Gaceta del Congreso del 22-11-2006 - Número 557PPDPL (Contenido completo)
| Fecha de publicación | 22 Noviembre 2006 |
| Número de Gaceta | 557 |
GACETA DEL CONGRESO 557 Miércoles 22 de noviembre de 2006 Página 1
P O N E N C I A S
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
www.imprenta.gov.co
SENADO Y CAMARA
AÑO XV - Nº 557 Bogotá, D. C., miércoles 22 de noviembre de 2006 EDICION DE 32 PAGINAS
DIRECTORES:
REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PUBLICO
S E N A D O D E L A R E P U B L I C A
ANGELINO LIZCANO RIVERA
SECRETARIO GENERAL DE LA CAMARA
www.camara.gov.co
EMILIO RAMON OTERO DAJUD
SECRETARIO GENERAL DEL SENADO
www.secretariasenado.gov.co
G a c e t a d e l c o n G r e s o
I S S N 0 1 2 3 - 9 0 6 6
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY
NUMERO 50 DE 2006 SENADO
por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de diálogo político y co-
operación entre la Comunidad Europea y sus países miembros, por una
parte, y la Comunidad Andina y sus países miembros (Bolivia, Colom-
bia, Ecuador, Perú y Venezuela), por otra parte, hecho en Roma, el
quince (15) de diciembre de dos mil tres (2003).
Bogotá, D. C., noviembre 14 de 2006
Doctora
MARTHA LUCIA RAMIREZ
Presidente
Comisión Segunda Constitucional Permanente
Senado de la República
Ciudad.
Respetada doctora.
Atendiendo la honrosa designación que me hiciera la mesa directi-
va de la Comisión Segunda de Senado rindo ponencia al Proyecto de
ley número 50 de 2006 Senado, por medio de la cual se aprueba el
acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Comunidad Euro-
pea y sus países miembros, por una parte, y la Comunidad Andina y sus
países miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), por
otra parte, hecho en Roma, el quince (15) de diciembre de dos mil tres
(2003), en los siguientes términos:
Las relaciones que ha venido manteniendo la Unión Europea con la
Comunidad Andina, pueden resaltarse en la Declaración de Roma de
1996; en la Ley 183 del 29 de enero de 1995, que aprobó el “Acuerdo
Marco de Cooperación entre la Comunidad Económica Europea y el
Acuerdo de Cartagena y sus países miembros, la República de Bolivia,
la República de Colombia, la República del Ecuador, la República del
Perú y la República de Venezuela”, suscrito en Copenhague el 23 de
abril de 1993; y mediante la Ley 825 de 2003, que aprobó, “el Conve-
nio Marco Relativo a la Ejecución de la Ayuda Financiera, Técnica y
de Cooperación Económica en la República de Colombia en virtud del
reglamento ALA (Cooperación Europea con América Latina y Asia) de
2000”.
A pesar de la importancia de estos acuerdos ya vigentes, que se cen-
tran principalmente en la relación de los derechos humanos y la coope-
ración técnica en varias áreas de la producción y la tecnología. Los dos
bloques regionales pretenden acentuar las relaciones de “cooperación”
mediante un Acuerdo de diálogo político, en el cual, sin lugar a dudas,
ltran posiciones dominantes, deniendo temas que claramente esca-
pan a los límites de los tratados de cooperación, acordando contenidos
implícitos, que de manera anticipada predeterminan, las materias que se
suponen serían temas de cooperación, sobre el entendido de la suscrip-
ción de tratados especícos en esos aspectos.
No quiere decir que estemos en contra de los tratados de coopera-
ción. Lo que ocurre es que el tratado que revisamos no es estrictamen-
te un tratado de cooperación sino que transciende su naturaleza para
convertirse, en lo que en lenguaje legislativo interno se denominan
“micos”, para convertirse en un acuerdo denitorio de aspectos básicos
sobre los cuales no hay acuerdo. Estos a priori de la cooperación son
inadmisibles.
Cuando los jefes de Estado reunidos en la ciudad de Madrid, en el
marco de la cumbre de la Unión Europea, América Latina y el Caribe,
decidieron negociar un “acuerdo de diálogo político y de cooperación
entre la Comunidad Andina y la Unión Europea”, que concluye, el 15
de diciembre de 2003, y cuyo texto está hoy a consideración de este
Congreso, las partes intervinientes sobrepasaron los alcances propios
de un acuerdo de cooperación, deniendo, puntos concretos con un len-
guaje, en veces velado, en detrimento del interés nacional, y es lo que
nos atañe en particular, de Colombia.
