Instituciones administrativas centrales al servicio del interés general, al servicio de la dignidad humana
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Instituciones administrativas centrales al
servicio del interés general, al servicio de la
dignidad humana
1. OR GA N IZ AC IÓ N
tanto en el mundo público como en el privado, ha provocado que las
propios para atender otras necesidades. Los partidos, sindicatos y los entes
públicos, por ejemplo, en lugar de atender a sus destinatarios naturales, acabaron
por convertirse en organizaciones al servicio de las diferentes tecnoestructuras.
En lugar de estar al servicio de militantes, ciudadanos o trabajadores, se
olvidaron de su compromiso con el interés general y se convirtieron en muchos
casos en fuentes de corrupción.
En los tiempos que corren, de crisis general, los comentarios y glosas sobre
la evolución del Estado, reclaman estudios y análisis que permitan situar
esta cuestión desde la perspectiva organizativa en sentido amplio. Para ello
descentralización, desconcentración, o, entre otros, jerarquía, sin olvidar las
la esencial tarea de servicio objetivo al interés general.
nación ha de adecuarse a los imparables procesos de descentralización política
de este tiempo. Otros, por su parte, reclaman desde posiciones inmovilistas
una concepción más propia del siglo XVIII que del siglo XXI. Y, por supuesto,
no faltan quienes entienden que el modelo ha sido superado por la realidad
y que lo que hoy es necesario para el desarrollo de los pueblos es constituir
Entes políticos soberanos a partir de la construcción, o reconstrucción, de
determinadas identidades colectivas.
198 Enriqu e Rivero Ysern - Jaime Rodríg uez-Arana
Tenemos, pues, tres versiones de la cuestión que responden a las perspectivas
reformista, inmovilista y revolucionaria. Desde el punto de vista inmovilista,
sus patrocinadores argumentan que hace falta afianzar la personalidad
del Estado planteando, desde la supresión del modelo hasta esquemas de
recentralización de competencias, denunciando los excesos y el elevado gasto
público que acompaña a los procesos descentralizadores para desautorizarlos.
Si atendemos a la posición revolucionaria, resulta que la estrategia puede ser,
o bien reivindicar sin más la existencia de naciones sin Estado o con Estado
en el seno de esquemas federales o confederales o subvertir el Ordenamiento
jurídico a través de obvias mutaciones para alcanzar dichos objetivos. Por su
parte, la posición reformista parte de la necesidad de adecuar las estructuras
y territorial planteando cambios que, manteniendo la naturaleza del modelo,
En este sentido, debe repensarse, también y sobre todo, la estructura
y funciones de un Estado que, a pesar de la descentralización política y
administrativa operad a en estos años, necesita de puesta al día para asumir el
papel y funcionalidad que los nuevos tiempos le demandan. Es menester, por
tanto, analizar el modelo del Estado en el siglo XXI. Un modelo, por cierto,
que ha de tener en cuenta la evolución de las políticas públicas generales
que afectan al nudo gordiano de la esencia del Estado. Promoción de las
libertades, regulación, supervisión, vigilancia, programación y ordenación
general, igualdad, solidaridad, entre otras ta reas conforman políticas públicas
en las que el Estado actual no está a la altura del tiempo que nos ha tocado
vivir. De la misma manera, los funcionarios del Estado que trabajan en
Por tanto, reforma del corazón del Estado, reforma de los planes de preparación
del personal, y, después, en otra dimensión, reforma de las estructuras y
organizaciones diseñadas para poder realizar esas f unciones de programación
descentralizado como el nuestro.
Para abordar una cuestión de este calado otros países han elaborado libros
blancos con participación de numerosos sectores buscando un acuerdo general
que permita el desarrollo de un modelo que perviva en el tiempo. Por eso, pienso
que para la realización de la profunda reforma que se precisa, es urgente proceder
en esta dirección pues una reforma unilateral no resistiría mucho tiempo.
Una reforma de este porte implica en primer lugar una actitud de apertu ra a
la realidad y de aceptación de sus condiciones. A partir de esta base, las políticas
199Segunda Parte. Inst ituciones admi nistrati vas centrales a l servicio del inter és general...
reformistas se caracterizan por la mejora constante de la realidad de manera que
tal posición repercuta en un mayor bienestar y calidad de vida para todos los
reforma que no implique resultados para la mejora de las condiciones de vida de
los habitantes. Por eso, en la reforma del Estado autonómico ha de escucharse
públicas, de los habitantes que pueblan las Comunidades Autónomas, de los
vecinos relacionados con políticas públicas en las que convergen intervenciones
públicas de varios gobiernos o administraciones.
encuadra otro elemento del diseño territorial que requiere de la posición
y la dimensión que la Constitución le asigna. Nos referimos, claro está, a
los Entes locales, que deben disponer efectivamente de la autonomía que
constitucionalmente les está garantizada. La libert ad y la justicia no se producen
en las grandes declaraciones ni en las estructu ras jurídicas generales, sino que
se dan en los entornos personales y en los más próximos de la existencia, o no
se dan. Por eso, adecuar la posición institucional y competencial de los Entes
locales a las exigencias de su evidente realidad política por su relevante espacio
de representación es, a mi juicio, una tarea ya iniciada en la que hay que seguir
cercanía a la población que deben guiar las actuaciones de la Administración.
Además, para la correcta gestión y administr ación de los asuntos atinentes
al interés general es necesaria una Administración integrada y sincronizada
en la que Estado y los Entes territoriales puedan actuar armónicamente al
servicio objetivo de la población. No puede ser que el ciudadano tenga que
soportar la carga del retraso en la gestión de ciertos asuntos a causa de la
existencia de varias Administraciones públicas con competencias convergentes
en una misma materia. Sobre todo cuando el derecho fundamental a la buena
administración, sentado en el ar tículo 41 de la Carta Europea de los Derechos
Fundamentales, tiene como componente básico el derecho a resolver en plazo
razonable. Si el modelo autonómico se alumbró para una mejor gestión de los
intereses públicos propios, es lógico que el esquema organizativo que le sirva
de soporte esté pensado para la mejor administración de lo público en cada
territorio autonómico al servicio de los propios habitantes.
La mejor gestión y administración del interés general está en relación directa
objetividad, pero también cuanto más cerca mejor, a los ciudadanos. Por eso,
las necesidades colectivas de los ciudadanos pueden ser atendidas mejor por
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