Informe de Ponencia Segundo Debate Proyecto de Ley 95 de 2016 Senado
por medio de la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado. Referencia: Informe de ponencia para segundo debate al Proyecto de ley número 95 de 2016 Senado, por medio de la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado.
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE
I. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 95 DE 2016 SENADO
El objeto de la iniciativa consiste en que para ejercer la profesión de abogado, además de los requisitos exigidos en las normas legales vigentes, el graduado debería acreditar certificación de aprobación del Examen de Estado de Calidad en Educación Superior que para el efecto realiza el Icfes de conformidad con lo establecido en la Ley 1324 de 2009.
Se entendería aprobado el examen de Estado cuando el resultado supere la media del puntaje nacional de la respectiva prueba. Adicional al resultado individual de cada examen, el Icfes debería señalar la representación porcentual del puntaje obtenido sobre la media nacional. Esta ley se aplicaría a quienes inicien la carrera de derecho después de su promulgación.
A la par se contempla la posibilidad de que si el egresado o graduado no aprueba el examen, podría presentarlo nuevamente en las siguientes convocatorias que señale el Icfes hasta que obtenga el porcentaje mínimo exigido.
Esta certificación de la aprobación del Examen de Estado sería exigida por el Consejo Superior de la Judicatura para la expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado.
También consagra que si al menos el 33% de los estudiantes de una institución de educación superior que presentan el Examen de Estado no superan la media nacional, el Ministerio de Educación debería imponer las medidas preventivas establecidas en la Ley 1740 de 2014. Si en el siguiente Examen de Estado los estudiantes de la institución de educación superior no superan este porcentaje, se consideraría una afectación grave de las condiciones de la calidad del servicio, y el Ministerio debería imponer las medidas administrativas señaladas en la Ley 1740 de 2014.
Con esta iniciativa se pretende conferirle un efecto individual a la presentación de una prueba que hoy es obligatoria, de manera que el establecimiento del requisito legal para la obtención de la tarjeta profesional como abogado no entrañe ningún costo adicional para el erario y su realización y diseño sean aprovechados por el mismo Estado para acreditar la idoneidad de los profesionales del derecho con un parámetro homogéneo para todos.
¿Por qué establecer que los abogados deban cumplir con la aprobación de una prueba de Estado, además del cumplimiento de los requisitos académicos que les permitan acceder al título, para poder obtener la habilitación oficial para el ejercicio de su profesión? Porque el derecho es una actividad que entraña riesgo social y en esa medida es obligación del Estado cerciorarse de que quienes pueden comprometer los derechos de terceros cuentan con los conocimientos y las competencias...
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