A pesar del título del proyecto que señala tener por objeto la apro-
bación de ese acuerdo de diálogo político y cooperación, y así lo ha
presentado el Gobierno Nacional a este Congreso, no podemos con-
cluir que se trata de una iniciativa que servirá de referencia para iniciar
negociaciones en las cuales se avance en la construcción de un orden
internacional entre las dos regiones, que pueda permitir la constitución
a futuro de “un Acuerdo de Asociación”, o de “Integración”.
Si, por ejemplo, se comparan los escenarios de cooperación que in-
corpora la iniciativa con los ámbitos de cooperación que existen actual-
mente, especialmente con el “Acuerdo Marco de 1993”, se produce una
ampliación de las esferas, sobre las materias que serán objeto de aque-
lla, centrando su campo de actuación en el fortalecimiento de la paz y
la seguridad; la estabilidad política y social, a través del esfuerzo de la
gobernanza y el respeto a los derechos humanos; la profundización de
proyectos de cooperación, incluidos los procesos de desarrollo produc-
tivo y el aumento de la capacidad de la exportación; y la reducción de la
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pobreza, principalmente acentuando un alto grado de conciencia sobre
el nivel de desarrollo en la región Andina. Pero todo con una lógica
transversal de condicionamientos, que obstaculizan un diálogo abierto
de cooperación, generando desde ya, la denición de condiciones des-
ventajosas para los colombianos.
El Acuerdo, se elaboró de manera clara precedido de un preámbulo,
a manera de justicación o motivaciones del Convenio, en el cual se
destacan los lazos históricos y culturales y las necesidades de su fortale-
cimiento, el compromiso con la democracia y los derechos humanos, la
lucha contra las drogas y los delitos conexos, con base en los principios
de responsabilidad compartida, integralidad, equilibrio y multilaterali-
dad. También contiene el preámbulo compromisos frente a la pobreza y
la equidad. Estos aspectos, considerados de manera general no admiten
la más mínima discusión, ¿quién podría estar en contra de escenarios
propiciatorios de solución a esas graves problemáticas? Lo que ocurre
es que en el diseño textual del acuerdo esos temas se ven condicionados
por intereses que no consultan de manera directa los propios de nuestro
país, predeniendo temas, que no hemos admitido debidamente a nues-
tro interior ni en los foros internacionales.
Por ejemplo, en el preámbulo se hace énfasis en la necesidad en la
liberalización de los intercambios comerciales y en la promoción del de-
sarrollo sostenible en la Región Andina, promoviendo procesos partici-
pativos, a lo cual se agrega la cooperación en asuntos migratorios de asilo
y refugio. ¿Hasta qué puntos debe avanzarse en la liberalización comer-
cial?, ¿cuál es nuestro nivel de competitividad frente al desarrollo econó-
mico y tecnológico de la Unión Europea, para admitir como un ideal la
liberalización de los intercambios comerciales? Estos temas predenen
una política pública, sobre la cual quiero llamar la atención sobre los
miembros del Congreso. Es fácil hablar de globalización, de intercambio,
de comercio por bloques, de ventajas comparativas de producción, de
benecio para los consumidores de productos básicos, de precios más
bajos de bienes de la canasta familiar, de origen importado, de calidad de
producto, de mejoramiento de la calidad de vida, de aumento de la circu-
lación, todo lo cual en teoría, puede sonar convincente.
Pero, la realidad es como es y a veces peor. Y esto resulta una opción
política concreta. Puede ser que nos convirtamos en un país mercado,
es decir, en un país pobre y explotado, nueva forma del colonialismo y
la dependencia, frente a países productores, con capacidad nanciera,
infraestructura, tecnología, riquezas, bienestar. Y esto no es un juego
honorables congresistas, es una tensión del frío capital y su aspiración
de ganancia ilimitada. En esas tensiones no caben los cantos de sirena.
Es un juego de intereses en el que esas liberalizaciones pueden retar-
dar el proceso de desarrollo económico y sobre todo social por varias
décadas.
Sea bienvenida la inversión extranjera, sobre todo en la creación de
nuevas empresas. No para la compra de las existentes. El día de hoy
apareció en la prensa nacional una información que revela que las 10
más grandes empresas están en manos del capital extranjero. De ma-
nera que los empresarios colombianos, engrandecen las empresas, las
fortalecen, y el capital extranjero las absorbe y remite las utilidades a
sus países de origen. Esta apertura no sirve, por cuanto no redistribuye
la riqueza en el país. Bienvenida, se repite, la inversión extranjera, para
producir riqueza en el país y por sobre todo para aumentar el empleo.
