Gaceta del Congreso del 28-01-2003 - Número 20PPDPL (Contenido completo)
| Fecha de publicación | 28 Enero 2003 |
| Número de Gaceta | 20 |
GACETA DEL CONGRESO 20 Martes 28 de enero de 2003 Página 1
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
SENADO Y CAMARA
G A C E T A D E L C O N G R E S O
AÑO XII - Nº 20 Bogotá, D. C., martes 28 de enero de 2003 EDICION DE 16 PAGINAS
DIRECTORES:
REPUBLICA DE COLOMBIA
ANGELINO LIZCANO RIVERA
SECRETARIO GENERAL DE LA CAMARA
EMILIO RAMON OTERO DAJUD
SECRETARIO GENERAL DEL SENADO
P O N E N C I A S
I S S N 0 1 2 3 - 9 0 6 6
RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PUBLICO
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO
DE LEY NUMERO 167 DE 2001 SENADO, 144 DE 2002
CAMARA
por la cual se dictan normas sobre igualdad de oportunidades
para las mujeres.
1. Objeto del proyecto
La honorable Senadora Piedad Córdoba, ha propuesto la adopción
de un marco institucional que permitirá al gobierno nacional, la
implementación de un Plan de Igualdad de oportunidades que promueva
la igualdad jurídica de hombres y mujeres, el pleno ejercicio de los
derechos económicos, sociales, culturales y políticos de las mujeres en
todos los niveles y órdenes territoriales, fortalezca las instituciones,
los mecanismos y recursos que brinden oportunidades a las mujeres
para acceder a líneas de trabajo rural y urbano, servicios de salud y
seguridad social, adquisición de vivienda, de tierras, protección especial
durante el embarazo, subsidios alimentarios, capacitación con
perspectiva de género, y a la educación formal no sexista.
2. Pertinencia del Proyecto
La formulación del presente proyecto, responde a la necesidad de
insistir ante el gobierno nacional, sobre la sentida urgencia de adoptar
un mecanismo eficaz, que permita establecer líneas directas e
institucionales entre las mujeres y el Estado, en procura de adoptar los
necesarios cambios en las relaciones desiguales de género signadas
por condiciones políticas autoritarias, hostiles a la equidad de género
y a la justicia social.
La formulación de tal aspiración se enmarca en el concepto de
política pública, es decir el mecanismo técnico-político que identifica
los verdaderos problemas en sus orígenes y no en sus manifestaciones
e implicaciones en la sociedad y en la economía y que permite adoptar
y desarrollar de manera armónica las respuestas adecuadas a su
solución y que en el caso de las mujeres, le garantice –además–
construirse y crecer como sujeto social participante en el fortalecimiento
de la democracia, ya que muchos de los problemas que se identifican
en la sociedad, la política y la economía, tienen origen en la desigualdad
de género, de tal manera que las soluciones a largo plazo sólo se
pueden concebir cuando estas desigualdades sean erradicadas.
a) Las políticas públicas para mujeres
En la historia reciente de Colombia y de algunos países de América
Latina se han creado aparatos estatales especializados en promover y
monitorear programas y políticas públicas de género, en algunos de
ellos, han sido los movimientos de mujeres, quienes promovieron la
creación de tales aparatos (Colombia, con la creación bajo el gobierno
de César Gaviria de la Consejería para la Juventud, la Mujer y la
Familia, o el Ministerio de Promoción de la Mujer y el Desarrollo
Humano en el gobierno de Fujimori en el Perú), como instituciones
estatales que atienden problemas de género.
En ambos casos, su origen parece estar motivado por consideraciones
más pragmáticas que axiológicas –en algunos casos oportunistas–
como el hecho de que los fondos bilaterales y multilaterales y la
cooperación internacional, exigen que los gobiernos demuestren,
presentes evidencias de su preocupación por el “papel de la mujer en
el desarrollo”. Desde una posición netamente economicista y neoliberal,
podría decirse que la globalización exige a los estados que demuestren
sensibilidad al género, porque los recursos vienen condicionados a
ello. Así se explicaría el reciente interés de los gobiernos y algunas
organizaciones no gubernamentales de adoptar políticas públicas con
perspectiva de género. Así, las agendas de políticas públicas adoptadas
por gobiernos en Colombia, han sido influidas por una cómoda
corriente ideológica resultante del hibridaje entre la economía neoliberal
y la aspiración democrática liberal.
