Informe de ponencia segundo debate proyecto de ley 40 de 2012 senado 043 de 2012 cámara
INFORME DE PONENCIA SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE LEY 40 DE 2012 SENADO, 043 DE 2012 CÁMARApor la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013.
Doctores
JOSÉ FRANCISCO HERRERA ACOSTA
Presidente Comisión Cuarta
Honorable Senado de la República
CAMILO ARMANDO SÁNCHEZ ORTEGA
Presidente Comisión Tercera
Honorable Senado de la República
Honorables Presidentes:
Atendiendo la honrosa designación que se nos ha hecho, y en cumplimiento del mandato constitucional y de lo dispuesto por el Estatuto Orgánico del Presupuesto (EOP) y por la Ley 5ª de 1992, nos permitimos rendir ponencia para segundo debate en plenaria del Honorable Senado de la República del Proyecto de ley número 043 de 2012 Cámara, 40 de 2012 Senado, por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013.
1. PRESENTACIÓN Y PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY
El pasado 27 de julio, dentro del plazo señalado por el artículo 346 de la Constitución Política[1][1], el Gobierno Nacional, por intermedio del Ministro de Hacienda y Crédito Público, puso a consideración del Congreso de la República el proyecto de ley del presupuesto general de la Nación (PGN) para el año 2013, por un valor total de $185,5 billones.
Para abordar el análisis del proyecto, los miembros de las Comisiones Económicas estudiaron y debatieron con prioridad el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2012 (MFMP), presentado por el Ejecutivo el 14 de junio en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero de la Ley 819 de 2003, o Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal[2][2].
En sesiones conjuntas de las Comisiones Económicas, celebradas el pasado mes de agosto, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Juan Carlos Echeverry, y el Director del Departamento Nacional de Planeación, doctor Mauricio Santa María, como voceros del Gobierno nacional, presentaron las características más importantes del proyecto de ley.
En su intervención, el ministro Echeverry resaltó las favorables perspectivas de crecimiento que se espera para la economía colombiana en los próximos años, sobre la base de una nueva y fuerte institucionalidad fiscal, de clase mundial, que ha permitido que el país avance por una senda de reducción del déficit fiscal.
El Jefe de las Finanzas Públicas destacó la participación del Congreso de la República, que en el curso del actual siglo ha aprobado reformas fundamentales que sitúan al país en puestos de vanguardia en materia fiscal. Gracias a estas reformas, se han adoptado medidas armónicas con las políticas monetaria, cambiaria y comercial, lo cual, en conjunto han permitido que la economía colombiana muestre crecimientos favorables, cuando se la compara con los registros de economías de desarrollo similar, e incluso más avanzadas.
En sesión de comisiones, también tuvimos la oportunidad de escuchar la intervención del Gerente General del Banco de la República, doctor José Darío Uribe, y de otros funcionarios del orden nacional. En estas sesiones, la señora Contralora General de la República, doctora Sandra Morelli, así como algunos honorables congresistas, miembros de las comisiones económicas, expresaron sus inquietudes respecto al contenido del PGN, las disposiciones generales y otros temas relacionados con el uso y gestión de los recursos públicos, recibiendo, en todos los casos, las explicaciones correspondientes de los representantes del Gobierno nacional.
Otras comisiones constitucionales, en cumplimiento del artículo 4º de la Ley 3ª de 1992[3][3], citaron a los responsables gubernamentales de las áreas respectivas para analizar los asuntos de su competencia, en el contexto del proyecto de presupuesto de 2013. Como resultado efectuaron sus recomendaciones sobre el proyecto de ley, las cuales hemos recibido con interés. La Dirección General del Presupuesto Público Nacional, a través de su director, doctor Fernando Jiménez, ha participado activamente, en cumplimiento de su función de asesoría al Congreso para el estudio de este proyecto de ley, como lo dispone el artículo 61 del EOP[4][4].
El resultado de estas actividades permitió complementar la información contenida en el Mensaje del Presidente de la República y del Ministro de Hacienda y Crédito Público que acompañó la entrega del proyecto de ley en mención. Durante esta etapa se obtuvieron elementos adicionales de análisis de mucha utilidad para el estudio y evaluación de las implicaciones económicas y sociales del proyecto, y para plantear alternativas que lo mejoren, de manera que contribuyan a alcanzar más eficientemente las metas del plan Nacional de Desarrollo en materia de crecimiento, empleo y reducción de las desigualdades sociales.
