

organismos que tengan sede en el país.

e) Que ninguna de las utilizaciones de la traducción tengan ca-

rácter lucrativo.

Artículo 5°. El artículo 57 de la Ley 23 de 1982, quedará así:

Artículo 57. Con el cumplimiento de las condiciones enumera-

das en el artículo anterior, se podrá conceder licencia a organismos

nacionales de difusión para traducir cualquier texto por cualquier

PHGLR\SXEOLFDU H[FOXVLYDPHQWHFRQ ORV¿QHV GHXWLOL]DFLyQGHO

literal b) del artículo 56 de esta ley.

Artículo 6°. El artículo 58 de la Ley 23 de 1982, quedará así:

Artículo 58. Cualquier persona natural o jurídica podrá pedir a

ODDXWRULGDGFRPSHWHQWHXQDYH]H[SLUDGRVORVSOD]RVTXHVH¿MDQ

en el presente artículo, una licencia para reproducir o publicar una

edición determinada de una obra impresa o en cualquier forma

análoga de reproducción.

No se podrá conceder ninguna licencia antes que expire uno de

los plazos siguientes, calculados a partir de la primera publicación

de la edición de la obra sobre la que se solicite dicha licencia:

a) Tres (3) meses, para las obras que traten de ciencias exactas,

naturales, sociales y obras tecnológicas.

b) Seis (6) meses, para las obras de imaginación, como novelas,

obras poéticas, gramaticales, musicales, libros de arte y todas las

demás obras.

Artículo 7°. El artículo 60 de la Ley 23 de 1982, quedará así:

Artículo 60. Cuando el titular del derecho de reproducción sea

desconocido y no se haya podido localizar para la obtención de la

licencia o el pago de los respectivos derechos de autor, se aplicará

el procedimiento del artículo 48 de esta ley.

Artículo 8°. El artículo 61 de la Ley 23 de 1982, quedará así:

Artículo 61. Cuando sea aplicable el plazo de tres (3) meses

del literal a) del artículo 58, no se concederá ninguna licencia sin

antes cumplir con los requisitos exigidos en los literales a) b) c) y

d) del artículo 59. El cumplimiento del requisito del literal d) se

exigirá en la eventualidad de no conocer la identidad o la direc-

ción del titular del derecho.

Artículo 9°. El artículo 62 de la Ley 23 de 1982, quedará así:

Artículo 62. Cuando sea aplicable el plazo de seis (6) meses del

literal b) del artículo 58, no se concederá ninguna licencia cuando

la traducción no esté hecha en español o cuando dicha traducción

ya haya sido publicada por el titular del derecho o con su autoriza-

ción o en la forma dispuesta por el artículo 48 de esta ley.

Artículo 10. El artículo 65 de la Ley 23 de 1982, quedará así:

Artículo 65. Cuando la edición sea susceptible de petición de

licencia en virtud de los artículos precedentes y corresponda a una

traducción, solo se concederá licencia, cuando la traducción este

hecha por el titular al español o la traducción cuente con su previa

autorización o la licencia de esta se haya tramitado en la eventua-

lidad del artículo 48 de esta ley.

Artículo 11. El artículo 70 de la Ley 23 de 1982, quedará así:

Página 4 Viernes 8 de agosto de 2008 GACETA DEL CONGRESO 510

Artículo 70. De acuerdo con los artículos 57 y subsiguientes se

podrá también conceder una licencia:

a) Para reproducir a escala reducida no superior a dos mil (2.000)

copias, toda clase de obra en cuanto constituya o incorpore obras

protegidas en el entendido de que dicha obra se haya concebido y

SXEOLFDGRSDUDORV¿QHVGHOOLWHUDO EGHODUWtFXORGHHVWD OH\\

para el uso preescolar, escolar, técnico y universitario;

b) Para traducir al español todo texto que acompañe a la obra

mencionada.

Artículo 12. Adiciónese un parágrafo al artículo 85 de la Ley

23 de 1982.

Parágrafo. Cuando el escrito epistolar sea de la autoría de un

funcionario público y que repose en los anales de las entidades del

Estado, que con sus actuaciones hubiese afectado el interés gene-

UDO\VXFRQWHQLGRUH¿HUDDOHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHVHVWRVHVFUL-

tos se publicarán en un término de tres (3) años, contados desde el

día siguiente de la terminación de sus funciones y sin restricción

alguna, salvo en casos que afecten la reserva sumarial, legal y la

seguridad del Estado.

Artículo 13. Adiciónese un parágrafo al artículo 89 de la Ley

23 de 1982.

Parágrafo. /DREUD IRWRJUi¿FD WRPDGD VREUH ELHQ S~EOLFR QR

contará con protección alguna de derechos de autor y estas serán

de libre reproducción.

Artículo 14. El artículo 158 de la Ley 23 de 1982, quedará así:

Artículo 158. La ejecución pública por cualquier medio, de

cualquier tipo obra con palabras o sin ellas, habrá de ser previa y

expresamente autorizada por el titular del derecho o sus represen-

tantes.

Artículo 15. Adiciónese un parágrafo al artículo 160 de la Ley

23 de 1982.

Parágrafo. No se requiere autorización alguna, cuando el titu-

lar, su representante o el representante de la persona jurídica que

RVWHQWHORV GHUHFKRV GHODUWLVWD PDQL¿HVWH SRU FXDOTXLHUPHGLR

masivo de comunicación, que renuncia de manera temporal y por

especial ocasión a sus derechos cuando se trate de cualquier tipo

GHHMHFXFLyQ PXVLFDO S~EOLFDOD FXDOGHEH WHQHU ¿QHVDOWUXLVWDV

EHQp¿FRVRTXHQRSHUFLEDQiQLPRGHOXFURDOJXQR

Artículo 16. Adiciónese un parágrafo al artículo 161 de la Ley

23 de 1982.

Parágrafo. Quedan exentos del requisito de pago de derechos

de autor para la expedición de la respectiva licencia de funciona-

miento, todos aquellos establecimientos que cuenten con mínimo

capital, que se destine al sostenimiento familiar, cuyo objeto prin-

FLSDOQRUHVXOWHEHQH¿FLDGRGHIRUPDGLUHFWDGHOXVRGHREUDVPX-

sicales, estos establecimientos solo deben de contar con un apara-

to de pequeña capacidad de reproducción de frecuencias radiales

o de televisión.

Artículo 17. El artículo 164 de la Ley 23 de 1982, quedará así:

Artículo 164. No se considera como ejecución pública para

ORVHIHFWRVGHHVWDOH\ODVTXHVHUHDOLFHQFRQ¿QHVSHGDJyJLFRV\

de promoción de los derechos y deberes fundamentales y demás

derechos y deberes constitucionales, siempre y cuando no sea rea-

lizado con ánimo de lucro.

Artículo 18. La presente ley, rige a partir de la fecha de su pro-

mulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contra-

rias.

Autor. 'LHJR $OEHUWR 1DUDQMR (VFREDU Representante a la

Cámara por el Departamento de Risaralda. Partido Conservador

Colombiano.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Honorables Parlamentarios, es de tener en cuenta que la Ley

23 de 1982, ya cuenta con veintiséis (26) años de existencia y que

KDVXIULGRYDULDVPRGL¿FDFLRQHVSHURORTXHKDVWDODIHFKDQRKD

VXIULGRPRGL¿FDFLyQDOJXQDVRQ ORVWpUPLQRVSDUDOD VROLFLWXGGH

las licencias de traducción de obras artísticas, literarias, ediciones

y difusiones audiovisuales y sonoras.

(VWH 3UR\HFWR GH OH\ EiVLFDPHQWH OR TXH EXVFD HV PRGL¿FDU

unos artículos, en el Capítulo IV de la Ley 23 de 1982, que trata de

las obras extranjeras; en el Capítulo VI de disposiciones especia-

les a ciertas obras y en el Capítulo XI sobre la ejecución pública

de obras musicales.

En el Capítulo IV. Básicamente se pretende reformar todas aque-

llas disposiciones que por el paso del tiempo y de la tecnología han

perdido vigencia. Porque para quien traduce profesionalmente el

conocimiento del derecho de autor debiera ser de fundamental im-

portancia, pues todo traductor es también un autor. Sin embargo,

y hasta donde llega el conocimiento, en los planes de estudio de

las carreras de traducción que se ofrecen en Latinoamérica no se

enseña al respecto. Debiera pensarse en satisfacer esta necesidad

ya que el desconocimiento de derechos y de obligaciones puede

llevar a una negociación desfavorable frente a quien contrata ser-

vicios, a una baja remuneración o a un nulo reconocimiento de la

labor del traductor.

Con este proyecto se quiere transmitir algunas nociones básicas

para la actualización del régimen legal del derecho de autor, res-

pecto de las traducciones, en cuanto a los trámites, términos y re-

quisitos de licencias de traducción, esperando que sean de utilidad

para quienes hacen de la traducción de obras su profesión habitual,

para así poder agilizar el libre mercado y crear condiciones más

favorables para la oferta de este servicio con miras a incrementar

la competitividad en este campo de la propiedad intelectual y así

estar acordes con los tratados de libre comercio que nuestro Con-

greso viene aprobando para el desarrollo del país.

Dado que la labor del traductor es única, pues una buena traduc-

ción implica un esfuerzo intelectual individual, un acto creativo y

personal de quien la realiza, la impronta que cada traductor plasma

en su trabajo que cumple con la mínima nota de originalidad que

requiere la ley. Esto es así, porque la buena traducción no puede

ser meramente literal ya que requiere la transmisión de las catego-

rías de pensamiento de un idioma a otro, de una cultura a otra; el

traductor es además de lingüista un mediador cultural y por dicha

función realiza actos creativos y originales. La traducción deviene

así un arte difícil y hasta a veces prácticamente imposible.

Es difícil pensar que las llamadas traducciones automáticas rea-

lizadas exclusivamente por medio de programas de computación

puedan quedar amparadas por el derecho de autor vigente.

Toda obra que se hallare protegida desde el momento de su

creación y desde el mismo acto creativo, no requiere en conse-

cuencia formalidad alguna para su protección. Sin embargo, el

registro de una obra puede servir en caso de pleitos litigiosos para

los respectivos efectos probatorios, es una formalidad imprescin-

dible y un derecho al cual el titular no debe, ni puede renunciar en

forma permanente.

3DUD HO FDVR GHO &DStWXOR9, HO FXDO VH UH¿HUH D ODV GLVSRVL-

ciones especiales a ciertas obras, se interviene sobre las cartas o

escritos con contenidos de suma importancia histórica, de cultura

general o social, respecto de actuaciones de personas que hayan

sido funcionarios públicos, es aquí donde debe de forjarse un es-

labón que nos permita fortalecer la historia de la Nación y de sus

instituciones en el implacable juicio histórico que hace el pueblo

GACETA DEL CONGRESO 510 Viernes 8 de agosto de 2008 Página 5

DVXVJREHUQDQWHVHQFXDQWRD ODVREUDVIRWRJUi¿FDVWRPDGDVVR-

bre bienes públicos, puede decirse que si efectivamente existe una

labor de creatividad, esta se deriva de un bien de la Nación y no

sobre la abstracción;

Los bienes al ser públicos son de todos los ciudadanos y estos

amén de su lucro individual, no pueden ejercer derechos sobre

fuentes de creatividad que no son propias del autor de la obra fo-

WRJUi¿FD

En cuanto a las disposiciones reformadas en el Capítulo XI se

puede decir que efectivamente se abre la puerta a la libertad del

propietario de las obras musicales, para que este pueda disponer

sobre la gratuidad de su derecho de forma transitoria con el objeto

GHIRPHQWDUFDXVDVEHQp¿FDVRDOWUXLVWDVTXHSHUPLWDQOODPDUDOD

paz, la concordia o la cohesión social en nuestro país.

La difusión por radio y televisión sigue siendo hoy uno de los

medios más importantes para transmitir conocimientos al público

en general en los países en desarrollo, en particular en las zonas

más remotas. Sin embargo, el desarrollo de las tecnologías digi-

tales –que permite una convergencia tecnológica entre los tres pi-

lares de la cadena de comunicación (las telecomunicaciones, la

radiodifusión y la informática), así como progresos de naturaleza

interactiva (multimedios)– conlleva un enorme potencial para me-

jorar el acceso y la difusión de obras en países en desarrollo como

el nuestro. Para así poder proporcionar información y entreteni-

miento de forma más rápida y económica a todos los segmentos

de la sociedad y poder fomentar el aprendizaje en un entorno cada

vez más interactivo y alejado de la ritualidad y el formalismo.

Por lo tanto, es necesario que en nuestro país se creen normas

DSURSLDGDVD¿QGHSURPRYHU ODSURGXFFLyQGHREUDV TXHSHUPL-

tan sin engorrosos trámites generar ágilmente la transmisión, difu-

VLyQ\UHSURGXFFLyQGHOFRQRFLPLHQWRSDUDEHQH¿FLRGHWRGRV ORV

segmentos de la sociedad. Parte de este proceso implica examinar

los marcos existentes para la protección y la reglamentación de los

organismos de radiodifusión y de televisión educativa que desem-

peñan una función principal en la transmisión de información al

público.

Autor. 'LHJR$OEHUWR1DUDQMR(VFREDU Representante a la Cá-

mara por el Departamento de Risaralda. Partido Conservador Co-

lombiano.

CAMARA DE REPRESENTANTES

SECRETARIA GENERAL

El día 6 de agosto del año 2008 ha sido presentado en este Des-

pacho el Proyecto de ley número 070 con su correspondiente ex-

posición de motivos por el honorable Representante 'LHJR$OEHU-

WR1DUDQMR(VFREDU

El Secretario General,

-HV~V$OIRQVR5RGUtJXH]&DPDUJR

* * *

PROYECTO DE LEY NUMERO 071 DE 2008 CAMARA

SRUPHGLRGHODFXDOVHKDFHXQDDGLFLyQDO&yGLJR3HQDO/H\

GHVHFUHDHOWLSRSHQDO³GHQHJDFLyQGHVDOXG´\VH

GLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1º. El Título I, Libro Segundo del Código Penal, de-

nominado Delitos contra la vida y la integridad personal, tendrá el

siguiente Capítulo Noveno y los siguientes artículos:

Artículo 134 A. 'HQHJDFLyQGHVDOXG. El que teniendo la res-

ponsabilidad en la toma de la decisión de la prestación del servi-

cio público esencial de salud de conformidad con los estatutos o

manuales de funciones en una entidad pública, mixta o privada

encargada de este servicio, omita, impida, dilate, retarde, o niegue

su prestación a una persona cuya vida se encuentre en estado de

evidente e inminente peligro, incurrirá en prisión de cuatro (4) a

seis (6) años.

Si como consecuencia de la anterior conducta, sobreviene la

muerte, la pena de prisión será de trece (13) a veinticinco (25)

años.

Si la conducta fuere realizada por un profesional de la salud, se

le impondrá también la inhabilitación para el ejercicio de la profe-

sión por el mismo tiempo.

Parágrafo. Para efectos de la presente ley se entiende por estado

de urgencia, toda patología que requiera las actividades, procedi-

mientos, intervenciones inmediatas necesarias para la estabilización

de los signos vitales de la persona que requiera la atención médica,

D¿QGHFRQVHUYDUODYLGD\SUHYHQLUFRQVHFXHQFLDVFUtWLFDV

Artículo 134B. El Representante Legal o quien haga sus veces

de una Entidad Prestadora de Salud de carácter público, mixto o

privada, que niegue la autorización de un procedimiento médico,

hospitalario, quirúrgico o farmacéutico, autorizado por medio de

Acción de Tutela, incurrirá en prisión de 2 a 4 años y multa de 300

a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 2º. 9LJHQFLD. Esta ley entrará a regir a partir de la fecha

de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean

contrarias.

Los Representantes a la Cámara,

*XLOOHUPR$QWRQLR6DQWRV0DUtQ

3HGUR1HOVRQ3DUGR5RGUtJXH]

El Senador,

0DXULFLR-DUDPLOOR0DUWtQH]

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. Contexto de la iniciativa Legislativa

La presente iniciativa surge de la necesidad social, de prevenir

y penalizar la indiferencia, la desidia y el desprecio por la salud,

por parte de algunos empleados de entidades prestadoras de ser-

vicios en salud, que actuando premeditadamente y sin tener como

prioridad el respeto que debe merecer “La Vida” de las personas

que requieren su atención y que en razón de sus actuaciones ne-

gligentes u omisivas, patrocinan tal como lo señalan los autores

de la iniciativa el famoso “paseo de la muerte”, que tantas vidas

ha cobrado y puede llegar a cobrar en el futuro, si esta conducta

criminosa, no es reprochada penalmente y se persiste en seguir

siendo indiferentes ante esta problemática que por su naturaleza

es en sí una amenaza social.

Se denomina “Paseo de la muerte” a los hechos a raíz de los

cuales sobreviene la muerte de mujeres, hombres, niños como

FRQVHFXHQFLDGH OD LQFDSDFLGDG FLHQWt¿FDWpFQLFD ORJtVWLFD DG-

ministrativa o simplemente volitiva de los empleados del sector

salud, para atender o tratar enfermedades o urgencias, lo que lleva

a que de manera indolente a los pacientes se les somete al traslado

de un hospital a otro o de una clínica a otra, sin que reciba aten-

FLyQHQ VDOXG RSRUWXQD\ H¿FLHQWH KDVWDTXH HQ PHGLR GHHVWRV

viajes fallece. Comportamiento que sin duda alguna constituye el

objeto y razón de ser de la presente iniciativa.

En tal sentido, no podemos, ni debemos seguir permitiendo que

reine la impunidad frente a la negligencia y/o negación en el ser-

vicio de salud a las familias colombianas, especialmente aquellas

de escasos recursos, la población desplazada y la indígena quienes

más sufren de la desatención por parte de las entidades prestado-

ras del servicio de salud.

Página 6 Viernes 8 de agosto de 2008 GACETA DEL CONGRESO 510

Es por ello, la necesidad de penalizar este tipo de conductas

que atañe a los empleados y funcionarios responsables de todo el

sistema de seguridad social en salud, que comprende la prestación

del servicio de atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hos-

pitalaria.

II. Objeto de la presente Iniciativa:

Este proyecto de ley busca adicionar el Código Penal con un

nuevo Capítulo dentro del título de los delitos contra la vida y la

integridad personal, es decir, crea dos nuevos tipos penales para

WLSL¿FDUFRPRGHOLWRVOD FRQGXFWDFRQVLVWHQWHHQ GHQHJDUORVVHU-

vicios de salud para quien los requiera de manera inmediata por

estar amenazada o en peligro inminente su salud o su vida.

Si bien constitucional y legalmente la salud es un servicio

público, cuya prestación es responsabilidad del Estado bien sea

directamente o través de particulares, además de ser un servicio

público esencial y hacer parte de normas e instrumentos inter-

nacionales, no debemos pasar por alto que la función penal y

represora del Estado debe activarse una vez se hayan agotado

todos los medios de disuasión y prevención con que cuenta, lo

que explica el carácter del Derecho Penal como de XOWLPDUDWLR,

es decir, que antes de reprochar penalmente una conducta, de

activar el LXVSXQLHQGL, el Estado y la sociedad deben propender

por buscar las soluciones más efectivas para enfrentar los pro-

blemas sociales.

Así lo ha expresado el Ministerio Público, en Concepto número

4027 del 7 febrero de 2006, con ocasión de una demanda de in-

constitucionalidad contra los artículos 1°, 2° y 14 de la Ley 890

de 2004, “SRUOD FXDOVH PRGL¿FD \DGLFLRQD HO &yGLJR3HQDO”,

Magistrado Sustanciador: doctora Clara Inés Vargas Hernández,

Expediente D-6078, en donde el Procurador General de la Nación

expresó: “Estos elementos explican por qué el Estado debe pre-

ferir, en tanto que sea posible, la utilización de todos sus elemen-

tos de gestión, de prevención, de disuasión, atención y solución

GH FRQÀLFWRV DQWHV GH UHFXUULU LXV SXQLHQGL$GLFLRQDOPHQWH

cuando tenga que recurrir a él, debe preferir los mecanismos

de sanción de las conductas, diferentes a aquellas propias del

derecho penal, acudiendo a este solamente cuando se encuentre

UHDOPHQWHMXVWL¿FDGR DOD OX] GHORV ¿QHVGHO (VWDGR HV

así, porque la sanción penal es el más fuerte reproche social y

jurídico y conlleva la mayor invasión del Estado y las mayores

restricciones de los derechos y libertades personales, todo lo an-

terior explica su carácter de última ratio”

No debemos ser ajenos al problema de la atención inmediata

en salud para todas las personas sin importar su condición social

y económica o su vinculación contractual o no a una entidad pres-

tadora o promotora de salud, muy por el contrario debemos todos

propender por la protección y la prestación efectiva del servicio

esencial de la salud de manera universal, solidaria, y desde la pers-

pectiva del Estado, debe corresponder a este adoptar las políticas

tendientes a la garantía de la universalidad y cobertura total, una

política económica y social, efectiva e incluyente, no necesaria-

mente esperar la aplicación de una política criminal.