Las modernas agendas de políticas públicas, en especial las de
“perspectiva de género” redimensionan la posición y prevalencia de
los sujetos sociales en la producción y el consumo, en las relaciones
hombres-mujeres y el sentido político de la calidad de ciudadana de la
mujer. Es muy significativo, por ejemplo, que cuando finalmente los
gobiernos, se acercan a la problemática de las mujeres cabeza de
familia, lo hacen observando el fenómeno como una situación extrema,
como una anormalidad social y hasta como aberración moral, y no
como una expresión interna, real, producto de las relaciones desiguales
de poder entre hombres y mujeres y de la exclusión inducida por el
mercado.
En cuanto al tema de la adopción de normas para eliminar la
violencia contra las mujeres, se analizó el fenómeno como una
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consecuencia lógica, normal del estado de subordinación de la mujer
y no como la necesidad de adoptar mecanismos para sanear patologías
sociales o alteraciones sicológicas individuales. Por ello, se expide
una ley contra la violencia intrafamiliar y no una ley contra la violencia
sexual y doméstica practicada contra las mujeres.
Tal parece entonces que las políticas estatales analizan las
necesidades y los problemas de las mujeres y proponen las soluciones
sólo de manera institucional, según ciertas y específicas interpretaciones
que nada tienen que ver con la equidad entre hombres y mujeres, sino
que más bien tratan de ayudar a llevar la carga –familia– que le entrega
por entero a las mujeres; por ello, un común denominador de estas
“políticas públicas con perspectiva de género” se encuentra en el
criterio asistencial de “capacitación laboral para mujeres vulnerables”
que incluyen un pequeño componente de desarrollo personal; o en
“programas de entrenamiento para que más mujeres pobres, en su
calidad de sujetos económicos potenciales, accedan al mercado laboral”,
tal es el caso de las mujeres cabeza de familia o jefas de hogar,
microempresarias, cooperativistas, etc...
b) Los retos de las políticas públicas con sentido de género
Las sociedades venideras, las del siglo XXI, deberán superar los
estereotipos económicos, sociales y políticos que han orientado el
desarrollo inequitativo de las mujeres. Estas sociedades deben estar
abiertas al mundo y a la participación ciudadana, y deberá propender
por la organización de la democracia y la economía de mercado para
enfrentar el reto del crecimiento económico y la equidad y para ello
deberán atender y con especial atención que:
a) La equidad debe ser el objetivo principal de la agenda política y
social del Estado. Ello implica que el crecimiento económico depende
de los efectos sobre la distribución de los beneficios que genera y las
exclusiones que propicie en el mejoramiento de la calidad de vida de
todos y todas;
b) El crecimiento no produce automáticamente la equidad. En un
país como el nuestro, en el que la distribución del ingreso es la peor del
mundo, la equidad se debe construir atendiendo en primer momento a
las soluciones radicales para eliminar la pobreza dura, en especial la
que afecta a la mujer;
c) Se deben vincular, aunar, las políticas económicas y las sociales,
es decir la equidad tratada en forma integral. El objetivo de las políticas
económicas es el logro del bienestar de los ciudadanos y ciudadanas,
y las políticas sociales requieren de una sana economía, un crecimiento
sostenido y estabilidad;
d) El Estado y el mercado, deben propender por un estado de
complementariedad, para ello es necesario establecer reglas claras,
controles efectivos y garantías para los ciudadanos, que rijan las
relaciones del Estado y el sector privado;
e) Se debe dar cumplimiento a los compromisos internacionales,
regionales y nacionales que propenden por el desarrollo equitativo
para las mujeres:
1. La convención sobre la eliminación de toda forma de
discriminación contra la mujer.
2. El Protocolo facultativo para la eliminación de discriminación
jurídica y legal a la mujer.
