Gaceta del Congreso del 22-07-2002 - Número 294AC (Contenido completo)
| Fecha de publicación | 22 Julio 2002 |
| Número de Gaceta | 294 |
GACETA DEL CONGRESO 294 Lunes 22 de julio de 2002 Página 1
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
SENADO Y CAMARA
G A C E T A D E L C O N G R E S O
AÑO XI - Nº 294 Bogotá, D. C., lunes 22 de julio de 2002 EDICION DE 40 PAGINAS
DIRECTORES:
REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PUBLICO
S E N A D O D E L A R E P U B L I C A
ANGELINO LIZCANO RIVERA
SECRETARIO GENERAL DE LA CAMARA
LUIS FRANCISCO BOADA GOMEZ
SECRETARIO GENERAL DEL SENADO (E.)
A C T A S D E C O M I S I O N
I S S N 0 1 2 3 - 9 0 6 6
COMISION PRIMERA
DEL HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA
ACTA NUMERO 31 DE 2002
(mayo 14)
Cuatrienio 1998-2002
Legislatura 2001-2002 - Segundo Período
En la ciudad de Bogotá, D. C., el día martes, catorce (14) de mayo
de dos mil dos (2002), siendo las 11:25 a.m., la Secretaría procedió a
llamar a lista, a los honorables Senadores y contestaron:
Angel Arango Carlos Arturo
Blum de Barberi Claudia
Castro Vargas José Gabriel
Cruz Velasco María Isabel
Gómez Gallo Luis Humberto
Martínez Betancourt Oswaldo Darío
Pinedo Vidal Miguel
Rodríguez González-Rubio Cecilia
Rojas Jiménez Héctor Helí
Sánchez Mesa Jorge León
Trujillo García José Renán. En total once (11) honorables Senadores.
En el transcurso de la sesión se hicieron presentes los honorables
Senadores:
Caicedo Ferrer Juan Martín
Carrizosa Franco Jesús Angel
Gerlein Echeverría Roberto. En total tres (3) honorables Senadores.
Con el quórum reglamentario, la Presidencia ordenó a la Secretaría
dar lectura al Orden del Día, el que leído y sometido a votación fue
aprobado, en el momento que existió quórum decisorio.
III
Consideración y votación del acta de la sesión anterior
Puesta en consideración el Acta 30, con fecha 9 de mayo de 2002
y sometida a votación fue aprobada, en el momento que existió
quórum decisorio.
IV
Debate sobre la Crisis política Criminal en Colombia
Desarrollo de la Proposición número 62
Citación:
· Doctor Armando Estrada Villa, Ministro del Interior.
· Doctor Rómulo González Trujillo, Ministro de Justicia y del
Derecho.
Invitación:
· Doctor Luis Camilo Osorio Isaza, Fiscal General de la Nación.
· Doctor Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la
Nación.
· Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, Defensor del Pueblo.
· Doctor Alvaro Orlando Pérez Pinzón. Presidente de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
· General Luis Ernesto Gilibert Vargas. Director de la Policía
Nacional.
Senadora Citante: Doctora Cecilia Rodríguez González-Rubio:
La Secretaría dio lectura a las excusas que se han presentando para
la presente sesión y cuyos textos son:
Doctor
EDUARDO LOPEZ VILLA
Secretario Comisión Primera del Senado.
Ciudad
Apreciado doctor López:
Me refiero a la Proposición número 62 aprobada por la Comisión
Primera del Senado de la República en sesión del día 23 de abril del año
en curso suscrita por la honorable Senadora Cecilia Rodríguez
González-Rubio, relacionada con el desarrollo de la política criminal.
Sobre este particular me permito acoger los términos de las respuestas
que ha presentado el señor Ministro de Justicia y del Derecho, entidad
competente para desarrollar los planteamientos en torno a este y
confirmar mi asistencia al debate el día 14 de mayo.
Cordialmente,
Armando Estrada Villa,
Ministro del Interior.
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Doctor
EDUARDO LOPEZ VILLA
Secretario Comisión Primera del Senado
Ciudad
Apreciado doctor.
Con motivo del viaje del señor Presidente de la República al Reino
de España debo cumplir algunas funciones como Ministro Delegatario,
por lo cual me excuso formalmente de asistir en la mañana de hoy a la
Comisión Primera Constitucional del honorable Senado de la Repú-
blica para atender la Proposición número 62, razón por la cual delego
en el señor Viceministro de Justicia doctor Benjamín Bernal Arévalo,
mi representación allí, todo de conformidad con la respuesta al
cuestionario contenido en Oficio 0100 del 7 de los corrientes.
Cordial saludo,
Rómulo González Trujillo,
Ministro de Justicia y del Derecho.
