Introducción
| Autor | María del Pilar García Pachón |
| Páginas | 23-25 |
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introduccin
El objeto de este documento es realizar una revisión del régimen jurídico
de los vertimientos en Colombia, haciendo especial referencia a las tareas
administrativas que se han adelantado con el fin de evitar la contaminación
de las aguas. Para llegar a este tema tan particular, se partió por entender el
agua como elemento básico para la vida, como un elemento que a medida
que escasea en razón a múltiples fenómenos impulsa de manera definitiva
la toma de decisiones desde la administración.
La identificación del tema como objeto de estudio tuvo en cuenta el
papel protagónico del agua en la vida colombiana. Aunque su oferta hídrica
es copiosa, en términos hidrológicos su distribución no es uniforme ya que
las cinco áreas hidrográficas en las que se ha dividido el país tienen intensas
diferencias, pues mientras que en el área del Magdalena-Cauca la oferta hí-
drica anual es de 271.132 mm3 para un año medio, en el área del Amazonas
llega a 75.7 mm3 en el mismo año. Paralelamente, la demanda hídrica
también es desigual, ya que el área hidrográfica Magdalena-Cauca utiliza el
67% del agua demandada en el país, mientras que la del Amazonas apenas
llega al 1%. (ideam-Minambiente, 215). Esos extremos generan retos muy
importantes al Estado en lo relativo a la administración del recurso hídrico,
ya que satisfacer la demanda y a la vez proteger las aguas frente a fenómenos
crecientes de contaminación no es tarea sencilla.
Ahora bien, de acuerdo con el Estudio Nacional del Agua 21 –ena
21–, la demanda del agua está concentrada especialmente en los sectores
agrícola y de generación de energía, seguidos por los sectores doméstico,
pecuario e industrial1, los cuales generan diferentes tipos de vertimientos,
que en la mayoría de los casos no reciben el tratamiento necesario para evitar
afectar de manera negativa a las fuentes receptoras y por tanto inciden de
forma negativa en la calidad de las aguas.
Colombia está rezagada en las labores que deben ponerse en marcha de
manera efectiva para controlar los vertimientos que se realizan y exigir su
tratamiento. De los datos expuestos por la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios se conoce que solo el 26% de los municipios del país
cuenta con algún sistema de tratamiento de aguas residuales (sspd, 213),
1 Cfr. ideam-Minambiente (215, p. 18).
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