Interrogatorio al indiciado
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Medidas cautelares en los procesos de justicia y paz
Su relación con los de restitución de tierras. Referencia al recurso de apelación
consagrar como pri ncipio la doble instancia, seguidamente establezca la posibilidad
pueda prescribir excepciones.
resuelvan asuntos de fondo durante el desar rollo de las audiencias.
controversia. En tal caso, le corresponder á al Magistrado de Control de Garantía s o a
Desde tan clara perspectiva, se impone el interrogante a cerca de si, en una
audiencia concitada para la imposición de una medida cautelar, en la cual todos
los sujetos procesales estuvieron de acuerdo sobre la procedencia de la cautela,
resulta un asunto de fondo, esto es, t rascendental; la negativa de uno de los sujetos
inmueble afectado con la medida cautelar.
Tan trivial es el tema, y tan de igu al manera, incomprensible y contradictoria la
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el bien se le entregue libre de toda carga relacionad a con poseedores, ocupantes etc.
Lo esencial es la imposición de la medida cautelar reclamada por la Fiscalía, la
procedencia de la entrega, no era asu nto de fondo, sino sucedáneo a dicha medida.
2. -
lanta conforme a la Ley 1448 de 2011, no reclama la entrega material del inmueble a
Ello es evidentemente cierto, la estr uctura del proceso de restitución no precisa
de la imposición de medidas cautelares previas a la iniciación de dicho trámite.
mueble o inmueble, por cuanto ciertos asuntos relaciona dos con la posesión efectiva
del predio pueden ser resueltos en la sentencia o en el trámite de entrega, tal como
de medidas cautelares.
Sin embargo, la medida de entrega o de colocar a disposición los bienes, tampoco
la violencia, la mejor manera de hacerla efectiva y expedita es detent ando el bien de
El propósito de la medida cautelar es asegurar el cumplimiento de la decisión, es
ejercer la administ ración de los bienes, mientras se produce la restitución, lo cual
mencionada entidad para la Restitución de Tierras, de la lectura y comprensión
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tamiento y la recepción de bienes, conforme lo reglamente el Decreto 3011 tantas
veces citado. Obsérvese cómo la misma Ley 1448 desde el inicio del trámite va pe r-
la solicitud de restitución están obligados dispone r la práctica de medidas cautelares
tales como la inscripción de la solicitud, la sustracción del bien del comercio, y la
y el tema debe ser objeto de revisión y ponderación por parte de la Fiscalía a efecto
el curso de la actuación procesal.
relacionado con la entrega o devolución del predio (art. 91 literales o y s.s.). En este
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dante o solicitante de la restitución ha sido la Unidad es ella la obligada a e ntregar el
bien.
Interrogatorio al indiciado
No es obligatorio
El Capítulo Único del Título II está destina do a enumerar los
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gación (artículos 275 a 285); dentro de los cuales se encuentra
el interrogatorio al indiciado, contenido en el artículo 282, sin
es completamente diferente a la indagator ia o versión libre
del pasado, por las siguientes razones: ya no es un medio de
realización no es presupuesto del debido proceso, por tanto su
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do o imputado, y los resultados de la misma no son obligator ia-
todo, un acto de part e, orientado a intentar obtener informa ción
de cara al avance y destino de la investigación.
No existe ninguna nor ma, dentro de la legislación patria ni
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forzar a una parte a realizar ninguna actividad investigativa
opciones de cara al éxito de su teoría del caso y así programa
metodológicamente sus labores.
En conclusión, la omisión de escuchar en interrogatorio al
indiciado, no constituye vulneración de derechos o irregula-
la Fiscalía se entreviste con la contrapar te y óiga sus descargos,
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gatoria para ninguno de ellos. (Cfr. Sala de Casación Penal de la
M.S. Dr. José Leonidas Bu stos Martínez).
Contrato sin cumplimiento de los requisitos legales
Determinación de la pena de inhabilitación para
el ejercicio de derecho y funciones públicas
La conducta punible de “contrato sin cumplimiento de requi-
sitos legales” objeto de la condena impugnada extraordinaria-
mente, tiene establecida como pena pri ncipal la “inhabilitación
a doce (12) años”. La misma, de conformidad c on el artículo 44
del Código Penal, priva al condenado de “la facultad de elegir
y ser elegido, del ejercicio de cualquier otro d erecho político,
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”.
No se excluían en el presente caso, la norma general del artí-
Código Penal. Por ende, debía el juzgador imponer las sanciones
de la primera, como en efecto lo hiz o, y las adicionales del artí-
culo 44 del Código Penal no contenidas en ella. Es decir, dentro
del lapso legal de 5 a 12 años, las inhabilidades para elegir y
y para la obtención de dignidades y honores conferidos por las
está al alcance de la Sala corregir pues hacerlo supondría el
peor consagrada en el artículo 31 Superior, conforme a la cual
recurrente único. (Cfr. Sala de Casación Penal d e la Corte Supre-
Patricia Salazar C uéllar).
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