Implementación compleja - 24 de Diciembre de 2017 - El Tiempo - Noticias - VLEX 699575905
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Vincent

El Gobierno y sus delegados en La Habana compraron la idea de las Farc y de quienes les son políticamente cercanos: en Colombia hay violencia, guerrilla y conflicto armado, porque nuestra sociedad injusta, que no combate la pobreza ni les da tierra a los campesinos, persigue a las comunidades étnicas y afrodescendientes, problemas todos que es necesario erradicar para lograr la paz. Este punto de vista, común a los negociadores de las dos partes, explica la duración de las conversaciones en Cuba y que el acuerdo suscrito trate los temas propios de toda agenda pública: reforma rural que define el acceso y uso de 10 millones de hectáreas, pide organizar nuevas zonas de reserva campesina, ordena planes de desarrollo subsidiados para 170 municipios, decreta garantías para el ejercicio de la oposición y la participación política, crea 16 curules adicionales en la Cámara, otorga amnistía e indultos para los rebeldes, que tendrán además jurisdicción especial (JEP), y prevé la sustitución de los cultivos de uso ilícito, así como la solución del problema del narcotráfico. Explica también que el desarrollo de esos temas haya exigido 310 páginas, que contrastan con las dos o tres de nuestros últimos exitosos procesos de paz: el que terminó la guerra civil de liberales y conservadores en los años 50 y el que tuvo lugar con el M-19 después del asalto narcoterrorista al Palacio de Justicia. El instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, comisionado por Gobierno y Farc para evaluar el cumplimiento de las 310 páginas, estableció que el acuerdo Santos-‘Timochenko’ creó 588 obligaciones o deberes, que llama “disposiciones” y cuya inmensa mayoría están a cargo del Gobierno y agencias suyas. El citado acuerdo, por su naturaleza, es un documento político que obliga al Gobierno, no al Estado, que también lo conforman el Congreso y la Rama Judicial. Lo ha repetido la Corte Constitucional. Cuando el Congreso haya expedido las reformas constitucionales y leyes que requieran de esa formalidad y que la Corte haya validado...

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