* * *
Doctor
EDUARDO LOPEZ VILLA
Secretario Comisión Primera del Senado
Ciudad
Respetado doctor:
Agradezco la invitación a la sesión que se llevará a efecto en esa
Célula Legislativa el próximo martes 14 de mayo a las 10:00 a.m.,
referente a la Proposición número 62 y a la que no me es posible asistir
debido a compromisos previamente adquiridos por mi despacho que
requieren de mi presencia como supremo jefe del Ministerio Público.
Atento a la importancia del tema el señor Viceprocurador General de
la Nación, doctor Carlos Arturo Gómez Pabayo, asistirá a la Plenaria
en representación de la Procuraduría General de la Nación y respon-
derá a las inquietudes planteadas en el cuestionario formulado por
ustedes.
Cordial saludo,
Edgar José Maya Villazón.
Procurador General de la Nación.
* * *
Doctor
JOSE RENAN TRUJILLO
Presidente Comisión Primera Senado
Ciudad
Apreciado doctor Trujillo.
En atención a la Proposición número 62 suscrita por la honorable
Senadora Cecilia Rodríguez referente al debate de la política criminal
del Estado y a cuya audiencia me encuentro invitado el próximo martes
14 de mayo del año 2002, me permito con todo respeto solicitar se sirva
excusarme de asistir a dicha audiencia debido a que en esa fecha me
encontraré en la ciudad de Pasto Nariño en gestión humanitaria y
atendiendo a la situación de orden público de la región por solicitud del
señor Gobernador del Departamento, doctor Parmenio Cuéllar.
Atentamente,
Edgar Cifuentes Muñoz,
Defensor del Pueblo.
* * *
Doctor
EDUARDO LOPEZ VILLA
Secretario Comisión Primera
Honorable Senado de la República
En atención a su amable invitación a la sesión que se llevará a cabo
el próximo 14 de mayo del año en curso para responder el cuestionario
de la Proposición número 62, me permito informarle que lamenta-
blemente no podré asistir teniendo en cuenta que para esa fecha se
encuentra programada una ceremonia policial con motivo de la efemé-
rides de la Escuela Nacional de Policía General Santander, presidida
por el doctor Andrés Pastrana Arango, Presidente de la República.
Atentamente,
General Luis Ernesto Gilibert Vargas,
Director General Policía Nacional.
La Presidencia concedió el uso de la palabra a la Senadora Citante,
honorable Senadora Cecilia Rodríguez, quien en su exposición dijo:
Honorable Senadora Cecilia Rodríguez González-Rubio:
Gracias Presidente. Para iniciar yo creo que es importante recordar
que los debates en el Congreso de la República son para ejercer un
control, el control político entre los poderes públicos y que los
ciudadanos tienen derecho a que sí se ejerza, por ello quiero lamentar
la ausencia del Ministro de Justicia en este debate.
Especialmente quiero mencionar esto porque yo cité a un debate en
la Plenaria el 20 de julio de 2001, con un cuestionario que tenía unos
contenidos similares a política criminal, haciendo énfasis en el tema
de la crisis carcelaria.
Desafortunadamente por la presión política quizás en el Senado de
muchos Congresistas en el deseo de hacer debates, el debate no fue
agendado en el año 2001, sino que por la presión de un Senador, creo
que fue el Senador Arenas al Presidente éste decidió agendar los
debates que quedaron acumulados del año pasado.
Pero las respuestas del señor Ministro estaban a todas luces
desactualizadas por que tenían más de ocho (8) meses de haber sido
respondido el cuestionario. Por esa razón elaboré un cuestionario
distinto para hacer este debate en la Comisión. Con ello queda
entendido que el Ministro de Justicia conocía el interés de nosotros de
hacer un debate sobre política criminal, por ello lamento seriamente la
ausencia del Ministro de Justicia en este debate.
Yo quisiera comenzar con un tema teórico que es muy importante
para entender la crisis que está viviendo el país en este momento. Y es,
¿qué es política criminal? Habría dos enfoques, obviamente el teórico
y el práctico. Nosotros sabemos que las inquietudes sobre el deber ser
en la ciencia del Derecho Penal, pues deben tener un contenido
filosófico y por ello la política criminal es la de ontología del Derecho
Penal.
Y en sentido práctico simplemente debemos buscar acercar el deber
ser al ser, porque yo creo que Colombia es un excelente ejemplo de una
distancia abismal entre el deber ser y el ser, lo vivimos todos los días,
las múltiples víctimas, los casos todos los días que son responsables no
solo los actores armados del conflicto que nos agobia, sino la delin-
cuencia común, que yo creo que ameritan un análisis serio sobre el
tema.