Al justificar su propuesta de gasto, al inicio de la discusión del proyecto de presupuesto en las comisiones económicas, el ministro Echeverry fue enfático en defender la necesidad de mantener como monto máximo del presupuesto el valor presentado por el ejecutivo, cifra consistente con las proyecciones macroeconómicas, y en particular con las fiscales.
Esta postura fue ratificada por su sucesor en el cargo de ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Mauricio Cárdenas Santa María, quien resaltó la importancia de cumplir las metas fiscales previstas en la Ley 1473 de 2011, que establece una Regla Fiscal al Gobierno Nacional Central, GNC. Esta regla dispone que el balance estructural del GNC sea en 2014 de 2,3% del PIB, o menos; llegue a 1,9%, o menos, en 2018, y baje al 1,0%, o menos, en 2022.
Señaló el ministro Cárdenas que para cumplir lo dispuesto en la norma, se requiere actuar desde ahora, de manera que se alcance un ajuste suave que no afecte la actividad económica ni la sostenibilidad fiscal del país. Por esta razón, el gasto deberá programarse con prudencia y mantenerse dentro de los límites que se han definido en la programación presupuestal y macroeconómica.
Una vez evaluadas las diversas opiniones, y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 56 del EOP[5][5], compilado en el Decreto 111 de 1996, el pasado 12 de septiembre, las Comisiones Económicas del Senado y de la Cámara de Representantes, recogiendo la recomendación del ministro de Hacienda, fijaron el monto definitivo del presupuesto en $185,5 billones, valor que coincide con el propuesto por el Gobierno nacional. Con esta decisión se mantiene la consistencia del PGN con las metas macroeconómicas, en especial las metas fiscales.
Una vez aprobado el monto definitivo, en la etapa de estudio para primer debate, los ponentes y miembros de las comisiones le manifestamos al ministro nuestra inconformidad por la composición del presupuesto y la conveniencia de buscar el mecanismo para incrementar el monto de la inversión. Así mismo, resaltamos la importancia de continuar apoyando el desarrollo regional y local.
La lucha contra la pobreza debe darse en las zonas más desprotegidas de nuestro país donde sólo con la presencia activa del Estado y de sus instituciones podrán crearse bases fuertes y duraderas para aclimatar la paz y la reconciliación entre los colombianos. Así lo ha entendido el ministro, por esta razón queremos expresar nuestro especial reconocimiento y dejar constancia del interés mostrado por él y otros funcionarios para buscar los mecanismos que permitan asignar recursos a proyectos dirigidos con tales propósitos, proponiendo los ajustes correspondientes, como en efecto se hizo de manera concertada y se informa a continuación.
En coordinación con los ministros del despacho y otros altos funcionarios del gobierno nacional, se efectuó una revisión amplia del proyecto de ley, resultado de la cual se acogieron algunas de las propuestas surgidas de los debates. Los ponentes, conjuntamente con el Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Director del Departamento Nacional de Planeación, acordamos en materializar las propuestas en un Pliego de Modificaciones que incluyó operaciones de traslados por $4,1 billones. De esta suma, $2 billones correspondieron a movimientos al interior de diferentes sectores y los $2,1 billones restantes se orientaron al fortalecimiento de la inversión en sectores estratégicos como transporte, Rama Judicial, inclusión social y reconciliación (atendiendo el reciente fallo de la Corte Constitucional sobre madres comunitarias), minas y energía, y vivienda, ciudad y territorio, principalmente.
Las operaciones presupuestales aumentaron significativamente el presupuesto de inversión, $1,9 billones, y redujeron los gastos de funcionamiento, $0,4 billones, y del servicio de la deuda, $1,5 billones, mejorando el contenido y la composición del proyecto de ley, sin afectar las metas fiscales.
La revisión del proyecto permitió destinar algunos recursos adicionales a proyectos de inversión que satisfarán necesidades sentidas de las regiones, como las relacionadas con vías terciarias, para las cuales se apropiaron cerca de $400 mm; también se asignaron recursos para acueductos, a cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; y al menos $100 mm en el presupuesto del Ministerio de Hacienda como una provisión contingente para hacer frente a los efectos que puedan derivarse del fenómeno de El Niño, y en general del cambio climático; para obras que contrarresten la erosión costera se dispusieron recursos en el Ministerio de Medio Ambiente, o en el Ministerio de Hacienda mientras se definen los proyectos a financiar; y como apoyo a la justicia, $130 mm para la Rama Judicial, adicionales a los $25 mm que se incrementan en funcionamiento.
El pliego de modificaciones también contempló traslados para financiar, entre otros gastos, el cumplimiento gradual de la sentencia de la Corte Constitucional a favor de las madres...
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