Por otra parte, debemos tener en cuenta que las conductas de

los médicos o en general de los profesionales de la salud consis-

WHQWHVHQGHQHJDUODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRGHVDOXGSXHGHQWLSL¿-

carse como Omisión de Socorro o eventualmente aquellos delitos

conocidos como de Comisión por Omisión y se encuadran por

ejemplo en homicidio o lesiones personales. Sobre este aspecto

vale la pena ahondar un poco. Omisión de socorro se encuadra

dentro de un deber general que tenemos todos y colinda con la

solidaridad. Comisión por omisión puede ser el caso de un médi-

co que teniendo el deber de atender a un paciente lo descuida sin

justa causa y sobreviene a este la muerte o lesiones personales, en

cuyo caso será respectivamente homicidio o lesiones personales

en la modalidad de comisión por omisión.

Ahora bien, analizando el proyecto de ley en cuestión, debemos

hacer las siguientes consideraciones jurídicas:

Si bien el marco esencial es la salud, se puede ubicar este delito

como atentatorio de la vida y la integridad personal, lo cual ad-

quiere relevancia en el sentido que la atención que se omite prestar

es aquella que necesitan personas cuya vida o salud se encuentre

en estado de inminente peligro, no obstante los tipos penales por

ser limitativos de libertades fundamentales, deben ser claros y no

dar lugar a equívocos, lo que se conoce como el principio de la

tipicidad inequívoca, conocida en la doctrina internacional como

“principio de determinación del hecho y de la pena” que se

traduce en que lo prohibido mediante amenaza de pena criminal

debe aparecer perfectamente determinado en la ley de tal forma

TXHVX¿MDFLyQQRTXHGHDODUELWULRGHTXLHQGHEDDSOLFDUODFRQR-

ciendo el ciudadano de antemano y con certeza si la conducta que

despliega se adecúa a un tipo penal y, en caso positivo, cuáles son

las consecuencias de esa conducta1.

Es un delito de autor indeterminado “el que”, no obstante con-

sideramos que la indeterminación del sujeto activo debe ser ate-

nuada por un ingrediente normativo, consistente en que el sujeto

activo debe tener la responsabilidad de la toma de la decisión de la

prestación del servicio público esencial de salud de conformidad

con los estatutos o manuales de funciones de la entidad pública,

mixta o privada encargada de este servicio.

III. Del Poder Punitivo del Estado

Las ideas que anidan en el corazón de los hombres de conseguir

una paz social justa, un sistema equitativo que ampare sus dere-

chos fundamentales y una seguridad personal que evite los despo-

tismos y arbitrariedades, han ido formando un patrimonio común,

una plataforma sobre la que debe descansar también el ejercicio

del poder punitivo del Estado.

Estas ideas sirven de directriz en la creación, aplicación y eje-

cución de las normas penales, y es por esto que el Estado debe

intervenir para evitar los ataques graves a los bienes jurídicos más

importantes que, en el caso que nos ocupa, corresponden al “de-

recho a la Vida”. Las perturbaciones más leves del orden jurídico

son objeto de otras ramas del derecho. Por tal razón, el derecho

penal como todo el ordenamiento jurídico, y ante el surgimiento

de nuevos tipos de delitos, este debe cumplir una función eminen-

temente protectora de bienes jurídicos. Resulta lógico y aceptable

que el derecho penal no ha logrado impedir, disminuir, evitar o

prevenir los comportamientos delictivos, puesto que a medida que

la sociedad se desarrolla se da un surgimiento dinámico de la cri-

minalidad.

(VSRUHVWR TXHOD ¿QDOLGDGHVHQFLDO GHHVWH SUR\HFWRHV ODGH

tutelar, en forma coactiva, mediante la amenaza de la imposición

de una pena, unos valores jurídicos fundamentales, en cuya pre-

servación o protección se encuentra interesado el Estado.

En este proyecto se trata de un delito, denominado “Denega-

ción de Salud”, introducido dentro del Título I, Libro Segundo del

Código Penal, denominado Delitos contra la vida y la integridad

personal, puesto que el derecho a la vida es el atributo supremo de

todo ser humano, soporte necesario de todos los demás derechos

1POSITIVISMO JURÍDICO VERSUS ESTADO SOCIAL DE DERECHO, Edgar Bárcenas

Espitia. Abogado Especializado en Derecho Penal y Criminología. Abogado Asesor FE-

PASDE

GACETA DEL CONGRESO 510 Viernes 8 de agosto de 2008 Página 7

y facultades a él garantizados por el ordenamiento, y supuesto

lógico de la existencia de la organización social.

IV. Conveniencia de la Iniciativa:

Son muchas las ocasiones en que los medios de comunicación

han dado cuenta de dolorosos episodios que enlutaron varias fa-

milias colombianas, que pusieron en evidencia la fragilidad y lo

inhumano del Sistema de Seguridad Social en Salud de Colom-

bia.

Dichos episodios que hoy nos sorprenden, desafortunadamen-

te no son hechos aislados dentro del diario vivir de muchos co-

lombianos, sino que son actos repetitivos, conductas habituales

de muchos de los empleados de las entidades responsables de la

prestación del servicio de salud, que con desprecio por la vida de

los demás, pisotean sus derechos a sabiendas que el Estado y todas

las autoridades de la República están en la obligación de garanti-

zarla y que hacen esfuerzos económicos y presupuestales para que

ORRUGHQDGRHQODFRQVWLWXFLyQ\ODOH\QRVHDXQD¿FFLyQ

La impunidad no puede seguir reinando para esta clase de con-

ductas, que inesperadamente puede tocar las puertas de cualquier

familia colombiana, y por eso la necesidad de penalizarlas.

Si todos los colombianos, bajo el principio de universalidad,

garantizados en la Constitución y la ley, arriba citadas, tienen ac-

ceso a la seguridad social en salud, ¿entonces cuál es la razón para

TXHODVSHUVRQDVPXHUDQSRUIDOWDGHDWHQFLyQRSRUWXQD\H¿FLHQ-

te, por falta de elementos farmacéuticos, falta de camas, médicos,

ambulancias, falta de capacidad de pago de la víctima, falta de

SUHVXSXHVWRR¿FLDOIDOWDGHFRQYHQLRVLQWHULQVWLWXFLRQDOHVHWF"

Sin duda alguna, son numerosos los casos que se han presen-

tado en el país, donde los enfermos han tenido que deambular

por distintos centros hospitalarios en busca de atención médica y

ante la negativa en prestarles el servicio esencial de la salud, solo

han encontrado la muerte, tal como lo registra las noticias en la

prensa:

Diario El Tiempo - marzo 4 /2006.

Tres Centros Médicos le negaron atención por falta de Se-

manas Cotizadas.

Niño de 11 años, nueva víctima del ‘paseo de la muerte’ en

Barranquilla.

Un martes en la tarde, mientras Barranquilla gozaba en el últi-

mo día del Carnaval, Dennis Urieta Rojas buscaba algo que expli-

cara lo inexplicable: la muerte de su hijo, de apenas 11 años.

/RTXHHPSH]yFRPRXQDVLPSOH¿HEUHXQDVHPDQDDQWHVWHU-

minó en tragedia. Inicialmente, cuenta la madre, los médicos de

la clínica Prevenir, adonde llegó el 22 de febrero con su niño, no

SRGtDQKDOODUODFDXVDGHOD¿HEUH

“Me dijeron que era la peste tropical que anda por ahí; después,

que era un uñero que se le infectó. Sólo cuando les pedí que hi-

FLHUDQOD SUXHEDGH GHQJXHGLHURQ FRQHO PDO´ FRQWyOD DÀLJLGD

mujer.

3HURQLDVtPHMRUDURQ ODVFRVDV/DV ¿HEUHVDOWDVQRFHGtDQ HO

niño empezó a delirar y en la clínica sólo le recetaban antibióticos

y calmantes y lo regresaban a casa.

“Cuando vi que la salud de mi hijo se deterioraba, lo llevé otra

vez de urgencias a la clínica. Allí vomitó sangre y fue cuando el

médico recomendó remitirlo a una unidad de cuidados intensivos,

pero ellos no tenían”, dijo la mujer.

(OGUDPDVHDJUDYySRUTXHODHQWLGDGDODTXHHVWDEDD¿OLDGRHO

niño (Colmédicas) no autorizó el traslado a la clínica Reina Cata-

lina, con la excusa de que el niño sólo tenía cotizadas 26 semanas

y se requería mínimo de 100 para permitir el procedimiento.

'HR¿FLQDHQ R¿FLQD\ HQYLDGDGHXQ PpGLFRD RWURSDVDURQ

ORVGtDVKDVWDTXH¿QDOPHQWHOD PXMHUGHFLGLyWUDVODGDUDOQLxRDO

Hospital Metropolitano. Allí le negaron atención porque no tenían

convenio con Colmédicas.

Desesperada, Dennis corrió con su hijo a la clínica La Asunción,

donde le exigieron 5 millones de pesos. Ella ofreció un millón, lo

único que pudo reunir con sus familiares, pero no le aceptaron esa

plata. Tuvo que regresar a Prevenir.

Amenazó con interponer una tutela. Trece horas después, el

niño fue remitido, otra vez, a la Reina Catalina, donde demoraron

más de dos horas para la admisión mientras el niño agonizaba en

XQDFDPLOODVLQHOUHVSLUDGRUDUWL¿FLDOTXH QHFHVLWDEDSDUDVREUH-

vivir.

Cuando se decidieron a atenderlo ya era muy tarde. Entró en

crisis respiratoria, porque tenía los pulmones invadidos por la en-

fermedad. A los 11 años no lo mató el dengue, sino la indolencia.

La Red de Urgencias del Distrito de Barranquilla está al

frente de las investigaciones por el caso. Y los directivos de

las diferentes instituciones médicas a las cuales fue llevado el

menor y la EPS Colmédica se negaron a dar declaraciones so-

bre el hecho.

Pero este no es el primer caso.

En Barranquilla han ocurrido seis casos similares, sólo en lo

que va corrido de este año. En el Hospital San Camilo, han muerto

cuatro pacientes por circunstancias atribuidas a supuesta negli-

gencia médica. Falleció un menor de 15 años. La víctima sufrió

un trauma craneoencefálico por una caída.

“Los médicos del centro de salud dijeron que el menor requería

atención urgente de tercer nivel y comenzó el vía crucis con la

Red de Urgencias Pública. Sus Familiares llamaron 25 veces y

nunca pudieron encontrar una cama desocupada en una unidad de

cuidados intensivos. El niño permaneció 12 horas en urgencias,

donde murió.

Diario el “El Tiempo marzo 16 de 2006”

Denuncian al hospital Tunjuelito por demoras y mal servicio de

ambulancia - “Paseo de la muerte’ a niña de 5 años”.

La ambulancia tardó seis horas en recoger a la paciente. Luego

la llevó sin auxiliar de enfermería. La niña murió en el hospital.

La tragedia llegó al hogar de Ferney Pinzón el pasado viernes,

cuando su hija, Gineth, de 5 años, se convirtió en otra víctima más

del llamado ‘paseo de la muerte’.

Ese día, hacia las 4 de la tarde, Ferney llevó a su niña al Centro

de Atención Médico Integral (Cami) El Carmen, en el sur, para

que le atendieran de urgencia por un problema respiratorio.

Debido a que el estado de salud de la pequeña se complicó, los

médicos ordenaron su remisión al hospital Tunjuelito Nivel II y

pidieron la ambulancia (placas OIB 368) con la cual opera este

hospital.

Pero el vehículo apareció casi seis horas después y sin llevar

ningún auxiliar de enfermería para que atendiera a la niña por

el camino. Según denunció el padre, cuando la pequeña ingresó

al Tunjuelito, hacia las 10:10 de la noche, ya estaba desfalle-

cida.

Ginesth murió media hora después de haber ingresado a este

hospital.

“Este fue otro paseo de la muerte, porque aquí el servicio de

ambulancia no funciona. Ese vehículo no cumple con los requisi-

tos exigidos para operar. Anda solo con el conductor y sin auxiliar

de enfermería para que asista a los pacientes”, aseguró el radio-

operador del hospital Tunjuelito, Martín Contreras.

Página 8 Viernes 8 de agosto de 2008 GACETA DEL CONGRESO 510

Diario el Universal

En Cartagena –según el CRU (Centro Regulador de Urgencias)

–fallece cada mes, en promedio, 25 personas por la falta de

asistencia médica a tiempo en las clínicas. Este panorama es to-

davía más desalentador al repasar la cifra, un poco menor, del año

2004, cuando el promedio mensual fue de 17 muertes.

El Espacio- 30-08-2006

Víctimas del ‘paseo de la muerte’

Líbano, Tolima. Cuatro personas han muerto en las últimas sema-

nas en este municipio, como consecuencia del denominado ‘Paseo de

la muerte’, ocasionado, al parecer, por la negligencia de los centros

hospitalarios que no prestan la atención especializada que requieren

los pacientes.

(ODOFDOGHGH/tEDQR/DXUHQWLQR0DODJyQH[SOLFyTXHODVGL¿FXO-

tades se presentan al momento de remitir algún paciente a la ciudad de

Ibagué, debido a que el municipio no cuenta con centros de nivel 3 y 4,

en donde las personas enfermas puedan recibir una adecuada atención.

“La gente se muere buscando un hospital en donde los puedan atender,

exigen miles de trámites y nadie responde”. Denunció el burgomaes-

tre.

³(O¿QGHVHPDQD HVWiEDPRVEXVFDQGRXQD86, HQ,EDJXpSDUD XQ

paciente que la requería con urgencia y fue absolutamente imposible,

debimos recurrir a Bogotá, donde logramos conseguir que lo recibie-

ran, pero desafortunadamente falleció en la ciudad de Honda, cuando

era trasladado”, reveló el alcalde Malagón.

“Esta situación ya es preocupante, es que son cuatro casos ya de

pacientes que han muerto en el último mes, porque en Ibagué no es

posible conseguir una institución que preste este servicio, porque no

hay convenios por parte de la Secretaría de Salud”, puntualizó el bur-

gomaestre.

El desolador panorama de la red hospitalaria en el Tolima obligó al

alcalde Malagón a pedir la inmediata intervención del Ministerio de la

Protección Social y de la Fiscalía.

Revista Semana

30 de agosto de 2006.

“Si se muere el paciente, también se muere usted”, le dijo un

hombre al médico Sergio Marín, del Hospital General de Barran-

quilla, mientras le apuntaba con un revólver. Cerca, en una cami-

lla, un paciente que había ingresado esa madrugada del 17 de julio

con un tiro en la cabeza, sufría convulsiones y uno de sus acom-

pañantes amenazaba con el pico de una botella rota a una auxiliar

de enfermería que intentaba explicar que el servicio de urgencias

estaba clausurado, que el quirófano no tenía la dotación adecuada,

que no había un especialista y que lo mejor era llevar al herido a

otro centro de salud.

Ocho días después, también en Barranquilla, familiares de una

joven afectada por una isquemia cerebral desarmaron al celador

de turno del Hospital Nazareth y obligaron a los médicos a darle

atención de urgencia en los pasillos, mientras en el Hospital La

Manga -sin posibilidades de atender casos críticos- una pandilla

presionaba con armas de fuego al personal médico para que ope-

rara a uno del grupo.

Estos son apenas algunos casos protagonizados por personas

que se niegan a que los allegados se sumen a la lista de las 614

personas que este año han fallecido en las puertas de clínicas y

hospitales de la Costa Atlántica. De ellas, sólo en Barranquilla

¿JXUDQTXHIXHURQVRPHWLGDVDOOODPDGR³SDVHRGHODPXHUWH´

VHJ~QHVWDGtVWLFDVGHOD$VRFLDFLyQ1DFLRQDOGH7UDEDMDGRUHV2¿-

ciales de la Salud.

V. Marco Constitucional y Legal

• Constitución Nacional:

El artículo 2° de la Carta fundamental, en su inciso segundo,

proclama que “las autoridades de la República están instituidas

para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su

vida, honra y bienes, creencias y demás derechos y libertades y

para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado

y de los particulares”.

El artículo 11 de la misma obra, señala que “el derecho a la

vida es inviolable. No habrá pena de muerte”.

El artículo 48, establece que “la seguridad social es un servicio

público de carácter público que se prestará bajo la dirección, coor-

dinación y control del Estado...”

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la

seguridad social”.

El artículo 49, prescribe que “la atención de la salud y el

saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado.

Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de pro-

moción, protección y recuperación de la salud.

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la pres-

tación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento am-

ELHQWDO FRQIRUPH D ORV SULQFLSLRV GH H¿FLHQFLD XQLYHUVDOLGDG \

solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de

servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y

control. Así mismo, establecer las competencias de la nación, las

entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a

su cargo en los términos y condiciones señaladas en la ley.

Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada,

por niveles de atención y con participación de la comunidad.

La ley señalará los términos en los cuales la atención básica

para todos los habitantes será gratuita y obligatoria.

Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral

de su salud y la de su comunidad”.

Artículo 365.³/RVVHUYLFLRVS~EOLFRVVRQLQKHUHQWHVDOD¿QD-

lidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación

H¿FLHQWHDWRGRVORVKDELWDQWHVGHOWHUULWRULRQDFLRQDO

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico

TXH¿MHODOH\SRGUiQVHU SUHVWDGRVSRUHO (VWDGRGLUHFWDRLQGL-

rectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En

todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigi-

lancia de dichos servicios.”

• Ley 100 de 1993.

El inciso segundo del artículo 152 la citada ley señala: “los obje-

tivos del Sistema General de Seguridad Social en Salud son regular

el servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso

en toda la población al servicio en todos los niveles de atención”.

De igual manera, el artículo 153, bajo el principio de equidad

establece: “El sistema de seguridad social en salud proveerá gra-

dualmente servicios de salud de igual calidad, a todos los habitan-

tes en Colombia, independientemente de su capacidad de pago”.

Así mismo, bajo el principio de protección integral, dice que

“El sistema general de seguridad social en salud brindará aten-

ción en salud integral a la población en sus fases de educación,

información y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico,

tratamiento y rehabilitación en cantidad, oportunidad, calidad y

H¿FLHQFLDGH FRQIRUPLGDGFRQ HO DUWtFXOR UHVSHFWR GHOSODQ

obligatorio de salud”.

• Estatuto Orgánico del Sistema General de Seguridad So-

cial en Salud (Decreto 1298/94)

El artículo 2° de esta obra prescribe lo siguiente “La presta-

ción de los servicios de salud, es un servicio público esencial a

cargo del Estado, gratuito y obligatorio en los servicios básicos

para todos los habitantes del territorio nacional, administrado en

asocio con las entidades territoriales, sus entes descentralizados y

GACETA DEL CONGRESO 510 Viernes 8 de agosto de 2008 Página 9

las personas privadas autorizadas para el efecto, en los términos

que establece el presente estatuto”.

El artículo 3° establece los siguientes principios:

“Universalidad. Todos los habitantes en el territorio nacional

tendrán acceso a los servicios de salud.

“Equidad.- El sistema general de seguridad social en salud pro-

veerá gradualmente servicios de salud de igual calidad a todos los

habitantes en Colombia, independientemente de su capacidad de

pago. Para evitar la discriminación por capacidad de pago o ries-

JRHO VLVWHPD RIUHFHUi ¿QDQFLDPLHQWRHVSHFLDO SDUD DTXHOODSR-

blación más pobre y vulnerable, así como mecanismos para evitar

la selección adversa”.

El artículo 6° establece “Principio General.- Todo habitante del

territorio nacional tiene derecho a las prestaciones de salud, en los

términos previstos en este estatuto, y el deber de proveer a la con-

servación de su salud y de concurrir al mantenimiento de la salud

de la comunidad”.