Hace rato ya se realizó el ideal de la construcción de un mercado
global. Frente a este, la poderosísima ley de la oferta y la demanda ha
permitido una circulación de bienes, cuyos volúmenes resultan extraor-
dinarios, como nunca antes conoció la humanidad. Esto ha dado lugar
a la construcción de procesos de internacionalización, de transnacio-
nalización y de integración de la mayor trascendencia y signicación
económicas, sin embargo, insertarse en los mismos, para países como
el nuestro resulta necesariamente un ejercicio de gran cautela, por los
efectos negativos que pueden deducirse de conductas como las de lan-
zarse a la piscina sin agua. ¿Qué es nuestra capacidad productiva a ni-
vel mundial? ¿Cuál es nuestra capacidad de ciencia y tecnología que
permitan un desarrollo productivo, equiparable?, pueden convertirnos
esos procesos de deliberación en los dueños de las tiendas de las esqui-
nas, mientras los países avanzados resultan los dueños de las grandes
cadenas de megatiendas, solo para citar un ejemplo coloquial, pero que
resulta válido en todos los Ordenes de la actividad económica y comer-
cial, sin excepciones.
Las tesis que hemos oído en los últimos días del gobierno especial-
mente lo que tiene que ver con la producción agrícola, nos quieren
destinar, siendo un país con grandes posibilidades agropecuarias, a ser
productores en segmentos marginales, claudicando de nuestras posibi-
lidades industriales en materia agrícola, para de esa manera aceptar que
la gran producción subsidiada del exterior invada nuestros mercados.
Esta realidad será necesariamente productora ahí sí de más magní-
cos índices de pobreza. Las cifras ociales hablan de disminución de la
pobreza y entiende que con la apertura propuesta en el convenio se po-
drá lograr. A nosotros nos parece improbable, si se tiene en cuenta que
la propuesta es la de internacionalizar el libre cambio en un capitalismo
salvaje de nivel mundial. Hagamos intercambio comercial en términos
de equidad.
El tratado tiene como un valor, per se, las bondades del libre in-
tercambio, y a partir de allí, propone una cooperación entre la Unión
Europea y los países andinos. Pues bien, honorables Senadores, no es
de por sí un mecanismo de “cooperación” el que propone competir a las
empresas competitivas con las empresas poco competitivas del tercer
mundo de países como las del nuestro. Esta razón nos lleva a plantear
interrogantes de fondo sobre la naturaleza del tratado que revisamos.
Pero, más aún, los mecanismos de compensación que parecen idear-
se en el tratado por ejemplo en el artículo 51 que se reere a los recursos
nancieros destinados a facilitar la cooperación acordada con interven-
ción del Banco Europeo de Inversiones en la Comunidad Andina, con
el compromiso de conceder facilidades y garantías a los expertos de la
Comunidad Europea así como exenciones de derechos a las importa-
ciones realizadas en el marco de la cooperación, se entiende como una
lógica asistencial por parte de la Unión Europea, que sin lugar a dudas
no tiene un carácter gratuito o de simple liberabilidad.
El acuerdo contiene un conjunto de elementos propiciatorios de un
TLC entre la CAN y la UE, lo cual no ha sido consultado con los sec-
tores económicos y políticos del país, ni con la sociedad civil. Lo que
contraría en grado sumo la lógica del respeto por el interés nacional. Ni
siquiera la decisión de iniciar unas conversaciones de un TLC con la
Unión Europea puede adelantarse sin previamente hacer las consultas
indispensables de los sectores comprometidos, pues de otra manera, se
desconoce el concepto de la participación democrática.
No es que estemos en contra de que los países avanzados abran mer-
cado y que nosotros eventualmente podamos ser un mercado, el proble-
ma es el costo social de la apertura de los mercados, el costo en térmi-
nos de crecimiento y desarrollo económico. El Acuerdo es arcaico, que
parece consultar la primera realidad del siglo 20. Esa cooperación está
mandada a recoger porque favorece la lógica de la dependencia y de la
subordinación a favor de los países avanzados. (Separata del New York
Times – nov. 13 de 2006).
