Informe de Ponencia Primer Debate Proyecto Acto Legislativo 06 de 2018 Senado
¿por el cual se incluye el artículo 11-A dentro del Capítulo I del Título II de la Constitución Política de Colombia¿. INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 06 DE 2018 SENADO
¿por el cual se incluye el artículo 11-A dentro del Capítulo I del Título II de la Constitución Política de Colombia¿.
| 1. SÍNTESIS DEL PROYECTO |
Para el ser humano[1][1], el agua es uno de los componentes más importantes del ambiente, ya que la materia viva de su cuerpo está compuesta aproximadamente por un setenta por ciento de dicho líquido, de tal manera que la ausencia del mismo puede afectar seriamente la salud y la vida de las personas. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el agua es un bien escaso y finito[2][2], ya que no existe proceso químico o físico alguno que permita crearlo, por lo cual, la disciplina jurídica ha venido diseñando especiales mecanismos para su protección, en particular para garantizar el abastecimiento por parte de la población, considerando el agua en algunos casos específicos como un derecho humano.
Con el objeto de precisar y fortalecer el derecho humano al agua, esta iniciativa legislativa pretende establecer ¿el agua como derecho fundamental, dentro del Capítulo I del Título II de la Constitución Política de Colombia¿ teniendo en cuenta que el agua es un elemento indispensable para la vida y por ello tanto todos los seres humanos deben para tener una vida en condiciones de dignidad un acceso a la misma.
Como resultado de ello, el Estado está en la obligación de velar por su conservación y desarrollo sostenible y garantizar a la población el acceso al agua para atender sus necesidades básicas.
Es importante destacar que en la Constitución Política colombiana existen cuatro disposiciones de las cuales se desprende que el derecho al agua tiene rango constitucional, sin embargo no hay un precepto expreso y específico destinado a consagrar en forma inequívoca el derecho al agua como un derecho individual, contrario a lo que sucede con otros derechos como ¿el derecho a la vida¿ o ¿el derecho al trabajo¿. Ciertamente, el artículo 49 consagra la garantía del saneamiento. De igual forma, el artículo 79 determina el derecho a gozar de un medio ambien te sano y el artículo 366 consagra el mejoramiento de las condiciones de vida de la población mediante la solución de las necesidades insatisfechas en materia de saneamiento ambiental y agua potable. Tales normas no pueden desarrollarse y materializarse sin la presencia del recurso hídrico, pero tampoco definen ni establecen en qué consiste el núcleo duro del derecho fundamental al agua y cuáles son los bienes jurídicamente protegidos con este derecho[3][3]. Así mismo, se encuentra el artículo 93 que se refiere al bloque de constitucionalidad, mediante el cual se entienden incorporados -en el ordenamiento jurídico colombiano- aquellos tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia. De especial relevancia resulta el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el cual no estipula el derecho al agua en forma independiente o autónoma, aun cuando reconoce en su artículo 12 el derecho de las personas al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, cuya realización no puede lograrse sin la disponibilidad de agua.
| 2. TRÁMITE DEL PROYECTO |
Origen: Congresional
Autores de la iniciativa: honorables Senadores y Senadoras Angélica Lozano Correa, Sandra Ortiz Nova, Iván Name, José Polo, Iván Marulanda Gómez, Antonio Sanguino, Juan Castro Prieto, honorables Representantes Juanita Goebertus, Inti Asprilla, Fabián Díaz Suárez, César Augusto Ortiz Zorro, Catalina Ortiz Lalinde, Wílmer Leal Pérez, Mauricio Andrés Toro Orjuela, Neyla Ruiz Correa, León Fredy Muñoz Lopera.
Proyecto Publicado: Gaceta del Congreso número 547 de 2018.
| 3. COMPETENCIA Y ASIGNACIÓN |
Conforme a lo expresado en el artículo 150 de la Ley 5ª de 1992, el día 9 de agosto fui designada ponente en primer debate del Proyecto de Acto Legislativo número 06 de 2018, ¿por el cual se incluye el artículo 11-A dentro del Capítulo I del Título II de la Constitución Política de Colombia¿.
| 4. OBJETIVO DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA |
Los tres objetivos concretos que persigue el Acto Legislativo número 06 de 2018 son:
i) Delimitar, precisar el alcance y consagrar de manera expresa el derecho humano al agua, con prevalencia para el consumo humano y su función ecológica, como un derecho de protección constitucional, teniendo en cuenta la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto.
ii) Acatar la orden emitida por la Corte Constitucional que indicó que el legislador posee la ¿obligación de expedir leyes dirigidas a la realización de lo s derechos fundamentales al agua y a un ambiente sano en todos los órdenes¿[4][4].