• El derecho a la salud en la Legislación Penal.

En la legislación penal se protege el derecho a la salud personal

RLQGLYLGXDODWUDYpVGHODVWLSL¿FDFLRQHVSHQDOHVGHlesiones per-

sonales (artículos 111 a 121); lesiones al feto (artículo 125 y 126);

omisión de socorro (artículo 131); lesiones en persona protegida

DUWtFXOR6LVHFRPSDUD ODFRGL¿FDFLyQSHQDOVXVWDQWLYD GH-

rogada (Decreto-ley 100 de 1980) con la vigente, se colige que el

número de normas incriminativas protectoras de la salud pública

IXHDPSOLDPHQWHLQFUHPHQWDGRFRPRUHVXOWDGR GHOLQÀXMRGHODV

directrices de la Constitución Nacional (artículos 44, 49, 78, 95,

(ODFWXDOFyGLJRSHQDOFRQVDJUDVLJQL¿FDWLYDVLQQRYDFLRQHV

en esta materia, cuya incorporación legislativa debe celebrarse en

la medida en que representan una mejor cobertura tutelar del bien

jurídico de la salud. Así mismo, es importante destacar que los

profesionales de la salud (profesionales o practicantes de medici-

na, odontología, enfermería, farmacia o de alguna de las respec-

tivas disciplinas auxiliares) son especialmente convocados como

VXMHWRVDFWLYRV FDOL¿FDGRVGHOD FRQGXFWDSXQLEOH GLVHxDGDHQ HO

artículo 379 (suministro o formulación ilegal), generando de esta

manera un tipo penal especial, en razón a que sólo puede ser co-

metido, a título de autor, por sujeto poseedor de esas calidades.

Pero también pueden funcionar dichas calidades como circunstan-

FLDVGHDJUDYDFLyQHVSHFt¿FDGHDOJXQRVKHFKRVSXQLEOHVOH-

siones al feto); 126 (lesiones culposas al feto); 187 (inseminación

DUWL¿FLDOR WUDQVIHUHQFLD GH yYXOR IHFXQGDGR QR FRQVHQWLGD (O

agravante se explica por la relación existente entre el profesional

sanitario y el bien jurídico protegido.2

Y, desde luego, los profesionales de la salud pueden igualmente

incurrir, a título de autores, en la comisión de otra gama de in-

fracciones penales que no exijan calidades especiales en el sujeto

activo, esto es, en delitos comunes, por ejemplo, omisión de so-

corro (artículo 131); manejo ilícito de microorganismos nocivos

(artículo 330); experimentación ilegal en especies animales o ve-

JHWDOHVDUWtFXORWHQHQFLDIDEULFDFLyQ\WUi¿FRGHVXVWDQFLDV

XREMHWRVSHOLJURVRV DUWtFXORWUi¿FR WUDQVSRUWH\SRVHVLyQ

de materiales radiactivos o sustancias nucleares (artículo 363).

Entre los tipos penales que pueden afectar al médico, con mayor

o menor intensidad, podemos referirnos al homicidio por piedad,

aborto, lesiones al feto, manipulación genética, omisión de soco-

rro, lesiones personales, suposición del estado civil, los delitos

relativos a la energía nuclear y radiaciones ionizantes y contra la

salud pública y las falsedades documentales.3

2 Periódico el Pulso- AÑO 3 N° 36 SEPTIEMBRE DELAÑO 2001 ISSN 0124-4388.

3 ibídem

El establecimiento del delito de omisión de socorro en el artícu-

lo 131 del Código Penal, constituye una auténtica innovación en

el ordenamiento jurídico penal colombiano. Y aunque se trata de

un tipo penal común, por cuanto puede ser cometido por cualquier

miembro de la especie humana, en su realización pueden verse

comprometidos los profesionales de la salud. La omisión de so-

corro es, en nuestro sistema penal, un delito contra la vida y la in-

tegridad personal y, obviamente, ofensivo de la salud individual.

Además, es un delito omisivo de mera conducta y de peligro. La

modalidad del comportamiento es eminentemente dolosa, requi-

riéndose que el sujeto activo niegue voluntariamente y sin justa

causa la ayuda respectiva, pudiendo y debiendo hacerlo. El deber

general y abstracto de actuación deriva de la Carta Política o de

la ley (artículos 10 y 25). Acorde con el artículo 95, numeral 2,

de la Constitución, “Es deber de la persona y del ciudadano: (...)

Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo

con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro

la vida o la salud de las personas”. Un ordenamiento social no

tiene por qué limitarse a generar personas que, simplemente, no se

perturben entre ellas, sino que puede contener también el deber de

SURSRUFLRQDUD\XGDDRWUDSHUVRQDGHHGL¿FDUFRQHOOD XQPXQGR

en común y, de esta forma asumir respecto de ella una relación

positiva4.

Si el autor de la omisión se encuentra en posición de garantía

HVSHFt¿FDSRGUtD LQFXUULU HQGHOLWR GH KRPLFLGLR ROHVLRQHV SHU-

sonales en la modalidad de comisión por omisión, conforme a la

estructuración normativa del artículo 25 del nuevo Código Penal.

Así, por ejemplo, el médico de urgencias, de guardia, o rural que

no atiende a un enfermo grave, podría cometer delito de omisión

de socorro, más no la omisión impropia de homicidio o lesiones

(si el resultado se produce), por cuanto sólo podría atribuírse-

OHXQD SRVLFLyQ GH JDUDQWtD JHQpULFD \ QR HVSHFt¿FD 3HUR VL HO

médico de urgencias, de prisiones o de turno ha asumido de un

modo efectivo el tratamiento o la atención del paciente, y luego

los interrumpe voluntariamente, sin justa causa, provocándole la

muerte u otro daño en el cuerpo o la salud, incurriría en delito de

comisión por omisión, porque el omitente con posterioridad a la

VLWXDFLyQHVSHFt¿FD GH SHOLJURKD UHDOL]DGRXQ DFWR GHDVXQFLyQ

personal del dominio de la situación y, partiendo de ese supuesto,

está en capacidad de decidir acerca de la producción del resultado

penalmente típico. Sin embargo, inexistente el resultado, no pue-

de aplicarse el tipo de comisión por omisión consumada, sino en

grado de tentativa.

Es así como los médicos pueden llegar a cometer delitos de

homicidio o lesiones personales en la modalidad de comisión por

omisión, situación que si bien no constituye estrictamente una in-

novación legislativa, debe considerársele como tal en la medida

en que la parte general del Código Penal reguló expresamente los

presupuestos de esta clase de conductas punibles, antes sometidas

a la elaboración de la doctrina y la jurisprudencia, que, por lo

PHQRVHQ&RORPELD QRJHQHUDURQDYDQFHV VLJQL¿FDWLYRVHQ HVWH

campo. Pero ahora, en presencia de dispositivos legales expresos,

como el artículo 25, la situación cambia sustancialmente5.

También es claro que cuando entre el omitente y el bien jurídi-

co no existe relación personal alguna de la que pueda deducirse

XQGHEHUHVSHFt¿FRGHDX[LOLRRVDOYDJXDUGDGHOELHQMXUtGLFRHV-

taremos ante supuestos de omisión pura, fundamentados sólo en

deberes generales de solidaridad y en tal caso es aplicable el tipo

4Periódico el Pulso- AÑO 3 N° 36 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2001 ISSN

0124-4388 MEDELLIN, COLOMBIA, SURAMÉRICA

5Periódico el Pulso- AÑO 3 N° 36 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2001 ISSN

0124-4388 MEDELLIN, COLOMBIA, SURAMERICA.

Página 10 Viernes 8 de agosto de 2008 GACETA DEL CONGRESO 510

genérico de omisión de socorro previsto en el artículo 131 del

nuevo Código Penal6.

Es evidente que las empresas aseguradoras o prestadoras de

servicios de salud que no brinden atención oportuna o incurran en

GLODFLRQHVLQMXVWL¿FDGDVQRSRGUtDQ UHVSRQGHUSHQDOPHQWHFRPR

empresa, por ser esta clase de responsabilidad eminentemente

personal o individual, de modo que tratándose de personas jurídi-

cas omitentes, el ámbito de su responsabilidad sería de naturaleza

civil, administrativa, etcétera, con la salvedad de que si quien ac-

túa como miembro u órgano de representación autorizado de una

persona jurídica o de un ente colectivo sin tal atributo, realiza con-

ducta punible dentro de las condiciones establecidas por el inciso

3º del artículo 29 del Estatuto Penal Sustantivo, responde penal e

individualmente, pero no responde el ente7.

En todo caso, es indudable, dada su naturaleza de servicio públi-

co, que la seguridad social tiene que ser permanente, por lo cual no

es admisible su interrupción, y que se habrá de cubrir con arreglo

DORV SULQFLSLRV GH H¿FLHQFLDXQLYHUVDOLGDG \ VROLGDULGDG 6LD OR

dicho se agrega el carácter obligatorio del servicio, se tiene que, a

la luz de la Constitución, el Estado es responsable de garantizar que

las entidades de la seguridad social -públicas o particulares- estén

GLVSXHVWDVHQWRGRPRPHQWRDEULQGDUDWHQFLyQRSRUWXQD\H¿FD] D

VXVXVXDULRV$OOtUDGLFDXQRGH ORV¿QHVHVHQFLDOHV GHODDFWLYLGDG

que les compete según el artículo 2º de la Carta.

De lo anterior se desprende que, todas las instituciones que

ofrezcan servicios de salud, sean públicas o privadas y tengan o no

celebrado contrato de asistencia con entidades de previsión social,

están obligadas a prestar atención inicial de urgencia, independien-

temente de la capacidad socioeconómica de los solicitantes y sin

condicionar ese servicio a pagos previos ni al cumplimiento de los

contratos que eventualmente tengan celebrados con el Estado en

materia de seguridad social. Esa obligación es genérica, perentoria

e inexcusable, de tal manera que, en el caso de probarse la negativa

RUHQXHQFLDGHFXDOTXLHULQVWLWXFLyQDFXPSOLUODVHFRQ¿JXUDJUDYH

responsabilidad en su cabeza por atentar contra la vida y la integri-

dad de las personas no atendidas y, claro está, son aplicables no so-

lamente las sanciones que prevé el artículo 49 de la Ley 10a de 1990

sino las penales del caso si se produjesen situaciones susceptibles

de ello a la luz de la normatividad correspondiente

(VPiVXQDGHODVPDQLIHVWDFLRQHVFRQFUHWDVGHODV¿QDOLGDGHV

propias del Estado Social de Derecho se encuentra precisamente

en dar mayor protección a aquellas personas que por diversas ra-

zones se encuentran en situación de debilidad, de desigualdad o

indefensión. La precaria situación económica de muchas personas

en Colombia obliga al Estado a adoptar medidas encaminadas a

destinar parte de sus esfuerzos y recursos hacia el mejoramiento

de las condiciones de vida de todos, pero particularmente de los

PiVGHVDPSDUDGRV'HPDQHUDTXHQRVHMXVWL¿FDTXHSXHGDH[LV-

tir excusa alguna para que las entidades de salud pública o privada

no le presten la atención médica que necesite una persona cuya

vida o salud está en peligro. Es evidente que de manera preventiva

y para evitar más pérdidas de vidas innecesarias en muchos hoga-

res colombianos, se requiere tutelar el derecho a la vida en forma

coactiva, mediante la amenaza de la imposición de una pena, unos

valores jurídicos fundamentales, en cuya preservación o protec-

ción se encuentra interesado el Estado.

VI. Estructuración del Tipo Penal

A. - La conducta delictuosa.-

Conforme al artículo 134 A la conducta delictuosa consiste en

“El que”, es decir, el sujeto activo de la conducta es indetermina-

6 ibídem

7 ibídem

do, es decir, cualquier persona puede encuadrar en el tipo penal,

siempre que omita, retarde, rehúse, o impida la prestación del ser-

vicio público esencial de la salud.

La negación o falta de atención en la prestación del servicio

público esencial de seguridad social en salud, es un delito au-

tónomo, que lo pueden cometer los funcionarios o empleados

responsables de que el servicio público de seguridad social en

salud y en consecuencia un delito de ejecución instantánea, no

requiere que sobrevenga efectivamente la muerte como conse-

cuencia de la omisión, o negación. El delito se consuma con

la sola realización o el desarrollo de cualquiera de los cinco

verbos rectores. La pena se agrava si como consecuencia de la

negación o dilatación en la prestación del servicio sobreviene

la muerte.

B. - Descripción Típica.-

1. En sentido cuantitativo: El sujeto activo es singular o mo-

nosubjetivo, ya que la parte preceptiva de la norma en el inciso

primero, lo señala con la expresión “El que”.

En sentido cualitativo6HWUDWDGHXQVXMHWRDFWLYRQRFDOL¿FD-

do, pues en el inciso primero, no se requiere condición o calidad

especial en el agente del hecho típico, ya que cualquier persona

puede encuadrar su conducta en el respectivo tipo.

En el Inciso 3º del proyecto, encontramos un sujeto activo cua-

OL¿FDGRSRUFXDQWRHO WLSRSHQDORHO SUHFHSWRH[LJHQFLHUWDFDOL-

dad, en este caso “el profesional de la salud”.

2.- Conducta Objetiva.- Posee cuatro conductas alternativas o

cinco verbos rectores a través de los cuales se puede desarrollar el

tipo penal. El verbo omitir,VLJQL¿FDDEVWHQHUVHGHKDFHUDOJR(O

verbo retardarVLJQL¿FDGHPRUDUWDUGDURGHWHQHUDOJR(OYHUER

impediUVLJQL¿FDHVWRUEDULPSRVLELOLWDUODHMHFXFLyQGHDOJR(O

verbo dilatar, es no hacer lo que se tiene que hacer dentro del

término previsto por la ley o autoridad, procedimiento o protocolo

médico, o cuando a falta de término no se ejecuta en el tiempo

oportuno para que produzcan sus consecuencias normales. El ver-

bo negarVLJQL¿FDQRFRQFHGHUORTXHVHSLGLyRVROLFLWyRHOXGLU

sin excusa legal un acto propio que se le ha solicitado u ordenado

por la ley o autoridad competente.

Toda entidad pública o privada que preste servicios de salud,

de cualquier nivel está obligada a atender las urgencias en su fase

inicial. El único requisito es la necesidad. Según la ley no necesita

GHFRQWUDWRVQLGHD¿OLDFLRQHVQLGHGHPRVWUDUFDSDFLGDGGHSDJR

Debe atenderlo el equipo médico de urgencias entrenado para tal

¿Q6LHPSUHVHGHEHDWHQGHU HOSDFLHQWHLQFOXVRSDUDGHFLUOH TXH

el caso no es urgente se requiere valoración médica. Todo caso

debe ser atendido por un médico y las negaciones, retardos, omi-

siones son violaciones a los derechos de los pacientes y constitu-

yen delito. La Superintendencia de Salud expidió la resolución

número 021 de 2005, mediante la cual se exige a los empleados

del sector salud diligenciar el formato de negación de servicios

de salud y medicamentos. En lé debe explicar el profesional de

la salud la razón por la cual no se brinda por ejemplo el servi-

cio de urgencias o medicamentos.

Si después de recibir la atención de urgencias, esto es, de es-

tabilizar sus signos vitales y sacarlo del peligro, diagnosticar su

VLWXDFLyQ\GH¿QLUODFRQGXFWDDVHJXLUGHEHQUHPLWLUORDRWUDLQV-

titución de mayor complejidad, deben hacerlo las mismas institu-

FLRQHVSUHVWDGRUDVGHVDOXGVLQTXHVHDQHFHVDULR¿UPDUFKHTXHV

cuotas moderadoras, pagarés, depósitos, etc. Cualquier cobro pre-

vio es ilegal.

3.- Sujeto Pasivo.- El sujeto pasivo, es común e indeterminado,

esto es, puede ser cualquier persona que necesite y solicite la pres-

GACETA DEL CONGRESO 510 Viernes 8 de agosto de 2008 Página 11

tación del servicio médico, quirúrgico, farmacéutico u hospitala-

rio, en cualquier nivel de atención, a una entidad responsable de la

prestación del servicio, sea esta pública, mixta o privada.

c) Antijuricidad.

El objeto jurídico general tutelado es la vida y la integridad

SHUVRQDO(OREMHWRMXUtGLFRHVSHFt¿FRWXWHODGRHVHOFXPSOLPLHQ-

to imperativo de la seguridad social en salud para garantizar en

forma efectiva y real la vida y la integridad de las personas. El

cumplimiento del mandato imperativo de la prestación de los

servicios públicos de salud, ordenada por la Constitución y la

ley, se logra con la atención médica, quirúrgica hospitalaria y

IDUPDFpXWLFDRSRUWXQDSURQWDHIHFWLYD\FLHQWt¿FDSDUDSUHYH-

nir o curar las alteraciones en el cuerpo o en la mente que ponen

en riesgo el bienestar o la vida de una persona, que ameritan la

atención urgente de un equipo de salud.

d) Culpabilidad.

El dolo es la forma de culpabilidad de este delito, esto es, que

para que la conducta típica y antijurídica sea culpable, es nece-

sario que sea dolosa. El sujeto activo no solo debe comprender y

determinarse de acuerdo con esa comprensión sino además debe

saber que quiere la realización de la conducta.

e) Punibilidad.

La pena señalada para este delito es de dos (2) a cuatro (4) años

de prisión, que el juez en cada caso, deberá individualizarla. Esta

pena se aumentará de trece (13) a veinticinco años de prisión, en

caso que como resultado de la conducta que describe el tipo penal

sobrevenga la muerte del paciente, además de la imposición de la

suspensión del ejercicio al profesional de la salud por el mismo

término.

+R\ HV SUHFLVR WLSL¿FDU FRPR GHOLWR OD GHQHJDFLyQ GH VDOXG

pues no podemos esperar que los problemas se agudicen y que

amanezcamos con noticias de muertes trágicas relacionadas con

la desatención de salud, bajo la mirada atónita y complaciente de

un Estado que debe preservar y garantizar el derecho, no solo a

la salud sino a la vida de los colombianos, donde la pobreza, la

desnutrición, la violencia y el desempleo y todo ese cinturón de

miseria han empujado a la población vulnerable a tener que re-

fugiarse en su propia resignación. Es el caso por ejemplo de la

población desplazada, donde el 88%, es decir, unos 2,2 millones

GHSHUVRQDVQRWLHQHUHFXUVRVVX¿FLHQWHVSDUDDGTXLULUDOLPHQWRV

Ellos son los más pobres entre los pobres.

Por tal motivo, dejamos a consideración de los honorables Re-

presentantes a la Cámara, el texto de este proyecto de ley, con

la seguridad de que con su aprobación estaremos erradicando de

nuestro entorno una nueva conducta que está haciendo tránsito a

convertirse en la más grave violación al derecho a la vida.

Los Representantes a la Cámara,

*XLOOHUPR$QWRQLR6DQWRV0DUtQ

3HGUR1HOVRQ3DUGR5RGUtJXH]

El Senador,

0DXULFLR-DUDPLOOR0DUWtQH].

CAMARA DE REPRESENTANTES

SECRETARIA GENERAL

El día 6 de agosto del año 2008 ha sido presentado en este Des-

pacho el Proyecto de ley número 071 con su correspondiente ex-

posición de motivos por el honorable Representante Guillermo

$QWRQLR6DQWRV0DUtQ

El Secretario General,

-HV~V$OIRQVR5RGUtJXH]&DPDUJR

PROYECTO DE LEY NUMERO 072 DE 2008 CAMARA

SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDHODUWtFXOR

GHOD/H\GH

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1º. Las personas cobijadas por el literal b) del artículo

61 de la Ley 100 de 1993 no serán obligadas a cotizar un núme-

ro mínimo de semanas en el nuevo régimen de pensiones para

negociar el bono pensional con el objeto de solicitar la pensión o

la devolución de los saldos y sus rendimientos de conformidad

con el artículo 66 de la Ley 100 de 1993.

Una vez solicitada la devolución de los saldos, sus rendimien-

tos y el valor del bono pensional, si a este hubiere lugar, los mis-

mos serán exigibles dentro de los quince (15) días siguientes a su

solicitud so pena de incurrir en sanción por parte de la Superinten-

dencia de Salud y devengarán intereses por cada día de retardo.