Sin perjuicio de admitir, que los temas que comprende el Acuerdo
deben necesariamente ser abordados por el país y todos los miembros
de la Comunidad Andina en algún momento, consideramos que el mis-
mo, no suministra las sucientes garantías para el adelantamiento de
ese diálogo en condiciones de equidad y cooperación.
Con motivo de la elaboración de esta ponencia y de la lectura del
texto del Convenio, resultó indispensable formular de manera anticipa-
da unos interrogantes al Ministerio de Relaciones Exteriores, que ponen
en evidencia que una cosa es la posición de la Cancillería y otra el texto
literal que se somete ahora a consideración del Congreso de la Repúbli-
ca de Colombia.
Adicionalmente, nos preocupa las implicaciones económicas direc-
tas del Tratado, principalmente en lo que tiene que ver con régimen mi-
gratorio, intercambio agrícola e industrial, propiedad intelectual, sector
minero, aduanas y microempresas entre otros, cuya redacción, podría
signicar, visto el uso de algunos verbos rectores de las formulaciones
normativas en las cuales se plantean estos temas, que vienen a otorgar el
carácter de especícos a algunos de los contenidos que contiene.
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Contrario a las respuestas dadas por el Ministerio, la inclusión den-
tro de este acuerdo de cooperación, en nuestra legislación excede el
nivel mismo de los intereses de las voluntades de los países que lo sus-
criben. Al exigir, por medio de este tipo de decisiones, las bases para
la inclusión de un Acuerdo de Libre Comercio, que como ya se indicó
no consulta el interés nacional. ([…Las Partes conrman su objetivo
común de trabajar para crear las condiciones que les permitan negociar,
… “incluido un acuerdo de libre comercio”…] artículo 2° numeral 2).
Además, este acuerdo promueve la inclusión de cambios normativos
y de regulación, en ámbitos de protecciones aún más restrictivas en
materias como propiedad intelectual y normativa en materia de migra-
ciones que va en contravía.
[…b) La formulación y aplicación de leyes y prácticas nacionales
en materia de protección internacional, tanto para cumplir las disposi-
ciones de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los
Refugiados, de su Protocolo de 1967 y de otros instrumentos regionales
e internacionales pertinentes, como para garantizar el respeto del prin-
cipio de “no devolución”…].
Del mismo modo se está incluyendo dentro del acuerdo preámbulos
de los Tratados de Libre Comercio suscritos por la Comunidad Andina
con otros países, reconociendo la obligatoriedad de la implementación
de los mismos. Ver:
[…Ambas Partes se comprometen
a otorgar, en el marco de sus legis-
laciones, reglamentaciones y polí-
ticas respectivas, una protección
adecuada y ecaz a los derechos
de propiedad intelectual de con-
formidad con las normas interna-
cionales más estrictas…] artículo
15 “Acuerdo de diálogo Político”
Las Partes concederán y asegu-
rarán una protección adecuada y
efectiva de los derechos de pro-
piedad intelectual, acordes con las
más altas normas internacionales,
Preámbulo Tratado Unión Euro-
pea-Chile.
De igual manera es de notar, la imposibilidad que se tiene en este
acuerdo de “Cooperación” de trabajar temas migratorios que procuren
mejorar el status legal de los connacionales, apartándose de la actual
situación económica y social del país, pues en la mayoría de los casos,
la migración de colombianos hacia Europa se da por la ausencia de un
estado garante.
Por el contrario, este acuerdo de cooperación se aparta de las polí-
ticas que buscan países que como el nuestro que tiene una buena parte
de su población viviendo en el exterior pero que le garantiza una sub-
sistencia digna en condiciones de legalidad en los países receptores. Y
como si fuera poco acepta de manera intrínseca la expulsión de nuestros
colombianos de los países rmantes del presente acuerdo. En resumen,
por este aspecto migratorio, el acuerdo “de cooperación”, autoriza a la
expulsión como parias de los colombianos residentes en la Unión Eu-
ropea y demás países andinos, con desconocimiento de los derechos de
los inmigrantes y de los refugiados.
De otra parte, resulta signicativo, que mientras los países que in-
tegran la Unión Europea han aprobado el tratado, todavía los países
andinos no lo han hecho. Un análisis de contenido de la conducta estatal
en torno al acuerdo, deja claro el interés de la Unión Europea y las pre-
ocupaciones de la CAN sobre el mismo.