3. La Plataforma de Acción aprobada en la IV Conferencia Mundial
de la Mujer en Beijing en 1995.
4. El Programa de Acción Regional para las Mujeres de América
Latina y del Caribe 1995-2001 (CEPAL).
5. El Consenso de Santiago para la superación de la pobreza y el
acceso al poder para las mujeres.
6. El fortalecimiento del aparato gubernamental que debe desarrollar
programas efectivos para las mujeres: Ministerios e institutos
autónomos con funciones ejecutivas, oficinas o servicios dependientes
de la Presidencia de la República que coordinan, diseñan o formulan
políticas sin ejecutarlas, departamentos, oficinas.
7. Fortalecimiento y apoyo estatal y privado a ONG de mujeres y
que desarrollan actividades para mujeres, redes de mujeres.
8. Adopción de Planes Nacionales, y Territoriales para la Igualdad
de Oportunidades.
f) Finalmente, la Equidad, la Participación y la Justicia Social para
las Mujeres, como criterio fundante de toda política pública debe
observar indicadores económicos y sociales que responda a
requerimientos del siguiente tenor:
1. Cuánto se gasta y en qué.
2. Cómo se proveen los servicios que se prestan
3. Cómo se relacionan el gasto público y el privado con la provisión
de servicios informales y no remunerados domésticos y familiares.
4. Quiénes se benefician con las acciones públicas (Familia, mujer,
sociedad).
5. Cómo pueden las mujeres pobres acceder a más tiempo, mejor
nutrición, salud, mejores destrezas laborales y mejor salario.
6. Cómo interviene y en qué escenarios no interviene la mujer en
espacios políticos.
En este sentido, acciones como la creación de condiciones de
igualdad para combatir las responsabilidades reproductivas y la toma
de decisiones en el hogar, el ofrecimiento a las mujeres de acceso
igualitario a los recursos económicos, la educación y la capacitación
laboral, la erradicación de las barreras legales, institucionales y
culturales que impiden o hacen desventajosa la participación de la
mujer en la actividad económica y en la toma de decisiones a nivel
político –algunas de ellas ya iniciadas–, se constituyen en ejemplos de
los objetivos que deben ser integrados a las agendas sobre políticas
públicas para y con las mujeres.
Este plan debe entenderse como el complemento útil a las medidas
específicas de aplicación inmediata, que se dirigen a terminar la
discriminación de hecho que existe en Colombia y a incrementar
efectivamente la participación de la mujer. De poco vale un plan
concebido para buscar un cambio de actitudes y la eliminación de
prejuicios de vieja data, si no se adelantan simultáneamente las
acciones concretas para hacer real y actual la influencia de la mujer.
Por ello la orientación del plan se establece bajo el entendido de que
la participación sea complementada con otras medidas específicas en
el proyecto y no puede ser el objetivo exclusivo del plan, pues este debe
dirigirse a estimular el desarrollo integral de la mujer como miembro
y actor fundamental de la sociedad, entendiendo eso sí que los frutos
conseguidos a mediano y largo plazo con la aplicación del plan
contribuirán también a mejorar cualitativa y cuantitativamente la
participación femenina en todos los frentes.
El Estado en tanto tiene la función de ser un vehículo de cambio
debe facilitar la ampliación de las posibilidades y la aplicación de los
derechos de las mujeres por cuanto tiene influencia en las relaciones
de género, clase, etnia y sexualidad, creando nuevos significados,
como “un sitio de producción cultural-discursiva en donde las relaciones
de género se configuran, re-significan y re-codifican1. En este sentido
la dinámica que se genera en torno al tema de la equidad e igualdad de
oportunidades tiene todo que ver con el Estado y su papel en la
redefinición de las políticas públicas en cuanto a género se refiere y la
vinculación con el proyecto de ley que nos convoca.
COLOMBIA FRENTE A LA SITUACION DE LA MUJER
Colombia, según la Encuesta Nacional de Hogares, cuenta en la
actualidad con 42 millones de habitantes, de los cuales el 72% vive en
1Género y Estado entre el desencanto y la esperanza. Capítulo 12 Modernización del
Estado, Cambio Institucional y Género. P. 249.
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