Artículo 2º. 9LJHQFLD. La presente ley rige a partir de la fecha

de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean

contrarias.

El Representante a la Cámara,

*XLOOHUPR$QWRQLR6DQWRV0DUtQ

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. Objeto de la Ley

La presente ley pretende efectivizar el derecho que tienen los

cotizantes del Sistema General de Pensiones, Régimen de Ahorro

Individual con Solidaridad a la devolución del saldo de sus apor-

tes, rendimientos de los mismos y bono pensional si a ello hubiere

lugar, cuando cumplida la edad1 para acceder a la pensión de ve-

jez, no cuentan con un capital mínimo que garantice una pensión

de por lo menos un salario mínimo legal vigente.

II. Análisis Legal

Existen dos situaciones que merecen la pena ser precisadas en

detalle, porque de ellas depende en buena medida el marco legal

aplicable:

1. En la primera de ellas, el cotizante realiza sus aportes de

manera exclusiva el Régimen Solidario de Prima Media con Pres-

WDFLyQ'H¿QLGDAdministrado por el ISS o cualquier otro Ad-

ministrador Público) y una vez llegada la edad para acceder a la

pensión de vejez no completa el número de semanas2 cotizadas

necesarias para hacerse acreedor al derecho según lo estipulado

en la Ley 100. En este caso no existe el bono pensional, debido a

que no hay cambio del régimen público al privado y la devolución

del saldo de sus aportes se debe hacer como lo estipula el artículo

37 de la misma ley.

En efecto, La ley 100, en su artículo 37 estipula en artículo

denominado “Indemnización Sustitutiva de la Pensión”, que

“aquellas personas que habiendo cumplido la edad para obtener la

pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas exigi-

das y declaren su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán

derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalen-

te a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado

por el número de semanas cotizadas; al resultado así obtenido se

1 3DUDWHQHUHOGHUHFKRDOD3HQVLyQ GH9HMH]HOD¿OLDGRGHEHKDEHUFXPSOLGRFLQ-

cuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre. A

partir del 1° de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57)

años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre. Artículo 33

Ley 100 de 1993.

2Haber cotizado un mínimo de mil (1.000) semanas en cualquier tiempo. A partir

del 1° de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a

partir del 1° de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300

semanas en el año 2015. Artículo 33 de la Ley 100 de 1993.

Página 12 Viernes 8 de agosto de 2008 GACETA DEL CONGRESO 510

le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cua-

OHVKD\DFRWL]DGRHOD¿OLDGR´

(QHVWHVHQWLGRVH SXHGHD¿UPDUTXHHOFRWL]DQWH H[FOXVLYRDO

6LVWHPDGH3ULPD0HGLD FRQ3UHVWDFLyQ'H¿QLGD WLHQHSOHQRGH-

recho a solicitar de manera expedita la devolución de sus aportes

cuando no alcance el número de semanas cotizadas que estipula la

ley y, por tanto, no existe limitante jurídica alguna para la recla-

mación de estos recursos. En general y según fuentes consultadas

este trámite puede tardar de 4 a 8 meses una vez se adjunta la in-

IRUPDFLyQGHOEHQH¿FLDULR

2. El otro caso que amerita un poco más de estudio, debido a

que es el más frecuente y en el que se presentán un mayor número

de controversias jurídicas, es el de aquellos cotizantes original-

PHQWHD¿OLDGRV DO5pJLPHQ 6ROLGDULRGH 3ULPD0HGLD FRQ 3UHV-

WDFLyQ'H¿QLGDPD\RUHVGH SDUDHOFDVR GHORVKRPEUHV\ 

para mujeres a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 19933,

que decidieron migrar hacia el Sistema Privado de Pensiones o

Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

Este cambio de régimen implica un cambio en las condiciones

que se deben cumplir para acceder a la pensión de vejez. En el

régimen privado no existe una edad mínima de jubilación, ni un

número mínimo de semanas cotizadas como en el caso público,

sino que la pensión depende del monto de capital acumulado en la

cuenta de ahorro pensional.

La Ley 100 estipula en su artículo 64 que “tienen derecho a su

SHQVLyQGHYHMH]HQHOUpJLPHQGHDKRUURLQGLYLGXDOORVD¿OLDGRVTXH

a cualquier edad tengan un capital acumulado en sus cuentas de aho-

rro individual que les permita una pensión mensual superior al 110%

del Salario Mínimo Legal Vigente”, dada su expectativa de vida.

Este cambio en las condiciones, al pasar de criterios temporales

HQHOUpJLPHQS~EOLFRDFULWHULRVHPLQHQWHPHQWH¿QDQFLHURVHQHO

UpJLPHQSULYDGR JHQHUDXQD VHULHGH GL¿FXOWDGHV FXDQGRVH SUH-

VHQWDXQFDPELRGHD¿OLDFLyQHQWUHORVPLVPRV1DFHGHHVWDGL¿-

FXOWDGOD¿JXUDGHOERQRSHQVLRQDOFRPRXQDHVSHFLHGH³LQGHP-

nización” que tiene que hacer el Gobierno Nacional a los Fondos

3ULYDGRVGH3HQVLRQHV\TXHUHFRQRFHORVUHFXUVRVTXHHOD¿OLDGR

ha hecho en el transcurso de su vida laboral al régimen público.

Una vez hecho el traslado al régimen privado de pensiones,

el cotizante debería tener el derecho a que los recursos original-

mente entregados al régimen público fueran consignados en su

nueva cuenta corriente del régimen privado en la forma de Bono

Pensional, sin tener en cuenta su edad y a seguir cotizando hasta

cumplir con la condición arriba mencionada para tener acceso a

su pensión de vejez.

El problema jurídico se presenta cuando se conjugan tres situa-

ciones. La primera de ellas, que el monto acumulado en la cuen-

ta individual no alcance para cubrir una pensión de al menos el

110% del SMMLV. La siguiente que la persona supera el límite

de edad consagrado por el régimen público y por último que esa

persona tuviera más de 55 ó 50 años según fuera hombre o mujer

a la entrada en vigencia de la Ley 100, caso en el cual el cotizante

tiene derecho a que se restituyan los saldos de su cuenta individual

como lo estipula el artículo 66 de la Ley 100 de 1993, siempre y

cuando cotice 500 semanas en el nuevo régimen.

En este caso quienes a las edades previstas (62 hombres y 57

PXMHUHVQRKD\DQ DFXPXODGRHO FDSLWDOQHFHVDULR SDUD¿QDQFLDU

una pensión por lo menos igual al salario mínimo y siempre y

cuando no se encuentren en el régimen de transición estipulado

por el literal b) del artículo 61 de la Ley 100, tendrán derecho

3 (VWDIUDQMDSREODFLRQDOGHWUDQVLFLyQHVWiGH¿QLGDWD[DWLYDPHQWHHQHOOLWHUDOEGHO

artículo 61 de la Ley 100 de 1993.

a la devolución del capital acumulado en su cuenta de ahorro

individualLQFOXLGRV ORVUHQGLPLHQWRV ¿QDQFLHURV\ HO YDORUGHO

bono pensional, si a este hubiere lugar, o a continuar cotizando

hasta alcanzar el derecho

Es decir, que una vez cumplida la edad estipulada por el Ré-

JLPHQGH3ULPD0HGLD FRQ3UHVWDFLyQ'H¿QLGDSDUD KDFHUVHFRQ

HO GHUHFKR D OD SHQVLyQ GH YHMH] DTXHOODV SHUVRQDV D¿OLDGDV DO

5pJLPHQ3ULYDGRGH3HQVLRQHVTXHQR KDQDKRUUDGRORVX¿FLHQWH

para hacerse merecedoras a su pensión pueden optar por 2 vías:

Reclamar los recursos que tienen a la fecha de corte siempre y

cuando no hagan parte del régimen de transición, en una especie

de indemnización que supone la pérdida del derecho a la pensión

o seguir cotizando hasta completar el capital necesario para obte-

ner una pensión de por lo menos el 110% del Salario Mínimo.4

La Ley y posteriormente el Gobierno Nacional, en una fran-

ca desproporción de su capacidad reglamentadora y violando

abiertamente el principio de equidad, según lo reconoce la

misma Corte Constitucional, impusieron una condición adicio-

nal para que aquellos cotizantes que se trasladaran de Régimen de

Prima Media al de Ahorro Individual pudieran reclamar la devolu-

ción de sus saldos si el monto acumulado en las cuentas de ahorro

individual no alcanzaba a cubrir el monto de su pensión.

Según el artículo 18 del Decreto 3798 de 2003, expedido por

HO*RELHUQR 1DFLRQDO ORVD¿OLDGRV TXH VHFDPELHQ GHO UpJLPHQ

público al privado, que hagan parte del régimen de transición y no

alcancen a acumular un capital que les garantice una pensión de

por lo menos el 110% de un SMMLV dada su expectativa de vida,

deben cotizar por lo menos 500 semanas en el nuevo régimen

para tener acceso a la devolución de estos recursos, sin impor-

tar la edad que tuvieren.

Es decir, que si un hombre mayor de 62 años desea la devo-

OXFLyQGH VXVVDOGRV LQFOXLGRV ORVUHQGLPLHQWRV ¿QDQFLHURV \HO

bono pensional si a ello hubiere lugar, debe cotizar por lo menos

500 semanas en el nuevo régimen, lo que vulnera abiertamente

sus derechos más fundamentales, empezando por el derecho a la

propiedad de esos recursos que le pertenecen y que ha ahorrado

durante el transcurso de su vida.

Yendo más allá, pareciera que existe un afán por parte del Mi-

nisterio de Seguridad Social para entorpecer la reclamación de

GLFKRVUHFXUVRVSRUSDUWHGHORVD¿OLDGRVWUDQVJUHGLHQGR DELHUWD-

mente el espíritu mismo de la Ley que reivindica el aseguramiento

social como un derecho irrenunciable de la persona y la comuni-

dad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad huma-

na, mediante la protección de las contingencias que la afecten, en

este caso la vejez.

(OSUR\HFWRGHOH\WLHQHSXHV SRU¿QHOLPLQDU ODFRQGLFLyQLP-

puesta por parte del Gobierno Nacional (500 semanas como míni-

mo en el nuevo régimen) sobre las personas que hacen parte del

régimen de transición para la reclamación de los saldos, rendimien-

WRV¿QDQFLHURVGHORVVDOGRV\ERQRSHQVLRQDOSRUSDUWHGHDTXHOODV

personas que no alcanzan a cotizar el monto mínimo en el sistema

de Ahorro Individual para hacerse acreedora a la pensión de vejez.

El cambio contempla que la persona puede solicitar dicha de-

volución en cualquier momento y lugar siempre y cuando cumpla

con la edad y el monto acumulado no le permita acceder al dere-

cho a la pensión de vejez.

III. Soporte Jurisprudencial

La honorable Corte Constitucional en Sentencia T-237/08,

con ponencia del Magistrado, doctor Mauricio González Cuer-

4Parece excesivo pedir a cotizantes que han alcanzado esta edad que sigan coti-

zando para alcanzar su derecho a la pensión.

GACETA DEL CONGRESO 510 Viernes 8 de agosto de 2008 Página 13

vo, en un caso similar al que nos ocupa en esta iniciativa, donde

el actor interpuso acción de tutela5 contra la Administradora del

Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A. con el propósito

de que se autorice el reembolso de los dineros consignados en su

cuenta de ahorro individual y la redención anticipada de su bono

pensional, por considerar que con la negativa de la devolución de

los saldos a su favor,6 se vulneran sus derechos fundamentales a la

vida, a la igualdad, al mínimo vital, a la protección de las personas

de la tercera edad y al pago oportuno de las pensiones.

El peticionario, sostiene:

- Que su avanzada edad -71 años- le impide seguir cotizando al

Sistema de Seguridad Social, y que no logró el número de sema-

QDVVX¿FLHQWHSDUDDFFHGHUDODSHQVLyQ

- Pide que, para proceder a la devolución de los saldos que

posee en su cuenta de ahorro individual con solidaridad, se le exi-

ma del cumplimiento de un presupuesto que él no puede acreditar

(500 semanas), de conformidad con lo dispuesto en el artículo

61B de la Ley 100 de 1993.

$¿UPDTXH LQWHUSRQHODDFFLyQ SDUDHYLWDU XQSHUMXLFLR LUUH-

mediable, ³DQWHODLPSRVLELOLGDGGHDFFHGHUDODSUHVWDFLyQDTXH

WHQJRGHUHFKR TXH ORJUDUtD XQDYLGD GLJQD´ como mecanismo

transitorio

Para fundamentar su pretensión, sostiene que el artículo 61B de

la Ley 100 de 1993 debe ser inaplicado ³SRUVHUUHJUHVLYRHQ OD

FRQVHFXFLyQGHXQGHUHFKRSUHVWDFLRQDO´ y vulnerar los artículos

13, 46 y 48 de la Carta Política. En tal sentido indica que: ³

HQOLEHUWDG RGLVFUHFLRQDOLGDGFRQ¿JXUDWLYD HOOHJLVODGRU SUHYLy

XQDUHVWULFFLyQRHQODD¿OLDFLyQDOUpJLPHQGHDKRUURLQGLYLGXDO

TXHHQ HOSUHVHQWH FDVRVH WRUQD LUUD]RQDEOHGHVSURSRUFLRQDGD

HLQMXVWL¿FDGDSXHVHQDUDVD XQDFOiXVXODGHSHUPDQHQFLDGHV-

FRQRFHHOGHUHFKRGHOWXWHODQWHVRPHWLpQGRORRELHQ DFRWL]DUODV

VHPDQDVSDUDFRPSOHWDU ODVUHTXHULGDVWLHQH VROR

VHPDQDVHYHQWR HQHOFXDO SRGUtDDOHJDU ODSUHVWDFLyQ DORV 

DxRVRELHQDFXGLHQGRDODMXULVGLFFLyQODERUDOHWHUQRVLFFXDQ-

GRGHVGH\DGHEHUtDHVWDUJR]DQGRGHODSUHVWDFLyQ´

Invocan los artículos 53 y 93 de la C. P., el artículo 22 de la

Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 9° del

Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y concluye,

que sus derechos fundamentales tienen que ser restablecidos.

Al respecto la honorable Corte Constitucional dijo:

“…5.2.3. Ahora bien, el anterior criterio fue complementado

posteriormente en la Sentencia T-084 de 2006,7 donde se indicó

que en la aplicación del artículo 61 de la Ley 100 de 1993, debía

subyacer el principio de equidad.

En efecto en la mencionada providencia advirtió que en la si-

tuación que se menciona, no se consideró la circunstancia de

quienes no logran alcanzar la meta prevista, no obstante el com-

promiso manifestado al ingresar al Régimen de Ahorro Individual.

Agregó que la Corte, al fallar la acción de inconstitucionalidad, ha

debido pronunciarse al respecto y disponer, con fundamento en

razones de equidad y en aplicación del derecho a las expectativas

legítimas en materia pensional, mediante decisiones de amparo, la

devolución de los saldos que los afectados mantenían en su cuenta

de ahorro individual, como pasa a explicarse.

Fue así entonces, como la Sala Octava de Revisión, en una pri-

mera decisión, conoció el caso de una persona mayor de setenta

5Noviembre 16 de 2006.

6El 16 de septiembre de 2006, se le negó verbalmente solicitud y se entregó foto-

copia provisional del bono pensional (folio 8 expediente).

7Sentencia T-084 de 2006 M. P. Alvaro Tafur Galvis.

8Sentencia C-674 de 2001 M. P. Eduardo Montealegre Lynett.

años, quien, por la pérdida de su capacidad laboral, debió sus-

pender sus cotizaciones al Sistema Integral de Seguridad Social y

requería, con urgencia, la devolución de los dineros consignados

en su cuenta de ahorro individual, incluyendo la redención antici-

pada de su bono pensional. 9

En dicha oportunidad expuso la Corte que ante la grave situa-

ción descrita por el accionado, ³QR FDEH KDFHU XQD DSOLFDFLyQ

HVWULFWDGHODOH\VLQTXHQRVHYXOQHUHHOSULQFLSLRGHHTXLGDGTXH

RULHQWDODVDFFLRQHVMXGLFLDOHV\DGPLQLVWUDWLYDV´, toda vez que la

tarea de resolver las controversias sometidas a consideración de

los jueces exige de estos un análisis de la situación planteada, en

orden a proteger real y efectivamente los derechos y libertades en

MXHJRDVHJXUDQGRHOLPSHULRGHODOH\TXHQRGL¿HUHGHODFRQYL-

YHQFLDSDFt¿FD\GHORUGHQMXVWR±DUWtFXORV\&3

Continúa diciendo la Corte:

“…Recordó esta Corte, la jurisprudencia constitucional a cuyo

tenor la equidad actúa como un elemento ponderador que permite

al operador jurídico y a la autoridad judicial adecuar sus deci-

siones a la realidad planteada, con fundamento en las categorías

generales y en otros elementos previstos en el ordenamiento, hasta

lograr “XQDJUDGXDFLyQDWHPSHUDGDHQODGLVWULEXFLyQGHFDUJDV\

EHQH¿FLRVDODVSDUWHV´

6HGHWXYROD6DODHQODDOWHUQDWLYDSUHYLVWDHQORVDUWtFXORV\

GHOD/H\GHHQFXDQWRHVWDVGLVSRVLFLRQHVSHUPLWHQ

DTXLHQHVQR FXPSOHQORVUHTXLVLWRVSDUD DFFHGHUDXQD SHQVLyQ

UHFLELUXQDLQGHPQL]DFLyQVXVWLWXWLYDRODGHYROXFLyQGHVDOGRV\

FRQFOX\yTXHKDEUtDTXHHQWHQGHUTXHORSURSLRVXFHGHWUDWiQGR-

VHGHODFLUFXQVWDQFLDSUHYLVWDHQHOOLWHUDOEGHODUWtFXORGHOD

/H\GHSRUTXHUHVXOWDLQHTXLWDWLYRHQHVWH~OWLPRFDVR

FRQPLQDUDTXLHQHVVHWUDVODGDURQDO 5pJLPHQGH$KRUUR,QGLYL-

GXDODQRDFFHGHU DORVYDORUHVGHSRVLWDGRV DVDELHQGDVTXHQR

OHVUHVXOWDSRVLEOHDOFDQ]DUHOQ~PHURGHVHPDQDVSUHYLVWR

5.2.4. La Sala Séptima de Revisión,11 por su parte, ante una

situación fáctica similar a la antes descrita, comoquiera que ante

la imposibilidad de seguir cotizando el accionante solicitaba la

devolución de saldos y la redención anticipada de su bono pensio-

nal, ordenó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público redimir y

pagar el Bono Pensional, para que así la Administradora pudiese

devolver al afectado los dineros consignados en su cuenta de aho-

rro individual.