Política Criminal tiene un contenido muy importante y quise
recordarlo a nivel teórico porque en el cuestionario que le hicimos al
Ministro de Justicia, el Ministro se centró muchísimo en la pregunta
de política criminal en todo el tema carcelario, sin embargo, nosotros
sabemos perfectamente que la política criminal es donde confluyen las
tres ramas del Poder Público. Es decir, los Colombianos tenemos un
gran reto que es poner de acuerdo a la Rama Judicial, poner de acuerdo
al Ejecutivo y poner de acuerdo al Poder Legislativo para poder tener,
ofrecerle a los ciudadanos una coherente política criminal.
Eso no se ha dado porque nosotros sabemos que en Colombia los
servidores públicos prefieren mirar sus funciones desde el punto de
vista territorial, esto es mío, esta es mi responsabilidad, que nadie se
me meta en esto, yo no me meto en la de nadie más, y en consecuencia
no hemos podido lograr tener una política criminal que responda a la
crisis que vive el país.
Hemos hecho la lista simplemente por dar un resumen de todo lo
que contiene, sabemos que la base fundamental es el estudio de las
investigaciones, el análisis numérico de todas las cosas que están
ocurriendo a nivel de criminalidad para poder brindarle a las Ramas
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del Poder Público los elementos para tomar decisiones coherentes, a
partir de un principio filosófico.
Nosotros no solamente reconocemos una gran ineficacia de la
justicia penal, porque no es un secreto que los ciudadanos Colombia-
nos se sienten realmente abandonados por la justicia, alrededor del
48% de los ciudadanos no van a la justicia, eso genera una gran
desconfianza de los ciudadanos en la justicia y afecta la legitimidad del
Estado.
Cuando ocurren cosas como la crisis en la organización electoral
que ha ocurrido recientemente en donde se pone en duda la pureza de
algunas mesas de votación, pero además encontramos una baja legiti-
midad del Estado por una justicia débil vemos lo grave que es afectar
la legitimidad del Estado, y yo creo que Colombia cayó en ese círculo
vicioso porque las dos funciones fundamentales de prevención del
delito y represión del delito son sumamente débiles en el país, la
rehabilitación de los delincuentes y la readaptación también y por eso
se incrementa el delito y ahí hay un gran menosprecio por las normas
y con eso se encamina una lenta disolución de la Nación.
Yo quisiera contarles cuál es la percepción del usuario de justicia y
es lamentable tener que definir o encontrar que el 48% de los hogares
no acuden al servicio de justicia. ¿Por qué? Pues ahí está. El 68% de
ese grupo por la desconfianza en la operatividad y en la transparencia
de la administración de justicia. Imagínense ustedes la gravedad de lo
que eso significa. No cree en la transparencia de la administración de
justicia. El 13%, no cree en las autoridades. El 15% cree que hay
ausencia de autoridad y el 12% que encuentra un difícil acceso a la
autoridad. Esto es una encuesta del DANE que preocupa muchísimo.
Adicionalmente el 05 de abril encontramos un artículo en El
Tiempo donde la Corte Suprema de Justicia cuestiona la política
criminal. Yo creo que eso es gravísimo, eso fue una posición que fue
fijada por la Corte al resolver un conflicto entre dos juzgados de
Bucaramanga que se negaban a procesar un guerrillero que extorsionaba
una familia Santandereana para que le diera 300 millones de pesos y
la sentencia dice, en un pedazo, dice: “de una política criminal que no
puede continuar siendo producto de situaciones coyunturales ni de
criterios de quienes representan la autoridad del Estado”. Dicho por la
Corte Suprema de Justicia. Es decir, es evidente que no hay una
política criminal de Estado en Colombia.
Y debemos recordar de quién es la responsabilidad de la política
criminal, es del Presidente de la República. En su sentencia 641 de
2001, dice como la misma norma lo prevé la formulación de la política
criminal del Estado es asunto del resorte exclusivo del señor Presiden-
te de la República, claro está con la colaboración armónica de las
demás ramas y organismos del poder público.
Con eso vemos que hay una gran debilidad desde el Ministerio de
Justicia para la implementación de una política coherente. Entre otras
cosas porque hay una carencia de un órgano responsable de ejecutar la
política criminal. Es decir, hay un consejo asesor de política criminal
y quiero contarles que desde el año 98 se ha reunido ocho (8) veces.
Cuatro veces, presidida por el Ministro Parmenio Cuéllar en donde se
trataron temas de política criminal, según los contenidos del cuestio-
nario que he recibido y cuatro veces presidido por el Ministro Rómulo
González y quiero contarles que tres de esas cuatro veces se trató el
tema de la Ley de Jubileo, absolutamente inocua para el tema de
política criminal, y una vez, para el análisis legal con motivo de una
tutela que se presentó.
