Informe para el Examen Periódico Universal de Colombia, 2008
Informe para el Examen Periódico Universal de Colombia
Julio de 2008
En el año 2003, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que la situación
de derechos humanos en Colombia “se ha caracterizado por violaciones graves, masivas y sistemáticas de esos
derechos, constituyendo muchas de ellas crímenes contra la humanidad”1. Cinco años después, las violaciones
continúan siendo graves, masivas y sistemáticas, en muchos casos se han agudizado y en gran parte permanecen
en la impunidad. La responsabilidad de estas violaciones en la mayoría de los casos se atribuye al Estado
colombiano, ya sea por perpetración directa o por tolerancia o apoyo a los grupos paramilitares2. Además, el país
está enfrentando una grave crisis del Estado social de Derecho, como consecuencia del irrespeto a la separación
de poderes por parte de la rama ejecutiva, lo cual hace mucho más preocupante la situación del país en este
momento.
Como se ilustrará más adelante, en un contexto de irrespeto por los derechos humanos, han aumentado
dramáticamente los casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones
arbitrarias y desplazamiento forzado, al tiempo que Colombia es el país con el mayor número de asesinatos a
sindicalistas en el mundo. Además, desde hace 40 años, existe un conflicto armado, en los términos definidos
por el artículo primero del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra, sobre conflictos armados de
carácter no internacional. A pesar de esta realidad, el Presidente de la República insiste en desconocer su
existencia, poniendo en tela de juicio la aplicación del derecho humanitario3.
Aunque el Gobierno permanentemente insiste en presentar su política de “seguridad democrática” como una
política de derechos humanos4, la ejecución de la misma ha generado mayores violaciones a los derechos y
libertades ciudadanas, debido a que está basada en un desconocimiento deliberado de principios elementales del
derecho humanitario. Así mismo, se han desconocido principios básicos establecidos en la Constitución Política
que define al país como un “Estado Social de Derecho”5 y se ha circunscrito “la seguridad” a respuestas militares
y policivas, ignorando con ello que debe fundarse en el respeto por los derechos humanos6.
1. Violaciones a los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad en el contexto de la
violencia sociopolítica7
En el período de julio de 2002 a diciembre de 2007, por lo menos 13.634 personas perdieron la vida por fuera de
combate a causa de la violencia sociopolítica8, de las cuales 1.314 eran mujeres9 y 719 eran niñas y niños. De las
13.634 personas, 1.477 personas fueron desaparecidas forzadamente. Además, en los casos en los cuales se
conoce el presunto autor genérico de las violaciones (8.049 casos), el 75,4% de los casos se atribuyeron a
responsabilidad del Estado: por perpetración directa de agentes estatales, el 17,53% (1.411 víctimas); y por
tolerancia o apoyo a las violaciones cometidas por paramilitares el 57,87% (4.658 víctimas). A los grupos
guerrilleros se les atribuyó la presunta autoría del 24,59% de los casos (1.980 víctimas).
En el último quinquenio se ha constatado un aumento del 67,71% en los registros de ejecuciones extrajudiciales
directamente atribuidas a la Fuerza Pública, lapso que coincide con la aplicación de la política de “seguridad
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