Señala la decisión12:

³5HVSHFWRGHO FDUiFWHUYROXQWDULR GHOD D¿OLDFLyQ\ FRQ-

VHFXHQWHLQJUHVRDO5$,6VHPDQL¿HVWDSRUSDUWHGHODVHQWLGDGHV

GHPDQGDGDV\GHOD6XSHUEDQFDULDTXHHOGLVHxRGHOVLVWHPDJH-

QHUDOGHVHJXULGDG VRFLDOHQSHQVLRQHV RWRUJyDORVFLXGDGDQRV

ODSRVLELOLGDGGH LQJUHVDUDOUpJLPHQ TXHYROXQWDULDPHQWHHVFR-

JLHUDQ3RUVXSXHVWR±FRQWLQ~DQ±ODVGLVWLQWDVDOWHUQDWLYDVUHSUH-

VHQWDQGLVWLQWRVEHQH¿FLRV\RVDFUL¿FLRVHQFRQVLGHUDFLyQVREUH

WRGRDODHGDG\DODSRVLELOLGDGGHFRWL]DUGXUDQWHXQWLHPSRGH-

WHUPLQDGR3RUHOORVHGHEHDVXPLUHQVXRSLQLyQTXHHOXVXDULR

GHOVLVWHPDVRSHVDWRGDVHVWDVYDULDEOHV\DSDUWLUGHHOORVHD¿OLD

DXQRXRWURUpJLPHQ (QHVWHVHQWLGR HODUWtFXORGHO'HFUHWR

GH HVWDEOHFHTXH³OD VHOHFFLyQGHOUpJLPHQ LPSOLFDOD

DFHSWDFLyQGHODVFRQGLFLRQHVSURSLDVGHHVWH´

6REUHORDQWHULRUHQFXHQWUDHVWD6DODGH5HYLVLyQTXHHOSODQ-

WHDPLHQWRQR VyORHV UD]RQDEOHVLQR FRPSOHWDPHQWHDFRUGHFRQ

ODUHJXODFLyQGHGLVWLQWRVUHJtPHQHVSHQVLRQDOHVDOLQWHULRUGHXQ

9 Sentencia T-084 de 2006 M. P. Alvaro Tafur Galvis.

10 Cfr. Sentencia SU-837 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

11 Sentencia T-707 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

12 Sentencia T-707 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

Página 14 Viernes 8 de agosto de 2008 GACETA DEL CONGRESO 510

VLVWHPDJHQHUDOFRPR HOGHOD /H\GH 6LQHPEDUJRDO

PHQRVSRUGRVUD]RQHV ORTXHVH VLJXHGHHOOR QRSXHGHVHU TXH

ORVXVXDULRV TXHGHQFRQGHQDGRVD QRGLVIUXWDU GHVXV GHUHFKRV

FXDQGRHVWpQHQXQDVLWXDFLyQWDOTXHOHV LPSLGDFXPSOLUFRQODV

FRQGLFLRQHVGHOUpJLPHQTXHHVFRJLHURQ

/DSULPHUD GHHOODV HVTXH FRPR VHKD H[SUHVDGRD ORODUJR

GHODVFRQVLGHUDFLRQHV GHOD 6DODHQHVWD VHQWHQFLDD ODDSOLFD-

FLyQGHORGLVSXHVWRHQODV QRUPDVGHEHVXE\DFHUHOSULQFLSLRGH

HTXLGDGVHJ~QHOFXDOODH[LJHQFLDGHO FXPSOLPLHQWRGHXQDGLV-

SRVLFLyQQRSXHGHDFDUUHDUXQDVLWXDFLyQGHLQLTXLGDG\PHQRVOD

LPSRVLFLyQGHUHTXLVLWRVRWUiPLWHV LPSRVLEOHVGHVROYHQWDU SDUD

FLHUWDVSHUVRQDVSRUVXHVSHFLDOFRQGLFLyQ

En armonía con lo expuesto, en los casos antes señalados, esta

Corte revocó las sentencias que negaban la protección, por su

abierto desconocimiento del deber del Estado, de la sociedad y

de la familia de proteger y asistir a las personas de la tercera edad

y promover su integración a la vida activa y comunitaria y en

consideración a las previsiones de los artículos 230, 53 y 58 Su-

periores.

Ahora bien, el anterior criterio fue complementado posterior-

mente en la Sentencia T-084 de 2006, donde se indicó que en la

aplicación del artículo 61 de la Ley 100 de 1993 debía subyacer el

principio de equidad.

En efecto la providencia en cita sostuvo, que a partir de senten-

cias tales como la T-518 de 199813, SU-837 de 199814 y C-1547

de 200015, se concluyó que:

³«ODODERUGHTXLHQDSOLFDODOH\\TXLHQODHVWDEOHFHVRQFRP-

SOHPHQWDULDV (Q WDO PHGLGD HO &RQJUHVRGLFWD QRUPDV GH FD-

UiFWHUJHQHUDO \ DEVWUDFWR RULHQWDGDV KDFLD OD FRQVHFXFLyQ GH

FLHUWRV¿QHV FRPR HQ HO FDVRGHO DUWtFXOR  GH OD/H\  GH

GHVWLQDGRDHVWDEOHFHUORVUHTXLVLWRVTXHKDEUiQGHFXPSOLU

TXLHQHVVHWUDVODGHQDO5pJLPHQGH$KRUUR,QGLYLGXDOSDUDWHQHU

GHUHFKRD SHQVLRQDUVH \OD DXWRULGDG MXGLFLDO ODV DSOLFDSUHYLR

DQiOLVLVGHOD VLWXDFLyQFRQFUHWDDWHQGLHQGRHO SULQFLSLRFRQVWL-

WXFLRQDOGHODHTXLGDGODMXULVSUXGHQFLDORVSULQFLSLRVJHQHUDOHV

GHOGHUHFKR\ODGRFWULQD&3DUWtFXORSDUDOXHJRLPSRQHU

VXFXPSOLPLHQWR´ Y por ello, ³ORVDUWtFXORV \ GH GLFKD

QRUPDGLVSRQHQTXHODVSHUVRQDVTXHKDQDOFDQ]DGRODHGDGSDUD

SHQVLRQDUVH\ QR FXPSOLHURQORV UHTXLVLWRV SDUD DFFHGHUD XQD

SHQVLyQFXHQWHQFRQ ODDOWHUQDWLYDGH UHFLELUXQDLQGHPQL]DFLyQ

VXVWLWXWLYDR GHYROXFLyQ GH VDOGRV VLHVWiQ HQ LPSRVLELOLGDG GH

13 Conforme al principio de equidad, la autoridad ³«HVWiHQOD WDUHDGHDSOLFDU

ODQRUPDOHJDODOFDVRFRQFUHWR\GHEHWHQHUHQFXHQWDODVFLUFXQVWDQFLDVSURSLDV

GHOPLVPR GHPDQHUD TXHOD YROXQWDG GHOOHJLVODGRU VHDGHFXH D ORVGLVWLQWRV

PDWLFHVTXHVHSUHVHQWDQHQODYLGDUHDO´

14 ³«ODHTXLGDGSHUPLWHDO RSHUDGRUMXUtGLFR\DODDXWRULGDG MXGLFLDOHYDOXDUOD

UD]RQDELOLGDGGHODVFDWHJRUtDVJHQHUDOHVGH KHFKRVIRUPXODGDVSRUHOOHJLVODGRU

DSDUWLUGHODV VLWXDFLRQHVSDUWLFXODUHV\FRQFUHWDVGH FDGDFDVR(QHVWH VHQWLGR

ODHTXLGDG VHLQWURGXFH FRPRXQ HOHPHQWRTXH KDFH SRVLEOHFXHVWLRQDU HLU PiV

DOOiGHOD LJXDOGDGGH KHFKRTXH HOOHJLVODGRU SUHVXSRQH/DHTXLGDG SHUPLWHDO

RSHUDGRUMXUtGLFRUHFRQRFHUXQFRQMXQWRPiVDPSOLRGHFLUFXQVWDQFLDVHQXQFDVR

GHWHUPLQDGR'HQWURGH GLFKDVFLUFXQVWDQFLDV HORSHUDGRU HVFRJHQR VyORDTXH-

OORVKHFKRVHVWDEOHFLGRVH[SOtFLWDPHQWHHQODOH\FRPRSUHPLVDVVLQRTXHDGHPiV

SXHGHLQFRUSRUDU DOJXQRVTXH HQ FLHUWRVFDVRV ³OtPLWHV´UHVXOWHQ SHUWLQHQWHV\

SRQGHUDEOHV\SHUPLWDQUDFLRQDOL]DUODLJXDOGDGTXHODOH\SUHVXSRQH´.

15 ³«ODHTXLGDGDFW~DFRPRXQHOHPHQWRGHSRQGHUDFLyQTXHKDFHSRVLEOHTXHHO

RSHUDGRUMXUtGLFRDWULEX\D\GLVWULEX\DODVFDUJDVLPSXHVWDVSRUODQRUPDJHQH-

UDOSURSRUFLRQDOPHQWHGHDFXHUGRFRQDTXHOORVHOHPHQWRVUHOHYDQWHVTXHODOH\

QRFRQVLGHUDH[SOtFLWDPHQWH/DFRQVHFXHQFLDQHFHVDULDGHTXHHVWDOH\QROOHJXH

DFRQVLGHUDUODFRPSOHMLGDGGHODUHDOLGDGVRFLDOHVTXHWDPSRFRSXHGHJUDGXDU

FRQIRUPHDHVWDORVHIHFWRVMXUtGLFRVTXHDWULEX\HDTXLHQHVVHHQFXHQWUHQGHQWUR

GHXQDGHWHUPLQDGDSUHPLVDIiFWLFDFRQWHPSODGDSRUODOH\3RUHOORODHTXLGDG

±DOKDFHUSDUWHGHHVHPRPHQWRGHDSOLFDFLyQGHODOH\DOFDVRFRQFUHWRSHUPLWH

XQDJUDGXDFLyQDWHPSHUDGDHQODGLVWULEXFLyQGHFDUJDV\EHQH¿FLRVDODVSDUWHV

(QHVWHVHQWLGRHORSHUDGRUDOGHFLGLUWLHQHHQFXHQWDQRODVSUHVFULSFLRQHVOH-

JDOHVVLQRORVHIHFWRVFRQFUHWRVGHVXGHFLVLyQHQWUHODVSDUWHV´ (Subrayas fuera

de texto).

16 T-084 de 2006.

VHJXLUFRWL]DQGRRGHFRQWLQXDUDSRUWDQGRKDVWDDOFDQ]DUHOGH-

UHFKRDe manera que está claro que las mismas no pueden ser

compelidas, sin más, a trámites que de antemano se sabe no pue-

den cumplir´

De lo anteriormente expuesto, se tiene que la Corte ha esta-

blecido que la constitucionalidad del artículo 61 de la Ley 100

de 1993, no constituye un impedimento para que su contenido se

aplique atendiendo las circunstancias de cada caso concreto. Por

ello, la incapacidad para cotizar y así cumplir con los requisitos

estipulados en su contenido, y así acceder a los derechos del sis-

tema de seguridad social, debe ser ponderada por las autoridades

en consideración a los derechos fundamentales de las personas de

acceso a una pensión de vejez o a las alternativas que brinda la

misma Ley 100 de 1993.

(VWRFRQHO¿QGHJDUDQWL]DUORVGHUHFKRVDXQDYLGDGLJQD\DO

mínimo vital de las personas de que habla el mencionado artícu-

lo 61, las cuales cuentan con edades en las que les resulta espe-

cialmente difícil tener una relación laboral o poder cotizar como

independientes. Incluso, si ellas mismas han decidido voluntaria-

mente someterse a la obligación de cotizar un número mínimo de

semanas.

5.3.2. El anterior criterio no surge únicamente de la interpre-

tación del artículo 61 y las normas constitucionales que procuran

una protección especial y reforzada a las personas de edad avan-

zada. El mismo sistema de seguridad social en pensiones contem-

pla alternativas, como la indemnización sustitutiva (artículo 37

L.100/93) y la devolución de saldos (artículo 66 L.100/93), para

quienes teniendo la edad de pensión, no cumplan con los demás

requisitos18. Lo contrario, llevaría al absurdo de concluir que para

algunas personas, independiente de su edad y su condición, resulta

inexorable la carga de sostener una relación laboral o de conseguir

por su cuenta los recursos para cotizar al sistema.19

6. El caso concreto.

6.1. Sostienen el Representante Legal de la Administradora ac-

FLRQDGD\HO-HIHGHOD2¿FLQDGH%RQRV3HQVLRQDOHVGHO0LQLVWH-

rio de Hacienda y Crédito Público que el actor, de manera cons-

ciente, libre y voluntaria decidió trasladarse al Régimen de Ahorro

Individual y que además el artículo 18 del Decreto 3798 de 2003

reglamenta el literal b) del artículo 61 de la Ley 100 de 1993, no

permite la negociación del bono pensional, en los términos del

artículo 66 de la misma disposición, antes de que su titular cotice

quinientas (500) semanas en el nuevo régimen.

6.2. Se advierte que la decisión del actor de trasladarse al Fondo

de Pensiones se dio en el 2001,20 es decir, en vigencia del artículo

28 del Decreto 1513 de 1998, a cuyo tenor la exigencia del literal

b) del artículo 61 de la Ley 100 de 1993 se basa en la vinculación

ODERUDORHQODSRVLELOLGDGGHOD¿OLDGRGHFRWL]DUFRPRWUDEDMDGRU

independiente. Señala la norma comentada:

“/DVSHUVRQDVFRELMDGDVSRU HOOLWHUDOE GHODUWtFXORGH OD

/H\GHGHEHUiQFRWL]DUSRUORPHQRVGXUDQWHTXLQLHQWDV

VHPDQDVHQHOQXHYRUpJLPHQ\QRSRGUiQQHJRFLDUHOERQR

SHQVLRQDOSDUD VROLFLWDUSHQVLyQR GHYROXFLyQGH VDOGRVGH FRQ-

IRUPLGDGFRQ HODUWtFXOR GH OD /H\ PLHQWUDVPDQWHQJDQ

XQD YLQFXODFLyQ ODERUDO FRQ DOJ~Q HPSOHDGRU R SXHGDQ VHJXLU

FRWL]DQGRHQ FRQGLFLyQ GH LQGHSHQGLHQWHV De lo contrario, de-

17 Ibídem. Énfasis fuera de texto.

18 Sentencia T-707 de 2006 M.P. Humberto Sierra Porto.

19 T-707 de 2006 M.P. Humberto Sierra Porto.

20 Hasta el mes de diciembre de 2001 el señor Cancelado Perry estuvo vinculado al

Régimen de Prima Media del Seguro Social y, a partir de esa fecha efectuó aportes

al Fondo de Pensiones Obligatorias Protección S.A. según solicitud de vincula-

ción suscrita el 2 de agosto de 2001 -Folios 8 -12 cuaderno 2º expediente-.

GACETA DEL CONGRESO 510 Viernes 8 de agosto de 2008 Página 15

berán manifestar bajo juramento su imposibilidad de cotizar´

(negrilla y subrayado adicionado)

En este punto, cabe recordar además, que ³TXLHQHVDVSLUDQ D

UHFLELUVXSHQVLyQFRPRUHVXOWDGRGHVXWUDEDMR QRSXHGHQSHU-

GHUODVFRQGLFLRQHVHQODVTXHDVSLUDEDQDUHFLELUVXSHQVLyQ³

pues no resulta constitucionalmente válido desconocer las expec-

tativas legítimas de quienes ingresaron a un determinado Régimen

pensional. En este sentido señaló la Sentencia C-789 de 200222,

lo siguiente:

³&RQIRUPHDOSULQFLSLRGHSURSRUFLRQDOLGDGHOOHJLVODGRUQR

SXHGHWUDQVIRUPDU GH PDQHUDDUELWUDULD ODV H[SHFWDWLYDV OHJtWL-

PDVTXHWLHQHQORVWUDEDMDGRUHVUHVSHFWRGHODVFRQGLFLRQHVHQODV

FXDOHVDVSLUDQDUHFLELUVX SHQVLyQFRPRUHVXOWDGRGH VXWUDED-

MR6HHVWDUtDGHVFRQRFLHQGR ODSURWHFFLyQTXHUHFLEHHO WUDEDMR

FRPRYDORUIXQGDPHQWDOGHO(VWDGR&1SUHiPEXORDUWtFXOR

\FRPR GHUHFKRGHEHU &1DUWtFXOR  3RU ORWDQWR UHVXOWD-

UtDFRQWUDULR D HVWH SULQFLSLR GH SURSRUFLRQDOLGDG \ YLRODWRULR

GHO UHFRQRFLPLHQWRFRQVWLWXFLRQDO GHO WUDEDMR TXH TXLHQHV KDQ

FXPSOLGRFRQHORPiVGHOWLHPSRGHWUDEDMRQHFHVDULRSDUD

DFFHGHUDODSHQVLyQDODHQWUDGDHQYLJHQFLDGHOVLVWHPDGHSHQ-

VLRQHVFRQIRUPHDODUWtFXOR GHOD /H\GH DEULO

GHWHUPLQHQ SHUGLHQGRODVFRQGLFLRQHVHQ ODVTXHDVSLUD-

EDQDUHFLELUVXSHQVLyQ´

6.3. Bajo este entendido, se estima entonces que la Administra-

GRUDDFFLRQDGD\OD 2¿FLQDGH%RQRV 3HQVLRQDOHVGHO0LQLVWHULR

de Hacienda y Crédito Público, si bien pueden aludir al acto de

traslado voluntario del actor para destacar su obligación de cotizar

por los menos quinientas (500) semanas en su cuenta de ahorro

individual, para exigir la redención del bono o la devolución de

saldos, no pueden desconocer que el marco normativo entonces

vigente condicionaba dicha obligación a la existencia de un vín-

FXORODERUDORGHFRQGLFLRQHVTXHOHSHUPLWLHVHQDOD¿OLDGRFRWL]DU

al Sistema, en calidad de trabajador independiente.

En este orden de ideas, el amparo constitucional invocado ha-

brá de concederse, porque el actor solicita la devolución de los

saldos que posee en su cuenta de ahorro individual, incluyendo

ODUHGHQFLyQGH VXERQR SHQVLRQDO\ SDUDHO HIHFWRPDQL¿HVWD VX

imposibilidad de seguir cotizando al Sistema, cumpliendo de esta

manera la exigencia del artículo 28 del Decreto 1513 de 199823,

en vigor cuando el señor Cancelado Perry manifestó su voluntad

de trasladarse del Seguro Social y cotizar por lo menos quinientas

(500) en el Régimen de Ahorro Individual, como lo dispone el

literal b) del artículo 61 de la Ley 100 de 1993.

6.4. Lo anterior, por cuanto el actor supera el límite probable de

vida, de suerte que no tendría que soportar el trámite dilatado de

un proceso ordinario, y además, en razón de que la Administrado-

ra accionada sustenta su negativa en el texto mismo del literal b)

del artículo 61 de la Ley 100 de 1993, lo que torna indispensable

la intervención del juez constitucional para hacer prevalecer el

derecho del señor Cancelado Perry a recibir un trato preferente,

acorde con la situación que afronta y en consideración al prece-

dente jurisprudencial en la materia.

De otra parte y como lo demuestran los antecedentes, la contro-

versia planteada no demanda un trámite probatorio dispendioso,

21 Sentencia C- 789 de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil. En esta oportunidad la Corte,

para efectos de fundamentar la exequibilidad condicionada de los incisos 4° y 5°

del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, distinguió el derecho “a la pensión”, el cual

se adquiere cuando se cumplen los requisitos que permiten acceder a la presta-

FLyQGHOGHUHFKR³DO5pJLPHQSHQVLRQDO´TXHFRQ¿HUHDORVD¿OLDGRVHOGHUHFKRD

mantener las condiciones previstas en el mismo.

22 M.P. Rodrigo Escobar Gil.

23 El Decreto 3798 de 2003 que derogó el Decreto 1513 de 1998 entró a regir el 30

GLFLHPEUHGH'LDULR2¿FLDO

ni involucra derechos de terceros, en cuanto nada se discute sobre

los valores consignados en la cuenta de ahorro individual que se

busca liquidar, como tampoco respecto de las semanas cotizadas

al Sistema…”

En Conclusión, la Corte Constitucional, remata diciendo:

“…Tomando en cuenta que, (i) fue en vigencia del artículo 28

del Decreto 1513 de 1998 que el señor José Adel Cancelado Perry

decidió trasladarse del Seguro Social al Régimen de Ahorro Indi-

vidual y a su vez adquirió el compromiso de cotizar por lo menos

quinientas (500) semanas en dicho régimen, como lo dispone el

literal b) del artículo 61 de la Ley 100 de 1993; (ii) que esta es

una persona de la tercera edad que no está en condiciones de se-

guir cotizando para ningún régimen de pensiones obligatorias de

invalidez, vejez y muerte (así lo declaró ante el Notario Cuarenta

\7UHVGH %RJRWi VLQTXH VXD¿UPDFLyQ KD\DVLGR GHVYLUWXDGD

habrá de resolverse la controversia planteada en armonía con las

previsiones del artículo 46 constitucional y la jurisprudencia cons-

titucional en la materia.

Así, la Administradora accionada adelantará el trámite tendien-

WHD OD UHGHQFLyQ DQWLFLSDGD GHO ERQR SHQVLRQDO \ OD 2¿FLQD GH

Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,

y no le exigirá al actor cumplir con el requisito señalado en el lite-

ral b) del artículo 61 de la Ley 100 de 1993 para redimir su bono

pensional. Lo anterior, por tratarse de asunto de justicia y equi-

dad, inspirada en principios que orientan la seguridad social, y en

el artículo 48 constitucional, teniendo en cuenta la real situación

que afronta el actor y el marco jurídico dentro del cual se produ-

jo su traslado al Régimen de Ahorro Individual para relevarlo de

la obligación de cotizar cuando menos quinientas (500) semanas

para tener derecho a la devolución que reclama…”.