iii) Subsanar el déficit de protección al derecho al agua establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-035 de 2016 en la que se pronunció sobre la protección de los ecosistemas de páramo y destacó que ¿existe un déficit normativo y regulatorio para cumplir con el deber constitucional de proteger las áreas de especial importancia ecológica, en este caso, los ecosistemas de páramo. Adicionalmente, el déficit de protección no sólo vulnera el derecho al ambiente sano, sino que también compromete el derecho fundamental al agua debido a que se desconoce la obligación del Estado de proteger las áreas de influencia de nacimientos, acuíferos y de estrellas fluviales¿.
iv) Establecer que el Estado colombiano garantizará la protección y recuperación de los ecosistemas del recurso hídrico.
Para el cumplimiento de dichos objetivos, el artículo 11 A reconoce: i) el derecho fundamental al agua de todos los seres humanos en el territorio nacional, ii) el derecho al agua en condiciones de accesibilidad, calidad y disponibilidad conforme al principio de progresividad iii) el uso prioritario del agua para consumo humano, sin detrimento de su función ecológica y iv) el deber del Estado de garantizar la protección y recuperación de los ecosistemas del recurso hídrico.
| 5. IMPORTANCIA DEL PROYECTO DE LEY |
En el marco del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el año 2002 su Comité promulgó la Observación General número 15[5][5], en la cual se delimitó el concepto y contenido del derecho humano al agua, en adelante, DHA.
Teniendo en cuenta la fecha de expedición de la Observación, el ordenamiento jurídico colombiano en ese momento no contemplaba mención alguna sobre el concepto y los componentes del derecho humano al agua. Razón por la cual no se encuentran normas especiales y expresas (o un cuerpo normativo propio) que lo comprenda.
No obstante, a partir de la jurisprudencia constitucional y otros mecanismos[6][6], este derecho ha venido siendo incluido en nuestras normas, y de hecho, actualmente se encuentra adscripto a la Constitución Política[7][7], la cual irradia el resto del ordenamiento jurídico colombiano. Tanto es así que la Corte Constitucional ha dicho que el legislador posee la ¿obligación de expedir leyes dirigidas a la realización de los derechos fundamentales al agua y a un ambiente sano en todos los órdenes¿[8][8].
Con el objeto de fortalecer la protección del derecho al acceso al agua como recurso natural, esta iniciativa pretende establecer el agua como derecho fundamental, dentro del Capítulo I del Título II de la Constitución Política de Colombia, teniendo en cuenta que el agua es un elemento del que deben gozar todos los seres humanos de esta y las generaciones futuras. Como resultado de ello, el Estado está en la obligación de velar por su conservación y desarrollo sostenible y garantizar a la población el acceso para atender sus necesidades básicas.
Una manera efectiva para proteger y garantizar la sostenibilidad de su uso es darle categoría de derecho fundamental, equiparándola a una norma no negociable y poniéndola por encima de los modelos económicos de mercado y los intereses particulares y haciendo énfasis en su carácter de recurso de carácter estratégico para el desarrollo económico, social, cultural y fundamental para la existencia del ser humano.
En la exposición de motivos del proyecto de acto legislativo se hizo referencia a documentos científicos y de organizaciones internacionales que ponen de presente la magnitud de la importancia de garantizar la disponibilidad del recurso hídrico para la supervivencia de la especie y la conservación de la vida a escala planetaria.
No cabe duda entonces de la trascendencia que el acceso al agua tiene para la garantía de la calidad de vida, actual y futura, para los seres humanos, como también de su utilidad para el desarrollo de actividades económicas, culturales y recreativas. Sin embargo, debe quedar claro el orden de prioridades, de manera que en la gestión del recurso siempre prevalezca su aptitud para el consumo en actividades humanas sobre su utilización para actividades económicas, y de allí la conveniencia de elevar su acceso a la condición de derecho fundamental.
Ya en el orden interno el acceso al agua es catalogado como un servicio público esencial, cuyo aseguramiento prestacional corresponde a los municipios, pero esa catalogación es insuficiente, si se atiende a lo previsto en instrumentos internacionales que lo categorizan como el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.
Por ello, frente a la posibilidad del uso del agua para la explotación de recursos naturales, desde el derecho internacional y el derecho interno se han promovido una serie de políticas de planificación dirigidas a la protección ambiental y de la biodiversidad, en armonía con el aprovechamiento de los recursos naturales, en el marco de la función ecológica de la propiedad, el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la...
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