Interés para recurrir en casación
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Interés para recurrir en casación
No existe si al momento de instaurar el recurso la acción aún no había prescrito
Previo a establecer cómo en el caso concreto operó el fenómeno jur ídico de la prescripción,
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postre sucedió como se comprobará adelant e.
Esta actitud procesal , para con la admin istración de justicia es aún más clar a si se advierte
el fallo de primer nivel únicamente f ue apelado por el representante de la par te civil. (Cfr. Sala
de Casación Penal de la Corte Supre ma de Justicia, providen cia AP-1712 de 2014, rad. 42762, M.S. Dr.
Eyder Patiño Cabrera).
Actos de temeridad y mala fe
Deber del juez de rechazar maniobras dilatorias
impugnó el fallo de segundo gr ado sin haber pre-
viamente interpuest o recurso de apelación contra
la sentencia del ad quem, trámite con o casión del
penal para consegui r la prescripción, impera cons-
tatar si eventualmente i ncurrió en una falt a discipli-
naria y por ello, se ordena compulsar copias de los
fallos de instancia, así como de est a providencia,
casos como el de la especie, en el cual el defensor
sin interés para recu rrir en ca sación -en cuanto no
había impugnado el fallo de primer g rado- consi-
gue con la interposición del recur so extraordinario
el cumplimiento del tiempo de prescrip ción de la
acción penal y la consiguiente cesación del proce-
dimiento adelantado cont ra su asistido, se impone
dar aplicación a preceptos de la normat iva adjeti-
va, con innegables efectos sustanciales en pu nto de
proteger los derechos de otros sujetos procesales,
conjurar el abuso del derecho y garanti zar una recta
y cumplida admin istración de justicia.
El artículo 145 de la Ley 600 de 2000 dispone:
“Son deberes de los sujetos procesales”: 1) “Proce-
der con lealtad y buena fe en todos sus actos” y 2)
“Obrar sin temerida d en sus pretensiones o defen-
sa o en el ejercicio de sus derechos procesales”;
a su vez, el artículo 146 del mismo ordenamiento
mala fe, en los siguientes casos”: 1) “Cuando sea
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ción formulada dentro de la act uación”, 3) “Cuando
claramente ilegales, dolosos o fraudulentos”.
A su vez, el artículo 142 de la normatividad en
judiciales”: 2) “Evitar la lentitud procesal, s ancio-
nando y rechazando de plano las man iobras dila-
lealtad, probidad, veracidad , honradez y buena fe”.
A partir de la prec eptiva de las normas refe-
los funcionarios judiciales advier tan la indebida
interposición de recursos o la pre sentación de soli-
citudes inconducentes, con el ostensible propósi-
to de dilatar el trám ite con objetivos contrarios al
derecho, entre ellos, como ocurre en e ste caso, para
conseguir el vencimiento del tér mino prescriptivo
de la acción penal, tienen el imperativo de rechaz ar
de plano tales procederes mediante de cisiones no
susceptibles de recursos.
En tal sentido, el artículo 169 del Estatuto Pro-
establecidos en la ley para dar cur so a la actuación,
“o evitan el entorpecimiento de la m isma”.
corresponde a la Corte, se h ace un llamado a los
sin arbitrarieda d, utilizando desde luego las herra-
mientas dispuestas por el legislador, entre ot ras, las
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sos o solicitudes cuya temeridad resu lte palmaria y
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trarios al orden justo proclam ado por la Carta Polí-
tica. (Cfr. Sala de Casación Penal de la Co rte Suprema
de Ju sticia, prov idencia AP-2215 de 2014, rad. 43343,
M.S. Dra. María del Rosario G onzález Muñoz).
Cambio de radicación
Fundadoenelhechonotoriodelaconformacióndegruposparamilitaresybandascriminales
Impera precisar en pr imer térmi no, como ya lo ha hecho la Sala en pretéritas oport unidades
(Cfr. 24 mar 2010, rad. 33788)
ocupación violenta y control de muchas esferas de la vida social en diversas reg iones del territorio
nacional.
La misma notoriedad puede pred icarse de la existencia de las denominadas band as criminales,
compuestas usualmente p or ex paramilitares, tras el proceso de desmovili zación, las cuales here-
daron sus estr ucturas delictivas y se disputan en la actu alidad el control de ciertas zonas del país.
afectar las reglas de convivencia social y en especial a la población civil en la cu al ha recaído la
mayoría de las acciones de estos grup os, motivadas generalmente por no compartir sus i ntereses,
estrategias y proced imientos, y es así como en el afán de anteponer s us propósitos han dejado
entre sus numerosas víct imas a servidores públicos de la ad ministración de justicia, de la policía
judicial, alcaldes y defensores de derechos humanos (Cfr. , 22 may 2008, rad. 29702; ,
23 abril 2009, rad. 31599).
La denominación de hecho notorio implica, como así lo ha entend ido la Sala en su amplia
, 01 ago 2007, rad. 27840). (Cfr. Sala de Casa-
ción Penal de la Corte Suprema de Justicia, providencia AP-2656 de 2014, rad. 43777, M.S. Dra. María
del Rosario González Muñoz).
Extradición
Es indispensable la formalización de la solicitud para que la Corte pueda emitir el respectivo concepto
Advierte la Sala, revisado el expediente al legado a la Corporación, la existencia de un a irre-
el Gobierno del Perú no ha formalizado su solicit ud de extradición, el Minister io de Justicia y el
Derecho decidió enviar el asunto a la Cor poración, al parecer ina dvirtiendo tan ca ra omisión.
Derecho, a más de pasar por alto lo aclarado por su homólogo de Relaciones Exteriores, entendió
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día a la formalización de la solicitud de extr adición, con lo cual ignoró, conforme a su contenido
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trámite hast a ahora adelantado en esta sede, devolviendo la actuación al Mi nisterio de la justicia y el
Derecho, para lo de su cargo. (Cfr. Sala de Casación Penal de la Co rte Suprema de Justicia, provi dencia
AP-2179 de 2014, rad. 43332, M.S. Dr. G ustavo Enrique Malo Fern ández).
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