El Representante a la Cámara,

*XLOOHUPR$QWRQLR6DQWRV0DUtQ

CAMARA DE REPRESENTANTES

SECRETARIA GENERAL

El día 6 de agosto del año 2008 ha sido presentado en este Des-

pacho el Proyecto de ley número 072 con su correspondiente ex-

posición de motivos por el honorable Representante Guillermo

6DQWRV0DUtQ

El Secretario General,

-HV~V$OIRQVR5RGUtJXH]&DPDUJR

* * *

PROYECTO DE LEY NUMERO 073 DE 2008 CAMARA

SRUPHGLRGHODFXDOVHHVWDEOHFHQPHGLGDVWULEXWDULDVHVSHFLDOHV

HQHO'HSDUWDPHQWRGHO7ROLPDGHELGRDOSUREOHPDGHGHVHPSOHR

HVWUXFWXUDOTXHHQIUHQWDODUHJLyQ

“Ley Pijao”

Artículo 1°. Zona afectada. Determínese como zona afectada

por el fenómeno de desempleo estructural elevado al Departamen-

to del Tolima y los municipios que lo conforman.

Artículo 2°. ([HQFLyQ GH UHQWD \ FRPSOHPHQWDULRV Estarán

exentas del impuesto de renta y complementarios, las nuevas em-

presas, personas jurídicas, que se constituyan y localicen física-

mente en la jurisdicción de los municipios del Departamento del

Tolima, entre el 1° de enero de 2009 y el 31 de diciembre del año

2013, y que tengan como objeto social principal, desarrollar ac-

tividades agrícolas, ganaderas, comerciales, industriales, agroin-

dustriales, de servicios, de construcción, de exportación de bienes

corporales muebles producidos en la zona afectada, mineras que

no se relacionen con la exploración o explotación de hidrocar-

buros, de servicios públicos domiciliarios y actividades comple-

Página 16 Viernes 8 de agosto de 2008 GACETA DEL CONGRESO 510

mentarias, de servicios turísticos, educativos, de procesamiento

de datos, de programas de desarrollo tecnológico aprobados por

Colciencias, y de servicios de salud.

La exención de que trata este artículo se aplicará a la renta que

se obtenga en los municipios afectados por el fenómeno del des-

empleo estructural de que trata el artículo 1° de esta ley, en desa-

rrollo de las actividades mencionadas en el inciso anterior.

Artículo 3°. 7pUPLQRGHOD([HQFLyQ. En el caso de las nuevas

Empresas, las exenciones contenidas en la presente ley regirán

durante cinco (5) años, contados a partir del año en que la empresa

se encuentre instalada en la zona afectada. Las exenciones aquí

consagradas se aplicarán conforme a los siguientes porcentajes:

Localización Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tolima 70 65 60 55 50

Parágrafo. Mientras dura la exención del impuesto a la renta

no se causará renta presuntiva sobre el porcentaje de renta exenta

previsto para cada año respectivo.

Artículo 4°. En el caso de las actividades comerciales se otor-

JDUiODH[HQFLyQVLHPSUH\FXDQGRVHUH¿HUDQDELHQHVFRUSRUDOHV

muebles producidos en los municipios del Departamento del Toli-

ma que se expendan al detal y su entrega física se produzca en la

jurisdicción de los municipios.

Artículo 5°. )HFKDGH&RQVWLWXFLyQH,QVWDODFLyQGHOD(PSUH-

sa. Para los efectos de esta ley, se considera constituida una em-

presa, en la fecha de la escritura pública de constitución.

Así mismo, se entiende instalada la empresa, cuando presente

memorial dirigido a la Administración de Impuestos y Aduanas

UHVSHFWLYDHQODFXDOPDQL¿HVWHORVLJXLHQWH

,QWHQFLyQGHDFRJHUVHDORVEHQH¿FLRVTXHRWRUJDODOH\

- Actividad económica a la que se dedica.

- Capital de la empresa.

- Lugar de ubicación de la planta física o inmueble donde desa-

rrollará la actividad económica.

- Domicilio principal.

Artículo 6°. 9DORUPtQLPRSDUDODVWUDQVDFFLRQHVHQWUHFRQWUL-

EX\HQWHVREMHWRGHORV EHQH¿FLRVWULEXWDULRVFRQ YLQFXODGRV Las

WUDQVDFFLRQHVTXH UHDOLFHQODVSHUVRQDV TXHJRFHQ GHORV EHQH¿-

FLRVDTXH VHUH¿HUHQORV DUWtFXORV\ GH ODSUHVHQWHOH\ FRQ

personas que le estén vinculadas económicamente deberán reali-

zarse por lo menos a valores comerciales. Por consiguiente, si se

realizan por un valor menor, para efectos tributarios se entenderá

que se realizaron por los valores comerciales mencionados.

Artículo 7°. 5HIRUPDVD(PSUHVDV&RQVWLWXLGDV No se conside-

UDQFRPRQXHYDVHPSUHVDVQLJR]DUiQGHORVEHQH¿FLRVSUHYLVWRV

en esta ley las siguientes:

Las empresas que se hayan constituido con anterioridad al 1°

de enero de 2009, así sean objeto de reforma estatutaria, o de pro-

cesos de escisión o fusión con otras empresas.

Las empresas que sean objeto de traslado de otras regiones del país a

alguno de los municipios de que trata el artículo 1° de esta ley. Para tal

efecto bastará con que se demuestre que el quince por ciento (15%) o

PiVGHOYDORUGHORVDFWLYRV¿MRVRFRUULHQWHVGHODHPSUHVDLQVWDODGDHQ

la zona afectada, se encontraban en uso en alguna otra región del país a

HQHURGHVLWXDFLyQTXHKDFHSHUGHUHOEHQH¿FLR

La violación a cualquiera de las situaciones descritas en los

literales anteriores, se castiga con el reintegro de cualquier be-

QH¿FLRWULEXWDULR TXHVH OOHJDUH DREWHQHU FRQLQWHUHVHV GH PRUD

y se pagará una sanción correspondiente al doscientos por ciento

GHOYDORUGHWDOHVEHQH¿FLRV

Artículo 8°. 5HJLVWURGH2SHUDFLRQHV Los contribuyentes que

VHDFRMDQDORV EHQH¿FLRVGHOD SUHVHQWHOH\GHEHUiQUHJLVWUDUHQ

la contabilidad todas las operaciones relacionadas con el giro or-

dinario de sus negocios y demostrar que cumplen con la condición

de generar la producción en la zona afectada.

Artículo 9°.5HTXLVLWRVSDUDTXHFDGDDxRVHVROLFLWHODH[HQFLyQ

Las empresas establecidas en la zona afectada, por cada año grava-

ble en que se acojan a la exención del impuesto sobre la renta de

que trata esta ley, deberán enviar a la Administración de Impuestos

y Aduanas Nacionales que corresponda a su domicilio o al asiento

principal de su negocio, antes del 30 de marzo del año siguiente al

gravable, los siguientes documentos e informaciones:

&HUWL¿FDFLyQH[SHGLGDSRUHODOFDOGHGHOPXQLFLSLRUHVSHFWLYR

en la cual conste que la empresa o establecimiento objeto del bene-

¿FLRVHHQFXHQWUDLQVWDODGDItVLFDPHQWHHQODMXULVGLFFLyQGHXQRGH

ORVPXQLFLSLRVDORVTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHODSUHVHQWHOH\

&HUWL¿FDFLyQGHOUHYLVRU ¿VFDORFRQWDGRU S~EOLFRVHJ~QFR-

rresponda, en la que conste:

Para las nuevas empresas:

- Que se trata de una nueva empresa establecida en el respec-

tivo municipio, entre el 1° de enero de 2009 y el 31 de diciembre

del año 2013.

- La fecha de iniciación del período productivo o de las fases

correspondientes a la etapa improductiva.

- El monto de la renta exenta determinada de acuerdo con lo

establecido en la presente ley.

(VWRVUHTXLVLWRV VH YHUL¿FDUiQ SRUOD UHVSHFWLYD DGPLQLVWUDFLyQ

GHLPSXHVWRV\VHKDUiXQDH¿FD]YLJLODQFLDDOFXPSOLPLHQWROHJDO

Artículo 10. %HQH¿FLRVSDUDVRFLRV RDFFLRQLVWDV. Los socios,

DFFLRQLVWDV D¿OLDGRV SDUWtFLSHV \ VLPLODUHV HVWDUiQ H[HQWRV GHO

impuesto sobre la renta y complementarios, por los ingresos que

a título de dividendo, participaciones, excedentes, utilidades, re-

ciban de las empresas estipuladas en la presente ley, siempre que

dichos recursos económicos permanezcan reinvertidos dentro de

la misma empresa por un término no inferior a cuatro (4) años,

contados desde su inversión y por los mismos períodos.

Artículo 11.'HYROXFLyQGHOLPSXHVWRDODVYHQWDVSDJDGRHQOD

LPSRUWDFLyQRFRPSUDGHELHQHVGHFDSLWDO. Las personas jurídicas

nuevas que adquieran o importen bienes de capital consistentes

en maquinaria o equipo dentro del año siguiente a su instalación,

para ser instalados o utilizados durante el período de depreciación

GHORVELHQHVFRPRDFWLYRV¿MRVGHODDFWLYLGDGSURGXFWRUDGHUHQ-

ta en los municipios señalados en el artículo 1° de esta ley, pueden

solicitar la devolución o compensación del impuesto a las ventas

pagado en su importación o adquisición, siempre y cuando no se

lleve como costo, deducción o impuesto descontable y se demues-

tre que los mismos se encuentran operando en la zona señalada en

el artículo 1° de esta ley y de conformidad con el reglamento que

para el efecto expida el Gobierno Nacional, para lo cual deberán

presentar la solicitud dentro de los seis (6) meses siguientes a la

fecha de adquisición de los bienes de capital. En el caso de empre-

sas preexistentes, estas tendrán derecho a la devolución a que hace

referencia este artículo sobre los bienes de capital que adquieran o

importen dentro del año siguiente a la vigencia de la presente ley.

Artículo 12. &RQWURODODXWLOL]DFLyQGHORV LQFHQWLYRVWULEXWD-

ULRV Las empresas de que trata los artículos 2° y 4° de la presente

OH\TXHXWLOLFHQORVLQFHQWLYRVWULEXWDULRVDTXHHVWDVHUH¿HUHGH-

berán continuar ejerciendo sus actividades económicas en la zona

por lo menos durante un tiempo igual al que disfrutaron de los

incentivos invocados y utilizados.

Si no cumplen con la anterior obligación, deberán pagar las

obligaciones tributarias que dejaron de cumplir por la utilización

GACETA DEL CONGRESO 510 Viernes 8 de agosto de 2008 Página 17

de los incentivos en los términos ordinarios del Estatuto Tributa-

rio, con los intereses moratorios y sanciones a que haya lugar y

especialmente la consagrada en el artículo 7° de esta ley.

Artículo 13. 8VRIUDXGXOHQWR GH ORV EHQH¿FLRV. Los casos de

PDQHMRIUDXGXOHQWRSDUDREWHQHUEHQH¿FLRVHVWDEOHFLGRVHQODSUH-

sente ley, serán sancionados en los términos indicados en el Esta-

tuto Tributario y del Código Penal.

El Representante a la Cámara,

*XLOOHUPR$QWRQLR6DQWRV0DUtQ

EXPOSICION DE MOTIVOS

Evolución Histórica

Ibagué no siempre ha tenido un desempleo superior a las demás

ciudades *Ui¿FR Entre 1986 y 1997 el desempleo había bajado

en la ciudad al igual que las demás ciudades y entre 1998-2000 se

había elevado también a la par. No obstante, en todo este período, la

brecha media, medida en el cuarto trimestre de cada año, fue apenas

de 1 punto porcentual. En cambio, desde el año 2001 la ciudad no

solamente ha sido la de mayor desempleo, sino que la brecha que

esta variable exhibe frente a la media de las 11 Areas metropolitanas

VHDPSOLyKDVWD¿QHV GHODxRDQWHULRU SXQWRVSRUFHQWXDOHV HQHO

tercer trimestre de 2001; 7.9 puntos en el tercer trimestre de 2006).

*Ui¿FR

Desempleo en Ibagué y en las 11 principales ciudades,

1984-1999 (cuarto trimestre); 2000-2007 (datos trimestrales).

Según un estudio realizado recientemente por el Banco de la

República1, el hecho de que la tasa de desempleo de Ibagué to-

mará distancia del promedio de otras ciudades del país a partir

del año 2000 se debe a que ³«DGLIHUHQFLDGHORRFXUULGRHQODV

GHPiVFLXGDGHVHQ,EDJXpODFULVLVLQLFLDGDHQODVHJXQGDPLWDG

GHORVQRYHQWDIXHPiVODUJD\PiVSURORQJDGD\DSHQDVUHFLHQ-

WHPHQWHHVWiVDOLHQGRGHHOOD´

Esta mayor agudeza y duración promedio en la caída del pro-

GXFWRVLJQL¿Fy HQSULPHUD PHGLGDXQLQFUHPHQWR HQOD WDVDJOR-

bal, Tasa Global de Participación, lo que quiere decir que muchas

personas que antes no estaban dispuestas a trabajar por una u otra

razón (estudiantes, amas de casa, entre otros), tuvieron que salir al

mercado laboral a ofrecer su mano de obra.

(VWHH[FHVRGHPDQR GHREUDHQVX PD\RUtDQRFDOL¿FDGRLQ-

cidió directamente en la calidad del empleo, debido a que se em-

pezaron a crear plazas de empleo mal remuneradas (caída en el

ingreso) y a que mucha de esta nueva mano de obra que logró

engancharse lo hizo a través de la informalidad. Finalmente esta

situación de desempleo agudo y de informalidad generalizada im-

pactó directamente sobre el bienestar de la población y exacerbo

el problema de pobreza en la ciudad.

/DJUi¿FDHYLGHQFLDHVWDVLWXDFLyQ\PXHVWUDFyPRODSURSRU-

FLyQGHO HPSOHRQR DVDODULDGRFODVL¿FDFLyQ GHQWURGH ODVFXDOHV

se encuentran las personas que trabajan por cuenta propia (en su

mayoría informales), ayudantes familiares, empleados domésticos

1 /ySH]+XJR¢3RUTXpHOGHVHPSOHRHQ,EDJXpKDVLGRWDQDOWR"$JRVWRGH

y patronos, saltó de un 36% a 58% del total de la población ocu-

pada entre los años 1996 y 1999.

Esto quiere decir que en tan solo tres años, la capital tolimense

perdió un 22% de los empleos formales2 (obreros, empleados

privados y del Gobierno) que tenía antes de la recesión y las reem-

plazó, si se puede llamar así, por empleos de mala calidad y con

altísimos niveles de informalidad.

*Ui¿FR

Empleo no asalariado Ibagué vs. 11 ciudades. 1984-1999

(Cuarto trimestre); 2000-2007 (datos trimestrales)

Paralelamente a todo lo anterior, los ingresos laborales men-

suales medios de los trabajadores remunerados de la ciudad se

han reducido considerablemente frente al promedio vigente en las

demás ciudades. En 1990, el ingreso promedio de un trabajador

en la ciudad (asalariado o no asalariado) era un 90% del ingreso

promedio en las restante 11 ciudades del país. Para el año 2006,

este indicador se había reducido a un 73%.

Es decir, que en Ibagué no solo hay más gente desempleada

en términos relativos que en el resto del país, sino que además se

devenga mucho menos que en las demás ciudades que componen

nuestra geografía *Ui¿FD

*Ui¿FR

Ingresos relativos de los trabajadores de Ibagué. 1984-1999

(Cuarto trimestre); 2000-1 a 2006-2 (datos trimestrales)

Calidad del empleo

$SULPHUD YLVWD, el mayor desempleo de la ciudad de Ibagué

parece explicarse principalmente por un fenómeno de oferta: su

2 En términos absolutos esto representa la pérdida de 18 mil empleos formales.

Página 18 Viernes 8 de agosto de 2008 GACETA DEL CONGRESO 510

mayor tasa de participación3 que –aunque, desde el 2004, ha venido

cayendo más aprisa que la de las demás, ha sido desde al año 2000 la

PiVHOHYDGDHQWUH ODVRQFH FLXGDGHVSULQFLSDOHV JUi¿FR /DRWUD

variable determinante del desempleo (la tasa de ocupación total; asa-

lariados y no salariados como porcentaje de la población en edad la-

boral) no ha sido muy diferente a la de las demás ciudades desde el

2000, si bien ha terminado por situarse por encima este año.

*Ui¿FR

Tasas de Participación y ocupación Total:

Ibagué vs. 11 ciudades

Sin embargo la mayor participación laboral se origina en la ma-

yor cantidad de personas que salen a buscar trabajo debido al bajo

dinamismo en la generación de empleo y a la caída en los ingre-

sos promedio4(VWR VH YH UHÀHMDGRHQ HO PHQRUSRUFHQWDMH TXH

representa el empleo asalariado (que de acuerdo con él, Ibagué

sigue estando hoy 6 puntos porcentuales por debajo del de las 11

ciudades) y en la caída de los ingresos laborales medios (el 73%

de los de las demás ciudades).

Observemos por último dos indicadores más que miden la ca-

lidad del empleo para luego entrará a hacer consideraciones en

PDWHULDGHELHQHVWDU\SREUH]D*Ui¿FD

El primero es el subempleo objetivo. En este caso el trabajador

se queja de los bajos ingresos, la subutilización de sus de capaci-

GDGHVRGHODMRUQDGD LQVX¿FLHQWHTXHOHRIUHFH HOHPSOHRDFWXDO\

además, demuestra que su queja es sólida puesto que hizo diligen-

cias para cambiar de empleo. Calculado con respecto a la población

HQHGDGGH WUDEDMDUHOVXEHPSOHR DVtGH¿QLGRJUi¿FR$ KDVLGR

entre 9 y 10 puntos porcentuales más elevado que en las 11 ciudades

principales (20.2% en el segundo trimestre de 2007 vs. 11.3%).

*Ui¿FD

Indicadores de calidad de Empleo en Ibagué

y las otras ciudades 2001-2006

3Es la relación porcentual entre la población económicamente activa (PEA) y el

número de personas que integran la población en edad de trabajar (PET).

4Esta teoría se conoce como la del trabajador adicional.

El segundo, el grado de informalidad5GHO HPSOHR JUi¿FR 

%TXHWDOFRPRORGH¿QHHO'$1(KDGHFUHFLGROLJHUDPHQWHHQ

las 13 ciudades principales (57% en el 2006) y, en cambio en Iba-

gué se mantiene mucho más alto (65% en el 2006, casi 12 puntos

porcentuales mayor al resto del país).

Efectos sobre Bienestar

La prolongada duración (8 años) de altos niveles de desempleo

en la ciudad, aunadas a la caída en el ingreso promedio y a la pau-

perización de las condiciones laborales han traído consecuencias

FDWDVWUy¿FDVHQPDWHULDGHELHQHVWDUSDUDODFDSLWDOPXVLFDO\SDUD

todo el Departamento del Tolima.

*Ui¿FD

Pobreza, Pobreza Extrema en Ibagué

y en las 13 ciudades Principales

Como se puede observar en el cuadro de la izquierda, la pobreza,

medida como la proporción de familias que devengan menos de 2

dólares al día en Ibagué es un 6% superior al resto de ciudades capi-

tales del país, con el agravante de que la situación tiende a empeorar

con el paso de los años. En 2001 la diferencia era de 5 puntos por-

centuales y para el año 2006 la diferencia ya alcanzaba el 6%. Igual

ocurre con el indicador de pobreza extrema o indigencia6, el cual

supera de manera consistente el promedio nacional en un 2%.

Paralelamente muchos niños y jóvenes abandonan –para buscar

trabajo o realizar labores por horas– prematuramente sus estudios

en la ciudad para ayudar a sus familias (lo que se constituye a la

larga en una trampa que eterniza su pobreza futura). Quizá por

ello (no está excluido el mal desempeño de su sector educativo)

Ibagué no ha sido capaz de escolarizar en la misma medida que las

GHPiVFLXGDGHVODSREODFLyQHQHGDGHVFRODUJUi¿FR

*Ui¿FR

Tasas de asistencia escolar

(Ibagué vs. 13 Areas metropolitanas)

5El DANE cataloga como trabajador informal a quien cumple alguna de las si-

guientes características: asalariado o patrón de microempresa (menos de 10 traba-

jadores), trabajador por cuenta propia no profesional ni técnico y trabajador que

SUHVWDVHUYLFLRGRPpVWLFRRD\XGDQWHIDPLOLDUVLQUHPXQHUDFLyQ(VWDFODVL¿FDFLyQ

muestra, de alguna manera, las tendencias en cuanto al tipo de labor desarrollada

por los empleados y, en especial, en cuanto a la duración de la jornada laboral.

