Intervención en el Debate General, 11° período de sesiones de la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI)
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Intervención en el Debate General
11° período de sesiones de la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional
La Haya, 15 de noviembre de 2012
Distinguidas y distinguidos delegados:
Agradezco la invitación para dirigirme a ustedes en este importante evento en nombre de la Comisión
Colombiana de Juristas.1 Ad emás de celebrar la satisfacción por los diez años de creación de la Corte
Penal Internacional (CPI), debemos plantear nuestra preocupación por la grave situación de impunidad
en Colombia, donde se están adoptando medidas contrarias a la administración de justicia sobre
crímenes de guerra y de lesa humanidad.
En el último año el Congreso ha aprobado normas que favorecen la impunidad de graves crímenes.
Una de ellas es el llamado "marco jurídico para la paz"2, reforma constitucional ya vigente, que permite
renunciar a la persecución judicial de violaciones de derechos humanos y graves infracciones al derecho
humanitario. Los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de víctimas en tales casos se declararían
cumplidos por mecanismos no judiciales. También autoriza que se suspenda la ejecución de la pena de
los máximos responsables, cuyos casos son, paradójicamente, aquellos en los que se concentrará
exclusivamente la investigación y el juzgamiento judicial penal.
Una segunda reforma constitucional, a punto de aprobarse el próximo diciembre, pretende ampliar el
fuero militar3 para retirar de la justicia ordinaria la investigación y el juzgamiento de tales violaciones e
infracciones cuando sean cometidas por miembros de la fuerza pública. El pasado 2 de octubre, once
titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas expresaron su preocupación por la posible adopción de esta reforma, tras considerar
que "representaría un retroceso histórico en los avances del Estado colombiano en la lucha contra la impunidad y el
respeto y garantía de los derechos humanos".4
Se ha aprobado también una reforma legal a una ley que autorizó llamada ley en 2005 rebajas de penas a
paramilitares por crímenes de lesa humanidad. Esa ley es conocida con el atractivo y pretensioso
1 La Comisión Colombiana de Juristas es una orga nización no gubernamental domiciliada en Bogotá, con estatus co nsultivo ante Naciones
Unidas, filial de la Comisión Internacional de Juristas (con sede en Ginebra), y de la Comisión Andina de Juristas (con sede en Lima). De
acuerdo con nuestro mandato, buscamos por medios jurídicos, y de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones
Unidas, el pleno respeto en Colombia de los derechos humanos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, así como del derecho
humanitario, entendidos de manera indivisible e i nterdependiente, y pro pendemos también por el desa rrollo de normas, mecanismos e
instituciones de cará cter internacional que protejan los derechos humanos en el mundo en tero. Concebimos los derechos humanos com o un
valor en sí, que no puede estar supeditado a otros propósitos. Constitui mos una organización pluralista, aconfesional, no vinculada a partidos
políticos. L a Comisión es miemb ro de la Coalición por la Corte Penal In ternacional (CCPI), una red de más de 2.500 organizaciones n o
gubernamentales (ONG) que trabajan por una Co rte Penal Internacional (CPI) justa, efectiva e independiente.
2 Acto Legislativo 01 de 2012.
3 Proyecto de acto legislativo 192 de 2012 Cámara – 016 de 2012 Senado, “por el cual se reforma los artículos 116, 152 y 221 de la
Constitución Política de Colombia”.
4 Carta abierta de titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos H umanos al Gobierno y a los
representantes del Congreso de la República de Colombia, enviada el 2 d e octubre de 2012. Suscrita por: C hristof Heyns, R elator Especial
sobre ejecuciones extrajudiciales, suma rias o ar bitrarias; El Hadji Malick Sow, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención
Arbitraria; Faiza Patel, Presidente del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y
obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación; Frank La Rue, Relator Especial sobre la promoción y la
protección del derecho a la libertad de opinión y de e xpresión; Gabriela Knaul, Rela tora Especial sob re la indepen dencia de magistrad os y
abogados; Juan E. Ménde z, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Kamala Chandrakirana,
Presidente del Grupo de trabajo sobre la cues tión de la discriminación contra la mujer e n la legislación y en la práctica; Maina Kiai, Relator
Especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociació n pacíficas; Margaret Sekaggya, Relatora Es pecial sobre la situación de los
defensores de los derec hos humanos; Olivier de Frouville, Presidente del Grupo de T rabajo sobre las desapariciones f orzadas o involuntarias;
y Rashida Manjoo, Relatora Especial sob re la violencia contra la mujer.
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