Introducción
| Autor | Claudia Alejandra Ciro Rodríguez |
| Páginas | 16-37 |
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Introducción
Introducción
Una de las discusiones más fecundas de las ciencias sociales
colombianas es la que se refiere a la relación entre el
Estado y las regiones. En un contexto de violencia política
persistente, la pregunta por la relación de esta violencia con
la configuración del Estado colombiano ha estado a la orden
del día. El primero en marcar este derrotero fue Paul Oquist
(1978), quien estableció la necesidad de articular la pregunta
por la Violencia con la de la constitución del Estado. A partir
de allí, el autor abrió, además, el camino para pensar en la
importancia de la dimensión regional para comprender la
relación entre Violencia y Estado. Así, según Oquist el impacto
de la violencia en las diferentes regiones colombianas
estuvo condicionado por la configuración política regional,
planteando la existencia de áreas en las que el derrumbe
parcial del Estado no tuvo mayor trascendencia debido a
la existencia de poderes regionales con fuertes estructuras
de control social mientras que “en otros lugares existen
intereses encontrados ya sea sobre las tierras, el control
político local, la religión o los asuntos políticos de interés
nacional que hacen necesaria la presencia permanente de
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Claudia Alejandra C iro Rodríguez
la autoridad para mantener la estructura social existente”
(Oquist, 1978, p.276). La diversidad de las expresiones de
violencia en las distintas regiones del país, atendiendo a las
condiciones estructurales de cada una (conflictos sociales,
relación con el estado central), hace que Oquist plantee una
“regionalización estructural de la violencia”.
A partir de esta preocupación, existe un consenso
establecido en la historiografía colombiana que resalta la
importancia de considerar las dimensiones regionales para
la comprensión de la Violencia y políticas colombianas.
En tanto se pregunta por las regiones, la dicotomía entre
centralismo-federalismo y ausencia-presencia estatal ha
estado a la orden del día. Es en este sentido que se ha tendido
a explicar la Violencia política como expresión de la debilidad
del Estado colombiano, de su incapacidad para expandir el
control central sobre los poderes regionales y, en este sentido,
en la imposibilidad de mantener el monopolio de la Violencia
(Orjuela, 2001). Así, se llega a hablar incluso del riesgo de
colapso del Estado en Colombia (Pizarro y Bejarano, 2003).
Sin embargo, tal posición ha sufrido, tal vez, de
una excesiva idealización del Estado, haciendo que las
investigaciones sobre su configuración se limiten a ver en qué
sentido éste se aparta del ideal de Estado que le atribuye el
monopolio de la violencia y no a explicar su conformación en
la vida real. Frente a este enfoque clásico, Ingrid Bolívar hace
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