Todo el discurso del Ministerio de Relaciones Exteriores resulta alta-
mente preocupante, al imbricar la lógica de cooperación con una lógica
de acuerdos especícos sin nada con pre-conceptos en temas cruciales
de nuestro desarrollo, así por ejemplo lo que tiene que ver con la pro-
piedad intelectual, se da por sentada la existencia de normas internacio-
nales estrictas que deberán ser acatadas en el marco de la cooperación
(artículo 15); la informatización proveniente de tecnologías extranjeras
al que se reere el artículo 18; o el acceso recíproco a las bases de datos
al que se reere el artículo 27; o la referencia a las normas fundamen-
tales del trabajo (artículo 42); o repito todo lo atinente a la propiedad
intelectual (conocimiento tradicional) (artículo 45) y, la cooperación
en manera migratoria altamente laxiva contra nuestros inmigrantes o
las referencias de la lucha antiterrorista que ya son rechazadas por los
jefes de estado de la Unión Europea en la dirección de poner límites a
la lucha anti terrorista con un profundo sentido humanitario más allá del
rechazo profundo de las exacciones terroristas.
Lo antes expuesto nos lleva a rechazar el convenio.
Y con base en las anteriores consideraciones procedemos a rendir
ponencia negativa sobre el proyecto de ley, y presentamos a la honora-
ble Comisión Segunda Constitucional Permanente, la siguiente
Proposición
Por razones de inconveniencia nacional impruébese el “acuerdo de
diálogo político y cooperación entre la Comunidad Europea y sus países
miembros, por una parte, y la Comunidad Andina y sus países miem-
bros (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), por otra parte,
hecho en Roma, el quince (15) de diciembre de dos mil tres (2003)” y
archívese el Proyecto de ley número 50 de 2006 aprobatorio del acuer-
do en mención.
De los honorables Senadores,
Alexandra Moreno Piraquive,
Senadora Ponente.
* * *
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY
NUMERO 77 DE 2006 SENADO
por medio de la cual se crean incentivos para la permanencia
de los educandos en el proceso de formación educativa.
Por instrucciones de la Mesa Directiva de la Comisión Sexta Cons-
titucional Permanente de Senado me permito rendir ponencia para Pri-
mer Debate al Proyecto de ley número 77 de 2006 Senado, por medio
de la cual se crean incentivos para la permanencia de los educandos en
el proceso de formación educativa.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Consideraciones Conceptuales
No podemos captar al objeto como si simplemente estuviera
“ahí afuera” en forma independiente. El objeto surge como
fruto de nuestra actividad, por lo tanto, tanto el objeto
como la persona están co-emergiendo, co-surgiendo.
Francisco Varela
La educación, un derecho esencial que por conexidad es en ocasio-
nes un derecho fundamental cuando su protección es necesaria para
salvaguardar un derecho fundamental con el cual están ligados; un de-
recho reconocido pero no siempre bien ponderado, se constituye en
un factor fundamental de crecimiento y desarrollo económico y social.
No hay indicador más fehaciente de la calidad de vida y del talante del
modo de producción de una determinada sociedad que la cobertura y la
calidad de la educación de sus niños y jóvenes. Por ello, una educación
de calidad para todos es un imperativo de toda sociedad basada en el
desarrollo humano, en tanto los procesos que origina se autoproducen y
autoorganizan, en tanto los efectos producen causas y las causas produ-
cen efectos y estos efectos determinan nalmente el curso de la historia
en la resolución de preguntas de nuestra sociedad, tales como: ¿Quiénes
somos?, ¿De dónde venimos?, ¿Dónde estamos?, y ¿A dónde vamos?
Infortunadamente, en Colombia la educación no promueve ecaz-
mente la movilidad social y crecimiento económico. Al contrario, en
nuestro país la educación reeja en modo claro las inequidades sociales,
existiendo una “brecha educativa”, un desequilibrio social resultado de
un asimétrico acceso de los educandos a una educación de calidad. Las
brechas que dividen a la sociedad se maniestan en grietas que dividen
a los colombianos entre aquellos que pueden acceder a una educación
de calidad y aquellos que no. Resultado de ello, una educación que
reeja las inequidades sociales y cuyos indicadores son más negativos,
conforme nos enfocamos en los sectores más desfavorecidos de la so-
ciedad. Buscamos con estos incentivos promover, de manera progresi-
va y constante acciones positivas de una voluntad política con justicia
social distributiva.
Uno de estos indicadores -uno de fundamental importancia porque
maniesta la presencia real de los educandos en el sistema educativo-
es el de permanencia en la institución o deserción escolar. Junto a la
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