Muchos de los trabajos que hacen parte de la informalidad implican jornadas ex-

tensas y condiciones precarias

6Se denomina indigente a la las personas que conforman una familia cuyo ingreso

diario no supera un U$1 dólar.

GACETA DEL CONGRESO 510 Viernes 8 de agosto de 2008 Página 19

No obstante, aun si las tasas de asistencia escolar de Ibagué

fueran iguales a las de las 13 ciudades, la participación laboral no

se reduciría sustancialmente. En efecto, aunque la participación

de los estudiantes es menor que la de quienes no asisten a la escue-

la, sigue siendo extremadamente elevada en Ibagué.

Caracterización Etaria y por Ingreso del Desempleo en Ibagué

La Tabla 1 hace una descripción pormenorizada de los princi-

pales grupos afectados por el fenómeno del desempleo por edad

y por ingreso:

Por edades los más afectados por el desempleo son los jóvenes.

Los menores de 24 años representan el 38% de los desempleados

de Ibagué. Su tasa de desempleo (34.8% entre 12-17 años y 36.1%

entre 18-24) supera ampliamente la media de la ciudad y es 12.3

y 10.6 puntos porcentuales más alta que la vigente para esas dos

edades en las 13 Areas metropolitanas.

Tabla 1

Desempleo por Edad y por Nivel de ingreso

Los tres deciles más bajos agrupan el 53.8% de los desemplea-

dos de la ciudad. Su desempleo es mayor que la media: 32% (D1);

30% (D2) y 25% (D3) y muy superior a la vigente en las 13 ciu-

dades para esos mismos deciles.

Efectos Sobre el Producto

Por el lado del Producto, el Departamento del Tolima perdió

participación dentro del Producto Interno Bruto Nacional al pa-

sar de una participación del 2.9% en el año 1997 al 2.3% en el

DxR UHGXFFLyQHVSHFLDOPHQWH VLJQL¿FDWLYDHQ VHFWRUHV FOD-

ves para el desarrollo económico como la industria, agroindustria,

transporte y comercio7. Como se puede observar en la Tabla 2

Tabla 2. PIB por Sectores.

7Al parecer parte de esta caída en la participación del producto Departamental

dentro del PIB Nacional se debe en parte al vencimiento de 10 años para las

exenciones tributarias y arancelarias establecidas por la Ley 44 de 1987 por el

desastre de Armero, lo que generó un cierre o traslado de las empresas industriales

EHQH¿FLDULDV

Comparación Reciente con Otras Ciudades

La tasa de Desempleo de Ibagué, comparada con las demás ciu-

dades del país, parece desmesurada y fuera de contexto. Para resu-

mir esto acudamos al siguiente cuadro que hace una síntesis de las

principales cifras en materia de desempleo para las 13 ciudades

principales del país:

Como se puede observar, la Tasa de Desempleo de la ciudad de

Ibagué para el año 2007 fue un 5.4% superior a la de Bucaramanga

y un 5% superior a la de Bogotá, lo que demuestra contundente-

mente que el problema de la ciudad es estructural y que requiere del

apoyo directo del Gobierno Nacional para sortear esta situación.

Información Reciente sobre Desempleo

Según el Boletín de prensa fechado el 28 de diciembre de 2007

publicado por el DANE en el cual se publican los resultados de la

Gran encuesta Nacional de Hogares para el mes de noviembre de

2007, las ciudades que registraron mayor desempleo en los últi-

mos 12 meses (diciembre 2006 – noviembre 2007), fueron:

1. Ibagué: Tasa de desempleo 15,7 por ciento, Tasa Global de

Participación 66,8 por ciento, Tasa de Ocupación 56,4 por ciento,

tasa de subempleo subjetivo 38,5 por ciento y la tasa de subem-

pleo objetivo 17,1 por ciento.

2. Pasto: Tasa de desempleo 14,1 por ciento, Tasa Global de

Participación 62,4 por ciento, Tasa de Ocupación 53,6 por ciento,

tasa de subempleo subjetivo 42,3 por ciento y la tasa de subem-

pleo objetivo fue 13,5 por ciento.

3. Cartagena: Tasa de desempleo 13,9 por ciento, Tasa Glo-

bal de Participación 57,1 por ciento, Tasa de Ocupación 49,2 por

ciento, tasa de subempleo subjetivo 27,4 por ciento y la tasa de

subempleo objetivo 9,7 por ciento.

(VWDLQIRUPDFLyQUDWL¿FDXQDYH]PiV\GHPDQHUDREMHWLYDTXH

Ibagué y en general todo el Departamento del Tolima, presenta la

tasa de desempleo más alta de todo el país y por ello se hace nece-

sario adoptar medidas tendientes a mitigar una situación crónica

que asedia al pueblo tolimense desde hace más de 8 años.

El Representante a la Cámara,

*XLOOHUPR$QWRQLR6DQWRV0DUtQ

CAMARA DE REPRESENTANTES

SECRETARIA GENERAL

El día 6 de agosto del año 2008 ha sido presentado en este Des-

pacho el Proyecto de ley número 073 con su correspondiente ex-

posición de motivos por el honorable Representante Guillermo

6DQWRV0DUtQ

El Secretario General,

-HV~V$OIRQVR5RGUtJXH]&DPDUJR

Página 20 Viernes 8 de agosto de 2008 GACETA DEL CONGRESO 510

PROYECTO DE LEY NUMERO 074 DE 2008 CAMARA

SRUPHGLRGHODFXDOVHDGLFLRQDHODUWtFXOR

GHOD/H\GH

Adiciónense dos parágrafos al artículo 5º de la Ley 31 del si-

guiente tenor:

Parágrafo 2°. Además del contenido citado con anterioridad, se

incluirán cifras relativas a la distribución del Ingreso por Deciles,

&XDQWL¿FDFLyQGHO3URGXFWR,QWHUQR %UXWRSRUODYtD GHO,QJUHVR

&RH¿FLHQWH*LQL0HUFDGR/DERUDOH ,QIRUPDOLGDG,QÀDFLyQGLV-

criminada por ingreso o estrato socioeconómico y los umbrales

de pobreza y miseria utilizando metodologías establecidas por el

Banco Mundial.

Parágrafo Transitorio. El gobierno reglamentará mediante de-

creto, dentro de los seis (6) meses posteriores a la entrada en vi-

gencia de la presente ley, la estructura administrativa, técnica y

¿QDQFLHUDQHFHVDULDSDUDODUHDOL]DFLyQ GHODODERUFRQVDJUDGDHQ

el artículo 1º de la presente ley.

Artículo 2º. La presente ley rige a partir de su promulgación y

deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

*XLOOHUPR$QWRQLR6DQWRV0DUtQ

Representante a la Cámara.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley 31 de 1992 “Por la cual se dictan las normas a las que

deberá sujetarse el Banco de la República para el ejercicio de

sus funciones…” estipula en su artículo 5º “Programa de Infor-

mes al Congreso” que el Banco de la República deberá presentar

un informe semestral ante las comisiones económicas del Congre-

so que incluya entre otros temas las decisiones de tipo monetario,

FDPELDULR\ ¿QDQFLHUR DGRSWDGDVHQ HOSDVDGR SDUD SUHVHUYDUHO

poder adquisitivo de la moneda y promover la buena marcha de

la economía, así como las perspectivas más importantes sobre la

evolución futura de la misma.

Este informe que aunque fundamental porque contiene las prin-

cipales variables en materia macroeconómica como el Producto

SRUODYtDGHOD2IHUWD\OD'HPDQGDODLQÀDFLyQDOFRQVXPLGRU\

al productor, el tipo de cambio nómina y real, la evolución de la

balanza comercial y sus cuentas corriente y de capital, las reservas

LQWHUQDFLRQDOHV\ ORVHVWDGRV ¿QDQFLHURVGHO EDQFROD HYROXFLyQ

del mercado laboral, entre otros, se queda corto en la exposición

de la problemática socioeconómica del país y adolece de la infor-

mación mínima en lo concerniente al bienestar de la población.

Es por esto que el actual proyecto de ley contempla la introduc-

ción de nuevos capítulos que amplíen la visión del legislativo y

de la opinión pública en general en torno a problemáticas trascen-

dentales y de una gran sensibilidad en materia socioeconómica,

publicadas por una autoridad que goza de una relativa indepen-

dencia gubernamental y de una gran capacidad técnica como lo es

el Banco de la República.

El conocimiento de la información que se requiere con el ac-

WXDOSUR\HFWRGH OH\WLHQH XQ¿QIXQGDPHQWDO \HVHO GHPHGLU HO

impacto social que tiene las medidas económicas adoptadas por el

Banco Central y por el Gobierno Nacional. En esta medida no solo

es importante el conocimiento de las cifras en torno al crecimiento

y a la estabilidad macroeconómica si no que se hace necesario co-

nocer la forma en que ese bienestar se irriga en forma diferenciado

hacia cada una de las franjas de la población.

En este sentido se exige al Banco Central que presente cifras so-

bre la distribución del ingreso por deciles del año inmediatamente

DQWHULRUFRQHO¿QGH VDEHUODIRUPDHQTXH VHHVWiUHSDUWLHQGRHO

producto entre ricos y pobres y que se calcule el &RH¿FLHQWHGH

Gini que es una medida de desigualdad que normalmente se utiliza

para medir la desigualdad en los ingresos. En la medida que estas

herramientas muestren alguna tendencia, servirán de insumo funda-

mental para la toma de decisiones en materia de política económica

y social.

Así mismo el proyecto plantea que se tiene que estimar y pu-

blicar el producto por la vía del ingreso. Esta información resulta

preciosa para el hacedor de política ya que señala de manera con-

tundente la proporción en que se está distribuyendo el producto

entre las clases trabajadora y capitalista a través del pago de sala-

rios y la distribución de ganancias de capital y es igualmente un

excelente insumo para la discusión política en torno a la progresi-

vidad o regresividad de la política gubernamental.

En la misma dirección se exige a la autoridad monetaria hacer

XQUHFXHQWRGHWDOODGRGHOHIHFWR TXHWLHQHODLQÀDFLyQVREUH FDGD

XQRGHORVHVWUDWRVVRFLRHFRQyPLFRVFRQHO¿QGHPHGLUHOLPSDF-

to diferenciado de este “impuesto” sobre cada una de las franjas

de ingreso de la población. Esta información permitirá corroborar

o refutar el argumento consabido de la autoridad monetaria en

torno al mayor efecto que dicho fenómeno tiene sobre las franjas

de la población con menores ingresos.

)LQDOPHQWHVHSLGHTXHVHFXDQWL¿TXHQORVXPEUDOHVGHSREUH]D

y miseria que sirven de criterios para medir la efectividad de la

política económica en la erradicación de la pobreza y pobreza ex-

trema y la creación de una sociedad más igualitaria y equitativa.

En la actualidad se presentan una serie de problemas que seña-

lamos a continuación con la presentación de estas cifras y por las

cuales se hace necesario que sea el Banco de la República, que

FXHQWDFRQ OD VX¿FLHQWH FUHGLELOLGDG H LQGHSHQGHQFLD HO TXH ODV

FXDQWL¿TXH\SXEOLTXHGHPDQHUDSHULyGLFD

1. No existe una periodicidad en torno a la presentación de es-

tas cifras que son de suma utilidad para medir la efectividad de la

política económica y social del gobierno, lo que conlleva a que el

debate académico y político se dé con cifras desactualizadas.

Esto tiene como problema, que el diagnóstico y las decisiones

resultantes de dicho diagnóstico puedan estar erradas, con las con-

secuentes repercusiones negativas que estas tienen para el bienes-

tar de la población.

2. La realización de este tipo de estudios se encuentra a cargo

de entidades que dependen directamente del Gobierno Nacional

como el Departamento Nacional de Planeación que no cuentan

con la debida independencia lo que se presta para que se mani-

pulen indebidamente las cifras y se distorsione el resultado de la

SROtWLFDR¿FLDO1

En múltiples ocasiones se han abierto debates en torno a la credi-

ELOLGDGGHGLFKDVFLIUDVGHELGRDTXHLQVWLWXFLRQHVGHFDUiFWHUR¿FLDO

pero independientes y autónomas en su quehacer como las universi-

GDGHVS~EOLFDVUHDOL]DQHVWXGLRVTXH FRQWUDGLFHQORVGDWRVR¿FLDOHV 

dejando un ambiente de desconcierto en el público que no favorece

en nada la credibilidad de nuestras instituciones democráticas.

3. Instituciones aparentemente independientes y de gran ca-

pacidad técnica como la Universidad Nacional de Colombia o la

Universidad de los Andes no cuentan con los recursos necesarios

para adelantar estudios de manera consistente y periódica lo que

nos remite a una desactualización permanente de las cifras.

1Ley 19 de 1958 artículo 4°.- El jefe del Departamento Administrativo de Planea-

ción será designado por el Presidente de la República, y tendrá bajo su inmediata

dirección el personal técnico y administrativo que determine el gobierno. Podrá

exigir de los ministerios, departamentos administrativos, gobernadores, alcaldes,

del Banco de la República, y de todos los institutos y entidades públicas y semipú-

blicas, los datos que necesite para el adecuado cumplimiento de las funciones que

se le encomienden por esta ley y por los reglamentos que en su desarrollo dicte el

gobierno nacional.

GACETA DEL CONGRESO 510 Viernes 8 de agosto de 2008 Página 21

El país tiene que avanzar hacia la consolidación de instituciones

\PHFDQLVPRVTXHSHUPLWDQFXDQWL¿FDU\SXEOLFLWDUFLIUDVGHFDUiF-

WHUR¿FLDOFRQ ODPD\RUREMHWLYLGDG SRVLEOHSDUDTXH VHWRPHQ ODV

decisiones de política con total parcialidad y tendientes a la solución

de los principales problemas que enfrenta el país en esas materias.

El Representante a la Cámara,

*XLOOHUPR$QWRQLR6DQWRV0DUtQ

CAMARA DE REPRESENTANTES

SECRETARIA GENERAL

El día 6 de agosto del año 2008 ha sido presentado en este Des-

pacho el Proyecto de ley número 074 con su correspondiente ex-

posición de motivos por el honorable Representante Guillermo

6DQWRV0DUtQ

El Secretario General,

-HV~V$OIRQVR5RGUtJXH]&DPDUJR

* * *

PROYECTO DE LEY NUMERO 075 DE 2008 CAMARA

SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDSDUFLDOPHQWH/D/H\a

GH

“Ley Anti-micos”

Artículo 1°. El artículo 82 de la Ley 5ª de 1992 quedará así:

Los respectivos presidentes de las cámaras y sus comisiones

permanentes publicarán el Orden del Día de cada sesión. Para dar-

OHFXPSOLPLHQWRVHUiVX¿FLHQWHGLVSRQHUVX¿MDFLyQHQXQHVSDFLR

visible de la correspondiente secretaría\HQOD SiJLQDR¿FLDOGH

Internet de cada una de las cámaras, con por lo menos un día

de anterioridad al desarrollo del mismo.

Artículo 2°. El artículo 97 de la Ley 5ª de 1992 quedará de la

siguiente manera:

Intervenciones. Para hacer uso de la palabra se requiere auto-

UL]DFLyQSUHYLDGHODSUHVLGHQFLD/DPHVDGLUHFWLYD¿MDUiHOWLHP-

po de las intervenciones de cada uno de los oradores teniendo en

cuenta la extensión de la materia y la complejidad de la materia.

El uso de la palabra se concederá de la siguiente manera:

1. Al(los) ponente(s) para que sustente(n) con la proposición o

razón de la citación

2. A los voceros y los miembros de la bancada hasta por veinte

minutos por grupo. Cuando la bancada represente al menos el diez

por ciento (20%) de las curules de la cámara correspondiente, el

tiempo de la intervención se ampliará por 10 minutos más. Si por

el contrario la bancada representa menos del cinco por ciento

(5%) de las curules de la cámara correspondiente, el tiempo

de la intervención será de apenas 10 minutos.

3. A los oradores en el orden en que se hubiesen inscrito ante

la Secretaría. Ninguna intervención individual, en esta instancia

podrá durar más de 10 minutos.

4. Los servidores públicos que tengan derecho a intervenir’.

5. Los voceros de las bancadas podrán intervenir nuevamente,

siguiendo las indicaciones contenidas en el numeral 2 del pre-

sente artículo y cerrarán las intervenciones.

Ningún orador podrá referirse a un tema diferente del que se

encuentra en discusión, y su desconocimiento obligará a la Presi-

dencia a llamar la atención y suspender el derecho para continuar

en la intervención.

Todos los oradores deben inscribirse ante la Secretaría hasta cin-

FRPLQXWRVDQWHVGHODKRUD¿MDGDSDUDHOLQLFLRGHODVHVLyQ+DUiQ 

uso de la palabra por una sola vez en la discusión de un tema.

En el trámite de las leyes y reformas constitucionales, sus auto-

res y ponentes podrán intervenir cuantas veces sea necesario.

Los voceros podrán intervenir sin el requisito de inscripción

previa.

Artículo 3°. Agréguese un parágrafo al artículo 115 de la Ley 5a

de 1992 que diga lo siguiente:

Artículo 115. Condición para las proposiciones. En la discusión

de las proposiciones se tendrá, por consiguiente, en cuenta:

1RVHDGPLWLUiODPRGL¿FDFLyQVXVWLWXWLYDGHWRGRHOSUR\HF-

to, y más que en la consideración de su aspecto formal lo deberá

ser en su contenido material, es decir que no haya cambio sustan-

cial en el sentido del proyecto.

3URSXHVWDXQDPRGL¿FDFLyQQRVHUiDGPLWLGDRWUDKDVWDWDQWR

la respectiva Cámara no resuelva sobre la primera.

1HJDGDXQDSURSRVLFLyQ GHPRGL¿FDFLyQFRQWLQXDUiDELHUWD

la discusión sobre la disposición original. Sobre ella podrá plan-

WHDUVHXQDQXHYD\~OWLPDPRGL¿FDFLyQ

4. Cerrada la discusión, el Presidente preguntará:

“¿Adopta la Comisión (o plenaria, según el caso) el artículo

SURSXHVWR"´

Si se trata de un artículo original aprobado; pero si se aprueba

XQDPRGL¿FDFLyQSUHJXQWDUi

³¢$GRSWDOD&RPLVLyQR SOHQDULDVHJ~QHO FDVRODPRGL¿FD-

FLyQSURSXHVWD"´

Aprobado el articulado de un proyecto, el Presidente dispondrá

que el Secretario dé lectura al título del proyecto, y preguntará

seguidamente:

“¿Aprueban los miembros de la Comisión (o Corporación, si se

WUDWDHQVHVLyQSOHQDULDHOWtWXOROHtGR"´

$ODUHVSXHVWDD¿UPDWLYDHO3UHVLGHQWHH[SUHVDUi

“¿Quieren los Senadores (o Representantes) presentes que el

proyecto de ley (o de reforma constitucional) aprobado sea ley de

OD5HS~EOLFDRDFWROHJLVODWLYR"´

$SUREDGDXQDPRGL¿FDFLyQVHWHQGUiSRUUHFKD]DGRHODUWt-

culo original, y podrá intervenirse para nuevas proposiciones

3DUiJUDIR/DV SURSRVLFLRQHV VXVWLWXWLYDV PRGL¿FDWLYDV R

aquellas que incluyan nuevos artículos sobre un proyecto de

ley, deberán ser radicadas por lo menos un día calendario an-

tes de la votación del proyecto en la secretaría de la respectiva

comisión o cámara para su estudio por parte de los ponentes

e interesados.

Artículo 4°. El artículo 153 de la Ley 5a de 1992 quedará así:

El término para la presentación de las ponencias para pri-

PHUGHEDWHVHUi¿MDGRSRU OD0HVD'LUHFWLYDGH ODUHVSHFWLYD

&RPLVLyQ\HVWDUiGH¿QLGRHQWUHFLQFRDTXLQFHGtDVGH

DFXHUGRFRQ ODVLJQL¿FDFLyQ \YROXPHQ QRUPDWLYR GHOD SUR-

puesta, así como de la categoría de Ley que se trate.