De manera que el Consejo Asesor de política criminal es letra
muerta en las normas de este país. Y yo pienso que le cabe también una
responsabilidad al Ministerio de Justicia y del Derecho, y es que debe
dignificar el ejercicio del derecho, garantizando una justicia imparcial
y oportuna porque en Colombia hay una creencia que a mí me parece
sumamente grave y es que los abogados rectos son ineptos, y yo creo,
que sí es responsabilidad no solo del Ministerio de Justicia y del
Derecho, sino de todas las personas en el Estado para construir una
justicia imparcial y oportuna y modificar las creencias que cogen
carrera, porque definitivamente vamos destruyendo los valores que
deben ser los pilares de la Nación.
Porque Colombia necesita más...
Honorable Senadora Cecilia Rodríguez González-Rubio:
…Otro país, una política criminal integral, pues es obvio las vidas
perdidas, los atentados contra la libertad y contra la integridad y contra
el patrimonio, la impunidad, la gravísima crisis carcelaria, la conges-
tión judicial. Aunque en esta ha habido avances y unos usuarios, unos
colombianos insatisfechos.
Miremos y entremos realmente en el contenido de la criminalidad
en Colombia. Yo creo que este cuadro es quizá el retrato que se nos
había olvidado. Las primeras tres columnas representan las décadas
del 50/60 y 70 en donde había un promedio anual de 50.000 delitos por
año.
Y en la década del 80 se multiplica por cuatro y pasamos a tener un
promedio anual de doscientos mil delitos por año.
Yo creo que el transcurrir de los días nos hace perder perspectiva
para entender la crisis que estamos viviendo. Que de la década del 70
al 80 pasemos a cuadruplicar los delitos cometidos, yo creo que
merece un análisis integral para tomar las decisiones legislativas,
jurisdiccionales y administrativas de gestión que correspondan y ha
todas luces el origen de esto es el narcotráfico. Tenemos que ver cómo
entra en todos los campos de la sociedad.
Miremos por ejemplo que el 48% de los delitos son contra el
patrimonio económico y el 385 contra la vida y la integridad personal.
Eso nos demuestra que tenemos no solamente unos actores armados
enfrascados en un conflicto, sino una gran delincuencia común que
aprovecha esta circunstancia y está afectando el patrimonio de los
colombianos de una manera importante que hay que considerar para
la política criminal.
La tasa de homicidios por cada cien mil habitantes. Vemos también
cómo tiene un pico en la época de Pablo Escobar. La evolución de los
secuestros en Colombia desde 1962 hasta el 2001, miren lo dramático
del crecimiento, yo creo que no podemos perder la perspectiva de este
flagelo que afecta a los colombianos, cada vez hay más gente, que más
delincuentes que les parece interesante secuestrar. Vemos por origen
las autodefensas, la subversión y la delincuencia común, vemos cómo
el más alto porcentaje tiene que ver con la subversión y la delincuencia
común.
Adicionalmente vemos los autores del secuestro, las Farc en los
últimos cinco años tiene tres mil cuatrocientos secuestros, el ELN dos
mil novecientos, la delincuencia común tiene mil seiscientos cincuen-
ta y ocho, sin establecer hay tres mil siento sesenta y siete y otros en
donde está el Jaime Báteman y el EPL novecientos cuarenta y tres
secuestros.
Yo creo que eso es un gran drama nacional, las modalidades de
secuestro, extorsivo económico, extorsivo político.
Adicionalmente vemos un estimativo echo por el Ministerio de
Defensa con los ingresos estimados por concepto de secuestro ciento
ochenta millones de dólares en los últimos seis años para las Farc yo
creo que eso amerita un análisis de política criminal.
Sigamos. Eso es el crecimiento del secuestro con las víctimas.
Menores de edad muchísimas víctimas. Allí están.
Y miremos los casos de terrorismo en Colombia. Miren como se
han incrementado en los últimos años de manera dramática y
adicionalmente podemos ver el número de víctimas promedio, como
ha crecido por cada masacre. Yo creo que esto es un drama en el país.
Y ahora quisiera que entráramos a analizar cuál es la situación nuestra.
Bueno. La carga laboral y la efectividad en la Fiscalía y en la rama.
La capacidad y la eficacia del sistema penitenciario. Yo quisiera
analizar estos temas porque la rama judicial ha hecho un avance muy
importante. La Fiscalía vamos a ver cómo está y quisiera que viéramos
el sistema penitenciario.
Con esto yo quisiera mostrar las entradas y las salidas de procesos
por tipo de despacho en la especialidad penal. Ahí lo más importante
a resaltar es que la rama judicial ha hecho un gran esfuerzo porque hoy
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