Informe de ponencia segundo debate proyecto de ley 102 de 2002 senado
INFORME DE PONENCIA SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE LEY 102 DE 2002 SENADO. por medio de la cual se modifican la Ley 599 del año 2000 (Código Penal) artículos 371, 372, 373 y 374 y la Ley 600 de 2000 (Código de Procedimiento Penal).
Honorable Senador
LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO
Presidente
Honorable Senado de la República
Bogotá, D. C.
Por disposición de la Presidencia de la Comisión Primera Constitucional Permanente del honorable Senado de la República, hemos sido designados ponentes para segundo debate del Proyecto de ley número 102 de 2002, por medio del cual se modifica la Ley 599 del 2000 en sus artículos 371, 372, 373 y 374 C.P. y la Ley 600 de 2000 Código de Procedimiento Penal, presentado por el honorable Senador de la República José María Villanueva Ramírez y el honorable Representante a la Cámara Luis Enrique Salas Moisés, al cual se acumuló el presentado por la honorable Senadora Leonor Serrano de Camargo, iniciativa de similar temática.
Objetivos del proyecto
Se pretende este proyecto que se sancione de manera adecuada a quienes sean responsables, de los delitos previstos en los artículos 371, 372, 373, 374 del Código Penal.
Se requiere proteger apropiadamente el bien jurídico de la salud pública en vista del grave riesgo que para la sociedad colombiana significa la adulteración y falsificación creciente de productos médicos y profilácticos, de alimentos y de licores en general. Se buscan dos objetivos fundamentales:
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El establecimiento de sanciones verdaderamente disuasivas, y
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El que este tipo de delitos no sean excarcelables.
En aras de explicar las razones que justifican esta medida la presente ponencia se ocupará de los siguientes aspectos:
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Situación actual frente a la falsificación, adulteración y simulación de alimentos, productos médicos o profilácticos, y
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Razón de ser de la pena propuesta.
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SITUACION ACTUAL: FALSIFICACION, ADULTERACION Y SIMULACION DE ALIMENTOS, LICORES, PRODUCTOS MÉDICOS Y MATERIAL PROFILACTICO.
La falsificación, adulteración y simulación de alimentos, licores y material médico ha alcanzado niveles singularmente preocupantes. Como quiera que se trata de bienes de consumo masivo sus efectos son muy graves para la salud de todos los habitantes del territorio nacional. El comercio ilegal de los referidos elementos vulnera ostensiblemente también las rentas de la Nación y de las entidades territoriales.
De análoga manera las formas descritas de falsificación atentan igualmente contra la debida protección que se debe a la propiedad intelectual y a la industria legítima en general.
Todas esas conductas delincuenciales se inspiran en el lucro económico y no en pocas ocasiones están soportadas en verdaderas mafias que controlan buena parte de la escala productiva.
Tratándose de la industria farmacéutica, los medicamentos falsificados representan un grave perjuicio para la salud de quien los ingiere, y enormes pérdidas financieras para las compañías afectadas, además del menoscabo de la reputación de los laboratorios al ser percibidos sus productos como ineficaces o lesivos.
La cadena de falsificación, adulteración y simulación cubre desde el desmonte del producto de los empaques originales, hasta las droguerías y otros establecimientos que lo venden. Los bienes ilícitos son adquiridos o producidos a bajos costos y luego lo comercializan con ganancias hasta del 80% de su valor. De acuerdo con los estudios realizados al efecto, se ha encontrado que los medicamentos más comunes en esta práctica delincuencial son analgésicos, antibióticos y vacunas, e incluso también productos empleados para transplantes y tratamientos de cáncer o de SIDA.
El Instituto Nacional para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) estima que el solo mercado negro de medicamentos, sin que exista certeza sobre las cifras reales, significa alrededor de 500 millones de dólares anuales, con un impacto del 25% si se tiene en cuenta que el comercio legal representa una cifra aproximada a los 1.500 millones de dólares al año. También se considera que la magnitud del mercado paralelo en Colombia oscila entre el 2.5 y 3l.3% del mercado global de medicamentos, de los cuales el 40% corresponde a falsificación, el 30% a adulteración y el otro 30% a hurto y contrabando.
Todo este criminal comercio de medicamentos adulterados o que contienen productos químicos dañinos para la salud humana es apenas una muestra, pues existen carteles internacionales que cada vez encuentran en países en vía de desarrollo un blanco perfecto para la introducción de medicamentos adulterados. Por ello la Organización de Naciones Unidas recomendó en la Resolución número 39-248 una política enérgica de protección al consumidor.
La falsificación y adulteración de alimentos, es igualmente grave. A los alimentos ya vencidos y por ende altamente peligrosos para el consumo humano se les aplican prácticas perversas e inhumanas. No son pocos los casos en que se da el abuso en la utilización de conservantes o preservantes químicos, a tiempo que diariamente encontramos en las noticias la intoxicación producida, en muchos casos en niños, por la ingestión de alimentos adulterados o contaminados, altamente virosos, cuando se da la presencia de bacterias como la salmonella.
En materia de licores, la adulteración o falsificación de los mismos no solo constituye un alto riesgo para los incautos consumidores, sino que también les causa la muerte, y desde el punto de vista económico estos ¿carteles¿ defraudan de manera considerable los fiscos departamentales por la consiguiente evasión al impuesto de consumo correspondiente.
De acuerdo con información suministrada por Acodil y ACIL, el mercado legal entre aguardientes, rones, brandis y aperitivos sería cercana a 115.000 millones de botellas anuales. Se estima que el 35% sería licor adulterado, producido en fábricas clandestinas, o alambiques, mediante el uso de alcoholes no aptos para el consumo humano y en condiciones de insalubridad altamente peligrosas.
El mercado clandestino, representa cifras cercanas al medio billón de pesos anuales, sin contar el licor adulterado o falsificado que entra por contrabando, cuyas cifras no se encuentran certeramente estimadas, pero que causan un impacto negativo a la economía de los entes territoriales.
Lo anterior nos lleva a concluir sobre la urgente necesidad de adoptar medidas drásticas frente a conductas atentatorias contra la salud pública de los colombianos y que adicionalmente constituyen mercados ilegales con impactos altamente negativos dentro de nuestra ya debilitada economía.
Al aumentarse las penas de los hechos punibles citados resulta imperiosa la necesidad de elevar también la sanción penal del delito de contaminación de aguas, sobre todo cuando la conducta se realiza con fines terroristas.
Los ponentes resaltamos la prontitud y oportunidad de los proyectos 102/2002 y 114/2002, como forma de combatir estas graves prácticas en el país.
2) RAZON DE SER DE LA PENA, POLITICA CRIMINAL FRENTE A LA MAYOR PUNIBILIDAD PARA TIPOS PENALES ESPECIFICOS
En este sentido el proyecto de ley pretende una sanción penal proporcional a la gravedad de los hechos pues en la actualidad dichas conductas son excarcelables. Al mismo tiempo se busca el aumento de las multas a fin de aumentar el carácter disuasivo de la norma.
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AUMENTO DE LAS PENAS E INCREMENTO DE LAS MULTAS
Situación actual en Código Penal (Ley 599 de 2000)
Estos delitos hoy se encuentran penalizados con un mínimo de prisión de cuatro (4) años, y con unas multas muy bajas, lo que hace, que el delincuente obtenga beneficios, como la excarcelación o la detención preventiva y un pago económico cuyas multas tienen una gradualidad que va de los 100 a los 1000 salarios mínimos.
En el pliego modificatorio, propuesto por los ponentes y aprobado por la honorable Comisión Primera de Senado, se aumentan las...
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