El ponente rendirá su informe dentro del plazo que le hu-

biere señalado la Mesa Directiva. En caso de incumplimiento

la Mesa Directiva lo reemplazará, dando informe a la comi-

sión en la sesión siguiente a la fecha en la que se produjo la re-

moción y sancionando al ponente, de manera tal que durante

el semestre respectivo no tenga acceso a la realización de más

ponencias.

Toda ponencia deberá terminar con una proposición que

será votada por las Comisiones Constitucionales o la plenaria

de la respectiva Corporación.

Artículo 5°. El artículo 174 de la Ley 5a de 1992 quedará así:

Página 22 Viernes 8 de agosto de 2008 GACETA DEL CONGRESO 510

El término para la presentación de las ponencias para segundo

debateVHUi¿MDGRSRUOD0HVD'LUHFWLYDde la respectiva Cámara

\HVWDUiGH¿QLGRHQWUHFLQFRDTXLQFHGtDVGHDFXHUGRFRQ

ODVLJQL¿FDFLyQ\YROXPHQQRUPDWLYRGHODSURSXHVWDDVtFRPRGH

la categoría de Ley que se trate.

El ponente rendirá su informe dentro del plazo que le hubiere

señalado la Mesa Directiva. En caso de incumplimiento la Mesa

Directiva lo reemplazará, dando informe a la comisión en la se-

sión siguiente a la fecha en la que se produjo la remoción y san-

cionando al ponente, de manera tal que durante el semestre

respectivo no tenga acceso a la realización de más ponencias.

Toda ponencia deberá terminar con una proposición que

será votada por las Comisiones Constitucionales o la plenaria

de la respectiva Corporación.

Artículo 6°. El artículo 156 de la Ley 5a de 1992 quedará así:

Artículo 156. Presentación y publicación de la ponencia para

primer debate. El informe será presentado por escrito en original

y dos copias, al secretario de la Comisión Permanente. Su pu-

blicación se hará en la Gaceta del Congreso dentro de los 3 días

siguientes.

Sin embargo y para agilizar el trámite del proyecto, el Presi-

dente de la respectiva comisión podrá autorizar la reproducción

del documento por cualquier medio mecánico para distribuirlo en-

tre los miembros de la comisión. La distribución del documento

o gaceta con la respectiva ponencia entre los miembros de la

respectiva comisión se deberá realizar 2 días hábiles antes de

la iniciación del debate.

Si la reproducción y distribución del documento se hace por

RWURPHGLR PHFiQLFR TXH QR VHD OD JDFHWD R¿FLDO SRVWHULRU-

mente deberá ser publicado en la misma.

Artículo 7°. El artículo 157 de la Ley 5a de 1992 quedará así:

Artículo 157. Iniciación del Debate. La iniciación del primer

debate no tendrá lugar antes de la publicación del informe respec-

tivo de ponencia, según lo estipulado en el artículo anterior y

la violación de este precepto constituirá un vicio insubsanable

de trámite.

Artículo 8°. Adiciónense 2 artículos a la sección 4ª, del capítulo

Sexto de la Ley 5a de 1992 que digan lo siguiente:

Artículo Nuevo. Presentación y publicación de la ponencia se-

gundo debate. El informe será presentado por escrito en original

y dos copias, al secretario de la respectiva Cámara. Su publicación

se hará en la Gaceta del Congreso dentro de los 3 días siguientes.

Sin embargo y para agilizar el trámite del proyecto, el Presi-

dente de la respectiva Cámara podrá autorizar la reproducción

del documento por cualquier medio mecánico para distribuirlo en-

tre los miembros de la comisión. La distribución del documento

o gaceta con la respectiva ponencia entre los miembros de la

respectiva comisión se deberá realizar 2 días hábiles antes de

la iniciación del debate.

Si la reproducción y distribución del documento se hace por

RWURPHGLR PHFiQLFR TXH QR VHD OD JDFHWD R¿FLDO SRVWHULRU-

mente deberá ser publicado en la misma.

Artículo Nuevo. Iniciación del Debate. La iniciación del primer

debate no tendrá lugar antes de la publicación del informe respec-

tivo de ponencia, según lo estipulado en el artículo anterior y

la violación de este precepto constituirá un vicio insubsanable

de trámite

Artículo 9°. Elimínese el numeral 7 del artículo 18 de la Ley

5a de 1992, así como los artículos 30, 31 y 32 en lo referente a la

moción de censura.

Artículo 10. La presente ley rige a partir de su promulgación y

deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

El Representante a la Cámara,

*XLOOHUPR$QWRQLR6DQWRV0DUtQ

EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente proyecto tiene por objeto introducir una serie de

cambios en el Reglamento Interno del Congreso (Ley 5a de 1992)

que permitirán un manejo más claro y amplio de la información

por parte de todos los actores involucrados en el proceso de elabo-

ración de las Leyes y un mayor control sobre el contenido de los

proyectos que se someten a consideración del legislativo.

/RDQWHULRU HV HVSHFLDOPHQWHVLJQL¿FDWLYR SRU FXDQWROD FRV-

tumbre y la ley misma, se prestan para que no se dé un estudio lo

VX¿FLHQWHPHQWHULJXURVRVREUHORVFDPELRVGH~OWLPDKRUDTXHVH

SUHVHQWDQSDUD PRGL¿FDUORV WH[WRV\HV IUHFXHQWHTXH HQ~OWLPR

PRPHQWR\VLQPHGLDU QLQJXQDGLVFXVLyQVH PRGL¿TXHQR³FXHO-

guen” nuevos artículos, denominados comúnmente micos que

distorsionan el sentido mismo de la ley.

Este tipo de situaciones anómalas que se dan en la formación

de las leyes, someten a la Corporación, al escarnio público y au-

mentan la mala imagen que tiene la ciudadanía del Congreso, de-

JHQHUDQGRHQIDOWDGHFRQ¿DQ]DGHORVPHFDQLVPRV\GHODVLQVWL-

tuciones democráticas.

La presente ley por tanto impone un límite temporal de un (1)

día hábil para radicar ante secretaría de la respectiva comisión o

cámara aquellas proposiciones de iniciativa legislativa o guberna-

mental que buscan adicionar o sustituir el texto de un Proyecto de

OH\FRQOD¿QDOLGDGTXHHOHVWXGLR\DOFDQFHGHODPLVPDVHSXHGD

hacer con total serenidad y en clima donde prime la racionalidad y

la discusión. Esto sin perjuicio, del respectivo debate que se debe

dar de cada una de ellas una vez se abra la discusión en comisión

o plenaria.

,QGXGDEOHPHQWHXQDPRGL¿FDFLyQSHTXHxDFRPRHVWDHQHOUH-

glamento del Congreso suscita un cambio importante en la forma

de elaborar las leyes en Colombia, ya que inhabilita de manera

taxativa a cualquiera de los actores involucrados en la formación

de las mismas, para que tomen actitudes ventajosas o moralmente

reprochables, valiéndose de la agitación e inquietud que priman

en la discusión de los principales proyectos de ley que hacen su

trámite por la vía Congresional.

Vale la pena resaltar que este cambio normativo no viola desde

ningún punto de vista el derecho a la participación y a la expresión

por parte de los parlamentarios, debido a que cualquiera de ellos

puede participar activamente en la formulación y discusión de las

leyes. Lo que sí resulta de todo esto es una nueva forma de hacer

las leyes que involucra la razón y la inteligencia y no la agitación

del momento, lo que muchas veces termina rompiendo la armo-

QtDGHODOH\\ WHUJLYHUVDQGRGHPDQHUDÀDJUDQWHHO HVStULWXGHOD

misma.

En la misma dirección se impone un límite de 2 días hábiles

antes de la apertura de los debates para que los textos, con sus

respectivas ponencias sean entregados a los integrantes de las co-

misiones o cámaras. Esto por cuanto la práctica y la normatividad

actual no imponen límite alguno, permitiendo que muchas veces

los debates se den sin el más mínimo estudio y análisis por parte

de los legisladores y sus equipos de trabajo, lo que a todas luces se

traduce en una práctica antidemocrática.

Yendo un pasó más allá en el tema de la información y de la

publicidad, se impone un límite de tiempo a las Secretarías de

Cámara y Comisiones para que publiquen el Orden del Día por

PHGLRVItVLFRV \ HOHFWUyQLFRVYDOLpQGRVH GH ODSiJLQDV R¿FLDOHV

GACETA DEL CONGRESO 510 Viernes 8 de agosto de 2008 Página 23

de Internet de cada una de las cámaras y condiciona la elaboración

de un debate o discusión de proyectos a que el Orden del Día, sea

publicado, con por lo menos un día de anterioridad.

Por otro lado el proyecto de ley plantea un cambio en la du-

ración de las intervenciones de cada una de las bancadas en las

plenarias de las cámaras respectivas, ya que en la actualidad, exis-

te una desproporción más que evidente en el tiempo de uso de la

palabra por parlamentario entre aquellas bancadas que tienen un

buen número de congresistas y aquellas que apenas tienen unos

pocos. Miremos en detalle la conformación de cada una de las

cámaras. Primero la Cámara de Representantes:

Partido o Movimiento Integrantes Minutos por

Parlamentario

Partido Liberal 35 0,6

Partido Social de Unidad Nacional.

“Partido de la U” 34 0,6

Partido Conservador 33 0,6

Cambio Radical 22 0,9

ALAS, Equipo Colombia 10 2,0

Polo Democrático 9 2,2

Convergencia Ciudadana 8 2,5

Apertura Liberal 6 3,3

Por el País que Soñamos 2 10,0

Huila Nuevo Liberalismo 2 10,0

MIRA 1 20,0

Movimiento Integración Regional 1 20,0

Partido Verde Opción Centro 1 20,0

Convergencia Liberal 1 20,0

Alianza Social 1 20,0

Total 166

Como se puede observar claramente en la tabla anterior, el

tiempo de intervención por parlamentario durante las sesiones

plenarias es muy limitado para los integrantes de bancadas que

cuentan con más de 20 representantes. Por ejemplo, para el caso

de los Partidos Liberal, Conservador y de la “U” el tiempo de

intervención por parlamentario oscila entre los 35 y 40 segundos,

WLHPSRTXHD WRGDVOXFHVHV LQVX¿FLHQWHSDUDKDFHUXQD LQWHUYHQ-

ción estructurada y decorosa. La relación de uso del tiempo entre

un representante del partido liberal y la única representante del

MIRA es de 35 a 1.

Es por ello que los participantes de cada una de estas “grandes”

bancadas de la Cámara se deben alternar el uso de la palabra cada

3 o 4 semanas para que todos tengan acceso a la misma. Esta si-

tuación es a todas luces injusta y desproporcionada si se tiene en

cuenta que los partidos o movimientos con un menor número de

representantes como es el caso por ejemplo de Mira o Por el país

que soñamos cuentan con 20 y 10 minutos respectivamente para

hacer sus intervenciones en cada una de las sesiones.

Lo anterior desemboca en una especie de dictadura de “las

minorías” en el uso de la palabra y es contrario a la voluntad so-

berana de un régimen democrático, en donde el derecho a opinar

de las minorías deber ser respetado, pero es la regla de las mayo-

rías la que acaba imponiendo su voluntad. Para el caso del senado

la relación es muy parecida, veamos:

Partido o Movimiento Integrantes Minutos por integrante

Partido Social de Unidad Nacional.

“Partido de la U” 20 1,0

Partido Liberal 18 1,1

Partido Conservador 18 1,1

Cambio Radical 15 1,3

ALAS, Equipo Colombia 5 4,0

Polo Democrático 10 2,0

Convergencia Ciudadana 7 2,9

Partido o Movimiento Integrantes Minutos por integrante

AICO 1 20,0

Alianza Social 1 20,0

Mvto. Colombia Viva 2 10,0

MIRA 2 10,0

Partido Colombia Democrática 3 6,7

Total 102

Con el cambio propuesto, se supera “en cierta medida” la gran

desproporción que existe en el tiempo de uso de la palabra por

representante o senador. Veamos la siguiente tabla con el cambio

propuesto para el caso de la cámara de representantes:

Partido o Movimiento Minutos x

integrante

Participación

Minutos por

Integrante

Cambio Propuesto

Partido Liberal 35 0,6 21,1% 0,9

Partido Social de Unidad Nacional.

“Partido de la U” 34 0,6 20,5% 0,9

Partido Conservador 33 0,6 19,9% 0,9

Cambio Radical 22 0,9 13,3% 1,4

ALAS, Equipo Colombia 10 2,0 6,0% 3,0

Polo Democrático 9 2,2 5,4% 3,3

Convergencia Ciudadana 8 2,5 4,8% 1,3

Apertura Liberal 6 3,3 3,6% 1,7

Por el País que Soñamos 2 10,0 1,2% 5,0

Huila Nuevo Liberalismo 2 10,0 1,2% 5,0

MIRA 1 20,0 0,6% 10,0

Movimiento Integración Regional 1 20,0 0,6% 10,0

Partido Verde Opción Centro 1 20,0 0,6% 10,0

Covergencia Liberal 1 20,0 0,6% 10,0

Alianza Social 1 20,0 0,6% 10,0

Total 166 100,0%

$XQTXHODVGLIHUHQFLDV VLJXHQVLHQGRVX¿FLHQWHPHQWH DPSOLDV

entre unos y otros la relación máxima en el uso de la palabra que

se da en la situación entre un representante liberal y un candidato

de bancada única se reduce de una relación 35 a 1, a una de 11 a

1. Esta situación aunque no es la ideal, resulta mucho más con-

veniente y justa que la que se viene aplicando en la actualidad.

Miremos el caso del Senado:

Partido o Movimiento Integrantes Minutos por

integrante

Participación

Minutos por

Integrante

Cambio Propuesto

Partido Social de Unidad

Nacional. “Partido de la U” 20,0 1,0 0,2 1,5

Partido Liberal 18,0 1,1 0,2 1,7

Partido Conservador 18,0 1,1 0,2 1,7

Cambio Radical 15,0 1,3 0,1 2,0

Polo Democrático 10,0 2,0 0,1 3,0

Convergencia Ciudadana 7,0 2,9 0,1 4,3

ALAS, Equipo Colombia 5,0 4,0 0,0 2,0

AICO 1,0 20,0 0,0 10,0

Alianza Social 1,0 20,0 0,0 10,0

Mvto. Colombia Viva 2,0 10,0 0,0 5,0

MIRA 2,0 10,0 0,0 5,0

Partido Colombia Democrática 3,0 6,7 0,0 3,3

Total 102,0 1,0

Para el caso del Senado la relación máxima en el uso de la pa-

labra que se da actualmente entre El partido de la U y cualquier

otro partido con un solo candidato es de 20 a 1, y pasaría a ser de

apenas 7 a 1 FRQODPRGL¿FDFLyQSODQWHDGD

Siguiendo con el articulado, el proyecto de ley incluye un plazo

mínimo para la presentación de las ponencias de primer debate y

una sanción al incumplimiento del mismo. En la actualidad la Ley

5a contempla expresamente que para la presentación de las po-

nencias de segundo debate, los respectivos ponentes tienen entre

Página 24 Viernes 8 de agosto de 2008 GACETA DEL CONGRESO 510

5 y 15 días para su elaboración dependiendo de la complejidad y

extensión del tema tratado, pero no trata en ningún artículo sobre

el plazo mínimo exigido para la presentación de la ponencia en

primer debate.

Lo anterior tiene una consecuencia grave para el trámite legis-

lativo, debido a que la falta de un límite y de un castigo si no se

elabora la misma, introduce un incentivo enorme para no reali-

zarlas, dilatando el proceso de elaboración de las leyes y muchas

veces echando al traste el esfuerzo de sus autores. Es siguiendo

esta dirección que los artículos 7° y 8° del proyecto plantean la

necesidad de imponer un límite de entre 5 y 15 días para la ela-

boración de la ponencia en primer y segundo debate e impone un

castigo que contempla la exclusión en el reparto y elaboración de

las mismas en el semestre respectivo en que se presenta el proyec-

to de ley.

Finalmente, el proyecto de ley procura la eliminación del nu-

meral 7 del artículo 18 y de los artículos 30, 31 y 32 de la Ley 5a

para que sean ajustados y armonizados de acuerdo con el Acto

Legislativo 01 de 2007 que en su primer artículo estipula lo si-

guiente:

“$UWtFXOR(OQXPHUDO GHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ

3ROtWLFDGH&RORPELDTXHGDUiDVt

&LWDU\UHTXHULUDORV0LQLVWURV6XSHULQWHQGHQWHV\'LUHFWR-

UHVGH'HSDUWDPHQWRV$GPLQLVWUDWLYRV SDUDTXHFRQFXUUDQ DODV

VHVLRQHV /DV FLWDFLRQHV GHEHUiQ KDFHUVH FRQ XQD DQWLFLSDFLyQ

QRPHQRUGHFLQFR GtDV\IRUPXODUVHHQ FXHVWLRQDULRHVFULWR En

caso de que los Ministros, Superintendentes o Directores de De-

SDUWDPHQWRV$GPLQLVWUDWLYRVQRFRQFXUUDQVLQH[FXVDDFHSWDGD

por la respectiva cámara, esta podrá proponer moción de censu-

UD/RV0LQLVWURV6XSHULQWHQGHQWHVR'LUHFWRUHV$GPLQLVWUDWLYRV

GHEHUiQVHU RtGRV HQ OD VHVLyQ SDUD OD FXDO IXHURQ FLWDGRV VLQ

SHUMXLFLRGHTXHHOGHEDWHFRQWLQ~HHQODVVHVLRQHVSRVWHULRUHVSRU

GHFLVLyQGHODUHVSHFWLYDFiPDUD(O GHEDWHQRSRGUiH[WHQGHUVH

DDVXQWRVDMHQRVDOFXHVWLRQDULR\GHEHUiHQFDEH]DUHO2UGHQGHO

'tDGHODVHVLyQ´

De suerte tal, que como lo indica el artículo reseñado ya no es

atribución del Congreso en pleno, sino de cada una de las respec-

tivas cámaras convocar y decidir sobre la moción de censura en

contra de los altos funcionarios públicos. Por esta razón se hace

QHFHVDULRLQWURGXFLUODVPRGL¿FDFLRQHVSHUWLQHQWHVHQOD/H\a de

1992 para que se ajusten al contenido de la Constitución Política

de Colombia.

El Representante a la Cámara,

*XLOOHUPR$QWRQLR6DQWRV0DUtQ

CAMARA DE REPRESENTANTES

SECRETARIA GENERAL

El día 6 de agosto del año 2008 ha sido presentado en este Des-

pacho el Proyecto de ley número 075 con su correspondiente ex-

posición de motivos por el honorable Representante Guillermo

6DQWRV0DUtQ

El Secretario General,

-HV~V$OIRQVR5RGUtJXH]&DPDUJR

C O N T E N I D O

Gaceta número 510 - Viernes 8 de agosto de 2008

CAMARA DE REPRESENTANTES

Pág.

PROYECTO DE LEY

3UR\HFWR GH OH\ Q~PHUR  GH  &iPDUD SRU OD FXDO VH PRGL¿FD

el artículo 376 de la Ley 599 de 2000...................................................... 1

3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGHSRUODFXDOVHPRGL¿FDQXQRVDUWtFXORV

de la Ley 23 de 1982................................................................................ 3

Proyecto de ley número 071 de 2008 Cámara, por medio de la cual se hace

una adición al Código Penal (Ley 599 de 2000), se crea el tipo penal

“denegación de salud” y se dictan otras disposiciones............................ 5

3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH&iPDUDSRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FD

el artículo 61 de la Ley 100 de 1993........................................................ 11

Proyecto de ley número 073 de 2008 Cámara, por medio de la cual se estable-

cen medidas tributarias especiales en el Departamento del Tolima, debido

al problema de desempleo estructural que enfrenta la región.................. 15

Proyecto de ley número 074 de 2008 Cámara, por medio de la cual se adiciona

el artículo 4° de la Ley 31 de 1992.......................................................... 20

3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH&iPDUDSRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FD

parcialmente La Ley 5a de 1992.............................................................. 21

IMPRENTANACIONAL DE COLOMBIA - 2008

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Gaceta del Congreso del 08-08-2008 - Número 510PL (Contenido completo)

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